Miguel Concha
Desde
la perspectiva social propia de su mandato, que consiste en el análisis
político del contexto en el que se dan estructuralmente las violaciones
que investigan, el pasado miércoles las organizaciones civiles Acción
Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos y Comité Cerezo México
presentaron conjuntamente por segundo año consecutivo –con la
colaboración de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que
el Comité Cerezo coordina a escala nacional con las organizaciones
Hasta encontrarlos y Comité Romero contra la Desaparición Forzada de
Personas– su informe La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad, que abarca del primero de junio de 2013 al 30 de mayo de 2014.
Haciendo uso de los instrumentos internacionales de protección a los
derechos humanos, y teniendo en mente su propia experiencia de más de
12 años de esfuerzos, identifican profesionalmente a las víctimas de
agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos en el
país, así como los casos de prisión por motivos políticos, de
detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que han podido documentar en ese lapso.
Para ello toman en cuenta fuentes públicas, comunicaciones directas
con la familia o las organizaciones de las personas agraviadas, así
como fuentes periodísticas y electrónicas, impresas y testimoniales,
señalando en cada uno de estos casos el nombre completo de la víctima,
el mes y el año de la agresión, su filiación y la tipología de las
violaciones de las que ha sido objeto. Realizan también comparaciones
con el número y la modalidad e intensidad de las violaciones en años
anteriores; este año han tenido particular cuidado en comparar las
violaciones ocurridas en el sexenio pasado, con las que se están dando
en el actual.
En este sentido, informan que durante el gobierno de Felipe Calderón
documentaron 999 detenciones arbitrarias, y que en el periodo actual
han podido ya documentar 669 detenciones arbitrarias por motivos
políticos, de las cuales 412 dan cuenta en su informe. Dicen también
que en el sexenio de Calderón pudieron documentar 67 ejecuciones
extrajudiciales por motivos políticos, pero que en lo que va de este ya
han documentado 25, de las cuales 23 corresponden al periodo del
presente informe. Afirman que durante el gobierno de Calderón se
documentaron 55 casos de desaparición forzada, pero que en lo que va
del actual ya se han documentado 29, de los cuales 16 están
comprendidos en el presente informe.
Subrayan también que en Guerrero se cometieron cinco casos de
desaparición forzada, y en Michoacán, Oaxaca y Veracruz, tres. Guerrero
ocupa también el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales,
con siete casos, seguido por Oaxaca, con cinco. Y que los estados más
peligrosos para las defensoras y defensores de derechos humanos, sin
incluir el vergonzoso caso del Distrito Federal, en el que se han
documentado 220 detenciones arbitrarias por motivos políticos, casi
todas realizadas en el marco de manifestaciones públicas, son Oaxaca,
con 59 casos, Chiapas y Guerrero.
De
donde concluyen que más allá del cambio discursivo y de las estrategias
de comunicación actuales del gobierno federal, sobre la situación de
los derechos humanos en México, continúan, se amplían y se acentúan las
mismas políticas de control social y represión frente a las personas y
colectivos que defienden y reclaman sus derechos, concentrándose ahora
ya no tanto en los procesos de la llamada lucha contra el narcotráfico
y la delincuencia organizada, sino más bien en los que se consideran
logros en seguridad.
Para las instancias de derechos humanos que elaboraron el informe,
lo que explica más a fondo esta situación son 10 elementos articulados
que configuran el contexto en el que se dan las violaciones a los
derechos humanos, y que presentan de forma sintética, luego de que han
venido reflexionándolos desde 2009. En primer lugar, la profundización
del neoliberalismo a escala mundial, y desde luego en el país, como
reacción conservadora ante la crisis económica global del capitalismo.
Íntimamente relacionado con ello, el narcotráfico como economía
criminal y como uno de los pilares del modelo neoliberal.
Todo ello, de conformidad con las teorías de la contrainsurgencia,
que ya conocemos en México y en otros países de América Latina, la
construcción de la delincuencia organizada y el narcotráfico como
enemigo internopara justificar el inicio de una
guerra, a la que después llamaron
luchacontra el narcotráfico, y actualmente, siguiendo los dictados del gobierno de Estados Unidos, llaman
política de seguridad nacional.
Se hace el uso sistemático del terror para desmovilizar a la
población y destruir el tejido social, aunado a la militarización
institucional y de la vida social, sin dejar de lado el paramilitarismo
como la mano siniestra del Estado, para seguir aplicando su política
económica neoliberal y su proyecto de control social. A todo lo cual
hay que añadir ahora la criminalización de las personas defensoras de
los derechos humanos y de grupos particulares de la población, como
jóvenes, luchadores sociales, mujeres, drogadictos, personas de calle,
migrantes, miembros de pueblos y comunidades indígenas, estudiantes,
etcétera, así como la creación de un marco jurídico de excepción, que
legaliza las prácticas violatorias de derechos humanos y garantiza la
impunidad.
Finalmente, no deben dejarse de lado los medios de comunicación como
partes de guerra, como sucedió en el sexenio de Calderón, o como
instrumentos para invisibilizar o disminuir la violencia, así como la
polarización social cada vez mayor, mediante la ruptura acelerada del
tejido social.
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