Aunque la red de abogadas desplegada en marzo pasado por el gobierno de la Ciudad de México se promocionó como una medida para garantizar justicia a las mujeres, en los hechos no borra la cadena de tropelías, lentitud y estereotipos sexistas en que incurren las autoridades de justicia cuando investigan casos de violencia de género.
En
marzo de este año el gobierno de la Ciudad de México anunció el despliegue de
una red de abogadas en todas las agencias del Ministerio Público para apoyar y
asesorar a las mujeres víctimas de violencia, una acción que revela la
necesidad de una profunda transformación de las instituciones encargadas de
garantizar justicia a las víctimas.
Esta
medida, que emula el papel de las trabajadoras sociales, fue diseñada por la
Jefatura de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres (Semujer) y la Procuraduría
General de Justicia local (PGJ) para acercar los servicios de atención a las
ciudadanas, quienes por décadas han visto cómo los agentes policiales
desestiman los dichos de las mujeres, las acusan de ser culpables de la
violencia que viven, las desalientan de presentar una denuncia, les niegan
información o se les dan sólo con conceptos jurídicos.
Para
saber cómo funciona esta red de abogadas y cuáles son sus alcances,
Cimacnoticias visitó agencias del Ministerio Público (MP) de Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán, las alcaldías con mayores índices de
feminicidio y violencia familiar. Asimismo, acompañó a una víctima de violación
en su proceso de denuncia, revelando que las mujeres se siguen enfrentando a un
tortuoso camino en el sistema de justicia burocrático y en su contra a pesar de
la implementación de esta estrategia.
Mujeres abogadas, la apuesta de Sheinbaum
El
4 de marzo de este año en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la jefa
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de
las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, presentaron a las “Abogadas de las
Mujeres en Agencias del MP” como una medida ambiciosa para abonar en el
acceso a la justicia de las ciudadanas.
El
gobierno capitalino anuncia la estrategia cada vez que informa cuáles son las
acciones para atender la violencia de género o frente a casos que toman
relevancia en los medios de comunicación. El 6 de mayo Sheinbaum Pardo presentó
nuevamente esta acción; después, tras una denuncia de violación sexual cometida
por policías y las protestas que esto detonó, el 28 de agosto se volvió a
anunciar como parte del “Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia
contra las Mujeres”. Más tarde, el 21 de noviembre, al decretar la Alerta de
Violencia de Género en la capital (AVG), una vez más la jefa de Gobierno habló
de la estrategia como un logro.
La
meta inicial, de acuerdo con la secretaria Gabriela Rodríguez, era tener 156
abogadas en 78 agencias del Ministerios Públicos, pero de acuerdo con solicitudes
de acceso a la información que realizó esta agencia a la SeMujeres, hasta
noviembre de este año eran 173 personas contratadas para trabajar en módulos
ubicados en los MP, donde cada día brindan entre 200 a 250 atenciones por un
sueldo mensual de 13 mil 939 pesos.
En
nueve meses la SeMujeres ha contratado a 173 abogadas, quienes todos los días
atienden, de ocho de la mañana a nueve de la noche, a mujeres y niñas víctimas
de violencia de género que solicitan asesoría jurídica: evalúan el nivel de
riesgo que viven, las canalizan a refugios o servicios de salud especializados,
las ayudan a tramitar medidas de protección o presentar una denuncia.
Sin revolver camino tortuoso de denuncia
En la recepción de un Ministerio Público (MP) en la alcaldía
de Coyoacán, sin ninguna privacidad, Magdalena (nombre cambiado para resguardar
su identidad) tuvo que narrar la violación sexual que enfrentó en manos de su
ex pareja. En el lugar solicitó que la atendiera una de las abogadas de las
mujeres, una amiga le había contado que atendían casos de violencia como el de
ella. Una funcionaria cuyo gafete la identificaba como asesora jurídica, le
dijo que podía ayudarla.
Luego de cuestionamientos y gestos de desconfianza en el
relato de Magdalena, de mala gana la asesora le advirtió que su proceso de
denuncia se atrasaría porque la agresión ocurrió en la alcaldía de Tláhuac,
donde Magdalena vivía. Aquel día la mujer había salido corriendo sólo con lo
que llevaba puesto y de momento se estaba quedando con una amiga. De cualquier
forma, Magdalena decidió iniciar su denuncia en ese MP de Coyoacán por miedo a
represalias. Su expareja era servidor público y la había amenazado. Al final,
la asesora le indicó esperara a la abogada de las mujeres.
En un cubículo improvisado, nuevamente Magdalena relató la
agresión sexual, pero en esta ocasión a la abogada de las mujeres. También
habló de cuánto tiempo duró la relación con su expareja, quien era servidor
público, mencionó las fechas de cuando decidieron vivir juntos y siguió dando detalles
hasta explicar que él golpeó y la atacó sexualmente.
A diferencia de la funcionaria que la recibió, la abogada
escuchó atenta a Magdalena, le hizo notar cómo la violencia incrementó al paso
del tiempo en su relación y le explicó que se abriría una carpeta de
investigación por el delito de violación. Sin embargo, le dijo que la denuncia
no podía presentarse en ese Ministerio Público, pues no contaban con la
atención necesaria para atender un caso de violencia sexual. Le dijo que ella
tendría que trasladarse a una Agencia Especializada en Delitos Sexuales que
quedaba a unos 30 minutos.
Ese día Magdalena viajó en taxi a la Agencia de Delitos
Sexuales. Ahí ya la esperaban otras abogadas de la red que fueron avisadas del
caso por compañeras. Sin embargo, por tercera ocasión la víctima tuvo que
narrar los hechos. A pesar de la confianza que la abogada le generó para seguir
su denuncia, no se hizo menos tortuoso su camino para obtener atención y
protección.
Eran las 6 de la tarde y en la Agencia Especializada no
había médico legista. La abogada previno a Magdalena que se preparara pues
sería un proceso largo: el médico llegaba tres horas después y era un peritaje
necesario para descartar lesiones. Además, un policía de investigación
nuevamente tomaría su relato.
La abogada explicó a Magdalena que de forma inicial podía
tener protección por medio del “código águila”, una orden para que las
autoridades acudan de forma prioritaria en cuanto reciban la llamada de auxilio
por parte del 911. También le dijo que, si quería la orden de alejamiento para
su expareja, esa se tramitaba en otro lugar, el Centro de Apoyo a la Violencia
Intrafamiliar (CAVI), ubicado en la PGJ de la alcaldía de Cuauhtémoc.
Entre incertidumbres, la víctima preguntó a la abogada si
sería su representante legal, pero esta respondió que a ella sólo le correspondía
firmar su declaración para iniciar su carpeta de investigación y solicitar el
código águila. Lo demás sería con defensor de oficio o un representante
privado.
Magdalena pasó con un perito psicólogo y con el médico
legista y fue remitida a la Clínica Condesa, también en Cuauhtémoc, para
realizarse los exámenes médicos de detección de infecciones de transmisión
sexual y prueba de embarazo. El proceso completo duró casi cuatro horas, la
abogada estuvo presente hasta las diez de la noche, hora en que terminaron las
revisiones.
Para finalizar con la denuncia Magdalena tuvo que ratificar lo sucedido con un policía de investigación. Al terminar de relatar por cuarta ocasión los hechos, el policía le contestó: “Voy a darle prioridad a tu caso porque se trata de un servidor público y no es motivo para que este tipo te amenace. Además, tu eres una mujer muy linda ¿Qué hacías con un tipo así, que no te valoraba? Te mereces alguien mejor. Además, estás joven, se ve que eres inteligente y muy guapa. Lo que daría yo por salir con alguien como tú”. Incómoda, la víctima sólo pudo soltar una risa nerviosa.
Carpetas de investigación no significan justicia
La historia de Magdalena se suma a las 564 carpetas de investigación por el delito de violación en la Ciudad de México, que se iniciaron entre el 5 de diciembre de 2018 y el 5 de mayo de 2019, según datos de la PGJ,
y que de acuerdo con las autoridades han ido en incremento gracias a la
intervención de las abogadas que ofrecen atención a las víctimas.
Sin
embargo, el grupo de trabajo que analizó la solicitud de Alerta de Violencia de
Género (AVG) en la capital, presentada en 2017, emitió un informe en que señaló
que había una reducida proporción de carpetas de investigación de delitos de
violencia familiar, violación, acoso sexual y abuso sexual que llegan a
judicializarse y todavía menor en las que se logra una sentencia condenatoria.
Entre
la apertura de una investigación y la sentencia para el agresor, una mujer
puede padecer la lentitud y torpeza del sistema judicial que ha hecho que la
PGJ tenga servicios periciales que pueden contradecir los del Instituto de
Ciencias Forenses (Incifo), del Tribunal Superior de Justicia, algo que puede
provocar contradicciones en la investigación.
Las
mujeres también enfrentan la falta de conocimiento del personal de la PGJ, la
ausencia de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos sexistas o
la falta de defensoría legal gratuita, entre otros obstáculos. Es por esta
razón, que Magdalena, aunque se sintió acompaña gracias a la atención de la
abogada de las mujeres sabe que no le garantiza justicia, dijo a Cimacnoticias.
A
pesar de las evidencias, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la
titular de la SeMujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, han presumido el éxito de
la estrategia de abogadas. El éxito, dicen, es a partir el número de carpetas
de investigación que se abren.
En
su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum destacó que del 4 de marzo al 31 de
agosto se brindaron 26 mil 614 atenciones a mujeres víctimas de violencia de
género. En el documento se asegura que con la orientación jurídica de las
abogadas se iniciaron 5 mil 59 carpetas de investigación, de las cuales, en 2
mil 569 casos las especialistas hicieron representaciones legales ante el
Ministerio Público.
Un
mes después, el pasado 4 de octubre, Gabriela Rodríguez dijo al comparecer en
el Congreso de la Ciudad de México, que se habían atendido a 33 mil 799
víctimas y que se habían iniciado casi 7 mil carpetas de investigación.
Aunque
los números indican que se están abriendo carpetas de investigación, esta red
no es una política de acceso a la justicia sino de acceso a la información. Las
abogadas dan información, pero no tienen alcance en la investigación penal de
delitos.
De
acuerdo con la SeMujeres, la labor de las abogadas se acota a “orientar,
asesorar o intervenir legalmente exclusivamente en la etapa de investigación inicial”,
por lo que en el resto del camino para acceder a la justicia -como le ocurrió a
Magdalena- las mujeres deben enfrentar a las mismas barreras que han vivido por
años.
¿Quiénes son las abogadas de las mujeres?
El
28 de agosto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, presentó el Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia
contra las Mujeres que consta de cinco ejes. En el caso del eje de Seguridad y
Justicia: Acceso expedito y efectivo a la justicia con perspectiva de género se
planearon 7 acciones.
Una
de las acciones es que las denunciantes sean atendidas por expertas en derechos
de las mujeres y sensibles a las necesidades de las víctimas, lo que supone
mayor confianza de las ciudadanas. La intención de esta política es que se
brinde una atención libre de prejuicios y con un enfoque en perspectiva de
género y Derechos Humanos.
Al
revisar los 173 perfiles profesionales de las abogadas, obtenidos por medio de
solicitudes de información, se observa que las abogadas son egresadas
universitarias; mujeres sin experiencia en la materia, pero con conocimientos
en campos de inmobiliarias o finanzas; extrabajadoras de la Procuraduría de
Justicia o abogadas de despachos que trataban temas familiares y civiles.
Estas
profesionales fueron contratadas después de que el 10 de enero, la SeMujeres
convocó en su cuenta de Facebook a abogadas con conocimientos y experiencia en
materia penal, familiar y civil a enviar su curriculum y una carta de exposición
de motivos para formar parte de la estrategia en favor de las capitalinas. Los
perfiles, explicó la institución vía solicitud de información, se seleccionaron
a partir de sus aptitudes, conocimientos y actitudes.
A
pesar de la falta de experiencia en atención a mujeres víctimas de violencia de
género, en cinco días, un total de 40 horas, las abogadas fueron capacitadas
por personas servidoras públicas para comenzar a asesorar a las mujeres y niñas
víctimas de violencia en la Ciudad de México.
De
marzo a septiembre de 2019, de las 6 mil 956 carpetas de investigación abiertas
por las abogadas, el principal delito que abordaron es la violencia familiar
con 4 mil 305 carpetas. A este delito le sigue el de abuso sexual con 703
carpetas de investigación y amenazas con 581.
En
la mayoría de los perfiles revisados, se trata de abogadas provenientes de
despachos, quienes entre sus labores litigaban denuncias en lo familiar, civil
y penal. También están aquellas sin experiencia en atención de víctimas de
violencia de género. Un ejemplo es el currículo de una abogada que se desempeñó
en la Dirección General de Auditorías de Desempeño a Gobierno y Finanzas, luego
en el análisis de las multas para sancionar a los conductores del transporte
público. Ahora es parte de la estrategia.
Otras
profesionales podrían estar sobrecalificadas para brindar únicamente
información a las víctimas. Como es el caso de una abogada dedicada a la
asesoría de mujeres en situaciones de violencia en la capital y el Estado de
México, así como en refugios de organizaciones civiles mujeres donde se
salvaguardan víctimas de violencia extrema y sus familias.
Víctimas sin protección
Dos días después de interponer su
denuncia la expareja de Magdalena la buscó en el hogar donde se resguardaba con
su amiga. Ella enseguida llamó al 911 confiada en que la autoridad atendería el
código águila, sin embargo, a lo largo de 40 minutos ninguna patrulla de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana llegó a su auxilio. Magdalena fue encontrada
por su amiga golpeada, su agresor había logrado ingresar en la vivienda.
Las mujeres se
dirigieron nuevamente a la Agencia de Delitos Sexuales buscando a la abogada
que las había atendido. Junto a un policía de investigación, la abogada pidió
que narraran los hechos sólo para que quedaran registrados en la carpeta de
investigación.
Mientras, en su afán
por responder al llamado de justicia y alto a la violencia contra las mujeres,
la jefa de Gobierno decretó la Alerta de Violencia de Género y llamó al
Congreso a aprobar un paquete de reformas, entre ellas la llamada “Ley Olimpia”
para reconocer la violencia digital y otra para crear un banco de ADN para
investigaciones relacionadas con delitos sexuales, feminicidio y secuestro;
banco que debería existir desde 2007 por mandato de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CIMACFoto: César Martínez López, Ciudad de México.
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