Lamentable, la forma en que partidos han cedido espacios de poder institucional a televisoras
Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 13
En vísperas de que finalmente la Cámara de Diputados apruebe la designación de los tres consejeros electorales, la creciente versión de que arribaría al Instituto Federal Electoral (IFE) Arely Gómez, hermana de un alto funcionario de Televisa, “enciende los focos rojos” para el organismo. La razón: conflicto de intereses por la llegada de alguien cercano a uno de los principales sujetos regulados por el organismo, las televisoras.
Más allá de los méritos personales de la ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, hay un conjunto de fenómenos que enrarecerían su posible designación, advierte el investigador Julio Juárez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sostiene que uno de los ejes para el desempeño de los consejeros electorales es la independencia de sus miembros, y es claro que las televisoras han emprendido una andanada de descalificaciones desde sus noticieros; habría que ver si Gómez tendría un trato especial
.
Desde la aprobación de la reforma electoral que proscribió la compra de espots en medios electrónicos, los concesionarios de radio y televisión, con Televisa y Televisión Azteca a la cabeza, han emprendido una confrontación abierta contra el IFE, responsable de la aplicación de una ley que tanto los irritó por el millonario negocio que se perdió y, por otro lado, han buscado penetrar espacios de decisión que involucren directamente sus intereses.
Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, advierte sobre el avance de los poderes de las televisoras, favorecido, paradójicamente, por los propios partidos. Lo más lamentable que ha sucedido en los años recientes es la forma en que los partidos políticos han cedido espacios de poder institucional a los concesionarios de televisión.
La denominada telebancada, que opera principalmente desde el Partido Verde Ecologista, pero también con el PRI, fue un primer avance en la representación directa de los concesionarios en el Congreso.
La designación de Arely Gómez –apuntalada por PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia)– implicaría un conflicto de intereses muy claro, y no habría manera de pensar que en los hechos no está introduciéndose Televisa en el IFE, ante el evidente conflicto de intereses
que supone que la hermana de un alto funcionario de ese medio electrónico llegue al órgano responsable de sancionar, entre otros aspectos, las violaciones en que incurran las televisoras.
Calleja alerta sobre las implicaciones que ha tenido ceder espacios a los concesionarios, porque supone “ceder parte de la institucionalidad del Estado, del interés público, para someterlo al las televisoras. Eso tuvo una primera expresión con la conformación de la denominada telebancada, y ahora con la pretensión de que llegue Gómez al IFE.
En paralelo, más allá de las decenas de recursos promovidos por las televisoras ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras instancias judiciales para detener la actuación del IFE, destacan las presiones que en privado han desatado esos medios contra el instituto y los representantes partidistas en el organismo.
Los amagos no sólo han sido contra funcionarios del IFE, sino también contra partidos, que han cedido espacios. El PRI sustituyó a su representante Carlos Ortiz –quien en su momento respaldó los cambios reglamentarios para modificar los plazos en la transmisión de espots– por Andrés Massieu, diputado priísta de la telebancada cuyo padre es integrante de la dirección de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Lorenzo Córdova Vianello
El próximo viernes iniciará formalmente el proceso electoral que verá en la jornada comicial del 1 de julio del 2012 su momento culminante. Todo anticipa que será una elección con una gran intensidad y, muy probablemente, competitividad.
Las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año serán los octavos comicios federales que organizan las instituciones electorales desde que, en 1990, se constituyó el Instituto Federal Electoral y el entonces Tribunal Federal Electoral (antecedente inmediato del actual TEPJF). Mucha agua ha corrido bajo el puente de los procesos electorales y mucho se ha avanzado, en términos generales, en mecanismos y procedimientos para generar condiciones de certeza, credibilidad y transparencia en los resultados de los comicios, equidad en las condiciones de la competencia, así como controles respecto de la legalidad de los actores políticos y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin duda queda tarea por hacer en ese sentido, pero más allá de las áreas de mejora, las elecciones se han consolidado en México como la vía para que la pluralidad se encauce y las controversias políticas se resuelvan pacíficamente.
Sin embargo, cada elección constituye en sí misma una puesta a prueba de la consistencia de las normas, de las instituciones y de los procedimientos electorales. En ese sentido, el arranque del próximo proceso comicial es un buen momento para recapitular cuáles son los desafíos (muchos de ellos inéditos) que enfrentamos de cara a las próximas elecciones.
Sin un ánimo exhaustivo, menciono algunos de los retos. A mi juicio, los más delicados:
a) El tener que demostrar por enésima ocasión que las normas que emanaron de la reforma de 2007 son practicables —aun cuando no exentas de posibles mejoras y adecuaciones—. Desde su promulgación, alrededor de 50 comicios (entre federales y locales) han sido realizados exitosamente con base en las nuevas reglas. Sin embargo, las de 2012 serán las primeras elecciones presidenciales organizadas con esas disposiciones y, en ese sentido, serán definitorias del futuro de la legislación vigente.
b) La inédita concurrencia de elecciones locales con el proceso federal. Dicha coincidencia es algo frecuente, pero nunca se habían tenido tantas elecciones realizándose simultáneamente en el país. Además de las tres elecciones federales, se realizarán comicios en 15 estados, y en siete se renovarán a los Ejecutivos locales (incluido el DF), lo que impone una inusitada complejidad técnica.
c) El creciente cortoplacismo e irresponsabilidad de gran parte de los actores políticos que, con tal de perseguir sus objetivos, están dispuestos a pasar por encima de las normas, a elevar el tono de crispación y confrontación durante las contiendas, e incluso de erosionar a las instituciones.
d) Las omisiones legislativas en esta materia son muchas y son delicadas. El derecho de réplica, la prohibición constitucional de que la propaganda gubernamental sea personalizada, la no adecuación de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos a las prohibiciones electorales y la falta de homologación de la Ley de Radio y Televisión a lo que dispone la Constitución y el Cofipe son sólo algunos de los faltantes que han impuesto condiciones adversas a las autoridades electorales para cumplir con sus atribuciones.
e) El desgaste institucional al que el IFE se ha visto sometido, provocado, ante todo, por la irresponsable falta de nombramiento de tres consejeros electorales por más de 11 meses (con todos los efectos nocivos que para el adecuado funcionamiento de la institución esto ha acarreado). Pero también la falta de acompañamiento de los partidos políticos en el cumplimiento de algunas funciones (como la de vigilar y sancionar el incumplimiento del modelo de comunicación política) contribuye a ese debilitamiento.
f) Tampoco el Tribunal Electoral atraviesa su mejor momento debido a la inconsistencia de varios de sus criterios, así como a la falta de solidez argumentativa en algunos casos emblemáticos y a su renuncia a ser garante de los principios constitucionales en otros.
g) El contexto de violencia que impone no sólo retos a las autoridades electorales que deben instalar casillas en todo el país y capacitar a los ciudadanos que las custodiarán, sino también a los partidos en la selección de sus candidatos y en la realización de las campañas y, sobre todo, a la sociedad, que debe reivindicar su vocación democrática y su compromiso con los derechos cuando es fácil renunciar a ellos a cambio de seguridad
Cobrar conciencia de los retos que enfrentamos y del consecuente rol que cada uno de nosotros juega para superarlos es una condición de la subsistencia de nuestra democracia
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