Este artículo forma parte de la cobertura de IPS por los 16 Días de Activismo para la erradicación de la violencia de género, del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Capitana
Barsha Bajracharya fotografiada con dos compañeras en el puesto de la
ONU 8-30, cerca de la ciudad de Shakra, en el sur de Líbano. Crédito:
Pasqual Gorriz/UNIFIL
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La ONU lucha y pierde la batalla contra el abuso y la explotación
sexual generalizadas y continuas de efectivos de las fuerzas de paz y
funcionarios civiles, con muy pocos procesamientos debido a enormes
problemas para perseguir a los abusadores e identificar paternidades.
Pero la base de datos de ADN supervisada por la ONU (Organización de
las Naciones Unidas), una herramienta exitosa en muchos países, no logra
despegar, aun en el marco de los “16 Días de Activismo”, destinados a
eliminar la violencia contra las mujeres.
La profesora de clínica Anne Marie Goetz, del Centro de Asuntos
Globales, de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de
Nueva York, dijo a IPS que hay numerosas medidas prácticas que se pueden
implementar para reducir el abuso, como desplegar más mujeres en los
cuerpos de paz, mejorar la capacitación y la concienciación, así como
los medios para que las víctimas denuncien las agresiones.
“Pero una medida de disuasión que puede resultar efectiva, y que no
se ha debatido mucho, es la de recolectar muestras de ADN del personal
uniformado y civil antes de su despliegue”, acotó.
Con un simple hisopo en la boca basta para obtener una muestra de
ADN, que puede contrastarse con la evidencia en casos de violación o
comparar con el de un bebé para los casos de paternidad, detalló.
ADN
El ácido desoxirribonucleico, que almacena información biológica, se
describe como una molécula que guarda instrucciones genéticas que
inciden en el crecimiento, el desarrollo, el funcionamiento y la
reproducción de los organismos vivos y de muchos virus.
Según la cadena de radio y televisión británica BBC, Gran Bretaña es
pionero en usar ADN como instrumento para combatir el delito, creando la
primera base de datos nacional en 1985. En la actualidad cuenta con más
de cinco millones de perfiles y habría contribuido a resolver unos
40.000 casos al año.
El hecho mismo de recolectar la muestra debería generar conciencia
sobre las grandes de probabilidades de ser hallado culpable en casos de
violencia sexual o de paternidad.
“Los países que aportan efectivos también podrían aprovechar esa
oportunidad para explicar a sus fuerzas de paz que podrán ser
procesados en casos de violación o abuso y que deberán hacerse
responsables de los costos de manutención en casos de paternidad”,
explicó la profesora Goetz, exasesora de paz y seguridad de ONU Mujeres.
Pero la propuesta de crear una base datos de ADN chocó con la
oposición de funcionarios, pero en particular, de los estados miembro,
que aportan los efectivos para las operaciones de paz, con el argumento
de proteger la seguridad personal.
Paula Donovan, una de las directoras de AIDS Free World y de su
Campaña Código Azul, dijo a IPS: “la investigación nos llevó a concluir
que es poco probable que los estados miembro aprueben la base de datos
de ADN del personal militar de las fuerzas de paz de la ONU, porque la
propuesta contradice a la mayoría de las normas y leyes que tienen en
materia de privacidad”.
La mayoría de las acusaciones de explotación sexual y de abuso son
contra civiles, por lo que la organización podría dar ejemplo imponiendo
la necesidad de contar con una muestra de ADN como requisito de empleo,
propuso.
Pero la ONU tiene un sesgo inherente en los casos penales y de
paternidad de su propio personal, por lo que la base de datos tendría
que crearla y gestionarla una órgano independiente, puntualizó.
“Y aun en esos casos, la evidencia de ADN es una herramienta, no una
solución. Establecer la paternidad de un integrante del personal de la
ONU, por ejemplo, no sirve de nada para la parte demandante hasta que un
tribunal no emita una orden de manutención y la ONU la haga cumplir”,
señaló Donovan, activista con mucha experiencia en la materia en el
sistema de la ONU.
Sobre la propuesta de retener fondos como garantía en casos de abuso
sexual, Donovan recordó que en marzo de 2016 el entonces secretario
general Ban Ki-moon propuso que el pago retenido a los efectivos
acusados se transfiriera a un fideicomiso una vez probada la evidencia.
“Pero los problemas clave siguen sin atenderse”, precisó Donovan.
Primero, hay “un conflicto de interés: Justificado en quién, ¿la ONU, cuyo propio personal está imputado?”
Segundo, el “doble discurso: ¿por qué solo los soldados? si también
hay civiles y expertos en misiones acusados de explotación sexual y
abuso?”, cuestionó.
Tercero, “no hay sustituto para la justicia. El dinero del
fideicomiso, incluidos los salarios embargados (solo mientras el
imputado forma parte del personal de la ONU), no va a las víctimas
individuales, sino que se entrega a organizaciones que trabajan con
víctimas de abuso sexual”, añadió.
Aunque algunas víctimas reciban efectivo, en ningún caso eso puede reemplazar a la justicia, subrayó.
Por su parte, el presidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y
Asociaciones Internacionales del Sistema de la ONU, Ian Richards, dijo a
IPS: “Cuando una persona firma un contrato de trabajo con la ONU, no
deberían tener que firmar sobre su ADN. Esa propuesta presume que los
funcionario sde la ONU son prominentes agresores sexuales”, explicó.
Ningún empleador ni país le pide a sus funcionarios o a los
ciudadanos que entreguen su ADN, y hay buenas razones para ello, como el
derecho a la privacidad y la protección contra el mal uso de
información personal.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a la prensa el 3 de
este mes que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el foro mundial
recibió 31 acusaciones. “No todas se verificaron y algunas están en
etapa de evaluación preliminar”, indicó.
Además, 12 de esas denuncias ocurrieron en 2017, dos en 2016, seis en 2015 o antes, y se desconoce la fecha de otras 11 más.
También se designaron defensores de los derechos de las víctimas en
la sede del foro mundial y en cuatro misiones. Y la secretaria general
adjunta Jane Connors regresó hace poco de República Africana, donde se
investiga a la misión de paz.
“También tenemos un proyecto piloto de Protocolo de Asistencia a las
Víctimas, que establece papeles y responsabilidades para quienes están
en el terreno, a fin de garantizar la coordinación y ofrecer asistencia
inmediata a las víctimas”, detalló.
Con las últimas contribuciones voluntarias de los estados miembro, el
Fideicomiso de la ONU de apoyo a víctimas de explotación sexual y abuso
se reunió 1,5 millones de dólares.
El secretario general instruyó a los directores de las entidades del
sistema de la ONU a presentar planes de acción y análisis de riesgo para
impulsar a las autoridades a luchar contra este problema, y casi todos
ya los entregaron .
“También lanzamos la capacitación obligatoria para todo el personal de la ONU previo a su despliegue”, precisó Dujarric.
“También continuamos los esfuerzos para involucrar a los estados
miembro. Hasta ahora 58 jefes de Estado y de gobierno se unieron al
Círculo de Liderazgo del secretario general, 74 suscribieron el Convenio
Voluntario y 18 más indicaron formalmente su intención de firmarlo”,
detalló.
Por último, la reunión de las fuerzas de paz de la ONU, realizada en
la ciudad canadiense de Vancouver a mediados de este mes, condenó “en
los términos más fuertes la explotación sexual y el abuso cometidos por
efectivos y personal civil, y llamó a los estados miembro y a la
secretaría de la ONU a redoblar los esfuerzos de prevención,
responsabilidad y asistencia a las víctimas”.
Traducido por Verónica Firme
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