1. Los “terroristas” y “saboteadores” no eran tal cosa
Con este episodio se inaugura en la escena nacional. El 2 de septiembre, Javier Duarte defendió la decisión de su gobierno de acusar de terrorismo a dos tuiteros que el 25 de agosto difundieron rumores sobre ataques a escuelas en el puerto de Veracruz. Insistió en que era “correcta” la acusación contra la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez, pues la conducta de terrorismo y sabotaje que aparece tipificada en el Código Penal de Veracruz, “concuerda perfectamente con la actividad que estas dos personas realizaron y que puso en riesgo a miles de niños”.
Según el gobernador de Veracruz, la detención de Bravo y Martínez no tenía nada que ver con el hecho de que utilicen las redes sociales. “Yo mismo me considero usuario de las redes sociales, pero lo hago responsablemente”, afirmó.
Era la primera vez en la historia mexicana que dos internautas eran detenidos. Y también la primera ocasión en que estos cargos eran presentados.
Paradójicamente, el mismo Duarte ha usado su cuenta de Twitter para mentir, como se verá más adelante.
El 12 de septiembre, el gobernador veracruzano envió una iniciativa al Congreso de Veracruz para modificar el código penal estatal. Así fue que María de Jesús Bravo y Filiberto Martínez Vera, acusados de “terrorismo equiparado y sabotaje” (el 31 de agosto se les dictó auto de formal prisión) alcanzaron la libertad bajo fianza.
El 21 de septiembre, Duarte finalmente anunció que la autoridad desistiría de la acción penal en contra de los dos tuiteros acusados de terroristas. “Al existir una nueva legislación que tipifica la conducta de las dos personas que causaron disturbios, es que la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) se desistirá de la acción penal”, escribió en su cuenta de Twitter.
La mentira en la que fundamentó la acusación terminó revirtiéndosele públicamente.
Ese mismo día, los tuiteros quedaron en libertad.
2. Los 35 cuerpos de Boca del Río no eran de criminales
Fue el 20 de septiembre cuando se reportó el hallazgo de los 35 cuerpos en Boca del Río, Veracruz. Un día de escándalo nacional, con repercusiones internacionales. Ese mismo día, Javier Duarte afirmó en conferencia de prensa que ya habían sido identificados los cadáveres. Así se publicó en todo México. Así lo consignaron agencias internacionales como Reuters, AP, EFE y otras.
Y un día después, el gobernador fue más lejos. Expresó en Twitter: “Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México”.
Duarte comunicaba, otra vez, mentiras.
La realidad es que la mayoría (si no es que todos) los asesinados estaban libres de antecedentes penales.
Conforme avanzaron las investigaciones, se supo que entre los muertos se encontraban menores de edad sin ninguna relación con el crimen organizado.
Los datos verdaderos expusieron la mentira del gobernador Duarte a nivel nacional e internacional. Otra vez, las agencias reseñaron la corrección.
El 5 de octubre, la secretaria Técnica de Seguridad del Gobierno Federal, Alejandra Sota, declaró en el programa Atando Cabos de Denise Maerker en Radio Fórmula, que aún no sabía si todos los muertos estaban incluidos en Plataforma México con antecedentes penales, como lo había afirmado Duarte.
“Nosotros no tenemos información de que el 100% pertenezcan estén ya incluidos a la Plataforma México con antecedentes criminales, precisamente eso está analizando la PGR”, dijo Sota.
El desmentido llegó, así, desde Los Pinos…
3. El viejo PRI, en el muy joven gobernador Duarte
El 23 de septiembre, elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación retuvieron, golpearon y amenazaron con armas largas a tres reporteros que se encontraban en las instalaciones del Servicio Médico Forense tomando testimonios y fotografías de los familiares de las 35 víctimas asesinadas el pasado 20 de septiembre.
Los periodistas que fueron agredidos son Juan Carlos Alarcón, de MVS Noticias; Jorge Flores, de W Radio, y Arturo Moreno, de la agencia Notimex. Los golpearon en brazos y piernas para obligarlos a entregar las fotografías y audios que habían tomado. Incluso fueron amenazados con ser llevados “a otro sitio”. ¿A otro sitio? En un estado en el que las desapariciones y los secuestros son una constante, los comunicadores decidieron entregar el material gráfico obtenido que probaba las condiciones en las que opera el instituto de medicina forense.
Los reporteros intentaron comunicarse con la vocera de la Procuraduría del Estado de Veracruz, Magda Zayas, quien ignoró el llamado. Minutos después, uno de los periodistas llamó a las autoridades de la Procuraduría General de la República para solicitar apoyo. La intervención federal permitió que la Procuraduría de Justicia de Veracruz los pusiera en libertad de forma inmediata.
Dos reporteros, Daniel Flores Guillén y Manuel Fonseca Hernández, están reportados por las familias como desaparecidos. Ambos periodistas daban seguimiento al caso de los 35 muertos de Boca del Río.
Otros periodistas, además, han sido asesinados brutalmente y hasta la fecha no está claro quiénes fueron y por qué.
Tanto Duarte como su directora general de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, han sido criticados en blogs y por medios formales por sus intentos de controlar a los medios locales con información pagada, o con presiones.
El joven gobernador Duarte ha actuado como actuaban los gobiernos del viejo PRI.
Y lo ha pagado su imagen pública.
4. Los 14 cuerpos que “nadie” vio
El 21 de septiembre pasado, luego de que la prensa nacional y local reportara el hallazgo de 14 cuerpos abandonados en Boca del Río –aparte de los 35 encontrados un día antes–, Javier Duarte salió a “desmentir” la información.
Expuso que la muerte de esas 14 personas no estaba confirmada y pidió a los medios de comunicación dar a conocer la fuente. “Yo no quiero que nos encasillen o nos etiqueten bajo ninguna circunstancia”, dijo. “Aquí en Veracruz, la violencia tiene como una definición el combate al crimen, no la actividad criminal, que es distinto. En Veracruz se está combatiendo, se está enfrentando esta circunstancia con valor, determinación y evidentemente esto tiene consecuencias, consecuencias que las hemos visto en los últimos días, que las hemos visto como se han desarrollado…”, expuso.
Hasta el día de hoy se desconoce qué pasó con esos supuestos 14 cuerpos, aunque la nota apareció en absolutamente toda la prensa nacional y local.
Lo cierto es que fue después de la afirmación de Duarte de que “en Veracruz se está combatiendo…”, cuando el gobierno federal al rescate de la entidad.
5. Los muertos que sí aparecieron después
La noche del 5 de octubre pasado, la Secretaría de Marina emitió un comunicado en donde se informaba del hallazgo de 32 cuerpos en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, y de otros cuatros en diversos puntos del puerto sumando un total de 36.
Pero antes, el gobierno del Estado intentó cerrarle el paso… ¡a la información de la Marina! La oficina de Gina Domínguez pretendió acallar lo que los medios venían informando y lo que circulaba en las redes sociales durante gran parte del viernes.
De acuerdo con la periodista Carmen Aristegui, el documento de la Semar acotaba que elementos de la policía estatal estaban en uno de los puntos donde se localizaron a los muertos. Entonces, se podría suponer que el gobierno ya estaban enterado.
Más tarde, mucho más tarde, en un comunicado, el gobierno del estado de Veracruz confirmó el hallazgo como parte de una acción del programa “Veracruz Seguro”, en el que participan los gobiernos federal y estatal.
Pero Gina Domínguez habló a la Primera Emisión de Noticias MVS para decir que el gobierno de Veracruz no “negó” esa información. También le llamó a Carlos Loret a Televisa para decir lo mismo.
Argumentó que en su momento no tenía información que confirmara lo de los 32 cuerpos.
¿Entonces por qué tratar de acallar las versiones que terminaron siendo reales?
“Decidimos emitir un comunicado diciendo que hasta este momento no tenemos una notificación oficial“, afirmó. En error, sin embargo, ya se había cometido.
Los errores de Duarte han llamado la atención del grupo de ciberactivistas Anonymous México. El 26 de septiembre, logró “tirar” por unos minutos el portal del gobierno de Veracruz en protesta por presuntas acciones emprendidas por la administración de Javier Duarte contra la libertad de expresión.
“Un día antes, el domingo 25, la edición 1821 de la revista Proceso fue adquirida por dotaciones completas en las ciudades de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Jalapa y Orizaba. Luego de conocerse el hecho, cientos de tuiteros se dieron a la tarea de circular, a través de las redes sociales, el reportaje del semanario sobre la violencia que enfrenta Veracruz”, dijo la misma publicación.
Proceso afirma que se trata de un intento de censura del gobierno de Duarte.
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Esa es la suma de mentiras y desmentidos sumadas hasta hoy.
Pero el sexenio de Duarte apenas comienza.
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