Quinta de nueve partes
Jessica
González Mandujano tenía 16 años cuando conoció a un capitán del
Ejército mexicano durante una histórica inundación en la ciudad de
Tulancingo, municipio de Hidalgo. Él prácticamente le doblaba la edad,
era casado y tenía hijos. Eso no lo detuvo, la enamoró y la convenció de
irse con él a Chiapas para iniciar una vida en pareja.
Fueron 14 años juntos, tres hijos y una violencia constante que fue en aumento hasta que la víctima fue objeto de torturas físicas y sexuales extremas en presencia de sus pequeños hijos, de apenas 10, 7 y 6 de edad. Jessica sólo concluyó la secundaria y nunca trabajó de manera formal, vendía productos por su cuenta.
En Hidalgo, casos como el de Jessica, ejemplifican la gravedad de la violencia contra las mujeres por sus características y patrones.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), los cuales son tomados de los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público, en Hidalgo aumentaron los homicidios de mujeres en un 51 por ciento en tres años (de 2012 a 2015).
Aunque el feminicidio se tipificó como delito en la entidad a partir
del año 2013, es posible tomar los registros un año antes, cuando fueron
definidas sus características desde el Código Penal Federal.
En 2012 se registraron 33 homicidios, al siguiente año disminuyeron a 31, pero en los siguientes dos años, 2014 y 2015, aumentaron a 40 y 50 casos respectivamente. Es decir, un número acumulado de 154.
En ese periodo, casi la mitad de los homicidios totales (46 por ciento) fueron de mujeres entre los 26 y 40 años de edad. En la revisión sobre el lugar de deceso de las mujeres en Hidalgo, en el hogar se registró 59 por ciento de los asesinatos mientras que en la vía pública fue de 41 por ciento. En el 2014, 75 por ciento de los casos de feminicidio sucedieron dentro del hogar, mientras que al año siguiente los casos en este lugar disminuyeron al 37.5 por ciento, pero incrementaron en la vía pública 62.5 por ciento.
Respecto a las víctimas, la mayoría fue asesinada durante las primeras horas del día, entre la una de la madrugada y 12 del mediodía (48 por ciento en la vía pública y 53.7 por ciento en el hogar); respecto a si vivían en pareja o eran solteras, en los casos dentro del hogar, 60 por ciento estaban casadas y en unión libre se encontraban 32.5 por ciento.
En los homicidios ocurridos en la vía pública más de la mitad eran mujeres solteras; 2.3 por ciento divorciadas y 2.3 por ciento separadas; en el caso de las víctimas dentro del hogar, 22.7 por ciento vivían en unión libre y 13.6 por ciento casadas.
En cuanto a nivel de estudios, la mayoría de las víctimas en el hogar tenían concluida la primaria y secundaria (8.1 por ciento en cada caso); con bachillerato completo 10.5 por ciento y nivel profesional 7 por ciento.
De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información de Salud, durante el periodo de 2012 a 2015, en 81por ciento de los casos no especifica si existió o no violencia familiar previa al homicidio, en 7 por ciento de los casos no hubo antecedentes y en 12 por ciento sí lo hubo, lo que es una de las características para que estos asesinatos se investiguen como feminicidio. En el caso de Jessica eso no ocurrió.
A finales de 2013 ella presentó la primera denuncia por violencia familiar. El victimario fue detenido hasta mayo del siguiente año, pagó fianza y salió libre dos días después.
El juez 2º Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa emitió orden de restricción pero nunca notificaron a la víctima. El 15 de junio, el militar ingresó a la casa y golpeó a Jessica frente a sus hijos. Ella levantó la segunda denuncia por lesiones y decidió refugiarse en casa de sus padres.
Fue víctima de dos agresiones más de su ex pareja; en una de ellas, la violó y golpeó con una pistola. Todas las agresiones las denunció ante el Ministerio Público.
En julio, sacó a Jessica y a sus hijos de la casa de los abuelos a golpes y se los llevó a la casa de otro militar, donde los tuvo encerrados durante toda la noche. A lo largo de esas horas, la violó, golpeó y amenazó de muerte. Por la mañana, Jessica logró escapar con sus hijos y volvió a denunciar.
Dos días después decidió pedir ayuda en la 18ª zona militar a la que pertenecía su expareja, pero la remitieron a la Procuraduría de la Defensa del Menor que pertenece al Sistema DIF. De ahí la canalizaron a la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS) que depende de la Secretaría de Salud estatal.
Tras una valoración psicológica a madre e hijos, solicitaron el ingreso inmediato al Refugio para mujeres violentadas en Pachuca; esto fue el 25 de julio de 2014.
Tenían apenas 12 días de resguardo cuando las autoridades notificaron
a la familia que Jessica y sus hijos no podían seguir en el refugio
porque ella “había tenido una conducta agresiva y había ido a mover a
las demás” mujeres internas del refugio.
El abogado de la víctima, proporcionado por el Ejército, los llevó a una casa particular prestada en el municipio de Mineral de la Reforma, zona conurbada de la capital del estado, mientras realizaban gestiones para sacarla hacia el norte del país.
Ahí estuvieron del 7 al 14 de agosto, hasta que su ex pareja los encontró. La asesinó con arma de fuego, junto con su hermano Gerardo, frente a sus tres hijos, alrededor del mediodía. Jessica tenía entonces 31 años de edad.
La familia de la víctima presentó una queja ante la Comisión de
Derechos Humanos del estado de Hidalgo el 29 de agosto de 2014. El
organismo tardó casi tres años en emitir la recomendación R-VG-0001-17,
apenas el pasado 10 de marzo la emitió.
En 59 cuartillas detalló cada una de las omisiones y violaciones que cometieron autoridades y personal de tres instancias: Procuraduría, Secretaría de Salud y Tribunal Superior de Justicia, ninguna protegió la vida de Jessica, ni a sus hijos.
La recomendación de la Comisión solo pidió establecer protocolos en materia de atención a víctimas de violencia familiar, capacitar al personal y “girar instrucciones a quien corresponda para que inicie procedimientos contra la autoridad responsable”.
Hasta la fecha la recomendación sigue sin cumplirse y el feminicida de Jessica sigue prófugo.
Fueron 14 años juntos, tres hijos y una violencia constante que fue en aumento hasta que la víctima fue objeto de torturas físicas y sexuales extremas en presencia de sus pequeños hijos, de apenas 10, 7 y 6 de edad. Jessica sólo concluyó la secundaria y nunca trabajó de manera formal, vendía productos por su cuenta.
En Hidalgo, casos como el de Jessica, ejemplifican la gravedad de la violencia contra las mujeres por sus características y patrones.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), los cuales son tomados de los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público, en Hidalgo aumentaron los homicidios de mujeres en un 51 por ciento en tres años (de 2012 a 2015).
Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores
En 2012 se registraron 33 homicidios, al siguiente año disminuyeron a 31, pero en los siguientes dos años, 2014 y 2015, aumentaron a 40 y 50 casos respectivamente. Es decir, un número acumulado de 154.
En ese periodo, casi la mitad de los homicidios totales (46 por ciento) fueron de mujeres entre los 26 y 40 años de edad. En la revisión sobre el lugar de deceso de las mujeres en Hidalgo, en el hogar se registró 59 por ciento de los asesinatos mientras que en la vía pública fue de 41 por ciento. En el 2014, 75 por ciento de los casos de feminicidio sucedieron dentro del hogar, mientras que al año siguiente los casos en este lugar disminuyeron al 37.5 por ciento, pero incrementaron en la vía pública 62.5 por ciento.
Respecto a las víctimas, la mayoría fue asesinada durante las primeras horas del día, entre la una de la madrugada y 12 del mediodía (48 por ciento en la vía pública y 53.7 por ciento en el hogar); respecto a si vivían en pareja o eran solteras, en los casos dentro del hogar, 60 por ciento estaban casadas y en unión libre se encontraban 32.5 por ciento.
En los homicidios ocurridos en la vía pública más de la mitad eran mujeres solteras; 2.3 por ciento divorciadas y 2.3 por ciento separadas; en el caso de las víctimas dentro del hogar, 22.7 por ciento vivían en unión libre y 13.6 por ciento casadas.
En cuanto a nivel de estudios, la mayoría de las víctimas en el hogar tenían concluida la primaria y secundaria (8.1 por ciento en cada caso); con bachillerato completo 10.5 por ciento y nivel profesional 7 por ciento.
De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información de Salud, durante el periodo de 2012 a 2015, en 81por ciento de los casos no especifica si existió o no violencia familiar previa al homicidio, en 7 por ciento de los casos no hubo antecedentes y en 12 por ciento sí lo hubo, lo que es una de las características para que estos asesinatos se investiguen como feminicidio. En el caso de Jessica eso no ocurrió.
A finales de 2013 ella presentó la primera denuncia por violencia familiar. El victimario fue detenido hasta mayo del siguiente año, pagó fianza y salió libre dos días después.
El juez 2º Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa emitió orden de restricción pero nunca notificaron a la víctima. El 15 de junio, el militar ingresó a la casa y golpeó a Jessica frente a sus hijos. Ella levantó la segunda denuncia por lesiones y decidió refugiarse en casa de sus padres.
Fue víctima de dos agresiones más de su ex pareja; en una de ellas, la violó y golpeó con una pistola. Todas las agresiones las denunció ante el Ministerio Público.
En julio, sacó a Jessica y a sus hijos de la casa de los abuelos a golpes y se los llevó a la casa de otro militar, donde los tuvo encerrados durante toda la noche. A lo largo de esas horas, la violó, golpeó y amenazó de muerte. Por la mañana, Jessica logró escapar con sus hijos y volvió a denunciar.
Dos días después decidió pedir ayuda en la 18ª zona militar a la que pertenecía su expareja, pero la remitieron a la Procuraduría de la Defensa del Menor que pertenece al Sistema DIF. De ahí la canalizaron a la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS) que depende de la Secretaría de Salud estatal.
Tras una valoración psicológica a madre e hijos, solicitaron el ingreso inmediato al Refugio para mujeres violentadas en Pachuca; esto fue el 25 de julio de 2014.
Tenían apenas 12 días de resguardo cuando las autoridades notificaron
a la familia que Jessica y sus hijos no podían seguir en el refugio
porque ella “había tenido una conducta agresiva y había ido a mover a
las demás” mujeres internas del refugio.El abogado de la víctima, proporcionado por el Ejército, los llevó a una casa particular prestada en el municipio de Mineral de la Reforma, zona conurbada de la capital del estado, mientras realizaban gestiones para sacarla hacia el norte del país.
Ahí estuvieron del 7 al 14 de agosto, hasta que su ex pareja los encontró. La asesinó con arma de fuego, junto con su hermano Gerardo, frente a sus tres hijos, alrededor del mediodía. Jessica tenía entonces 31 años de edad.
Imagen de Elsa Ángeles
En 59 cuartillas detalló cada una de las omisiones y violaciones que cometieron autoridades y personal de tres instancias: Procuraduría, Secretaría de Salud y Tribunal Superior de Justicia, ninguna protegió la vida de Jessica, ni a sus hijos.
La recomendación de la Comisión solo pidió establecer protocolos en materia de atención a víctimas de violencia familiar, capacitar al personal y “girar instrucciones a quien corresponda para que inicie procedimientos contra la autoridad responsable”.
Hasta la fecha la recomendación sigue sin cumplirse y el feminicida de Jessica sigue prófugo.
Imagen de Samantha Páez
Por: Elsa Ángeles*
Cimacnoticias | Hidalgo, Pach.-
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