Ciudad de México. A un año de la llamada “Cuarta
Transformación”, los recursos que se asignan a agencias del Estado para
garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, son “poco
alentadores”, de acuerdo con la politóloga Tatiana Revilla Solís, en la
publicación “Desafíos sociales en la frontera norte de México a un año de Gobierno de AMLO”, del Colegio de la Frontera Norte.
A las principales fallas reportadas por quienes operan las
instituciones responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia
de género, recaen falta de recursos humanos, materiales y de
capacidades institucionales, las cuales, aún con mayores presupuestos en
años pasados, no pudieron presentar mejoría, aseguró la doctora en
políticas públicas en su análisis “Fallas y retos de la atención de la
violencia de género contra las mujeres.”
Aunque precisa que “
no podemos asegurar una relación causal entre mayor presupuesto y
eficiencia institucional”, la experta afirmó que “si en esta
reducción de presupuesto no se hace un análisis de las
problemáticas con filigrana y no se gasta con eficiencia y con el
foco en las fallas específicas operativas, no únicamente no va a
mejorar sino pueden presentarse aún mayores retos.”
Revilla Solís detalló que para la investigación, su grupo de trabajo
realizó mesas de trabajo y grupos focales al personal policiaco
municipal y estatal de diversos estados. Las y los participantes
señalaron problemáticas que explican, en cierta medida, las fallas en la
operación policial para brindar una atención efectiva a los casos de
violencia de género. “Al llegar al Ministerio Público regresan a las
mujeres que no muestren señales de violencia física grave”, fue la queja
más nombrada. Asimismo, el Ministerio Público desincentiva la denuncia o
envía a las mujeres a otras agencias o Centros de Justicia para las
Mujeres después de horas de espera.
Las y los participantes indicaron que usaron recursos propios como
automóviles, tiempo fuera de su jornada y en ocasiones gasolina propia
para traslados de las víctimas a donde lo indique el Ministerio Público.
Existe una falta de formación en el tema de perspectiva de género y
protocolos de actuación, así como una falta de claridad en quién debe
dar seguimiento a las órdenes de protección. Las o los peritos de las
procuradurías tardan más de seis horas mínimo en llegar, alegaron.
Por el otro lado, al participar en las mesas de trabajo, el personal
de las fiscalías, es decir, Ministerios Públicos, peritas y peritos,
personal médico legista y de trabajado social, señalaron salarios bajos,
horarios extensos, y la falta de recursos materiales, como tinta e
impresoras. Algunas personas dijeron llevarse impresoras propias y
comprar cartuchos de su propio salario. Indicaron una falta de vehículos
para policías ministeriales, personas investigadoras y demás personal
que requiera hacer diligencias, así como falta de gasolina, y falta de
mobiliario para trabajar, falta de recursos para contratación de
personal médico legista, de peritaje, y policía investigadora. Además,
el personal de los ministerios públicos mencionó que les faltaba
capacitación, y que jueces y juezas que no estaban capacitadas en
perspectiva de género echaban atrás toda su investigación.
“Las fallas en la
atención la encontramos en todo el proceso de acceso a la justicia
de las mujeres, desde el policía local, fiscalías, procuradurías y
jueces, además de una visión punitiva del tema”, concluyó
Revilla Solís al analizar los resultados de las mesas de trabajo.
Adivirtió que sería necesario implementar protocolos efectivos de
atención, medios alternos de solución de conflictos en casos no
graves, y mesas de trabajo con policías, fiscales, juezas y jueces.
“Mientras las respuestas al tema de violencia contras las mujeres
estén centradas en lo punitivo, y no se ponga el foco en las fallas
operativas, pocas esperanzas de solución se vislumbran”,
sentenció.
Al analizar los rubros de seguridad pública del Anexo 13 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que especifica el gasto
de igualdad de mujeres y hombres, describió las acciones del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador como “poco alentadoras”. Los gastos para la
Fiscalía General de la República disminuyeron de un total de 130
millones 862 mil 842 pesos en 2019, a 75 millones 161 mil 048 pesos en
2020, con los tres rubros de “Investigar y perseguir los delitos del
orden federal “, “Investigar y perseguir los delitos relativos a la
Delincuencia Organizada”, y “Promoción del respeto a los Derechos
Humanos y atención a víctimas del delito” bajando de 122 millones 115
mil 792 pesos en conjunto, en 2019, a cero en 2020, según Revilla Solís.
Al mismo tiempo, “Investigar y perseguir los delitos cometidos en
materia de Derechos Humanos” subió de cero a 68 millones 494 mil 398
pesos.
Mientras tanto, el
presupuesto de Gobernación en seguridad y protección ciudadana,
permaneció estable, con los gastos para “Promover la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres” subiendo de 260
millones 483 mil 143 pesos en 2019, a 267 millones 632 mil 572 pesos,
en 2020.
La investigadora indicó que los casos de violencia mal atendidos,
violaciones a los principios básicos del debido proceso y a los derechos
de la víctima, así como y una carencia total de la perspectiva de
género, fueron los detonantes para las últimas movilizaciones de mujeres
en México, y el resurgimiento del movimiento feminista en los últimos 4
años. Por lo tanto, la investigación buscó dar respuesta a la pregunta
de qué había detrás de la inoperancia de las instituciones en la
atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
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