Crímenes demuestran falta de compromiso del Estado mexicano
En 2016 se registró el asesinato de 47 personas defensoras de Derechos
Humanos, entre ellas seis mujeres, según el recuento de la Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y
Todos (Red TDT).
Para la Red, que agrupa a 802 organizaciones de 21 estados de la
República mexicana, estos crímenes reflejaron la gravedad del riesgo
cotidiano que enfrentaron las personas defensoras en entidades como
Oaxaca, donde fueron asesinadas 19 activistas, y Veracruz donde hubo 12
asesinados de personas defensoras.
En un pronunciamiento la Red TDT declaró que estos episodios de
violencia demuestran lo endeble del compromiso del Estado mexicano para
garantizar la seguridad en el ejercicio y reivindicación de los derechos
consagrados en las leyes mexicanas.
“Esta situación se revela aún más grave cuando hacemos un recuento de
las descalificaciones públicas en contra de personas defensoras,
especialmente del entorno de uno de los casos más ominosos de la
impunidad contemporánea: Ayotzinapa”, expuso la Red.
De acuerdo con las organizaciones civiles, a lo largo de 2016 hubo
filtraciones y estrategias dirigidas a minar la credibilidad pública de
reconocidas personas defensoras, en particular de quienes acompañan a
las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en
Guerrero.
Estas estrategias buscaron dañar tanto a las organizaciones de la Red
TDT como a los expertos internacionales que conformaron el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso la
descalificación tuvo claros componentes de violencia de género.
Otro caso de criminalización fue contra la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) que en 2016 protestaron contra las
políticas educativas en el país y quienes el pasado 19 de junio fueron
agredidos por fuerzas policiacas estatales y federales en la comunidad
de Nochixtlán, Oaxaca, operativo que dejó el asesinato de ocho personas
defensoras.
Además, en el año que concluyó se observó el proceso de despojo que
viven algunas comunidades en torno a los megaproyectos que violan
derechos de las personas habitantes de distintas comunidades; como
resultado, a nivel nacional hubo ocho asesinatos de defensores de tierra
y territorio.
En este contexto la Red TDT manifestó su preocupación por la situación
de represión que existe en el Estado de México (Edomex). Si bien el caso
más conocido es el de la reactivación del proyecto para desarrollar el
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se
documentó el hostigamiento contra las comunidades de Coyotepec, San
Salvador Atenco, Xochicuautla y Tecámac.
La respuesta del gobierno del Edomex a este conflicto social fue la Ley
que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida
como “Ley Eruviel”, misma que fue ampliamente criticada por permitir que
se utilicen armas letales contra manifestantes. Este ordenamiento se
encuentra en revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Finalmente a este recuento, las agrupaciones también consideraron que
hay intentos legislativos de crear un marco jurídico que favorezca la
impunidad como el proceso para conformar la nueva Fiscalía General de la
República y las iniciativas legislativas para normalizar la
participación del ejército en tareas de seguridad pública. Ante ello,
exigieron al Estado asumir su responsabilidad de garantizar y defender
los Derechos Humanos.
A pesar de que el Estado fue incapaz de garantizar justicia, destacaron
las agrupaciones civiles, la lucha inquebrantable de las víctimas y en
particular de los familiares de personas desaparecidas representó una
lección constante para quienes los acompañan.
Archivo CIMACFoto
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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