Las reformas estructurales les dieron el poder y ahora son ellos los que mandan.
La
impunidad con la que actúa el Grupo México ante el derrame tóxico del
río Bacanuchi afluente del río Sonora es un ejemplo del gobierno
pequeño que tenemos. Ni el ecocidio que afecta a miles de personas y
medio ambiente ha movido a las autoridades a tomar medidas drásticas y
urgentes.
Más que representante de la sociedad el gobierno
federal pareciera cómplice de ese grupo empresarial. En otros tiempos
se hubieran movilizado millares de militares y grupos de protección
civil y usar todos los recursos al alcance para detener el agravamiento
del problema; se hubiera cancelado la concesión minera y hasta puesto
en la cárcel a los representantes empresariales por esa negligencia
criminal.
Pero nada de eso pasa, por el contrario, Grupo México
envalentonado ya dio el manotazo en la mesa gubernamental y hasta en
voz alta le ha reclamado la intentona de aplicar sanciones económicas y
penales en contra de ellos. Como diciéndole ¿qué te pasa? ¿No te das
cuenta que represento a la sacrosanta inversión privada que da miles de
empleos a los necesitados mexicanos? No te atrevas a tocarme.
Alega
que no son residuos tóxicos o residuos peligrosos sino sulfato de
cobre, materia prima de la producción de cobre lo que afectó los ríos
de Sonora, aunque sea veneno lo derramado. Que no se les puede
castigar nada más porque sí.
Pero en este país no se puede tocar
a los empresarios. Las reformas estructurales les dieron el poder y
ahora son ellos los que mandan. Se les ha puesto el país en bandeja de
plata y la legislación protege la inversión privada sobre las personas
y la soberanía nacional. Ellos quieren un gobierno mínimo para hacer
lo que se les venga en gana.
Ya cínicamente David Goldwyn, ex
coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales del Departamento de
Estado en los Estados Unidos de Norteamérica y vocero de empresas
petroleras norteamericanas celebra la iniciativa del gobierno de
Enrique Peña Nieto “de movilizar a la policía para defender las
inversiones”.
Para este vocero es indispensable aplicar un
estado de sitio en torno a las empresas petroleras que lleguen a
nuestro país. Él se pregunta: -¿Tendrán protección policiaca las
petroleras? ¿Qué tan lejos se situarán las fuerzas del orden de los
centros de explotación petrolera? ¿Se habilitaran zonas especiales en
torno a ellas?
Exige se esclarezca “cómo van a ser recibidas las
operadoras petroleras extranjeras en las diferentes regiones de México,
especialmente entre los propietarios y colectivos de tierras”. No
quieren ningún contratiempo.
Quieren las petroleras extranjeras
se proteja con toda la fuerza del Estado cualquier intentona que afecte
sus intereses. Sin embargo si ello ocurre será a costa de los derechos
humanos de los campesinos y posesionarios de terrenos que se opongan a
esos proyectos. La lógica será proteger con preeminencia al capital
sobre las personas.
En tiempos de las reformas estructurales el
derecho penal será el instrumento para contener cualquier protesta
social que se oponga a los planes de inversión extranjera. En las
leyes recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión se prevé la
aplicación no solo de multas sino de medidas coercitivas que incluyen
el encarcelamiento para quienes se resistan a los desalojos de sus
propiedades.
Los propietarios de los terrenos tendrán que
desalojar, por las buenas o por las malas sus terrenos 30 días
posteriores a que hayan recibido la “sugerencia” de una propuesta
económica, no importa que no estén de acuerdo con el monto o la
modalidad de la ocupación que hagan las empresas (compraventa,
ocupación temporal o renta).
Las reformas estructurales derogan
de facto el artículo 14 de la Constitución el cual dice que: “Nadie
podrá ser privado de la libertad o sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y con las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Serán
juicios sumarios vía administrativa, sin derecho a defensa judicial
para alcanzar el desalojo de predios. Al ejecutivo federal se le
faculta sustituir a los jueces como si fuera el rey del imperio y dueño
absoluto de los bienes de sus súbditos para entregarlos a las empresas
extranjeras a través de la figura de servidumbre cuando estas lo deseen.
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