Por Daniel Gutman
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Fue una jugada inesperada de un grupo de mujeres en la Cámara de
Diputados de Argentina. A la una de la madrugada, durante una larga
sesión, reclamaron la aprobación de un estancado proyecto de paridad de
género en la representación política. Hubo resistencias y discusiones,
pero una hora después, la iniciativa se convertía en ley por amplísima
mayoría.
Así, con votos de todos los partidos se dio un paso histórico para la
política argentina: a partir de las próximas elecciones legislativas,
en 2019, todas las listas de las candidaturas al Congreso Nacional deberán obligatoriamente intercalar un varón y una mujer, para asegurar que la participación paritaria en sus dos cámaras.
La norma establece, además, que la mitad de las listas a los cargos
nacionales de los partidos políticos deberán corresponder a mujeres, si
bien en este caso no obliga a la intercalación de género.
“Es
el resultado de muchos años de esfuerzos para que la política incorpore
la voz y la presencia de las mujeres cuando se toman decisiones que
impactan en el conjunto de la sociedad…La contundencia de la votación
expresa el avance de los reclamos por la igualdad de derechos”: Victoria
Donda.
El sorpresivo movimiento, entrada ya la madrugada del 23 de
noviembre, de las diputadas argentinas sacó del congelador un proyecto
de ley que ya contaba con la aprobación del Senado desde hacía 13
meses, así como un dictamen positivo de una comisión desde octubre, pero
que no se contemplaba en los debates de la Cámara de Diputados este
año.
Casi a las cuatro de la mañana, cuando la sesión terminó, el
presidente de la Cámara, Emilio Monzó, de la gobernante alianza
Cambiemos, pidió a las eufóricas diputadas que habían participado en la
misión que se tomaran una foto conjunta. Entonces, mucho de los
diputados se sumaron a la escena para evidenciar su apoyo.
“Fue una estrategia inteligente y transpartidaria para instalar un
tema que se venía postergando. Una vez que se acordó votar, casi todos
lo hicieron a favor. ¿Con qué argumentos podía un diputado justificar
públicamente un voto en contra?”, se preguntó Natalia Gherardi,
directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justica y Género (ELA).
Se trata de una de las muchas organizaciones de la sociedad civil que venían reclamando la sanción de esta ley desde hace más de 10 años, en los que se presentaron decenas de proyectos.
Gherardi aseguró a IPS que esta ley “representa un nuevo paradigma de
democracia paritaria, que no tendría que limitarse al Poder
Legislativo. La política debe reflejar la diversidad de la sociedad”.
Otro avance latinoamericano
Argentina sigue de esta manera el camino que en América Latina marcó
Ecuador, el país hasta ahora que desde 2008 le dio rango constitucional a
la paridad de género en los cargos de elección popular.
Así lo señala un informe sobre la democracia paritaria en la región, elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), un órgano intergubernamental adscrito a la Organización de Estados Americanos
(OEA), que concluye que la región es la más avanzada del mundo en
materia de normas que protegen la participación política de las mujeres.
Luego de Ecuador, Argentina es el quinto país que fija una cláusula
de paridad en la representación parlamentaria, después que ya lo
hicieron Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México.
Pero el escenario en la materia no se agota allí porque en total son
15 los países latinoamericanos que tiene legislación sobre paridad o
cuotas que van de 20 a 50 por ciento para los cargos colectivos de
elección popular.
Las normas, de todas maneras, no siempre se han aplicado de manera efectiva, según señala un documento de Atenea, un proyecto desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e Idea Internacional, tendiente a impulsar la paridad política en América Latina.
Se trata de un tema en el cual Argentina es pionera en la región ya
que en 1991 estableció la primera ley de cupo femenino, que fijó un piso
obligatorio de 30 por ciento de mujeres en las listas de candidatos,
“en proporciones con posibilidades de resultar electas”.
Sin embargo, el documento “La Paridad política en la Argentina.
Avances y Desafíos”, presentado este año por el proyecto Atenea, señala
que, si bien la ley de cupo favoreció el acceso de las mujeres a la
política, con el correr de los años ese 30 por ciento fijado se
convirtió “en un techo difícil de superar”.
Alejandra García, asociada de género del PNUD Argentina, afirmó a IPS
que la representación política de las mujeres en el país “había quedado
estancada. Por eso es muy positivo este nuevo avance legislativo”.
García sostiene que las leyes de cupo o de cuotas “son de
discriminación afirmativa y tienen una naturaleza temporal. En cambio,
esta nueva ley es conceptualmente distinta, ya que busca garantizar de
manera definitiva la representación paritaria”.
La cuestión de la paridad de género en los parlamentos ingresó a la
política argentina a principios de este siglo, cuando fue establecida
por leyes de tres de las 23 provincias del país: Santiago del Estero,
Córdoba y Río Negro.
El tema volvió el año pasado, cuando se sumaron otras cuatro (Buenos
Aires, Chubut, Salta y Neuquén) y el Senado dio media sanción a un
proyecto para el orden nacional.
Fue el 19 de octubre de 2016 cuando la paridad política adquirió gran
repercusión, en coincidencia con masivas marchas de mujeres en todo el
país contra la violencia machista, bajo el lema “Ni Una Menos”,
impulsadas tras varios feminicidios o femicidios.
Sin embargo, en esos mismos días la Cámara de Diputados estaba
tratando un proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno del
presidente Mauricio Macri, que entre otras cuestiones incluía cambiar
del voto de papel al electrónico, pero no incorporaba cambio alguno en
las cuestiones de género.
La ley de paridad, finalmente, solo espera la promulgación del Poder
Ejecutivo, que se da por descontada luego de que fie aprobada con 57
votos a favor y solo dos en contra en el Senado y 165 positivos, cuatro
negativos y dos abstenciones en Diputados.
“Es el resultado de muchos años de esfuerzos para que la política
incorpore la voz y la presencia de las mujeres cuando se toman
decisiones que impactan en el conjunto de la sociedad”, dijo la diputada
Victoria Donda.
Esta integrante del progresista Movimiento Libres del Sur fue quien
interrumpió el curso programado de la sesión de la noche del día 22,
para reclamar que se votara la ley de paridad de género, sin necesidad
de debate o discursos, lo que despertó una discusión antes de aceptarse
el procedimiento poco después.
“La contundencia de la votación expresa el avance de los reclamos por
la igualdad de derechos”, agregó quien de alguna manera como diputada
representa un símbolo de la democracia argentina.
Ello porque esta diputada de 40 años es una hija de desaparecidos
nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el más célebre de
los campos de concentración de la última dictadura militar (1976-1983).
Donda fue apropiada por la familia de un miembro de una fuerza de seguridad y recuperó su verdadera identidad en 2003.
Las cuentas pendientes con la paridad política argentina están ahora en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial.
En 2016 apenas había 13,6 por ciento de mujeres en cargos
ministeriales y 14 como secretarias de Estado, de acuerdo a datos de
Atenea.
En los gobiernos municipales, solo hay datos oficiales de la oriental
provincia de Buenos Aires, que es la más grande y poblada del país.
Allí, apenas 2,9 por ciento de las intendencias (alcaldías) son
ocupadas por mujeres.
La proporción sube hasta 31,7 por ciento en los Concejos
Deliberantes, que son los órganos legislativos municipales, ya que allí
se viene aplicando el cupo del 30 por ciento establecido por la
legislación nacional.
Editado por Estrella Gutiérrez
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