El Destape
El tricolor busca conservar la Presidencia y recobrar los bastiones estatales
En agosto, el partido modificó sus estatutos para superar la debacle que sufrió en 2016
Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, con José Antonio Meade, a la llegada de éste a la sede nacional del partido, ayer por la tarde
Foto Carlos Ramos Mamahua
Fabiola Martínez, periódico La Jornada
Martes 28 de noviembre de 2017, p. 11
El 9 de agosto pasado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) modificó sus estatutos para que por primera vez en la historia un candidato simpatizante pudiera ser el aspirante presidencial de ese partido. Al mismo tiempo, retiró el candado de los 10 años de militancia para tener acceso a puestos de elección popular. Esta apertura tiene como propósito conservar la Presidencia de la República en la elección de 2018.
¿Cuál fue la razón de eliminar los candados, impuestos apenas cuatro años atrás? Se trata, de acuerdo con las propias declaraciones de líderes priístas, de una reacción ante la sacudida electoral de 2016, cuando el PRI perdió bastiones como Quintana Roo y Durango.
Desde esa debacle, la discusión –y mea culpa de la dirigencia nacional– se concentró en los métodos y requisitos que deberán tener sus abanderados. Y, de paso, en desmarcarse de los casos de corrupción en los que están envueltos varios ex gobernadores hoy prófugos o en la cárcel. El hartazgo de los ciudadanos y los conflictos locales derivaron en sendas derrotas.
Por ejemplo, en Quintana Roo, Carlos Joaquín González renunció a su militancia priísta luego de que el ex gobernador Roberto Borge eligió como sucesor a Mauricio Góngora, alcalde de Playa del Carmen, movimiento que avaló la cúpula nacional.
Joaquín González encontró el aval inmediato para contender por la alianza de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN); la estrategia le funcionó y ganó con holgura. Una situación similar ocurrió en Durango, donde ganó el blanquiazul con el ex priísta José Rosas Aispuro.
El recuento de los daños
En el recuento de los daños, el entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aceptó la situación desfavorable, pues el partido sólo obtuvo cinco de las 12 gubernaturas en disputa y advirtió que el instituto político debía asumir el mensaje del electorado. Días después, el 20 de junio, el sonorense renunció a la dirección nacional de su partido; luego, sin aspavientos ni competencia, el 12 de julio Enrique Ochoa Reza tomó el mando del tricolor.
En su primer mensaje, el nuevo presidente del PRI enarboló el discurso anticorrupción y sostuvo que es inaceptable tapar el sol con un dedo: el PRI debe reaccionar.
Apenas se inició 2017, Ochoa armó el comité ejecutivo con el cual operaría los cambios. Claudia Ruiz Massieu renunció a su cargo de secretaria de Relaciones Exteriores el 4 de enero y dos meses después ya estaba instalada en el equipo de Ochoa. Luego vendrían un par de movimientos estatutarios de rigor y el 9 de mayo fue avalada como secretaria general, responsable de la operación de la asamblea nacional programada para agosto.
En la pasada elección presidencial, en 2012, el priísmo gobernaba 20 entidades; de entonces a la fecha ha perdido seis.
Actualmente el PRI gobierna menos de la mitad de las entidades (14 de 32). Estuvo en riesgo de perder Coahuila en la votación celebrada en junio, apenas avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el viernes pasado, después de un largo litigio de quienes exigían la anulación de la contienda por rebase en el tope de gastos de campaña.
En ese contexto, todavía con el sabor de la derrota del año anterior y la cerrada disputa con Morena en el estado de México, la dirigencia del tricolor avanzó en alternativas de puertas abiertas, a fin de abanderar a candidatos que les garanticen el mayor avance posible.
Los primeros pasos hacia la asamblea de agosto los dieron en la Comisión Política Permanente, extracto del Consejo Político Nacional, al dar luz verde para que la postulación de candidatos se abriera a los ciudadanos, siempre y cuando manifiesten simpatía con los principios ideológicos del PRI.
Con esa idea transcurrieron los preparativos hacia los cambios de los documentos básicos del partido, con los reflectores puestos en la ruptura o no de los citados candados. Pequeños grupos o corrientes partidistas advertían que la apertura sería injusta y no garantizaría piso parejo para todos los aspirantes, pero otros, como el propio Ochoa, argumentaban que el PRI debía adaptarse a los tiempos actuales.
Los trabajos previos a la plenaria del 12 de agosto se realizaron en cinco mesas temáticas. La principal, de estatutos, fue llevada al sureño estado de Campeche, donde el 9 de agosto se desarrolló una sesión de casi 12 horas.
La discusión giró también en torno al método de elección del candidato y en ampliar las atribuciones de la Comisión Política Permanente para que, por esa vía, se aprobara la participación de los ciudadanos en la contienda por Los Pinos.
Visto desde cualquier ángulo, todos coincidían en que se estaba aplanando el camino de la candidatura al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, único no priísta de entre los presidenciables.
Finalmente, en la nueva redacción del artículo 181 de los estatutos se definió la figura de ciudadano simpatizante, quien deberá participar en el proceso interno por la vía de la aprobación del Consejo Político Nacional y asumir la declaración de principios y el programa de acción del tricolor, así como demostrar prestigio, fama pública, aceptación popular y potencial para ganar.
Fueron pocos quienes señalaron que su partido tenía militantes con las características anteriores y que no era necesario buscar uno en el exterior. Sería una afrenta tener un candidato no militante, declararía después la yucateca Ivonne Ortega.
Una vez dirimido el punto en la mesa de Campeche, los priístas llegaron a la plenaria de la asamblea nacional el 12 de agosto en el Palacio de los Deportes, donde después de una amplia relatoria de los resultados de las cinco mesas temáticas, los miles de delegados aprobaron a mano alzada los resolutivos. La pregunta ahora es si realmente los militantes priístas aceptarán y saldrán a la calle a pedir el voto en favor de un externo.
Yo creo que sí, siempre y cuando se haga un equilibrio muy inteligente entre la combinación de candidatos ciudadanos y los que representen al partido. (Para el abanderado presidencial), el priísmo tiene una noción clara de lo que quiere: ganar las elecciones, y en este ejercicio de poner prioridades, la principal es ganar, aseveró Lorena Martínez, lideresa del Movimiento Territorial, bastión de la operación del tricolor en las zonas urbanas.
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