La Voz de la Coalición
En el periodo de 2001-2003 se puso en marcha un proyecto piloto llamado Salud para Todos (precursor del Seguro Popular de Salud ‒SP‒), como un instrumento de transferencia de subsidios a través de un paquete de servicios médicos.
El 15 de mayo de 2003, se adiciona a la Ley General de Salud la leyenda: “de la Protección Social en Salud”, con esta reforma el SP se transforma de un programa a una ley.
El SP surgió con el objetivo de proteger a la población que no contaba con seguridad social formal y con alto riesgo al empobrecimiento por gastos en salud.
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud lo define como un seguro médico, público y voluntario, dirigido a poblaciones sin acceso a servicios de salud y que se empobrecían a consecuencia de los gastos incurridos para pagar servicios de salud.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, a nivel nacional, 72.7 por ciento de la población hablante de lengua indígena de 3 y más años cuenta con Seguro Popular (5 millones 362 mil 239), seguido de 15.1 por ciento sin derechohabiencia a servicios de salud (1 millón 115 mil 608), 11.1 por ciento cuenta con derechohabiencia a instituciones de seguridad social (818 mil 252) y 1 por ciento accede a servicios privados u otros (76 mil 569). De acuerdo con esta información es evidente que en el país la población HLI de 3 años y más depende de los servicios del Seguro Popular.
Guerrero es la entidad que tiene la mayor afiliación del grupo HLI de 3 y más años (85.6 por ciento), seguido de Chiapas (80.2 por ciento), Puebla (78.5 por ciento), Oaxaca (77 por ciento) y Veracruz (76.6 por ciento). En tanto que Chiapas es el estado que presenta la proporción más elevada de ciudadanos HLI de 3 años y más que no cuentan con ningún tipo de afiliación (15.3 por ciento).
Por tanto se esperaría que con estos altos índices de afiliación esta población, considerada dentro de los grupos más desprotegidos, tendrían garantizado su acceso a los servicios de salud.
El Observatorio de Mortalidad Materna de México, como parte de sus acciones de monitoreo de políticas públicas, inició en 2017 un monitoreo a los servicios de salud materna y perinatal en poblaciones vulnerables en Chiapas, junto con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Sureste.
El monitoreo contempla conocimientos médicos, servicios e insumos que se encuentran dentro de las intervenciones del programa de salud materna y perinatal en el SP, principalmente en unidades médicas del primer nivel de atención (centros de salud).
Se aplicó una metodología de selección de unidades médicas en municipios vulnerables a través del índice de vulnerabilidad diseñado por Freyermuth (2016). Este índice se compone de indicadores como pertenencia étnica, analfabetismo, mortalidad materna, pobreza extrema y con el Índice de Desarrollo Humano.
Empleando el índice de vulnerabilidad se seleccionaron cuarenta unidades médicas por entidad. Hemos finalizado la etapa de trabajo de campo a mediados de 2017 en los estados de Chiapas y Querétaro (próximamente Ciudad de México y Oaxaca). Se emplearon un instrumento extenso y una devolución rápida de resultados.
Algunos resultados preliminares a partir de las devoluciones rápidas en Chiapas son los siguientes: existe un desabasto notable en las inmunizaciones tanto para la mujer embarazada como para el recién nacido, casi 70 por ciento de unidades médicas carece de los toxoides que marca el programa de salud materna y perinatal.
Es importante señalar que gran parte de este desabasto obedece a la falta de condiciones de las unidades médicas para el almacenamiento de las vacunas, como la falta de electricidad y de refrigeradores.
Un 92 por ciento no cuenta con ergometrina, medicamento esencial para el tratamiento de hemorragia, 7 de cada 10 cuentan con Hidralazina, esencial para tratar la hipertensión en el embarazo.
Un 70 por ciento cuenta con pruebas rápidas para la detección de VIH y 95 por ciento de las unidades médicas sin barreras de acceso físico. Para el tratamiento IVU hay un desabasto de nitrofurantoína, en la mitad de las unidades visitadas. En cuanto al tratamiento de ITS, hay abasto de antibióticos como la azitromicina, la eritromicina y la doxiciclina, todos ellos contemplados en las intervenciones del SP.
Otros hallazgos relevantes tienen que ver con el desconocimiento por parte de médicos y médicas (en su mayoría pasantes realizando servicio social) del protocolo de atención para la estabilización de una hemorragia postparto. En lo que corresponde a planificación familiar y a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el personal responsable no maneja los marcos normativos vigentes (la NOM- 047 principalmente).
Es necesario realizar un monitoreo ciudadano de las intervenciones y/o servicios que otorga el SP, para vigilar el cumplimiento de los servicios, el gasto acertado, que beneficie a las poblaciones a quienes están dirigidas. Al Estado le corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley y garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos mexicanos.
*Secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)
**Investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)
*** El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hilda E. Argüello Avendaño* y Ana María Gómez Serna**
Cimacnoticias | Ciudad de México
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