Políticas insuficientes para brindar educación, salud y empleo
El “Estudio regional sobre Políticas Públicas de Integración de Migrantes en Centroamérica y México”, elaborado por la organización Sin Fronteras, arroja que el gobierno mexicano no atiende al 100 por ciento las necesidades de la población migrante, y en la mayoría de los rubros analizados la atención está por debajo del 60 por ciento.
En el tema de movilidad en el mercado laboral, el gobierno mexicano cumple sólo 40 por ciento de las necesidades. Su principal carencia está en impulsar el acceso y otorgar ayudas específicas encaminadas a generar oportunidades de formación para el empleo.
En cuanto a la reagrupación familiar, la aprobación de políticas públicas es del 84 por ciento; no obstante, según personal de instancias públicas –consultado para el informe–, las y los migrantes enfrentan muchos obstáculos provocados por los tiempos de espera, alto margen de discrecionalidad en la distribución de visas, y las complicaciones para comprobar solvencia económica.
En el tema de educación, las políticas califican con cero por ciento en atención de necesidades específicas y otro cero por ciento en brindar nuevas oportunidades de estudio. La organización explica que el bajo puntaje obtenido es consecuencia de la alta complejidad en el acceso a los servicios educativos.
Las políticas para promover la participación política cubren sólo 6 por ciento, y además hay escasos esfuerzos del Estado por desarrollar órganos consultivos para conocer las necesidades específicas de esta población.
En el caso de las políticas de residencia permanente o de larga duración, el gobierno mexicano calificó con el 85 por ciento debido al principio de preservación familiar; sin embargo, fuentes consultadas observaron que existe alta discrecionalidad para la regularización.
En contraste, en el caso del acceso a la nacionalidad migrante las políticas cubren sólo el 55 por ciento. La mayor vulnerabilidad está en la seguridad de conservar el estatus migratorio.
Finalmente, las políticas antidiscriminación cubren 53 por ciento de las necesidades, ya que la actual Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (que incluye artículos para proteger a la población migrante) tiene un débil poder de implementación, a decir de la consultora encargada.
Según el estudio, 26 por ciento de los programas gubernamentales para la migración (que refuerzan las políticas) están enfocados en la educación, 19 por ciento en el empleo, 16 por ciento en salud; 6 por ciento en generar remesas y vivienda, otro 6 por ciento para proporcionar asistencia legal, 5 por ciento para el deporte, y otro 5 por ciento para brindar orientación.
No obstante, el 51 por ciento de estos programas están dirigidos a las y los mexicanos en el exterior, y el otro 49 por ciento está repartido entre la población migrante y la de retorno en el país.
Además, en el presupuesto 2013 los 13 programas federales de apoyo al migrante retornado (que equivalen a la cuarte parte de los programas) obtuvieron 53 por ciento menos fondos que el año anterior, según reveló el análisis.
A decir de Lorena Guzmán Elizalde, consultora que realizó el estudio, lo anterior es así porque en México la política migratoria actual está enfocada en el control, seguridad nacional y desarrollo económico de unos cuantos, en lugar de generar oportunidades para todas y todos y construir un nuevo sentido de identidad comunitario y regional más allá de las nacionalidades.
Por todo esto, Sin Fronteras propuso favorecer la seguridad humana de forma trasnacional; lograr la inclusión de la población migrante a la seguridad social; homologar las leyes y reglamentos a nivel federal, estatal y municipal, y desarrollar medidas que faciliten y promuevan la inclusión de las personas migrantes al sistema laboral y educativo.
Así como facilitar los procesos de documentación migratoria; fortalecer la capacidad de respuesta, coordinación intersectorial y adaptación de las institucionales públicas; construir programas públicos basados en las necesidades reales de la población; generar mecanismos de evaluación, acceso a la información y rendición de cuentas, y abrir los procesos de participación política de la población migrante.
Cabe señalar que del total de población emigrante en México 54 por ciento son mujeres, al igual que el 49 por ciento de la población inmigrante, 42 por ciento de la refugiada o solicitante de asilo, y 10 por ciento de la de retorno, quienes tienen necesidades específicas de integración social para incorporarse al mercado laboral, educación, y la dinámica social y cultural de las localidades que las reciben.
Los principales obstáculos que enfrentan son falta de documentación mexicana para acceder a servicios básicos, ausencia de servicios legales e información de sus derechos, desempleo y pobreza, así como problemas de salud física y mental consecuencia de las experiencias vividas.
REPATRIACIÓN
El estudio indica que debido al reforzamiento de la seguridad migratoria en Estados Unidos, cada vez más mujeres y hombres son deportados a sus países de origen; sin embargo, una vez en ellos, en este caso en México, enfrentan obstáculos para asentarse e iniciar una nueva vida.
A esto se suma que la repatriación es un fenómeno migratorio de poca visibilidad, lo que impide que se tenga información al respecto, indica el informe. Del total de personas mexicanas repatriadas de EU a México en 2013, 22 mil 589 eran mujeres y mil 732, niñas menores de 18 años.
Un alto número de personas repatriadas a México no llegan a sus lugares de origen, sino que llegan a entidades de la República con mayor desarrollo o permanecen en los estados fronterizos en espera de volver a cruzar.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario