Protege a militares y no hay consignaciones: defensores
Por la Redacción
México, DF, 4 oct 11 (CIMAC).- Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) nacionales e internacionales solicitaron a Felipe Calderón que acate las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, por la violación sexual cometida por militares contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo.
En una carta dirigida a Calderón, las organizaciones –entre ellas la Coordinación alemana por los Derechos Humanos en México, y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos– solicitaron que “gire instrucciones” para que la implementación de las sentencias sea una prioridad en lo que resta de su gobierno, y se realicen las mesas de trabajo entre los representantes legales de las indígenas y las autoridades.
Señalaron que “proceder así es un deber de congruencia”, toda vez que durante la reciente visita a nuestro país del presidente de la CoIDH, Diego García Sayán, y del relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil, Calderón “refrendó” su compromiso para cumplir con los fallos del sistema interamericano y hacer respetar los DH.
Por separado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acusaron, en un comunicado, que continúa la reticencia del Estado mexicano para acatar los fallos de la CoIDH.
Lamentaron que persista la impunidad para proteger a los militares responsables de la violación sexual, y los nulos avances a un año de notificadas las sentencias. Recordaron que durante un año las investigaciones continuaron en el fuero militar y apenas hace unos meses se trasladaron al fuero civil.
La dilación, denunciaron, sólo ha ocasionado que las indagatorias no hayan sido consignadas, por lo que las indígenas tlapanecas no han tenido acceso a ellas para aportar más pruebas.
“La omisión de acatar las sentencias se verifica también en otros rubros como el acceso de ambas mujeres indígenas a la salud y a la educación, que sigue sin materializarse; o la reforma del Código de Justicia Militar para extraer de la competencia castrense todos los casos de violaciones a Derechos Humanos”, recalcaron las organizaciones.
El incumplimiento de estas medidas implica una grave contravención a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en su conjunto, incluyendo al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete.
Tlachinollan y Cejil advirtieron que como parte del proceso de verificación de las sentencias, el Estado mexicano ya debió haber informado a la CoIDH las acciones concretas realizadas durante este año para cumplir lo dispuesto por el tribunal interamericano.
El 1 de octubre de 2010, la CoIDH notificó al Estado mexicano las sentencias por los casos de Inés y Valentina. En ambas determinó que las mujeres fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en diferentes circunstancias durante el 2002, a la edad de 25 y 17 años, respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.
Las sentencias impusieron al Estado mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares, así como asegurar que las violaciones a los DH que sufrieron Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no vuelvan a cometerse.
En octubre de 2010 Inés y Valentina presentaron un plan de trabajo al Estado mexicano para guiar la implementación de las sentencias –el cual fue ratificado por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General República y la Consejería Jurídica de la Presidencia–, pero no fue formalizado hasta marzo de 2011 y a la fecha sigue sin acatarse.
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