Gobernador tiene plazo de 15 días para aceptarlas
El Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida denunciada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), finalmente emitió hoy 15 recomendaciones al gobierno del estado, encabezado por el perredista Graco Ramírez Garrido, a fin de detener la violencia contra las mujeres.
Hoy fue publicado en el portal del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el informe final del Grupo de Trabajo de Morelos, que contiene las recomendaciones que tendrían que ser aceptadas por Graco Ramírez en un plazo de 15 días, de lo contrario se declararía la Alerta de Violencia de Género (AVG), según estipula el nuevo Reglamento de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
El informe es resultado de la solicitud de declaratoria de AVG presentada por la CIDHM el pasado 27 de mayo.
El Grupo de Trabajo –conformado por personas de la academia a nivel nacional y estatal, representantes de gobierno y organismos autónomos– advirtió un incremento en los casos de muertes violentas de mujeres en Morelos, sobre todo en la capital, Cuernavaca.
Y observó que en algunos de estos casos “se describen condiciones de crueldad e inhumanidad que podrían constituir violencia feminicida”, además de que los principales victimarios son las parejas sentimentales de las mujeres.
El grupo manifestó su preocupación sobre la discrepancia de cifras existente, no sólo entre los datos aportados por el CIDHM, sino por dependencias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que “muestra la necesidad de homologar las metodologías para la sistematización de la información y los criterios de organización de la misma, en especial para distinguir entre homicidios de mujeres y feminicidios”.
Mientras la CIDHM denunció –en su solicitud de AVG– que entre el año 2000 y junio de 2013 hubo 530 casos de feminicidio en el estado, el gobierno local, en ese mismo periodo, reportó 273 casos de los que se desprenden 280 víctimas de feminicidio. De ellos, sólo 108 fueron investigados o enjuiciados como feminicidio, debido a que el tipo penal se creó hasta septiembre de 2011.
Respecto al estado procesal de los casos, el gobierno informó que 95 están “judicializados” y 67 “concluidos”. Asimismo, manifestó que 106 casos están en reserva o archivo temporal, y 72 en investigación.
Es decir sólo el 24.54 por ciento están concluidos, lo que para el Grupo de Trabajo hace notoria la falta de efectividad del sistema judicial en el estado para atender la violencia feminicida. Asimismo, alarma que en un 63.5 por ciento de los casos no se haya identificado al agresor.
En ese sentido, como primera conclusión del informe de 76 hojas se propone adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan todos los casos “con la debida diligencia y en un plazo razonable”.
En segundo lugar el grupo –que además de recibir información oficial se reunió con familiares de víctimas y activistas– pide al gobierno morelense crear programas de capacitación y profesionalización permanentes dirigidos a las y los servidores públicos encargados de la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
Como conclusiones finales también dice que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado, e implementar el Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos, emitido en 2012
Así también recomendó crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres; reparar el daño a las víctimas de feminicidio; integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; dictar de manera adecuada órdenes de protección para víctimas de violencia, y asignar el presupuesto adecuado y suficiente para combatir la violencia de género.
Este es el segundo informe que se emite a raíz de la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, realizada en noviembre de 2013 con la intención de hacer operativa la AVG.
Se debe recordar que la conformación del Grupo de Trabajo (en junio pasado) se dio en medio de fuertes señalamientos de grupos civiles y académicas que investigaron la violencia feminicida en Guanajuato (primer informe), quienes cuestionaron la “poca transparencia” con la que se seleccionó a los integrantes del grupo.
Para la integración del Grupo de Trabajo en Morelos, como no se recibieron candidaturas durante el proceso de inscripción de la convocatoria, el Inmujeres realizó la designación directa de Irene Regina Casique Rodríguez y Roberto Castro Pérez, representantes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
Por su parte, las personas representantes de las instituciones académicas de carácter nacional –de acuerdo con lo contenido en el informe– fueron seleccionadas a partir de la convocatoria pública nacional publicada el pasado 28 de marzo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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