Por Teresa Domínguez
Reflexionando a raíz de un artículo
de Pablo Castillo, especialista en políticas de la Organización de las
Naciones Unidas respecto a la violencia sexual en conflicto. Me propuse
escribir sobre la guerra contra las mujeres con el fin de despertar
conciencia de una realidad dura y violenta que sucede y de la que la
comunidad internacional se adolece, pero apenas toma medidas reales para
combatirla.
Pablo Castillo contaba que después de
52 años de conflicto, en Colombia se firmó un acuerdo de paz en 2016. Un
hecho histórico que le debe mucho a mujeres como la periodista Jineth
Bedoya, que en 2009 rompió su silencio y compartió su historia de
agresión sexual para iniciar una valiente campaña en nombre de las miles
de mujeres y niñas que fueron violadas en la guerra civil de su
país. Su acto de valentía agregó un ímpetu a un movimiento global que
empezaba a hacerse más fuerte.
Hace diez años, la Organización de las
Naciones Unidas lanzó su primera campaña mundial contra la violencia
sexual en conflictos. En el decenio transcurrido desde entonces, abordar
dicha violencia se convirtió en el centro de una serie de resoluciones
del Consejo de Seguridad de la ONU, llamamientos a la acción,
compromisos nacionales y mandatos de las misiones de mantenimiento de
paz. Financiación para investigación, defensa y programas han aumentado
significativamente, y los nuevos programas están llegando a cientos de
miles de supervientes cada año.
Hoy en día, un grupo emergente de
abogados especializados e investigadores están persiguiendo estos
casos. Los periodistas están cubriendo estas atrocidades con una
regularidad sin precedentes. En los últimos años se han visto muchos
antecedentes históricos en jurisprudencia internacional sobre violencia
sexual en conflictos y avances en la concesión de reparaciones a
supervivientes de violencia sexual.
En 2009, el Tribunal Especial para Sierra Leona dictó la primera condena en un Tribunal Internacional por crímenes contra la humanidad por esclavitud sexual y matrimonio forzado.
En el caso de Sepur Zarco, Guatemala
se convirtió en el primer país dónde un Tribunal nacional emitió una
condena por esclavitud sexual durante un conflicto armado. La Corte
Penal Internacional (CPI) emitió su primera condena por crímenes
sexuales y de género en 2016 contra Jean Pierre Bemba por atrocidades
cometidas en la República Centroafricana.
Hace solo unos meses, en un caso separado contra un jefe de la guerra congoleña en
DRC el señor de la guerra Coronel Sheka se rindió después de más de 387
violaciones y años matando a diestro y siniestro. Aún pendiente de
juicio.
La CPI dictaminó que el Derecho
Internacional Humanitario prohíbe la violación y la esclavitud sexual
cometidas contra los propios soldados y no solo contra civiles o
soldados enemigos. Los debates han sido innumerables a lo largo de los
años acerca de si las resoluciones del Consejo de Seguridad son las
herramientas adecuadas o si son los defensores adecuados; Si centrarse
en la violencia sexual en los conflictos trae luz sesgada a las mujeres y
las niñas como víctimas, y no a su potencial transformador como
agentes; Y si el énfasis en la violencia sexual relacionada con los
conflictos se produce a expensas de descuidar otras formas de violencia
contra las mujeres y las niñas que son más frecuentes.
Algunos se preocupan de que se
gasten demasiados recursos en defensa y coordinación a nivel mundial,
en lugar de prestar servicios reales a las personas sobre el
terreno. Algunos académicos desalientan a los estudiantes a unirse al
número cada vez mayor de investigadores sobre este tema, preocupados por
la saturación, o la motivación o enfoque equivocado.
Todos estos debates son importantes,
pero todos deben compartir el mismo punto de partida: que la violencia
sexual relacionada con los conflictos continúa siendo omnipresente, y la
respuesta de los gobiernos y la comunidad internacional va de
insuficiente e inadecuada a veces, a escandalosamente negligente y
cómplice otras afirmaba el especialista en políticas de ONU y mujeres.
En 2009, al menos 109 mujeres y niñas fueron
violadas o sexualmente agredidas por agentes de seguridad en la
represión de una protesta pro-democracia en Conakry. En solo tres días
en 2010, los rebeldes violaron a cerca de 400 civiles en
Walikale, en el norte de Kivu, en la parte oriental de la República
Democrática del Congo. Nadie ha sido llevado a un Tribunal Nacional o
Internacional hasta la fecha por esta atrocidad. Las casi 300 niñas de
Chibok que fueron secuestradas en 2014 fueron las más conocidas entre
miles de mujeres y niñas nigerianas que sufrieron un destino similar.
Las miles de mujeres Yazidis esclavizadas por el llamado Estado
Islámico o Daesh, son también solo una fracción de las muchas mujeres y
niñas que han sido víctimas como esclavas sexuales, y tráfico sexual,
vendidas y violadas como componente central de la ideología y estrategia
económica y terror de ese grupo armado. En lugares como Siria e Iraq
las mujeres Kurdas y algunas mujeres Yazidis que consiguieron escapar de
las garras de Daesh, han tomado las armas luchando en primera línea
contra la esclavitud y violencia sexual. A mediados de septiembre aún
quedaban secuestradas 1636 mujeres y niñas.
A principios de este año, la ONU
informó que la violencia sexual había alcanzado “proporciones épicas” en
la guerra civil del sur de Sudán. Todo ello sin que la comunidad
internacional realmente haya tomado medidas eficaces, conjuntas y
contundentes para combatir esta lacra, ni haya movido un dedo para
liberar a todas las mujeres secuestradas que se cuentan por cientos de
miles.
Cox’s Bazar el horror de las mujeres Rohingya torturadas y violadas en Birmania. También se usó en los Balcanes entre 20.000 y 60.000 mujeres. En Ruanda se estima fueron entre 250.000 y 500.000 mil las mujeres y niñas violadas.
Por otra parte cabe destacar también
el papel fundamental que juegan los Cascos Azules. Los Cascos Azules son
cuerpos militares que tienen el encargo de mantener la paz en áreas de
conflictos y monitorear los proceso pacíficos. Entre sus fines tienen la
misión de supervisar el cumplimiento del alto el fuego y proteger
a la población civil, brindando medicinas y alimento a los más pobres.
También mantener la ley y el orden, y entrenar a la fuerza local de la
policía.
Los Cascos Azules han sido objeto de
muchas críticas y denuncias. Tienen en su haber más de 2.000 denuncias
en su contra y otro personal de la ONU por abuso y explotación sexual en
todo el mundo. Hay informes que aseguran más de 300 denuncias de
víctimas menores.
En 2007, un centenar de soldados fueron acusados de violación y explotación sexual en Haití y fueron sustituidos por un batallón femenino. En 2015 la ONU registró 69 casos de abusos sexuales en República Centroafricana y en la República Democrática del Congo. Hubo
denuncias de abuso sexual contra soldados y policías de Alemania,
Francia, Burundi, Ghana, Senegal, Eslovaquia, Madagascar, Ruanda,
República Democrática del Congo, Burkina Faso, Camerún, Tanzania, Níger,
Moldova, Togo, Sudáfrica, Benín, Nigeria y Gabón. También hubo
denuncias contra funcionarios de varios países europeos y Canadá.
La mayoría de los abusos tuvieron
lugar en África, especialmente en República Centroafricana, pero también
se denunció explotación sexual en Haití. En 2016, 120 soldados fueron
expulsados de la misión acusados de abuso y de explotación sexual de
mujeres y menores. En junio de 2017 salió publicado que más de 600
soldados congoleños abandonarían Republica Centroafricana por su “mala
conducta”, acusados de abuso sexual. Soldados
de varias nacionalidades, tanto africanos como europeos, han sido
acusados por organizaciones humanitarias sobre el terreno de haber
cometido supuestamente horribles violaciones contra mujeres y menores de
edad, llegándose incluso a obligar a niños de siete años a tener sexo
oral con los soldados a cambio de un paquete de galletas.
Las autoridades francesas investigaron
también si soldados franceses que participaron de una misión en la
República Centroafricana son responsables de abusos sexuales a menores,
ya que Francia envió un contingente de 1.600 soldados al país africano
en diciembre de 2013, en respuesta a una ola de violencia tras un golpe
de Estado.
Para combatir la violencia sexual y
una mejor atención a las víctimas, Ruanda ha desplegado 80 mujeres
policías en misión de la ONU en Sudán del Sur. Specioze Dusabe es parte
de la unidad de policía de Ruanda que acaba de ser desplegada. En una
zona de conflicto, las mujeres y los niños son los más vulnerables, esa
es la realidad, por lo que para lidiar con casos de violencia de género,
violencia sexual y las mujeres policía pueden hacer un trabajo mucho
mejor que los hombres. “. ¿Adivinan por qué? Muchas de estas mujeres
vienen de Haití o Mali. En todos los países donde los Cascos Azules
están desplegados, las fuerzas de paz son acusadas regularmente de
violación, particularmente en estos campamentos de desplazados internos,
que se supone que deben proteger. Las Naciones Unidas han establecido
una estricta política de tolerancia cero.
“Habían intentado ocultar estos abusos.”
En 2015, la revista Foreign Policy reveló una investigación interna de la ONU sobre posible encubrimiento de denuncias
de violaciones sexuales contra menores por parte de los Cascos Azules
en África. Un tribunal convocado por Ban Ki Moon llegó a la conclusión
de que funcionarios, encabezados por la jefa del Gabinete de
la ONU habían intentado ocultar estos abusos.
La ONU ha prometido ‘tolerancia cero’ ante estas denuncias y ha
iniciado una serie de investigaciones. Además ha repatriado a centenares
de soldados. Pero habría que plantearse si de verdad esta
Organización Internacional está luchando por erradicar dicha lacra o
todo finalmente se queda en informes, algunas acciones, buenas
intenciones, poca contundencia y resoluciones que nadie cumple.
El Secretario General de la ONU ha
incluido información sobre violencia sexual relacionada con el conflicto
en 27 países diferentes en sus informes anuales al Consejo de Seguridad
desde 2009. La impunidad sigue siendo desenfrenada, los servicios
todavía son escasos y las respuestas de paz y seguridad siguen dominadas
por hombres.
– Cuando las negociaciones de paz se
llevan a cabo principalmente entre los hombres, es menos probable que la
justicia, el cuidado y las reparaciones de los supervivientes sean
incluidos en los acuerdos de paz.
– Cuando el 97% de los cascos azules
son hombres, es menos probable que los pacificadores puedan ofrecer
protección adecuada a las mujeres y las niñas.
– Cuando el 80% de los funcionarios
electos son hombres, es menos probable que los gobiernos inviertan
substancialmente en las necesidades de salud, psicosociales, de
subsistencia y justicia de los sobrevivientes.
Las organizaciones de mujeres, a
menudo las primeras o únicas personas que responden en primera línea,
tienen acceso a lamentables fondos de la comunidad internacional.
La violencia sexual en conflicto ni
debe silenciarse, ni ocultarse, ni debemos acostumbrarnos a que sean un
daño colateral. No es aceptable. Las mujeres tienen mucho que decir
sobre violencia sexual.
Desde su toma en consideración en la
mediación e intervención en los lugares dónde se toman las decisiones de
paz y negociación de conflictos hasta en la inversión de fondos en
aquellas comunidades principalmente dirigidas por mujeres que son las
que de hecho trabajan y devuelven la vida a sus comunidades tras un
conflicto.
Ya lo dice el Dr Dennis Mukwege, cirujano ginecólogo, fundador y directoré médico de @PanziHospital, Presidente de @PanziFoundation @PanziUSA, Premio Sakharov 2014, el hombre que “repara a las mujeres”
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, 19 de junio
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