Autor: Flor Goche / @flor_contra
A diario, siete mujeres son asesinadas.
No obstante, ninguna de las 10 solicitudes de Alerta de Violencia de Género promovidas, de 2008 a la fecha, por organizaciones civiles ha sido declarada.
Pese a que el mecanismo cuenta con al menos 5 millones de pesos, los promoventes señalan que el gobierno “obstaculiza” y “dilata” su aplicación.
Pablo Navarrete, abogado del Instituto Nacional de las Mujeres, responde:
“El enemigo de esta causa no son las instituciones del Estado: no somos el Inmujeres ni la Segob.
El monstruo a combatir es la cultura machista, misógina”
La vida de muchas mujeres en México
pende de un constante golpeteo entre el empuje de las organizaciones de
la sociedad civil, que buscan perfeccionar sus estrategias para hacer
efectiva la Alerta de Violencia Género, y la “resistencia” de los
gobiernos por reconocer que la violencia feminicida es tal que a diario
cobra 7.2 vidas, tanto de niñas como de jóvenes, adultas y adultas
mayores.
A principios de 2007 –de la mano de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV)– fue concebida la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado. Figura jurídica “novedosa” que, sin embargo, ha
devenido en instrumento decorativo.
La Alerta de Violencia de Género data
de hace 7 años. Aunque la sociedad civil ha promovido 10 solicitudes de
Alerta, ésta jamás ha sido declarada, facultad que compete a la
Secretaría de Gobernación (Segob). La declaratoria implicaría la puesta
en marcha de un conjunto de acciones gubernamentales preventivas, de
seguridad y de justicia para enfrentar o abatir la violencia feminicida
en el territorio en alusión.
La primera solicitud de Alerta de
Violencia de Género data del 30 de abril de 2008. Fue promovida por el
Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio (OCNF) con motivo de la
violencia feminicida y los secuestros de niñas y mujeres en la zona
triqui de Oaxaca. Después vendrían las de Guanajuato (5 de junio de
2009), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo León (13 de
enero de 2012), Hidalgo (11 de marzo de 2013), Guanajuato (15 de agosto
de 2013), Morelos (4 de septiembre de 2013), Chiapas (25 noviembre
2013), Guanajuato (20 de marzo de 2014) y Morelos (27 de mayo de 2014).
Ante la supuesta inacción de las
instancias oficiales, organizaciones civiles como el Grupo de Mujeres
de San Cristóbal de las Casas y el OCNF han asumido el papel que
corresponde al Estado: con recursos propios han decretado alertas
ciudadanas en Chiapas y Estado de México. Su batalla ha llegado incluso
a los tribunales: se han amparado luego de la negativa institucional de
emprender, siquiera, la investigación para determinar la procedencia o
no de la Alerta de Violencia de Género.
El Fondo Nacional para la Alerta de
Violencia de Género se creó en 2008 con un presupuesto de 15 millones
de pesos. En virtud del subejercicio de estos dineros, la Segob se dio
a la tarea de constituir el Fideicomiso Fondo Nacional para la Alerta
de Violencia de Género, que para 2013 contaba ya con 21 millones de
pesos, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión de
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (Contralínea 350).
Hoy, el destino de esos recursos es
incierto, e incluso la cantidad con la que actualmente cuenta el
Fideicomiso podría haber disminuido, señalan los entrevistados.
Verónica Cruz Sánchez, directora
Ejecutiva del Centro las Libres de Información en Salud Sexual, comenta
que, a través de los instrumentos de transparencia, la Segob le reportó
que el recurso para la operación de la Alerta de Violencia de Género es
de 5 millones de pesos.
—Dado que el mecanismo de Alerta ha
resultado inoperante, ¿qué ocurre con el presupuesto que tiene
destinado? –se le pregunta a Pablo Navarrete, quien desde hace 7 años
se desempeña como coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
—Eso es un tema que lleva [la
Secretaría de] Gobernación y yo ahí suplicaría que más bien le
preguntaran a ellos –responde, tajante, el funcionario.
La Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la
Segob, guarda silencio. Para la realización de este trabajo se solicitó
entrevista con Alejandra Negrete Morayta, titular de la misma, pero
“por cuestiones de agenda” la funcionaria no accedió a la petición. No
obstante, la Segob –en voz de Karla Olmos, directora de Relaciones
Públicas– se comprometió a responder por escrito el cuestionario
elaborado por este semanario. Al cierre de la edición no hubo respuesta.
En el Reglamento, los obstáculos
Los principales obstáculos para la
operación de la Alerta de Violencia Género están inscritos en el
Reglamento de la LGAMVLV, elaborado por el Ejecutivo federal, entonces
representado por Felipe Calderón Hinojosa. Por eso, el 25 de noviembre
de 2013 fue reformado. Como lo reconoce Pablo Navarrete Gutiérrez, el
procedimiento anterior “rayaba en lo arcaico”, “constituía un conflicto
de intereses” y “provocaba una politización excesiva”. En contraste, el
nuevo Reglamento permitiría que ahora sí se decrete la Alerta y se
protejan los derechos humanos de las mujeres.
Dos solicitudes han sido promovidas
bajo las nuevas reglas –una para Guanajuato y otra para Morelos– pero
la efectividad del Reglamento vigente permanece anclada a la duda.
Por tercera ocasión, las integrantes
del Centro las Libres de Información en Salud Sexual solicitaron al
Inmujeres la activación de la Alerta de Violencia de Género para
Guanajuato. De 2013 a marzo de 2014, 85 mujeres habrían sido asesinadas
en la entidad por razones de género.
La
organización dirigida por Verónica Cruz Sánchez logró, por primera vez,
el reconocimiento oficial del incremento de la violencia contra las
mujeres en Guanajuato y, como consecuencia, el compromiso del gobierno
local, encabezado por Miguel Márquez Márquez, de cumplir con las 13
propuestas “mínimas” que le dirigió el grupo de trabajo y que quedaron
plasmadas en el Informe del grupo de trabajo conformado para atender la
solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el
estado de Guanajuato.
A pesar de los logros citados, la
directora Ejecutiva del Centro las Libres, considera que el nuevo
Reglamento no garantiza por sí mismo un avance. La evolución de la
solicitud de Alerta para el caso de Guanajuato obedece más bien a la
solidez de los datos presentados por las peticionarias y a la “buena
voluntad” de las académicas del grupo de trabajo, quienes, además de
poner dinero de sus bolsillos para la investigación (no obstante la
existencia del Fideicomiso Fondo Nacional para la Alerta de Violencia
de Género), denunciaron “para que la Segob no le bajara el tono a las
recomendaciones”.
A través de una carta abierta fechada
el 2 de julio, Yessica Ivet Cienfuegos Martínez y Rosalba Vázquez
Valenzuela, de la Universidad de Guanajuato, se quejaron, asimismo, de
la “falta de interés y formalidad” por parte de las representantes del
Inmujeres y la Conavim, lo que se reflejó en comentarios tales como que
“no tienen tiempo, que tienen cosas más importantes, que tienen un
horario de trabajo, que están de puente o de vacaciones, o simplemente
que no las pongamos a trabajar con nuestras peticiones”.
En conferencia de prensa posterior, las
especialistas en violencia de género se refirieron también al actuar
del Instituto de la Mujer Guanajuatense y de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), ambos, parte del grupo de trabajo.
Respecto del primero, apuntaron que lejos de representar los intereses
de las mujeres se mostró incondicional con el gobierno de Guanajuato.
En tanto, la CNDH, en contravención con lo que estipula el Reglamento,
se “autodefinió como observadora” por lo que se abstuvo de voto.
Al cierre de esta edición, la solicitud
para el caso de Morelos, presentada ante el Inmujeres el pasado 27 de
mayo, ya había sido admitida y se encontraba en etapa de investigación.
Promovida por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos,
alude a los 530 feminicidios que se habrían perpetrado en el estado
durante los últimos 13 años.
Las inquietudes respecto del
procedimiento de esta solicitud brotaron casi de inmediato. El 2 de
julio, en conferencia de prensa, las peticionarias destacaron la
importancia de la admisión de la solicitud –siendo que la primera que
promovieron fue desechada–, pero se quejaron de falta de transparencia
en el proceso de conformación del grupo de trabajo. Comentaron que ni
el Inmujeres ni la Conavim les explicaron cómo fueron seleccionadas las
académicas locales del grupo de trabajo, luego de que se declarara
desierta la convocatoria para la conformación del mismo.
Inmujeres: el enemigo no es el Estado, es la cultura machista
“El enemigo de esta causa no son las
instituciones del Estado: no somos el Inmujeres ni la Segob. Somos
aliados. El monstruo a combatir es la cultura machista, misógina, que
ha sido el componente para que esta espiral de violencia se vaya
incrementado”, enfatiza Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de
Asuntos Jurídicos del Inmujeres.
En entrevista con Contralínea asegura
que el compromiso del gobierno de la República para con la vida y
seguridad de las mujeres es real; tanto, que la primera acción de la
administración del presidente Enrique Peña Nieto, en particular de
Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, fue “destrabar” la
modificación al Reglamento de la LGAMVLV, misma que se venía
“arrastrando” desde hace 3 años.
El funcionario dice lamentar las
“inquietudes” expresadas por “algunas” de las académicas que integran
el grupo de trabajo de Guanajuato. No obstante, considera que “es
natural, tratándose del primer ejercicio” con el nuevo Reglamento. Y
agrega: “Yo plantearía que dejáramos que se operaran las
recomendaciones; que perfeccionáramos ese mecanismo. Y que esa sea la
lógica, porque no es sano descalificar a priori un mecanismo que ni
siquiera hemos puesto en práctica”.
—¿El Inmujeres, en su carácter de
coordinadora del grupo de trabajo, realizó algún llamamiento a la CNDH
que, so pretexto de su “autonomía”, declinó su voto? –se le pregunta.
—No nos corresponde enjuiciar la
actuación de un órgano autónomo. Lo que sí es cierto es que valoramos
mucho la presencia de todas y todos en este órgano colegiado.
“No estoy justificando a la CNDH porque
no soy su vocero ni me toca. Pero yo no plantearía como un escenario
catastrófico el que se abstuvo porque argumentó que era un órgano
autónomo”.
—¿Podría ser calificado de ilegítimo el
grupo de trabajo de Morelos, dado que el proceso de selección de las
dos personas de la academia local careció de transparencia?
—Al no haberse inscrito ninguna
académica local en el caso de Morelos, lo que teníamos que hacer era
preservar la legalidad del procedimiento que dice que, una vez admitida
la solicitud, el grupo de trabajo tiene que reunirse en un plazo de 5
días. Como ya no había tiempo para emitir una nueva convocatoria, se
hizo uso de la atribución plasmada en el artículo 36 [del Reglamento]
que establece que el Inmujeres coordinará y realizará las acciones
necesarias para la conformación del grupo de trabajo. No hay ningún
acto de ilegalidad.
“Además yo no objetaría a los dos
académicos locales, una mujer y un hombre. Son del CRIM [Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias] de la UNAM
[Universidad Nacional Autónoma de México]; intachables ética y
moralmente; con toda la confianza y el prestigio social”.
—¿Si el compromiso gubernamental es tan
genuino como usted refiere, por qué cuesta tanto el encuentro con las
organizaciones de la sociedad civil, con las víctimas y sus familiares,
y ahora, incluso, con sectores de la academia?
—Porque hay un déficit muy claro de
confianza y credibilidad que se viene arrastrando desde hace muchos
años. Yo lo tengo que reconocer. Si yo te dijera lo contrario, estaría
faltando a la verdad.
“Es preocupante este proceso de
descalificación, que creo que ha sido producto de falta de comunicación
profunda con las organizaciones para hablar el mismo lenguaje. Yo
ofrezco, desde el Inmujeres, abrir estos canales… Porque no están
cerrados, corrijo. Reiterarles que, como siempre, el Inmujeres está
abierto al diálogo franco y abierto. Creo que podemos hacer mucho
juntos, en la lógica de que también hay ciertos marcos normativos que
tendríamos que respetar”.
Organizaciones civiles pugnan por una nueva reforma al Reglamento
Los avances para el caso de Guanajuato
no lograron contener las críticas al Reglamento de la LGAMVLV del 25 de
noviembre de 2013. Ya desde la víspera de su publicación, las
integrantes del OCNF habían manifestado que las observaciones de la
sociedad civil fueron eliminadas en su mayoría, y que lo único que
logró el nuevo procedimiento fue “legalizar los obstáculos” que ya
impedían la aplicación de la Alerta de Violencia de Género.
Pese a ello, Pablo Navarrete asegura
que el Reglamento vigente es producto de un amplio consenso y que
recoge la exigencia de la sociedad civil en el sentido de hacer
efectiva la Alerta. Enseguida precisa que esto no significa
necesariamente que hayan quedado al ciento por ciento reflejadas las
opiniones de todas y todos los que participaron. Lo que se hizo, dice,
es “concentrar las ideas que pudieran resultar más ágiles, dinámicas,
innovadoras y menos burocráticas”.
Para el representante gubernamental, el
mayor avance consistió en quitarle al Estado la posibilidad de decidir
sobre la Alerta, “gesto de compromiso democrático público y abierto
frente a las mujeres de este país”.
Con el antiguo Reglamento, el fallo de
la declaratoria recaía en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM),
integrado sólo por funcionarios: los titulares de 10 dependencias de la
administración pública federal y de los 32 mecanismos para el adelanto
de las mujeres en las entidades federativas. Ahora quien decide es el
grupo de trabajo, conformado por un representante del Inmujeres, uno de
la Conavim, uno del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la
entidad de que se trate, uno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y cuatro de instituciones académicas o de investigación
especializadas en violencia contra las mujeres (dos nacionales y dos
locales).
A decir de Pablo Navarrete, esta nueva
composición otorga legitimidad al mecanismo, pues las instituciones del
Estado que participan en el grupo de trabajo son minoría. “La mayoría
la tienen las académicas, es decir, cualquier votación la ganan ellas.
Ya no es el Estado el que determina qué acciones se van a implementar;
son las académicas a partir de un proceso de profunda conciencia ética,
de criterios de carácter científico y técnico, y ya no político”.
La lectura de la sociedad civil es
otra. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora Ejecutiva del OCNF,
considera que con el viejo y con el nuevo Reglamento la investigación
está en manos del Estado. Y es que, dice, “de qué sirve que estén las
investigadoras si al final el voto de calidad lo tiene el Instituto
[Nacional de las Mujeres]”. Efectivamente, el artículo 36 del
Reglamento modificado otorga esta prerrogativa a la coordinadora del
grupo, que es el Inmujeres.
Para la también integrante de Católicas
por el Derecho a Decidir, es imperativo reformar de nueva cuenta el
Reglamento para que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género
cuente con un cuerpo autónomo que sea el encargado de la investigación.
Un cuerpo en el que no participen las instancias gubernamentales que
únicamente “obstaculizan” y “dilatan”, tal como se demostró en el caso
de Guanajuato, en donde las académicas testificaron lo complicado que
resultó emitir las mínimas recomendaciones.
En el mismo sentido se pronuncia
Verónica Cruz Sánchez. La directora ejecutiva del Centro las Libres de
Información en Salud Sexual comenta que, dado que “el Estado es el
responsable de la violencia feminicida, no puede ser investigador”,
función que debe recaer exclusivamente en un grupo de académicas
expertas con ética profesional. “Sólo así –dice– la sociedad civil va a
confiar en que las investigaciones estén bien hechas, en que haya
transparencia y capacidad”.
Rosalba Vázquez Valenzuela, académica
parte del grupo de trabajo de Guanajuato, considera, por otro lado, que
debe ampliarse el tiempo destinado a la investigación, ya que los 30
días que contempla el Reglamento para ello se convierten más bien en
una “trampa para no acabar de hacer la investigación”.
—¿Considera que el nuevo mecanismo de
Alerta de Género debe ser objeto de otros ajustes o que así como está
sirve para garantizar la vida de las mujeres? –se le pregunta a Pablo
Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres.
—Yo no me atrevería a descalificarlo ni
a ponerle estrellitas. Dejemos que se desahoguen algunas de las
solicitudes bajo este nuevo Reglamento para poder tener una valoración
más objetiva de qué hay que modificar. De que hay que modificar, hay
que modificar, pero es muy prematuro ahorita hacer una descalificación
a priori del procedimiento. Yo suplicaría que nos permitieran desahogar
las investigaciones en curso, y que esto pueda llevarnos a una reforma
integral no sólo del reglamento, sino de la propia ley.
—¿Sobre la marcha han identificado ya algunas cuestiones concretas a modificar? ¿Cuáles?
—Por ejemplo, el plazo de 30 días para investigar, que resulta insuficiente.
—¿Ustedes apoyarían una modificación
acorde con lo que plantea la sociedad civil: que el gobierno no
participe de la investigación?
—¿Por qué participan las instituciones
de Estado en este mecanismo? La razón fundamental es jurídica. Yo no
puedo sacar a Gobernación, al Inmujeres ni al Instituto local del grupo
de trabajo porque le resto peso jurídico a las decisiones que se toman
ahí, y colocaría en una situación de vulnerabilidad y riesgo a las
académicas, en el sentido de que tendrían que entrar a un proceso de
investigación de un tema complicado.
El funcionario comenta que la
participación del Estado en el grupo de trabajo se justifica porque en
él recae la facultad de vincular y obligar las recomendaciones. De lo
contrario, advierte, los gobiernos locales podrían deslegitimar la
personalidad jurídica de las académicas y, en consecuencia, negarse a
asumir sus propuestas.
Estado de México y Chiapas, investigados por el mecanismo de Alerta
De 2008 a la fecha, las organizaciones
de la sociedad civil han promovido 10 solicitudes de Alerta de
Violencia de Género: ocho de ellas bajo las reglas del viejo Reglamento.
La de Oaxaca fue desechada en la
primera etapa del procedimiento pues, de acuerdo con la versión
oficial, no se presentó ante la instancia correspondiente. La primera
solicitud para el caso de Morelos dio un paso más, pero el Inmujeres la
rechazó porque adolecía de una firma por parte de las peticionarias.
Las solicitudes de Guanajuato (5 de
junio de 2009), Estado de México (8 de diciembre de 2010), Nuevo León
(13 de enero de 2012), Hidalgo (11 de marzo de 2013), Guanajuato (15 de
agosto de 2013) y Chiapas (25 noviembre 2013), libraron los dos
primeros filtros, el de la recepción y verificación de los requisitos,
pero en la tercera fase del procedimiento fueron, asimismo,
descartadas. El SNPASEV, integrado sólo por representantes
gubernamentales, votó por su improcedencia.
En tres de estos casos (Estado de
México, Chiapas y Nuevo León) la decisión del Sistema fue impugnada por
medio del recurso de amparo.
El OCNF y el Grupo de Mujeres de San
Cristóbal de las Casas, organizaciones peticionarias de las solicitudes
para el Estado de México y Chiapas, respectivamente, ganaron la batalla
legal. El Poder Judicial ordenó al SNPASEV realizar una investigación
en cada entidad. Es así que ambas solicitudes se encuentran en etapa de
cumplimiento de la sentencia; ambas son procesadas bajo las reglas del
viejo marco normativo.
El plazo para que el SNPASEV notificara
los resultados de la investigación para el Estado de México ha vencido,
pero las peticionarias no han sido informadas siquiera de la
metodología empleada para la investigación. De lo único que tienen
certeza, una certeza que incrementa su preocupación, es que el grupo de
investigación se integra por la Segob, la Procuraduría General de la
República, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación.
Frente a ese panorama, las integrantes del OCNF han optado por decretar la Alerta de Género Ciudadana en territorio mexiquense.
Pablo Navarrete, representante jurídico
del Inmujeres, considera “positivo” el hecho de que el mecanismo de
Alerta sea sometido a un instrumento de control, como lo es el amparo.
Esto lo “fortalece” y “evita cualquier sospecha”, apunta.
Respecto de la metodología empleada en
la investigación para el Estado de México y Chiapas, el funcionario
considera que no hay nada que aclarar, puesto que el “procedimiento
está claramente fijado en el Reglamento”. Y agrega: “si el tema de
preocupación es que sólo hay instituciones del Estado, el propio
Reglamento prevé la posibilidad de abrirse a expertas académicas
independientes como auxilio al Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario, justo para darle la transparencia y la legitimidad
que requiere una herramienta de esta naturaleza”.
Flor Goche, @flor_contra
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