Las autodefensas son parte de un movimiento social que pertenece a una situación atípica a la que no se debió haber llegado.
Javier Corral Jurado
El
encarcelamiento del Dr. José Manuel Mireles Valverde, uno de los
fundadores de las autodefensas en Michoacán, muestra las profundas
contradicciones de la política de combate al crimen organizado del
gobierno de Enrique Peña Nieto. Pasaron del impulso de ese movimiento
social, a la persecución y hostigamiento a sus líderes. La magnitud del
operativo por el cual se le detuvo, y la forma como lo llevaron a cabo,
demostró más que poder de las fuerzas de seguridad que actúan en
conjunto, la debilidad de un Estado que tiene que fabricarle delitos a
quien, unos cuantos meses atrás, brindaba protección y seguridad como a
uno de sus aliados.
El fracaso del estado en Michoacán,
principalmente por su colusión con las bandas delincuenciales, llevó a
miles de ciudadanos a armarse para autodefenderse; las fuerzas
autodefensivas lograron recuperar territorios completos y limpiarlos
del yugo de los narcotraficantes, luego el gobierno federal se volvió
contra los que hicieron esa labor, y detuvo primero al Dr. José Manuel
Mireles Valverde, el líder de las autodefensas, que a Servando Gómez
Martínez, La Tuta, el Jefe de los Caballeros Templarios. Cayó el
secretario general de gobierno y gobernador interino, cayó el hijo del
Gobernador Constitucional, existen 387 autodefensas presos, pero el
único que no cae es el temido narcotraficante, que concede entrevistas,
suelta delaciones sobre políticos y candidatos, pasea por las plazas y
entrega dinero a quien se le acerca.
A principios de este año,
Julio Hernández, en su columna Astillero de La Jornada, describió muy
bien el fenómeno de consentimiento que sobre las autodefensas mantenía
el gobierno federal: “Hasta ahora, la administración peñista ha
tolerado abiertamente (lo que en los hechos es una forma de promoción)
el avance impetuoso de contingentes extraordinariamente bien equipados
que van barriendo a los Caballeros Templarios de sus zonas
tradicionales de dominio (diversas crónicas periodísticas dejaron
constancia, por ejemplo, del papel meramente observador, de virtual
cobertura o asentimiento, que cumplieron las fuerzas militares mientras
las tropas autodefensivas se hacían del control de Nueva Italia, el
escalón más alto hasta ahora en la ruta trazada hacia la capital
templaria, Apatzingán)”.
Las autodefensas no son un fenómeno
reciente, con diferentes manifestaciones ha aparecido desde hace dos
décadas en distintas comunidades donde la población no se ha resignado
a perder la paz, sufrir el despojo y la violencia por parte del crimen
organizado. A las autodefensas se les suele asociar con las policías
comunitarias (guardando las debidas proporciones, además de los motivos
por los que surgieron) figura que tuvo sus inicios hace 18 años en la
Costa Chica y la Montaña de Guerrero, y que poco a poco fueron
extendiéndose en el estado, aunque las policías comunitarias
reivindican un sistema de justicia basado en los usos y costumbres de
cada comunidad y colaboran con las autoridades, ambas figuras tiene un
objetivo común que es la seguridad.
En el estado de Michoacán
estas expresiones de hartazgo se fueron extendiendo en muy poco tiempo,
comenzaron en 2011 en el municipio de Cherán para enfrentar a taladores
ilegales de árboles a los cuales los pobladores acusaba también de
tener vínculos con el crimen organizado; esta situación llevó a la
comunidad a no votar por partido alguno y decretar en 2012 el régimen
de usos y costumbres para instaurar su propio sistema de justicia
comunitaria, con un “consejo mayor” integrado por 12 personas, así como
una serie de consejos operativos.
Para 2013 aparecen grupos
formalmente conocidos como autodefensas. En febrero de ese año,
Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, da a conocer la
conformación de grupos de autodefensa en su municipio, así como en
Buenavista y en Coalcomán municipios a los que se unió Urapiche y
Ostula para el mes de marzo. El 5 de enero de 2014 las autodefensas ya
había tomado Parácuaro, bastión de los Caballeros Templarios. Aunque
formalmente el gobierno federal desautorizaba "la justicia por propia
mano", en los hechos convalidó la acción autodefensiva, mantuvo
interlocución permanente con sus líderes, y les brindó protección.
Cuando
el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció por
segunda ocasión el 15 de mayo de 2013, una nueva estrategia de
seguridad para Michoacán - en un periodo de sólo seis meses de
gobierno -, sólo se concretó a dar a conocer el nombramiento de un
nuevo secretario de seguridad que tendría a su coordinación no sólo a
la policía del estado, sino al Ejército y a la Policía Federal; sin
embargo ahí reconoció que con la llegada de elementos militares,
policías federales y de inteligencia del estado de Michoacán, "las
autodefensas ya no tendrían razón de ser". A la semana del anunció,
Osorio decretó que el territorio estatal había recuperado la
tranquilidad, aunque meses más tarde tuvo que recular ante la ola de
violencia que azotó nuevamente al estado, principalmente los municipios
de Chinicuila, Coahuayana, Aquila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla,
Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas y La
Huacana. Para entonces el reporte estadístico del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaba a la
entidad entre los 10 primeros estados donde se ha reportado el mayor
número de delitos de alto impacto.
Ciertamente los grupos de
autodefensas se encuentran al margen de la ley, utilizan armas
prohibidas por el ejército y disponen de ellas; el Estado no puede, ni
debe, renunciar a uno de los objetivos esenciales de su existencia que
es brindar seguridad a los ciudadanos y para ello, ejercer el monopolio
de la fuerza pública. Sin embargo es indiscutible que el gobierno
federal permitió que las autodefensas crecieran y se extendieran en el
territorio estatal, tuvieron muchas reuniones con las autoridades, lo
que dio pie a que algunos investigadores y académicos vieran en este
fenómeno un “experimento” del gobierno, para atacar la ilegalidad con
ilegalidad.
Pero la llegada de Alfredo Castillo, como
Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de
Michoacán, puso fin a esa estrategia. Insólito jefe absoluto de todas
las fuerzas locales, estatales y federales en Michoacán, extendió su
verticalismo hacia las autodefensas y las condujo de manera tramposa a
acuerdos que terminaron situándolas en una vulnerabilidad absoluta, a
la luz de la batalla librada. Sin garantías plenas de seguridad, ni
detenciones relevantes de jefes templarios, anunció el desarme. Las
autodefensas habían dejado claro que no habría desarme a menos de que
fueran detenidos los 7 líderes de los Caballeros Templarios y que no
tendrían ningún problema en devolver las armas porque su intención no
era quedarse permanentemente en esta labor que corresponde al Estado;
sólo pedían seguridad.
El comisionado Castillo informó que
estaría abierta la posibilidad de que personas que participaran de las
autodefensas, se integraran a los cuerpos de defensa rural y que
estarían coordinados por el Mando Unificado. De inmediato, el
doctor José Manuel Mireles, manifestó no estar de acuerdo con la
gendarmería única “porque nos van a llenar de gente que no nos conoce y
que no conocemos, y que jamás nos van a defender de nada” y abundó en
la necesidad de unidad de las autodefensas: “si el pueblo está unido y
protege a sus comunitarios, jamás nos van a desarmar”.
Parece
que Alfredo Castillo, quien tiene una evolución de dueño y señor de la
“gobernabilidad” de Michoacán, se sintió desafiado por parte del Dr.
Mireles. Fue entonces que el 27 de junio, el líder de las autodefensas
y 82 integrantes de su grupo fueron detenidos en Acalpican, cerca
de Lázaro Cárdenas, en un operativo conjunto defuerzas federales y
estatales, en el que participaron elementos de la Policía Federal, la
Marina, el Ejército y la Procuraduría de Justicia del estado. A decir
de sus abogados defensores, Salvador Molina Navarro y Talía Vazquez, la
detención del Dr. Mireles y el proceso que ha llevado está atestado de
irregularidades, violaciones a sus derechos humanos y fabricación de
pruebas. Los detenidos no han tenido un debido proceso, y en el caso de
Mireles se le tiene prácticamente incomunicado en el penal de
Hermosillo, Sonora.
Cuento los hechos anteriores, y refiero
citas y fechas, porque estoy convencido que el gobierno de Peña Nieto
ha actuado de manera alevosa y desleal en el caso de las autodefensas
de Michoacán. Que pasó de su impulso a la persecución, y que eso
ocurrió cuando el Dr. Mireles convocó en la Ciudad de México a una
asamblea nacional de autodefensas, con personalidades de primer orden
en la vida política del país. Temeroso de que el ejemplo cundiera,
decidió encarcelar al protagonista de un valor ciudadano que ningún
autoritarismo puede consentir, obviamente mientras le sirva.
El
movimiento de las autodefensas en Michoacán no es un acto criminal que
haya atentado contra la población; comenzó a razón de que las
autoridades locales y federales se vieron rebasadas, pero nunca desafió
al Estado o buscó adueñarse del territorio. Se propusieron con firmeza
de arriesgar la vida misma, alcanzar la paz para sus semejantes. Por
eso creo que los autodefensas presos y su líder José Manuel Mireles,
deben beneficiarse de una Ley de Amnistía que interrumpa los procesos
penales y les recupere su condición de hombres libres, como lo que son.
Una Ley de Amnistía que el propio Mireles, en su cuarto mensaje a La
Nación, ha visto con buenos ojos; surgida de una iniciativa ciudadana
que concrete el viejo apotecma de que sólo el pueblo salva al pueblo.
En
nuestro país existen dos antecedentes de Ley de Amnistía: las
promulgadas en 1978 y 1994. La primera se expidió para extinguir la
acción penal en contra de los participantes de distintos movimientos
guerrilleros en el país, "por los delitos de sedición, o porque hayan
invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u
otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por
móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional
del país"; la segunda tuvo que ver con el alzamiento armado del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional: "Se decreta amnistía en
favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o
pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal,
por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que
tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado
de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro
al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas".
Las
autodefensas son parte de un movimiento social que pertenece a una
situación atípica a la que no se debió haber llegado. El Estado no
cumplió con su deber de resguardar la seguridad y el derecho a la vida
de los civiles.
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