¿Mujeres asesinas?

Ricardo Rocha

Eso es lo que han intentado desde siempre los grupos ultraconservadores del país representados en los cuatro ministros de la Corte que votaron a favor de reformas que eso establecen: la criminalización de las mujeres que deciden practicarse un aborto.

El pretexto falaz ha sido “la defensa de la vida desde la concepción… y hasta la muerte por causa natural”. Una aberración jurídica y humana que estigmatiza hasta el uso de dispositivos como el DIU y la píldora del día siguiente, marcados ahora por la incertidumbre entre la prevención y un presunto crimen. Más aun, criminaliza también cualquier acción de enfermos terminales, familiares y médicos que eventualmente determinen la desconexión de aparatos de sobrevivencia artificial y hasta la donación voluntaria de órganos. En otras palabras, atropella los derechos humanos de las mujeres sobre sus capacidades reproductivas y aplasta la dignidad a que tienen derecho las personas hacia el final de su vida.

Por eso resulta increíble y ofensivo que esas visiones oscurantistas sigan prevaleciendo sobre los criterios científicos modernos y universalmente aceptados en dos sentidos: que no puede hablarse de persona humana hasta que el feto tenga funciones cerebrales o hasta las 12 semanas de gestación, tal como ocurre en el DF, y que los seres humanos y nuestros familiares tenemos derecho a poner fin a una existencia castigada injustamente por el dolor propio o de quienes nos rodean.

No podría asegurar qué llevó a los cuatro ministros a optar por la irracionalidad de esas reformas aberrantes: si fue la línea que les marcó el presidente Calderón a mitad del debate o tal vez las reiteradas declaraciones de la cúpula eclesiástica, o simple y llanamente su extremoderechismo natural que representa con creces a ese sector de la población mexicana. En una de ésas resulta que el señor Obispo de Mexicali siempre no pecó contra el octavo mandamiento y sí fue cierto que el mismísimo papa Benedicto XVI también metió su cuchara en la Corte.

Por supuesto que no sería la primera muestra de signos de regresión inconcebibles en lo que hace a las reivindicaciones femeninas. Es una herida permanentemente abierta la de las muertas de Juárez, sobre las que algún gobernador panista –de cuyo nombre no quiero acordarme– llegó a decir que eso les pasaba por andar en la calle a deshoras, como si en ellas estuviera poder escoger horario en las maquiladoras. Frescas también en la memoria las ridículas prohibiciones del uso de la minifalda en Jalisco y el antiestético –y ese sí inmoral– pegote de “censurado” sobre los encantos de la inolvidable chica wonderbra. Al mismo tiempo, hay que robar desde el poder lo que se pueda, pero nunca faltar a misa los domingos.
Además de esos embates de los proclamadores de la doble moral, hoy parece haber una ola de agresión mediática en contra de las mujeres. En la tele hay anuncios degradantes como el de un chavo que, mediante una mordida al chocolate, deja de ser niña quejumbrosa para convertirse en hombrecito. En innumerables bardas de esta ciudad hay un anuncio tan infame como absurdo: “Los Doritos recargados son una experiencia tan intensa como que tú te pares aquí sola, a las dos de la mañana y en MINIFALDA”.
La única buena nueva entre toda esta andanada de dislates estúpidos de todos calibres nos la ofrece la ministra doña Olga Sánchez Cordero, quien nos revela que la Corte no resolvió en definitiva sobre la constitucionalidad de las multicitadas reformas. Cierto que, para empezar, se requerían los famosos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de los mentados artículos, para lo que no alcanzó con “tan sólo” siete votos. Pero también es cierto que para validar la constitucionalidad de esas mismas reformas se requería una mayoría simple de seis votos, que tampoco alcanzaron con los cuatro de los ministros ultras. Así que las modificaciones en Baja California –y con sus asegunes en San Luis Potosí– quedan en una especie de limbo jurídico.
Pero lo más importante es que, con la ley en la mano, las mujeres y los médicos que así lo decidan podrían pedir un amparo en lo individual, además de que se podría configurarse un gran amparo colectivo.
En resumen, queda todavía una larga batalla en buena parte de este país en pro de nuestras mujeres, nunca como asesinas y sí, en cambio, como señoras y dadoras de vida.

Aborto: en México cuatro es más que siete

Arnoldo Kraus

Aunque Franz Kafka lo hubiera vivido no lo habría avalado: en México cuatro es más que siete. O lo que es lo mismo, en México asesinar es legal y abortar es criminal.

La reciente asonada contra la libertad de las mujeres y contra su vida cobra nueva vigencia. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar las leyes antiaborto de Baja California no proviene del azar, sino de una política planeada. Comparto 10 ideas.

El ser humano es autónomo. La autonomía es condición innata. Se nace con ella. Las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, sobre todo antes de las 12 semanas, tienen derecho de ejercer su autonomía.

México es adalid mundial en el tema de la injusticia y sus sucedáneos: corrupción, pobreza, sistemas de salud ineficientes, impunidad y un larguísimo etcétera. La mayoría de los niños y niñas en situación de calle, por citar un ejemplo, son producto de hogares desarticulados, de embarazos no deseados y de la tenaz y perpetua ineficacia de nuestros gobiernos. Si hubiese menos pobreza habría menos embarazos no deseados. Los grupos antiabortistas, todos afines a los regímenes políticos, han proclamado su compromiso de brindar hogar y educación a los hijos. Mienten: basta caminar por las calles de cualquiera de nuestras ciudades para constatar esa falacia.

En el Programa Nacional de Población 2008-2012, auspiciado por el gobierno en turno se destacó el claro compromiso con el precepto constitucional que garantiza a toda persona el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Ese programa, y los previos, han fracasado. Una gran proporción de mujeres pobres, entre las que se incluyen las que habitan en zonas rurales y las indígenas ni cuentan ni conocen bien los métodos anticonceptivos. Dentro de ese grupo, más de la mitad de las mujeres tienen entre 15 y 24 años de edad. El programa agrega que siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual sin protección.

Patricia Galeana, reconocida historiadora, vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, comentó que las reformas aprobadas por la SCJN que penalizaron el aborto en Baja California no sólo ponen en riesgo los derechos de las mujeres, sino la laicidad del Estado. La decisión de la SCJN, encarcelar a las mujeres que abortan, ¿marca el inicio de un México confesional?

La penalización del aborto en Baja California fue auspiciada desde el gobierno. Dos días antes de la votación, la Secretaría de Gobernación entregó a los ministros una carta en la que se aclara que el ser humano adquiere esa condición a partir de la mórula o del cigoto. En ese sentido, Amnistía Internacional ha expresado, que es vergonzoso que el Estado obligue a continuar la gestación a niñas o mujeres embarazadas como consecuencia de violación.

Se calcula que anualmente mueren 100 mujeres por abortos practicados en condiciones inadecuadas. A partir de 2007 se instituyó en el Distrito Federal la Interrupción Legal del Embarazo; hasta agosto 2011, 63 mil 718 mujeres han solicitado el servicio, de las cuales, una falleció. Menos del 1 por ciento de las mujeres son repetidoras: la gran mayoría, después del aborto, adoptaron algún método anticonceptivo.

A los mexicanos nos gustaría que el gobierno nos compartiese el perfil de las mujeres encarceladas por abortar. Edad, condición económica, situación familiar, grado de educación, si tienen o no pareja, número de hijos, tiempo que pasan en la cárcel y la forma en la que se documentó el aborto, es decir, la certeza de que fue voluntario y no por otras razones, es decir, pobreza, ausencia de servicios médicos, nula vigilancia perinatal, desnutrición, desgobiernos y más desgobiernos.

A los mismos mexicanos nos sorprende que el Estado decida y pueda encarcelar a mujeres jóvenes, pobres y en ocasiones indígenas, y no decida, o no pueda, o ambas, parar la guerra mexicana del siglo XXI: más de 40 mil muertos desde el inicio del mandato de Felipe Calderón.

El aborto inseguro es un problema de salud pública. En 2006, 149 mil 700 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones (40 por ciento más que en 1990). Se desconoce el tiempo promedio de hospitalización y los gastos generados para mejorar las condiciones de la paciente, pero, sin duda, son muy elevados. El Consejo Nacional de Población asegura que existe evidencia de un subregistro de la mortalidad materna, y de una incorrecta asignación de ciertas causas de defunción, en particular del aborto; y agrega: el aborto es la cuarta causa de muerte de mujeres en edad reproductiva en nuestro país.

En La moralidad del aborto (Editorial Siglo XXI, 2009), Gustavo Ortiz Millán escribe: Quienes defienden la penalización a sabiendas que no se va a ejercer la ley, ni se van a ejercer recursos públicos para perseguir a toda esta gente y que, por lo demás, la ley no tiene ningún efecto en la reducción del número de abortos, simplemente son cómplices del sistema de simulación e hipocresía que está detrás de esta ley.

En México han fallecido y seguirán falleciendo miles de mujeres por leyes decimonónicas, hoy reinventadas por la SCJN. En México fallecen, y son víctimas de inconcebibles abusos, incontables menores de edad, productos de embarazos no deseados. Kafka se quedó corto: en México cuatro es mayor que siete.

El profundo desprecio a la mujer

Javier Aranda Luna

¿La mujer tiene derecho a decidir su futuro? ¿A tener una vida digna? ¿A decidir cuándo ser madre? ¿Y si no quiere serlo la convierte en delincuente? ¿Tiene derecho a decidir sobre su cuerpo o es un ciudadano tan de segunda que requiere que otros decidan por ella?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que es constitucional la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas pero existen grupos que luchan contra ese derecho a la salud, a la maternidad voluntaria y a la libertad. El artículo 4o. constitucional dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Pero desgraciadamente esa misma Corte, salvo siete honradísimas excepciones, ha dictaminado que es posible garantizar ese derecho como en cualquier democracia del mundo moderno pero también que existan zonas de excepción donde la mujer que decida utilizar la píldora del día siguiente incluida por la Secretaría de Salud entre sus medicamentos básicos, sea susceptible de ser acusada, consignada y apresada por homicidio en estados como Baja California y San Luis Potosí. ¿Por qué convertir en delito un derecho?

Desgraciadamente en esos y otros estados del país las mujeres siguen siendo consideradas personas de segunda, ciudadanas de poca monta, incapaces de decidir su futuro. Y como ocurre siempre, las mujeres más afectadas son, serán, las mujeres más pobres, que por falta de información y recursos son presa fácil de aquellos sepulcros blanqueados que con una mano levantan la cruz y con la otra compran tangas como el líder histórico de Provida Jorge Serrano Limón.

Condenar a la mujer a una maternidad forzada es una tentación fascistoide. Cuando cayó el régimen del dictador Nicolás Ceausescu se descubrieron cientos de niños que deambulaban por las calles de Rumania robando aquí y allá en busca de comida. Esos niños de la calle fueron los hijos de Ceausescu. Los hijos de la maternidad forzada. En la Rumania de Ceascescu estaban prohibidas las píldoras anticonceptivas y naturalmente el aborto. A las mujeres se les practicaba con regularidad un examen obligatorio para saber si estaban preñadas. Y si lo estaban eran vigiladas por el Estado con policías en los consultorios para que llevaran a buen término su embarazo.

No puede haber debate sobre el derecho a la vida cuando algunos desprecian profundamente la vida de la mujer y cuando congresos locales luchan contra la Constitución. No puede haber debate en un Estado laico cuando funcionarios de primer nivel quieren imponer sus creencias a todos los ciudadanos y convertir sus pecados en delitos.

En ese libro que es muchos libros, me refiero a El laberinto de la soledad, Octavio Paz nos regaló una frase tremendamente cierta:

La mujer nunca ha sido dueña de sí. Su ser se divide entre lo que es y la imagen que se hace de ella dictada por la familia, escuela, amigas, religión y amante. Es terrible que sigan existiendo en nuestro país zonas de excepción jurídica en contra de las mujeres; que sectas religiosas y políticas que ven en la mujer a un ciudadano de segunda decidan sobre el destino de las más.

Esos cristeros modernos, esos talibanes nacidos en México, esos mesías tropicales de sotana o traje sastre confunden sus razones con la razón, sus pecados con los delitos, sus credos con la ley, su voluntad, con la voluntad de los demás.

Olvidan que 88 por ciento de las mujeres que abortan en nuestro país son católicas y que al año mueren en México mil mujeres por abortar en condiciones precarias. También olvidan y deberían saberlo que aunque prohíban el aborto las mujeres que quieran decidir sobre su futuro y su cuerpo y no ser víctimas de una maternidad forzada seguirán abortando. No como método anticonceptivo porque sería el más doloroso y caro, sino como una solución límite a un problema mayor. Bien harían esos cruzados en no mirar la paja en el ojo ajeno y mirar que las vigas de sus casa, de su templo, de su nicho amenazan con sepultarlos.

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