Esta sustitución de profesionales de la salud por economistas y administradores no es privativa de México y refleja dos tendencias importantes en el sector salud. Por un lado, éste se ha convertido en un ámbito disputado por el capital privado, sea en su forma financiero-asegurador, farmacéutico-tecnológico o prestador de servicios, ya que representa un sector económico de primer orden al corresponder del 5 al 13 por ciento del producto interno bruto (PIB) de los países. Por otro lado, este hecho se expresa dentro del ámbito del pensamiento en salud pública, donde la economía de la salud
hoy ocupa un lugar de creciente preminencia. Así el centro de gravitación ha dejado de ser la salud de la población y el sufrimiento humano causado por la enfermedad y la muerte prematura, y con ello los valores éticos han sido sustituidos por cálculos de costo-beneficio y de sustentabilidad de los servicios en el contexto de las prioridades financieras de los gobiernos. Una manifestación de ello es el explosivo crecimiento de las áreas económico-administrativas de los servicios de salud que tiene un costo muy alto, mientras que el personal en contacto directo con la población o el paciente se ha estancado o disminuido.
Las declaraciones del nuevo secretario de Salud demuestran su poco conocimiento sobre los principales problemas de salud pública y las condiciones en las cuales se encuentra el sistema sanitario. Durante su tránsito por el SP promovió la idea de la próxima cobertura universal de un seguro de salud que fue desmentida por los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Asimismo expuso la amplia cobertura médica
del SP que incluiría a mil 400 enfermedades, cuando en la clasificación internacional no sobrepasan 900, revolviendo intervenciones, acciones y enfermedades. Tanto él como su sucesor han enfatizado la importante inversión en infraestructura del SP, cuando sólo ha sido de 3 mil millones, que apenas alcanzaría para ocho hospitales generales ante un déficit de 180 hospitales de 100 camas. La subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Maki Ortiz, tampoco constituye un apoyo experto, ya que no tiene otro mérito que ser una fiel militante del Partido Acción Nacional.
La responsabilidad de garantizar la seguridad sanitaria de la población, encargada a Cofepris, es de alta complejidad porque involucra desde la seguridad de alimentos, medicamentos –incluyendo los narcóticos y sus precursores–, tecnología médica: su autorización, permisos de importación, registro y renovación hasta su publicidad. Poner esta delicada tarea en manos de un abogado experto en la formulación de presupuestos es insólito y constituye una falta de responsabilidad con la salud y bienestar de los mexicanos.
Significativamente, Salomón Chertorivski tampoco ha externado un posicionamiento de la salud pública en el debate a raíz de la revisión de la Suprema Corte sobre la anticonstitucionalidad de la legislación criminalizadora de las mujeres respecto al aborto. Como mínimo, la máxima autoridad de salud en el país debería haber destacado que el cumplimiento del Objetivo del Milenio en mortalidad materna se obstaculiza seriamente con esta legislación. Es así por dos razones. Promueve los abortos realizados en condiciones insalubres e inseguras. Genera además rechazos a la atención requerida de las mujeres con un aborto en curso aunque sea espontáneo y no provocado.
La conclusión no puede ser otra que nuestros cuerpos ya no nos pertenecen. Están atravesados por dogmas de todo tipo, desde las doctrinas económicas hasta las ideologías religiosas. Unos predican la competencia y eficiencia, otros la subyugación de la mujer como reproductora y cuidadora de la familia. Vivimos tiempos de oscurantismo, donde se pretende suprimir el pensamiento racional y la ciencia.
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