Jesús Cantú
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El lunes 13 el presidente Enrique Peña Nieto lamentó que en materia de combate a la inseguridad “a veces se escuchan más voces que vienen de la propia sociedad civil que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo de las instituciones del Estado mexicano”, evidenciando su ignorancia de lo que implica la dimensión de la rendición de cuentas en una democracia.
Contrario al uso común que le dan los políticos a la rendición de cuentas –prácticamente lo utilizan como sinónimo de informar–, el término tiene cuatro elementos indispensables, pero ninguno de ellos suficiente por sí mismo: información, explicación, justificación y asunción de responsabilidad por las acciones o decisiones, lo cual implica el premio o el castigo correspondiente.
La información, que es lo único que normalmente dan los políticos mexicanos, es uno de los elementos indispensables de cualquier democracia. La ciudadanía requiere acceder a toda la información disponible para formarse un juicio y actuar en consecuencia. Pero contrario a lo que la gran mayoría de los políticos mexicanos piensa, eso es únicamente el inicio de un proceso de rendición de cuentas de cara a otro órgano de gobierno, sea el Congreso o sea la ciudadanía.
Pero no basta con informar cuáles fueron las políticas que se aplicaron o sus resultados e impactos, sino que hay que explicarlas y muy especialmente justificarlas. La explicación incluye, entre otras cosas, comunicar el procedimiento que se siguió para tomar una decisión o realizar una acción, los resultados e impactos que se espera alcanzar, los objetivos y metas que se han establecido y demás elementos que permitan a la ciudadanía evaluar las acciones gubernamentales.
La justificación, mientras tanto, significa que se debe saber cuáles eran las alternativas y por qué la opción elegida se consideró la mejor. En el servicio público, lamentablemente, muchas veces se tiene que seleccionar la menos mala de las opciones e, incluso, ésta simplemente mitiga los impactos negativos de algún evento.
Basta pensar en la recesión económica que vivió México en 2008 y 2009, producto de la crisis inmobiliaria y financiera que se inició en el vecino país del norte. Dada la dependencia de la economía mexicana de la estadunidense, no había forma de evitar el impacto negativo sobre el PIB nacional y, por lo tanto, ninguna de las opciones disponibles para el gobierno mexicano permitía evadirlo; es decir, sólo se buscaba mitigar el impacto negativo y salir lo menos mal librados.
La economía mexicana decreció 8% y fue la más afectada en toda Latinoamérica. La explicación y justificación del gobierno mexicano, en aquel entonces, siempre fue que nos podía haber ido peor, pero nunca transparentaron las alternativas disponibles y sus correspondientes impactos potenciales, para evaluar si efectivamente esa elección fue la mejor o no.
En el caso del problema de la inseguridad y el combate a la delincuencia organizada, aunque sí tiene influencias del extranjero no es resultado de un fenómeno externo, sino interno y agravado por las políticas públicas que han adoptado los dos más recientes gobiernos federales. En su momento Felipe Calderón se refugió en el argumento de que tuvo que incorporar a las Fuerzas Armadas a dicha batalla porque las acciones de los grupos delictivos ya afectaban a toda la población y las policías no tenían capacidad para enfrentarlos.
Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos ha expuesto cuáles eran las alternativas; ni siquiera han aceptado debatir las opciones que han planteado organizaciones civiles, movimientos sociales y los académicos. Siguen empeñados en mantener al Ejército y la Marina en las calles, en reducir su combate al uso de la fuerza y en promover reformas legislativas para ensanchar su campo y margen de acción (incluso a costa de los más elementales derechos humanos) y endurecer las penas contra los delincuentes.
En el mismo discurso Peña Nieto reconoció que “2016 y 2017 han sido años donde la delincuencia y la inseguridad han cobrado nuevamente mayores espacios”, pero se quejó de que la “propia sociedad civil” le hace bullying. Esas voces que critican, que condenan, que cuestionan son simplemente el reclamo ciudadano ante la creciente inseguridad y la sordera del gobierno para escucharlas y actuar en consecuencia.
Seguramente la permanente interacción con sus corifeos ya afectó la sensibilidad presidencial, tanto que considera bullying los apremios ciudadanos para que se cumpla con la obligación básica de cualquier Estado: garantizar la seguridad e integridad física de sus habitantes.
Basta recordar que en febrero de 2015, al anunciar ante periodistas las medidas para combatir la corrupción (tras los escándalos de la Casa Blanca de su esposa, la suya de fin de semana en Ixtapan de la Sal y la de su entonces secretario de Hacienda en Malinalco), se lamentó al retirarse del estrado: “Ya sé que no aplauden”.
Cuando los escándalos de corrupción sacudían a su gobierno, el presidente quería que los periodistas le aplaudieran; cuando el país presenta el mayor índice de homicidios, se queja de que le hacen bullying.
En el primer caso, los profesionales del periodismo simplemente cumplían su deber; en el segundo, las organizaciones de la sociedad civil cuestionan una política que hasta la fecha ha producido resultados negativos, pues la percepción de inseguridad y los índices delictivos son hoy peores que los que prevalecían cuando se implementó.
No basta informar sobre los resultados e impactos y reconocer las carencias, hay que hacer una revisión crítica de lo que evidentemente perjudica más que beneficia. Si el presidente no comparte la evaluación, tiene que explicar y justificar la política aplicada, señalar cuándo se tocará fondo y qué es lo esperable en el corto, mediano y largo plazos, aunque ya no le corresponda a él como presidente.
No es bullying, es simplemente parte de un ejercicio de rendición de cuentas que en cualquier país democrático es común y al que el presidente debería responder con explicaciones y justificaciones, no con lamentaciones. Si él no cumple con su responsabilidad, la ciudadanía deberá sancionarlo.
Este análisis se publicó el 19 de noviembre de 2017 en la edición 2142 de la revista Proceso.
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