Ahora, el bombardeo mediático intentará
hacer aceptables para el grueso de los mexicanos —mediante la
prestidigitación audiovisual que desaparece los aspectos negativos y
hace aparecer inexistentes beneficios— aspectos como la consolidación
de los monopolios en telecomunicaciones, el espionaje cotidiano a los
medios con los que la gente se comunica entre sí (teléfonos fijos y
celulares, Internet y redes sociales, etc.), la limitación permanente
proyectada a las radios comunitarias y medios alternativos de difusión,
la entrega del petróleo, el gas y de la electricidad a las grandes
empresas internacionales para su explotación y otros polémicos aspectos
que están lejos de ser valorados como positivos por el conjunto de la
sociedad nacional. Nuevos resortes del aparato de poder se moverán
también para impedir que en el próximo año se efectúe la consulta
constitucional acerca de la reforma energética que han planteado, por
separado, el PRD y el Morena de Andrés Manuel López Obrador.
El
saldo de esta vertiginosa etapa de modificaciones constitucionales y
legales favorece en lo inmediato, sin duda, a los sectores oligárquicos
dominantes y a sus agentes en las estructuras del poder político. Pero
sus logros aparecen como producto no de un fortalecimiento de la
democracia y la representación popular sino del creciente divorcio
—agravado por diversos factores presentes a lo largo del proceso
legislativo o adyacentes a éste— entre los órganos supuestamente
representativos y los ciudadanos comunes.
¿Cómo se cocinaron y
fraguaron en las zonas de penumbra del poder político, y
particularmente del Congreso de la Unión y los congresos locales, esas
trascendentes reformas? Ya algunos indicios comienzan a sugerir cómo.
La revelación reciente del diputado Ricardo Monreal de un proyecto de
incremento del 30 por ciento en el presupuesto de la Cámara para 2015,
que incluiría una partida de 500 millones de pesos para “bonos de
desempeño” a los legisladores por fin de periodo, y las cantidades
también millonarias, al parecer ya distribuidas a las fracciones
legislativas como “subvenciones especiales”, indican o confirman que el
dinero ha corrido de manera extraordinaria entre los congresistas
durante los recientes procesos legislativos o se dispone a hacerlo para
el próximo año.
El propio Monreal, como coordinador de la
fracción de Movimiento Ciudadano, ha intentado, hasta ahora sin éxito,
reintegrar a la Tesorería de la Federación 15 millones de pesos que
llegaron a su bancada sin justificación. Pero es el único de los
coordinadores que lo ha intentado.
Si bien no hay duda de que
existe en panistas y priistas convicción con los contenidos esenciales
de las reformas, probablemente se sabrá más adelante si fue o no la
compra de votos lo que al final decidió su aprobación, y
particularmente las de telecomunicaciones y energética, entre
militantes de otros partidos aliados, o si se convino alguna suerte de
estímulo económico para todos cuando concluyera el proceso y para el
próximo año cuando terminen los diputados su gestión.
Pero más
allá de los privilegios de los que, bien se sabe, disfrutan los
legisladores de ambas cámaras, y también muchos de los diputados de las
legislaturas locales, lo cierto es que se ha concretado la ruptura más
drástica en las relaciones de representación entre los congresistas y
los ciudadanos. Al pasar por alto la consulta pública en materias tan
delicadas como las arriba mencionadas, y al hacer oídos sordos a las
posiciones provenientes de algunos opositores, el bloque mayoritario ha
convertido al Legislativo, una vez más, como en los mejores tiempos del
presidencialismo, en mero órgano operador de los designios del
Ejecutivo. Se ha llegado al extremo de que las propias negociaciones
parlamentarias se efectuaron en presencia del consejero jurídico de la
Presidencia de la República, Humberto Castillejos, a quien se atribuye
la autoría definitiva de las iniciativas de las reformas.
Recordemos
que fue en 1997 cuando, por primera vez, se logró romper la mayoría
absoluta del PRI en la Cámara de Diputados y éste tuvo que negociar con
las fracciones del PRD y el PAN una nueva estructura de gobierno,
basada en posiciones rotativas a través de la Junta de Coordinación
Política, y ya no en la antigua Gran Comisión que antaño monopolizaba.
Ahora, 17 años después, aun con una aparente presencia opositora en las
cámaras, se ha instalado un bloque interpartidario que se configura
como una nueva forma de mayoría absoluta en función de los intereses
económicos dominantes en el país.
La función del poder
Legislativo no es sólo hacer las leyes. La Constitución le asigna, en
su artículo 73 y en otros, diversas atribuciones que complementan y
contrapesan a las del poder Ejecutivo. En algunos sentidos, debe
ejercer incluso funciones de control sobre este último. Y en este caso,
la sumisión del Congreso se traduce en un deficiente o nulo ejercicio
de esas funciones, que facilitaría el avance de la corrupción en
diversos ámbitos.
El dispendio y los privilegios de los
legisladores, e incluso el reciente escándalo de la fiesta de los
panistas en Puerto Vallarta durante la reunión de su bancada a inicios
del año, dan cuenta de su alejamiento definitivo con respecto de los
electores. Es claro que reformas de la trascendencia y profundidad de
las que fueron aprobadas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014
(“educativa” política, financiera, fiscal, de telecomunicaciones y
energética) no formaban parte, con la forma que finalmente asumieron,
de la oferta de los partidos políticos en las pasadas elecciones. Fue
el Pacto por México , firmado en el inicio del gobierno de Peña
Nieto, lo que consolidó un bloque partidocrático sin conexión con la
voluntad mayoritaria de los ciudadanos. ¿Y qué decir de otras
instancias, penetradas y capturadas por la corrupción, la delincuencia
y los intereses no sólo particulares sino antisociales?
La
miseria legislativa mexicana va más allá de las crisis parlamentarias
tradicionales por desavenencias e incapacidad para tomar acuerdos. Es
una crisis moral de largo alcance que muy probablemente vaya más allá
de la presente legislatura y que ha fracturado duraderamente la
relación entre gobernantes y gobernados.
No es algo en absoluto
nuevo; pero sí es una regresión drástica con respecto de los tenues
avances que a lo largo de varios años de una prometida y nunca
alcanzada transición democrática, se habían logrado. Si el Congreso y
otras instancias de autoridad han asumido formas facciosas, son los
ciudadanos, las comunidades y organizaciones colectivas, los que
tendrán que imponer desde sus propios espacios en la sociedad civil
nuevas formas de representación y defensa de sus intereses. Un ejemplo
reciente es la reunión de 112 organizaciones sociales y comunidades el
16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco, en la que todas ellas
coincidieron en la defensa de sus territorios frente al avance
depredador de los megaproyectos como la minería a cielo abierto, campos
eólicos, gasoductos, termoeléctricas, aeropuertos, despojo de tierras,
presas, represas, complejos habitacionales, y la inminente entrada de
empresas petroleras y gaseras a tomar posesión de las tierras y
recursos naturales. Ante el despojo y la inoperancia de los órganos de
regulación estatal, la autodefensa social va cobrando forma e
inevitablemente se extenderá por un largo periodo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
No hay comentarios.:
Publicar un comentario