Amnistía Internacional y la Agrupación por la Despenalización del Aborto en El Salvador reivindican la liberación de las presas
María Teresa Rivera,
salvadoreña de 37 años y activista por los derechos sexuales y
reproductivos, recibió asilo político en Suecia en marzo de 2017. En
2012 fue condenada en El Salvador a 40 años de prisión, tras sufrir un
aborto espontáneo. Pasó cuatro años y medio en la cárcel; en mayo de
2016 un tribunal anuló la sentencia y ordenó su puesta en libertad. La
Fiscalía presentó un recurso contra la sentencia. La activista reside
hoy, asilada, en el país escandinavo “por la discriminación y
persecución que se vive en El Salvador; las mujeres ricas tienen sus
clínicas privadas y pueden abortar, pero otra cuestión son las mujeres
pobres: muchas tienen miedo”, afirma en un acto organizado por Amnistía
Internacional (AI) en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de
Valéncia; “nos condenan por ser mujeres y pobres, también es muy
importante la influencia de la religión y el machismo”, añade. AI
presentó además, en la charla-coloquio, el informe Defensoras.
Cuando
se produjo el aborto, en 2011, Teresa Rivera era madre soltera de un
niño de cinco años y trabajaba en una fábrica de ropa. AI señaló “graves
deficiencias en las pruebas presentadas” durante el juicio que la
condenó, por unos cargos de homicidio agravado; también la organización
de derechos humanos denunció –cuando Rivera estaba en prisión, en 2014-
la “represiva y desfasada prohibición total del aborto que destroza la
vida de mujeres y niñas en El Salvador; las empuja a abortos inseguros y
clandestinos u obliga a peligrosos embarazos”.
En el acto
celebrado en Valencia, la activista ha dado cuenta de un caso similar;
el de Evelyn Hernández, condenada a 30 años de prisión en julio de 2017,
tras un parto prematuro y extrahospitalario en el que perdió al
bebé. Un Juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque dictaminó el
pasado 19 de agosto la absolución (ante una acusación de homicidio
agravado) y puesta en libertad de la joven, después de tres años de
proceso judicial. La Fiscalía General de la República de El Salvador ha
apelado la sentencia, de manera que Evelyn Hernández, de 21 años,
“podría volver a prisión”, informó Amnistía Internacional, que
reivindica la inocencia en una campaña ante la Fiscalía.
Desde
1998 el aborto está penalizado en El Salvador en todas las
circunstancias (Artículos 133 a 139 del vigente Código Penal; por
ejemplo, condenas de dos a ocho años de prisión para la mujer que
abortara o la persona “que provocare un aborto” con el consentimiento de
la mujer); además, tras una reforma de 1999, el Artículo 1 de la
Constitución “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el
instante de la concepción”. Sin embargo, en el anterior código penal, de
1974, el aborto no era punible en causas como riesgo para la vida de la
mujer embarazada, consecuencia de una violación o estupro; y evitar una
deformación previsible grave “en el producto de la concepción”.
En resumen, El Salvador es uno de los seis países de América Latina y
el Caribe -26 en todo el mundo- con el aborto prohibido en todos los
casos (aunque esté en riesgo la vida de la mujer), además de Haití,
República Dominicana, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Surinam (mapa de la
ONG Center for Reproductive Rights, abril de 2019). El Instituto
Guttmacher, ONG estadounidense del ámbito de la salud reproductiva,
señala que entre 2010 y 2014 se produjeron –anualmente- cerca de 6,5
millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe (4,4 millones entre 1990 y 1994).
En el informe Aborto a nivel mundial 2017: Progreso irregular y acceso desigual,
el instituto Guttmacher añade que menos del 3% de las mujeres de
América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto es legal “en
sentido amplio” (sin restricciones por diferentes causas o permitido por
razones socioeconómicas); “las mujeres que viven en condiciones de
pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar
abortos inseguros y graves complicaciones derivadas”, resalta el
documento; la ONG calcula que cada año se registran 14 millones de
embarazos no planificados en la región, de los que el 46% terminan en
aborto.
Surgida en 2009, la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto en El Salvador batalla por un cambio
legislativo y defiende a mujeres procesadas o presas. En 2015 publicó el
informe Del hospital a la cárcel, que presenta –a partir de los
datos de juzgados y tribunales- la siguiente radiografía: entre 2000
(tras los cambios en el Código Penal) y 2014, fueron procesadas 147
mujeres por aborto o por homicidio en El Salvador; y 60 de ellas,
condenadas; según la investigación, el 67% de las procesadas tenían
entre 15 y 25 años; el 45% eran analfabetas o habían cursado hasta el
segundo ciclo de primaria; el 72% eran solteras, y más de la mitad
carecían de ingresos (se trataba de mujeres dedicadas exclusivamente a
las tareas domésticas o estudiantes); en cuanto al origen de la
denuncia, el 57% fueron interpuestas por hospitales públicos y el
Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
La Agrupación Ciudadana
acompaño a Beatriz García, cuyo caso tuvo en 2013 amplio eco
internacional; la joven de 22 años padecía un lupus eritematoso
–enfermedad crónica-, agravado por problemas renales. Quedó encinta a
finales de 2012. Ingresada en el hospital, los médicos diagnosticaron
que el feto era anencefálico (ausencia de buena parte del cerebro y del
cráneo), y sobreviviría poco tiempo fuera del útero. Los facultativos
advirtieron que la salud de la joven corría riesgo grave y, si el
embarazo no se interrumpía, Beatriz G. podría morir (si practicaban el
aborto, los doctores tendrían que afrontar un juicio y penas de
prisión). La Corte Suprema de Justicia denegó el recurso de amparo –por
vulneración de los derechos fundamentales- interpuesto por la afectada.
“Se aumentó innecesariamente el sufrimiento y los riesgos para la salud y
la vida de Beatriz; sólo bajo el amparo de las medidas provisionales
otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio
de Salud procedió a realizar una cesárea”, denunció el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Amnistía Internacional
recogió 95.000 firmas “para salvar la vida de Beatriz”.
Una flor para las 17. No dejemos que sus vidas se marchiten
. Así se denominó la campaña estatal e internacional, iniciada en abril
de 2014, para reivindicar ante la Asamblea Legislativa el indulto de 17
mujeres reclusas (cumplían condenas de 12 a 40 años de prisión,
denunciaron en un comunicado; “todas fueron inicialmente acusadas por
aborto, y posteriormente la Fiscalía cambió la tipificación del delito,
llegando a condenarlas por homicidio agravado”); difundieron casos como
el de Guadalupe, indultada en enero de 2015; trabajadora doméstica de 18
años y embarazada tras una violación, fue condenada a 30 años tras
sufrir un aborto espontáneo, de los que pasó siete en la cárcel.
Actualmente Las 17 y Más
continúa la lucha por la libertad de las presas, la despenalización del
aborto y reclama justicia para Evelyn Hernández. Las movilizaciones y
la presión popular han rendido fruto; “desde 2009 hemos recibido y
celebrado la libertad de 33 mujeres”, informó el pasado 7 de marzo la
presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera (ese día quedaron
en libertad Alba Lorena Rodríguez, María del Tránsito Orellana y Cinthia
Marcela Rodríguez, al conmutarles la Corte Suprema de Justicia penas de
30 años de cárcel después de un parto extrahospitalario).
Y en octubre celebraron que llegara a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) el caso de Manuela, también condenada y presa
debido a la criminalización del aborto: falleció en 2010 a causa de un
linfoma de Hodgkin, del que no recibió tratamiento adecuado; Manuela
dejó a dos hijos huérfanos. “Era una mujer pobre, que no sabía leer y
escribir y había sufrido una emergencia obstétrica en la zona rural
donde vivía”, detallaron la Agrupación y el Centro de Derechos
Reproductivos, que llevaron el caso ante la CIDH. Además fue objeto de
un juicio penal “cargado de irregularidades y estereotipos de género”,
denunciaron.
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