México. Comentario a tiempo:
Teodoro Rentería Arróyave
(especial para ARGENPRESS.info)
Séptima parte
Siempre hemos sostenido que muchas de las leyes que nos rigen, sobre todas las relacionadas para fomentar y asentar la democracia, tienen un común denominador: la cultura de la desconfianza.
En ningún país del mundo, la democracia o los esfuerzos para lograrla, son tan bárbaramente caros como en nuestro país, por la misma razón expuesta.
A propuestas de la bancada del Partido Acción Nacional, PAN, y en una acción de claro chantaje político, se negó a conocer de las demás reformas estructurales si antes no se aprobaba una reforma a la Ley Electoral, misma que tuvo la misma dinámica del “sospechisismo”, como dijera el clásico blanquiazul, Santiago Creel Miranda.
Esas absurdas normatividades constriñen a la radio y a la televisión en la compra de espacios publicitarios para las campañas de los candidatos de elección popular, sin embargo la publicidad procede por medio del llamado tiempo oficial, que el Estado les obsequia gratuitamente a candidatos y partidos.
Se supone que toda ley debe cuidar dos principios básicos: el cumplimiento universal de las mismas y la equidad en el cumplimiento.
Mismas que no se cumplen, sobre todo la última, porque aparte de la radio y la televisión, la prensa escrita y los cibernéticos facturan la publicidad política.
Una de las mesas plenarias del reciente XII Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, celebrado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, fue la dedicada al tema “La Reforma Electoral y su impacto en la radio y la televisión”, y en forma directa, en el trabajo periodístico en esos medios.
Sobre todo en este preciso renglón del trabajo periodístico, es donde más pega la absurda normatividad, ya que en aras de una contienda electoral justa y equilibrada entre los partidos políticos y sus candidatos, el trabajo periodístico se restringe, porque en toda difusión, llámese notica, reportaje, crónica, entrevista o comentario, el contrario siempre lo entenderá como propaganda política.
La mesa correspondiente estuvo a cargo de la licenciada Alboranova Cruz Molina, del despacho del abogado Francisco Campuzano Lamadrid, quien explicó todo lo anterior, y remarcó las reglas para que los periodistas de la radio y la televisión no cayeran en violaciones a las normatividades.
Hubo que explicarles a los informadores, que de ninguna manera defienden la normatividad pero sí su cumplimiento, porque de otra manera no sólo los concesionarios podrían caer en incumplimientos, sino los mismos periodistas.
Al final se puso de manifiesto que el grupo de abogados de dicho despacho, están comprometidos en la defensa de los medios y del periodismo electrónico, por eso mismo el adiestrar a los informadores en no caer en los ilícitos que marca la Ley.
Desde luego ello no quita lo aberrante de esa ley, que por la cultura de la desconfianza, restringe las libertades, y le cuesta miles de millones de pesos a un México que demanda que esos explosivos presupuestos se destinen a superar la brutal y vergonzosa pobreza ancestral que sufre más de la mitad de nuestra población.
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