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Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo reunieron en un informe las violaciones de derechos humanos cometidas en México desde junio de 2013 a mayo de 2014. Las organizaciones sostienen que documentar los casos es una forma de ayudar a construir una imagen política más completa de las estrategias de control social, represión política y contrainsurgencia que el Estado utiliza en su afán por imponer a la población mexicana una serie de reformas controvertidas.
El informe "La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad” destaca el considerable aumento de las agresiones, detenciones y represión contra los defensores de derechos humanos con la aprobación e implantación de reformas estructurales.
Comprobado en números: en los seis años de gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) hubo 999 detenciones arbitrarias y en sólo un año y siete meses de gobierno de Enrique Peña Nieto ya hubo 669 detenciones de este tipo por motivos políticos contra defensores de derechos humanos. Si esa tendencia de crecimiento continúa, al final del actual gobierno se registrarán 1.700 detenciones. La región con el mayor número de casos es el Distrito Federal (220), seguido por Oaxaca (59) y Chihuahua (29).
Dando continuidad a las cifras de la represión, el informe señala que las ejecuciones extrajudiciales contra defensores y luchadores durante el gobierno de Calderón llegaron a 67, mientras que en el actual gobierno ya se documentaron 25 casos. El mayor número de casos ocurrió en Guerreo (siete), seguido por Oaxaca (cinco víctimas).
En lo relativo a los casos de desapariciones forzadas, los números llegaron a 55 durante los seis años de Calderón y ya alcanzaron 29 en el gobierno actual. En un contexto general, las organizaciones evalúan que el estado más peligroso para los defensores y luchadores –sin incluir las detenciones en el Distrito Federal- es Oaxaca, seguido por Chiapas y después Guerrero.
Los casos de amenazas individuales disminuyeron; sin embargo, el número de casos de asedio y agresiones individuales y colectivas aumentó. De junio de 2013 a mayo de 2014, se registraron 204 casos, que constituyen 274 eventos violatorios a los derechos humanos (agresiones y ataques), afectando a 133 personas, 47 organizaciones y 24 comunidades. Las organizaciones mexicanas interpretan que estas tendencias generales están vinculadas con la mayor impunidad en la actuación de las fuerzas represivas del Estado.
"Consideramos que la impunidad es uno de los elementos transversales y constantes en las violaciones a los derechos humanos, además se convierte muchas veces en la causa fundamental de las luchas iniciadas por las personas defensoras de los derechos humanos y, desafortunadamente, parece ser también la finalidad y uno de los objetivos de la implementación de los mecanismos de represión política”, se destaca en el informe.
Al final del documento, las organizaciones hacen recomendaciones generales y específicas relacionadas con las violaciones de derechos humanos contra defensores/as. Entre ellas piden que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para que la seguridad pública sea de responsabilidad civil y no de las fuerzas militares; adopte protocolos especiales de investigación para los delitos cometidos contra defensores/as y promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada, para la prevención, sanción y erradicación de esa práctica criminal y violatoria.
Descargue aquí el informe.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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