Descriminalizar el consumo de marihuana y clínicas de heroína, son
posibles pasos para México; militarización de combate a drogas deja más
muertosFoto: Daniel Perales
La guerra contra las drogas se perdió. Frente al cada vez más bajo precio de los estupefacientes y su perfeccionamiento en la manufactura hay una realidad en que la violencia generada por el crimen organizado se incrementa, las cárceles se abarrotan, y los derechos humanos se deterioran.
Es la conclusión a la que llega el informe presentado ayer en México
“Acabando con la Guerra contra las Drogas”, elaborado por la London
School of Economics (LSE) y cuyas recomendaciones son avaladas por 20
expertos, entre ellos, cinco premios Nobel de Economía.
“La estrategia ha fracasado en sus propios términos. La evidencia muestra que los precios de las drogas han venido declinando mientras que la pureza de las sustancia se ha ido incrementando (…) Ya no puede justificarse la continuación del dispendio de gastos recursos en políticas punitivas”, indica el informe.
El problema es mundial. La estrategia auspiciada bajo la óptica de Naciones Unidas de “cero tolerancia” al consumo, explica el informe, no ha resuelto el problema del consumo, pero sí genera múltiples efectos nocivos.
La creciente violencia en México y América Latina, cárceles abarrotadas en Estados Unidos, políticas represoras en Asia, desestabilización de los gobiernos en Afganistán y África Occidental, la escasez de algunas sustancias y medicinas y en general un deterioro sistemático de los derechos humanos, son algunos de los rostros de la batalla perdida.
El informe plantea la necesidad de nuevas políticas diferenciadas dependientes de la región y el país, basadas en principios de salud pública, reducción de daños, reducción de impactos creados por mercados ilícitos, experimentación regulatoria, entre otros.
El informe destaca, por ejemplo, que desde que el gobierno del expresidente Felipe Calderón militarizó el combate contra el narcotráfico la oferta de drogas no se redujo en Estados Unidos, pero en México la tasa de homicidios pasó de ocho crímenes por 100 mil habitantes en 2006, hasta 23 en 2010.
Alejandro Madrazo, coautor del informe y doctor en Derecho de la Universidad de Yale, destacó los altos costos que ha tenido que pagar México al enfrentar a los criminales y militarizar su política de seguridad pública.
“Estudios indican por ejemplo, que la Policía Federal mata a dos personas por cada una que lesiona y en cambio, el Ejército mata a ocho por cada lesionado y la Marina mata a 12. Las fuerzas armadas no están entrenadas para hacer labores de policía, patrullar calles y cuidar ciudadanos”, dijo.
A lo anterior se suma un sistema policiaco que se ha vuelto opresor e inquisitivo. “El 27% de los presos en el sistema carcelario federal estuvo arraigado pero sólo 14% está por delincuencia organizada. Se abusa de esto. Es una justicia de excepción que se usa en Colombia”, dijo el especialista.
A esto se suman otros efectos indeseados como el de los desplazados por la violencia, problema que es especialmente grave en México donde ni siquiera se le reconoce. 24 HORAS publicó el pasado 9 de mayo datos de este mismo informe, que estiman que podrían ser más de millón y medio de personas las que abandonaron su casa por la violencia.
Jorge Javier Romero, politólogo académico del Centro de Investigación y Desarrollo económico (CIDE) coincidió con la LSE en que esta política de prohibición contra las drogas, que empuja a consumidores a la clandestinidad, lejos de solucionar los problemas de salud los agrava.
Por ejemplo, el uso de jeringas en malas condiciones para los adictos a la heroína, fuera de los controles de salud, acarrea un mayor riesgo de infecciones y en algunos países como Rusia ha elevado los índices de VIH.
Madrazo propuso que en el Distrito Federal se pruebe primero el sacar a la mariguana y sus derivados, que sigue siendo la droga de mayor consumo, del foco prohibicionista y explorar mecanismos regulatorios como ocurre con otras drogas lícitas como el tabaco.
En tanto, en la zona norte del país, donde hay altos consumos de heroína, se puede explorar con tratamientos orientados a una adicción controlada, incluso con una misma heroína, eliminando los factores de riesgo del consumo clandestino.
Romero fue más allá y consideró que se necesita elevar el umbral de consumo no penalizado en México establecido en la Ley General de Salud que calificó de “irreales” y provocan que consumidores y no traficantes sean encarcelados.
“La estrategia ha fracasado en sus propios términos. La evidencia muestra que los precios de las drogas han venido declinando mientras que la pureza de las sustancia se ha ido incrementando (…) Ya no puede justificarse la continuación del dispendio de gastos recursos en políticas punitivas”, indica el informe.
El problema es mundial. La estrategia auspiciada bajo la óptica de Naciones Unidas de “cero tolerancia” al consumo, explica el informe, no ha resuelto el problema del consumo, pero sí genera múltiples efectos nocivos.
La creciente violencia en México y América Latina, cárceles abarrotadas en Estados Unidos, políticas represoras en Asia, desestabilización de los gobiernos en Afganistán y África Occidental, la escasez de algunas sustancias y medicinas y en general un deterioro sistemático de los derechos humanos, son algunos de los rostros de la batalla perdida.
El informe plantea la necesidad de nuevas políticas diferenciadas dependientes de la región y el país, basadas en principios de salud pública, reducción de daños, reducción de impactos creados por mercados ilícitos, experimentación regulatoria, entre otros.
Abusos, desplazados y muerte
Los efectos nocivos de la “guerra” contra las drogas, política impulsada por países altamente consumidores como Estados Unidos, están a la vista y son especialmente palpables en América Latina y en México, que son zonas de consumo, pero también de tráfico.El informe destaca, por ejemplo, que desde que el gobierno del expresidente Felipe Calderón militarizó el combate contra el narcotráfico la oferta de drogas no se redujo en Estados Unidos, pero en México la tasa de homicidios pasó de ocho crímenes por 100 mil habitantes en 2006, hasta 23 en 2010.
Alejandro Madrazo, coautor del informe y doctor en Derecho de la Universidad de Yale, destacó los altos costos que ha tenido que pagar México al enfrentar a los criminales y militarizar su política de seguridad pública.
“Estudios indican por ejemplo, que la Policía Federal mata a dos personas por cada una que lesiona y en cambio, el Ejército mata a ocho por cada lesionado y la Marina mata a 12. Las fuerzas armadas no están entrenadas para hacer labores de policía, patrullar calles y cuidar ciudadanos”, dijo.
A lo anterior se suma un sistema policiaco que se ha vuelto opresor e inquisitivo. “El 27% de los presos en el sistema carcelario federal estuvo arraigado pero sólo 14% está por delincuencia organizada. Se abusa de esto. Es una justicia de excepción que se usa en Colombia”, dijo el especialista.
A esto se suman otros efectos indeseados como el de los desplazados por la violencia, problema que es especialmente grave en México donde ni siquiera se le reconoce. 24 HORAS publicó el pasado 9 de mayo datos de este mismo informe, que estiman que podrían ser más de millón y medio de personas las que abandonaron su casa por la violencia.
Jorge Javier Romero, politólogo académico del Centro de Investigación y Desarrollo económico (CIDE) coincidió con la LSE en que esta política de prohibición contra las drogas, que empuja a consumidores a la clandestinidad, lejos de solucionar los problemas de salud los agrava.
Por ejemplo, el uso de jeringas en malas condiciones para los adictos a la heroína, fuera de los controles de salud, acarrea un mayor riesgo de infecciones y en algunos países como Rusia ha elevado los índices de VIH.
Marihuana y heroína sí
A partir de los datos y las recomendaciones del LSE, los especialistas consideraron que México necesita adoptar ya las primeras acciones encaminadas hacia un cambio en la política antidrogas. Su carácter como una federación le permite incluso experimentar con políticas diferenciadas en cada región.Madrazo propuso que en el Distrito Federal se pruebe primero el sacar a la mariguana y sus derivados, que sigue siendo la droga de mayor consumo, del foco prohibicionista y explorar mecanismos regulatorios como ocurre con otras drogas lícitas como el tabaco.
En tanto, en la zona norte del país, donde hay altos consumos de heroína, se puede explorar con tratamientos orientados a una adicción controlada, incluso con una misma heroína, eliminando los factores de riesgo del consumo clandestino.
Romero fue más allá y consideró que se necesita elevar el umbral de consumo no penalizado en México establecido en la Ley General de Salud que calificó de “irreales” y provocan que consumidores y no traficantes sean encarcelados.
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