Editorial La Jornada
Se espera que hoy el pleno de
la Cámara de Representantes de Estados Unidos vote para decidir si
inicia un juicio político contra el presidente Donald Trump, quien sería
el tercer mandatario en la historia del país en enfrentar un
procedimiento de destitución ( impeachment). Hasta ayer todo
indicaba que la votación se desarrollará según las líneas partidistas,
con sólo dos legisladores demócratas contrarios a ese proceso y todos
los republicanos cerrando filas con el magnate.
Trump reaccionó al inminente debate acerca de su juicio político con
una carta dirigida a la lideresa de la oposición legislativa, Nancy
Pelosi. En la misiva, el mandatario denostó todo el procedimiento como
un abuso inconstitucional
sin parangón en casi 250 años de historia legislativa de Estados Unidos. Dijo que el inicio del impeachment sería
una guerra abierta a la democracia estadunidense; volvió sobre la machacona caracterización de las investigaciones en su contra como una
cacería de brujas, y amagó a los demócratas con que el intento de llevarlo ante la justicia les representará un costo político muy alto en las elecciones de noviembre próximo.
Un somero repaso a la génesis del proceso indica, sin embargo, que
las acusaciones del magnate republicano carecen de veracidad, que en su
caso el Legislativo ha fallado más por omisión y aquiescencia que por
severidad, y que si de algo puede acusarse al Congreso es de no haber
puesto freno antes al empecinamiento presidencial en actuar, tanto en lo
personal como en lo institucional, en los límites de lo legalmente
permitido, si no es que en el terreno de la franca transgresión.
Así, a sus turbios manejos fiscales y a su comportamiento como
depredador sexual debe agregarse la colaboración ilícita desarrollada en
2016 entre su equipo de campaña y empresarios rusos, con el fin de
perjudicar la posición de su rival demócrata, Hillary Clinton, mediante
prácticas delictivas, cuando ambos buscaban llegar a la Casa Blanca.
Cualquiera de esas acciones debió ameritar el inicio de un juicio
político. Sin embargo, la oposición demócrata en el Capitolio decidió
–por prudencia política o mero oportunismo– no escalar de esa forma la
tensión con el Ejecutivo.
En lo que hace al proceso actual, debe recordarse que Trump incurrió
en abuso de poder al condicionar la ayuda militar que Washington otorga a
Ucrania a que las autoridades de este país persiguieran penalmente al
ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden y a su
hijo Hunter.
Lejos de mostrar una conducta institucional ante las lógicas dudas
que generó la revelación de sus conversaciones telefónicas con su
homólogo Volodymir Zelensky, Trump produjo un motivo adicional para
enjuiciarlo debido a la obstrucción abierta y sistemática de las
indagatorias. Con ello la mayoría demócrata en la Cámara de
Representantes no tuvo más salida que dejar de lado su renuencia e
iniciar el proceso de impeachment.
La polarización extrema a la que se encuentra sometida la vida
institucional de Estados Unidos no puede achacarse, pues, a los
esfuerzos para frenar el uso arbitrario del poder, sino a la perenne
disposición del ocupante de la Casa Blanca para violar cualquier ley que
se interponga entre él y sus intereses, cálculos y caprichos. La
voluntad de Trump de arrastrar consigo al conjunto de la
institucionalidad, siempre que calcule obtener un rédito a cambio, queda
patente al observar su manejo de la crisis política en curso.
Aunque cuenta con la casi total certeza de ser absuelto gracias a la
mayoría republicana en el Senado (instancia donde se dirime el
procedimiento de juicio político), el presidente ha optado por llevar al
país vecino a niveles inéditos de crispación con la expectativa de
aglutinar a las bases ultraconservadoras en su intento de relegirse, sin
importar que en el camino sea destruida la unidad nacional y, de paso,
el estado de derecho.
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