Las encuestas en el país reprueban contundentemente al actual gobierno federal
Frente
a la sólida respuesta ciudadana en contra de la reforma energética y el
cada vez más notorio fracaso de Enrique Peña Nieto como Titular del
Ejecutivo, como lo demuestran encuestas donde está reprobado su
gobierno (la última encuesta de Reforma señala que el 60% de
los líderes del país desaprueba su gestión), donde el 64% opina que se
debe cambiar el rumbo del gobierno y el 66% considera que los problemas
del país han rebasado al Presidente de la República (encuesta de El Universal y Buendia y Laredo),
el régimen priísta ha echado a andar una estrategia evidente: Volver a
mandar a Peña Nieto a hacer campaña televisiva en programas y
entrevistas a modo, donde sin ningún cuestionamiento crítico sus
"entrevistadores" le permiten publicitar su gobierno, lo que deja de
manifiesto la farsa de la reforma Telecom y de la reforma política, en
franca violación al artículo 134 constitucional. Nosotros nunca caímos
en el garlito de ambas reformas producto del Pacto por México.
Como
parte de esta estrategia EPN y el PRI, al igual que el PAN, han
decidido caricaturizar la consulta popular y de paso mandar un mensaje
autoritario para desviar la atención del robo que perpetraron con la
reforma energética y que se busca revertir con la consulta popular
sobre dicha reforma. En tal sentido y en un cinismo extremo, los dos
grandes responsables del despeñadero que enfrenta el país en materia
política, económica y social han anunciado que harán campaña para
juntar las firmas necesarias para preguntarle a la ciudadanía sobre dos
cuestiones: el PAN sobre el salario mínimo y el PRI sobre la reducción
del Congreso.
En el caso del PRI pretenden la eliminación de 100
diputados de representación proporcional y 32 Senadores por el mismo
principio, supuestamente por el gran ahorro que esto representa. El
PAN repentinamente se preocupa por el salario de las y los trabajadores
después de que con Fox y Calderón sus gobiernos castigaron a los
trabajadores y empobrecieron terriblemente, al igual que el PRI, a la
población. Ambas propuestas pretenden frivolizar un ejercicio de
participación ciudadana tan importante como la consulta popular que
establece el artículo 35 constitucional.
Buscan desviar la
atención de los negocios corruptos y el acto de traición a la patria
que cometieron con la contra reforma privatizadora que permitirá que
las empresas extranjeras se apropien de nuestro petróleo y nuestros
hidrocarburos; buscan al mismo tiempo, sobre todo en el caso del PRI,
exaltar los ánimos ciudadanos en contra de la democracia representativa
y el papel del Congreso, utilizando la mala imagen bien ganada por
varios legisladores prepotentes, faltistas e improductivos, la inmensa
mayoría por cierto provenientes del Revolucionario Institucional, que
hace que un amplio segmento ciudadano tenga una actitud hostil al
parlamento.
Esta propuesta demagógica y populista entraña de
prosperar, lo cual sería un exceso autoritario y el prólogo de una
dictadura, la posibilidad de sobrerepresentar a una fuerza por encima
de todas las demás y el tirar literalmente a la basura millones de
votos ciudadanos que optaron por otras opciones y que no tendrían
representación en el Congreso de la Unión.
Es una cortina de
humo para distraer la atención, tratan de trivializar el ejercicio de
las consultas populares, consagradas en el artículo 35 constitucional,
y al mismo tiempo envían un mensaje autoritario con esta propuesta
cínica del PRI: Reducir el tamaño del Congreso de la Unión y
sobrerepresentar a una fuerza política por encima de las demás de
manera artificial y tramposa para que ésta cuente con la mayoría
calificada.
No conformes con privatizar el petróleo, empobrecer
a la población del país, ahora el PRI quiere acabar paulatinamente con
el Congreso de la Unión, a similitud de lo que hizo en 1913 otro
traidor a la patria (Victoriano Huerta), que acabó disolviendo el
Congreso y asesinó a legisladores como Belisario Domínguez.
Peña
Nieto y el PRI han dado golpe tras golpe al país y buscarán seguir
haciéndolo. Por esas razones urge un cambio de fondo en el país para
frenar la devastación y recuperar el futuro nacional. Así como ellos
proponen reducir el número de diputados, nosotros proponemos que se
vaya a consulta popular sí debe seguir o no como presidente de la
República Peña Nieto, dados sus nulos resultados en materia económica,
seguridad pública y estabilidad social.
En el artículo 35
constitucional se prohíbe expresamente hacer consultas populares en
materia electoral, sin embargo el PRI lo hace para sembrar este tema en
la opinión pública y generar una polémica absurda y porqué sabe que en
un momento dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene
sometida podría acceder a esta atrocidad constitucional. Al igual que
ellos hacen propuestas (que pueden calificarse de ocurrencias),
nosotros hacemos planteamientos, pero con auténtico apoyo social.
Las
encuestas en el país reprueban contundentemente al actual gobierno
federal y la consulta sobre la revocación del mandato de Peña Nieto
que, además tiene el soporte del artículo 39 constitucional, tiene
asideros sociales frente a su pobre desempeño y su traición a la patria
con el robo del petróleo.
Es mentira que con esta reducción al
Congreso se vayan a ahorrar considerables gastos. Un dato: El avión
faraónico de Peña Nieto más su hangar tendrán un costo de ocho mil
quinientos millones de pesos. Todo el presupuesto de un año de la
Cámara de Diputados es igual a seis mil setecientos millones de pesos.
Por su lado, la Auditoría Superior de la Federación gasta mil
ochocientos millones de pesos. Esto significa que el avión de Peña
Nieto y la transformación del hangar son equivalentes al presupuesto
total de un año de la Cámara más el presupuesto anual de la Auditoría
Superior de la Federación.
No buscan ahorrar. Buscan terminar de
someter al Congreso de la Unión. Ya sometieron a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la cual acaba de resolver que es válido el IVA
de 16% en las fronteras. Esto significa que EPN tiene arrodillada a la
Corte, y quiere acabar con las voces críticas en el Congreso.
Vivimos
una República simulada con instituciones que lejos de defender y actuar
en función de los intereses de la ciudadanía le sirven al poder
autocrático prianista. Algunos ejemplos de este mundo al revés: La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos avala la Ley Bala
en Puebla que autoriza el uso de armas por parte de las policías para
reprimir movilizaciones sociales y que ya ha costado la vida de
personas; la SEMARNAT alienta el uso de la fractura hidráulica Fracking
en la explotación del Gas de lutitas; el IFAI no presenta acción de
inconstitucionalidad en contra de la Ley Telecom que afecta las
comunicaciones privadas y los datos personales. Y así podríamos
mencionar muchísimos ejemplos más.
En este contexto de
instituciones sometidas se pueden vislumbrar los siguientes escenarios:
uno, que la SCJN resuelva que ninguna de las solicitudes de consulta
popular es procedente, empatando facciosamente las tres consultas (la
de la reforma energética de la izquierda, la de la reducción del
congreso del PRI y la del salario mínimo del PAN) como sí las tres
tuvieran la misma relevancia, cuando es evidente que las del PRIAN son
distractoras del tema de fondo que es la recuperar nuestro petróleo y
nuestros hidrocarburos. De esta manera el régimen desplegaría su
aparato propagandístico para decir que fue equitativa la Corte y que
ninguna de las tres fue viable.
Otro escenario es que la SCJN
sólo autorice la consulta del PRI, a pesar de estar prohibido el tema
electoral expresamente en la Constitución, para seguir encaminando al
país hacia un autoritarismo excluyente, sepultar el pluralismo y
apuntar baterías para disolver de facto el Poder Legislativo.
El
escenario que hay que provocar a partir de la movilización social es
que, a pesar de la consigna del gobierno y las trasnacionales, la SCJN
apruebe la consulta energética. No será fácil frente a los inmensos
intereses económicos corruptos que representa este desfalco al país y
sus resoluciones apegadas a la línea presidencial. Pero no nos podemos
rendir, ni podemos claudicar. Sólo dando está batalla podremos dar
pasos firmes en el rescate de nuestra nación.
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