Autor: Marcos Chávez * @marcos_contra
La reforma energética –vista por especialistas como la privatización del petróleo mexicano– fue sólo la culminación de 2 décadas de saqueo y desmantelamiento instrumentado desde mediados de la década de 1990.
Entonces la carga fiscal –siempre agresiva para la otrora paraestatal– se hizo cada vez más onerosa. El sexenio pasado y lo que va del actual resultaron los más voraces en la ordeña de Pemex. Hasta junio de 2014, los rendimientos acumulados de la petrolera antes del pago de impuestos, sumaron 1 billón de pesos corrientes; mientras que los impuestos pagados, ascendieron a 1.3 billones de pesos.
Así, la pérdida después de impuestos fue de 258 mil millones. Proyectada para todo 2013 y 2014, la cifra de la merma para la ahora “empresa productiva del Estado” será de 346 mil millones. Y si la deuda de Pemex al inicio de la presente administración era de 787 mil millones de pesos, al cierre de la primera mitad de 2014 llegó a 925 mil millones. Con la errática política petrolera, las reservas probadas de petróleo tienen una vida de 10 años
Tiempo de canallas
Lilian Hellman
Imperturbable en su cruzada contrarreformista
neoliberal, el bloque dominante comandado por Enrique Peña Nieto y el
salinista Luis Videgaray, su infatigable operador político-financiero
–mejor conocido en el argot de los laberintos del poder como el mensajero y el hombre del maletín; el Corre-ve-y-dile
que el atlacomulquense emplea para llevar o enviar recados a
gobernadores y otros miembros de la elite política, al menos desde
2010, y para recolectar las “cooperaciones” y aceitar la maquinaria de la corrupción institucionalizada con las que premia a los legisladores que aprueban expeditamente sus iniciativas de ley–, aplicó hasta el último minuto de vida la asfixia fiscal, presupuestal y operativa al sector energético.
El bloque fue implacable hasta el
último momento. Hasta que los enemigos del pueblo y amigos del dinero y
los negocios privados del Congreso de la Unión culminaron el proceso
legislativo y cumplieron su tarea asignada, generosamente compensada: doblar a vuelo las campanas
por los dos últimos legados que quedaban de la Revolución Mexicana:
sepultar a las nacionalizadas industrias petrolera y eléctrica. Hasta
que los legisladores inhumaron al cadáver simbólico de ese ciclo histórico que desde hace 31 años les pesaba como una lápida; y, en una parodia del doctor Frankenstein, desenterraron y pusieron a caminar al
porfiriano muerto energético reprivatizado y extranjerizado –maquillado
de “modernidad” neoliberal– que se creía definitivamente sepultado por el nacionalismo revolucionario.
Así, el hombre del maletín,
satisfecho por sus servicios prestados y el éxito alcanzado, ya se
siente retribuido con la banda presidencial para diciembre de 2018.
Y, como escribiera el poeta inglés John
Donne –citado por Ernest Hemingway–, “nunca hagas preguntar por quién
doblan las campanas: doblan por ti”.
Hasta el 12 de agosto, el día en que Enrique Peña oficializó el giro hacia atrás en las manecillas del reloj
de la historia, se mantuvo la sistemática destrucción de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con sus
perversas secuelas socioeconómicas, políticas y geoestratégicas. Esa
política complementa el asalto y la desaparición de la compañía de Luz
y Fuerza del Centro y de su respectivo sindicato –uno de los contados
democráticos que habían escapado al corporativismo estatal,
ejemplificado por aquellas paraestatales–, llevado a cabo por Felipe
Calderón, con un método que rememora al decreto Noche y Niebla,
aplicado por hordas hitlerianas en contra de sus enemigos.
Hasta el final se mantuvo inflexible la
estrategia empleada que llevó a la ruina al sector petrolero y
justificó el salto de la historia al vacío de la “contrahistoria” de
“los que no poseen la gloria, o de los que habiéndola perdido se
encuentran en la oscuridad y el silencio”, como diría Michel Foucault.
Dentro de poco tiempo, Pemex y la CFE,
los hidrocarburos y la electricidad nacionales, como otros sectores
estratégicos, no serán más que nebulosos recuerdos, sacrificados como
despojos, con sabor a sangre, grasa y carne, que nutrirán la voracidad
de ganancia rápida. Por medio de los precios especulativos, la
sobreexplotación aún más insensata de los recursos y la mezquina y
deficiente oferta de bienes y servicios, frente a un Estado enano,
impotente, somnoliento, complaciente, y ante una sociedad agobiada.
Hasta que lleguen otros Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, o los Hugo
Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o Cristina Fernández mexicanos, que
recuperen nuevamente tales recursos estratégicos y los vuelvan a poner
al servicio de un desarrollo nacional incluyente y más autónomo
externamente.
Como anécdota queda el hedor del fango de la sospechosa corrupción que envuelve a las contrarreformas
neoliberales, tal y como sucedió con las precedentes, o con las de
Argentina, Chile o Perú, que cíclicamente arrojan nuevas camadas de
oligarcas –gráficamente, en Chile se conoció como las pirañas a los enriquecidos Chicago Boys arropados por el pinochetismo– y alguno que otro enjuiciado, como Alberto Fujimori.
La danza de los millones de pesos
de las “subvenciones extraordinarias” o “especiales” pagadas
injustificadamente a los congresistas de todos los partidos –salvo al
Movimiento Ciudadano que fue rechazada y denunciada por su coordinador,
Ricardo Monreal, junto con Zuleyma Huidobro, legisladora de ese mismo
partido– enturbia aún más el sucio proceso que enmarcó la aprobación de
las contrarreformas.
La suspicacia aflora porque,
curiosamente, las dádivas adicionales otorgadas a los legisladores por
el trabajo que ya se les paga más que generosamente, y que en su
mayoría realizan negligentemente, cuando la llevan a cabo, fueron
entregadas en fechas que coincidieron con la aprobación de las contrarreformas
educativa, de telecomunicaciones, fiscal y energética. Al Partido de la
Revolución Democrática (PRD) le correspondieron 30 millones de pesos;
al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 67.5 millones de pesos;
al Partido Acción Nacional (PAN), 99.6 millones de pesos; al Partido
Verde Ecologista de México o los verdes, 20 millones de pesos;
al Partido Nueva Alianza, 8 millones de pesos. Lo anterior nutre las
sospechas que ese dinero público fue destinado para ablandar
resistencias y comprar conciencias legislativas. Los coordinadores de
las fracciones de los partidos utilizan esos recursos de manera
discrecional, opaca, sin controles, con una fiscalización dudosa. Es el
sistema de “mandarinato legislativo” del que hablan Porfirio Muñoz Ledo
y Javier Corral, y que en parte sirve para asegurar la servidumbre del
Poder Legislativo ante el Ejecutivo.
La bolsa hacendaria es magnánima. Antes
del escándalo, los diputados se aprestaban a asignarse en 2015 un “bono
de retiro” por 1 millón de pesos para cada uno.
Una vez balconeada su
desvergüenza: ¿renunciarán al “bono”? ¿No cobrarán “ni 1 solo peso”,
como en su momento lo hicieron los magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuando la irritación pública los
obligó, “indignados”, a desistir de su socialmente insultante
millonario “haber de retiro”, a su pensión vitalicia, pese a que la
consideraban “necesaria y justa”? ¿Se mantendrán inflexibles y
superarán en su cinismo a los magistrados”?
Ésa es la sustancia que aceita la maquinaria política…que llegó a su excelsa obscenidad con la orgía panista de Puerto Vallarta, en la que participaron ilustres personajes
como Luis Alberto Villarreal, Jorge Iván Villalobos o Alejandro Zapata
Perogordo. Después de la juerga, los dos primeros perdieron sus puestos
de coordinador y vicecoordinador de los diputados de su partido. El
otro quizá se despida de su sueño como candidato al gobierno de San
Luis Potosí. Algunos han criticado la “doble moral” de la derecha
clerical. Pero como dijera Juan Ignacio Zavala, hermano de la esposa de
Calderón: “No sé de dónde sacan que en el PAN hay doble moral. En ese
partido hace tiempo que dejamos de ser referente de alguna clase de
moral”.
Como escribiera el maestro Álvaro
Cepeda: “Salvo excepciones, ya no hay políticos, funcionarios ni
servidores públicos; tampoco empresarios, patrones ni banqueros…
Únicamente tenemos rateros y ladrones enmascarados con esos nombres que
abusan del poder gubernamental y del poder económico. Funcionarios y
empresarios no se diferencian. Son lo mismo: roban, estafan, timan y
saquean con toda impunidad para enriquecerse a costa de la pobreza, el
hambre y la miseria de los mexicanos que acumulan desesperación para
levantarse –con armas o sin ellas– contra el mal gobierno y los
capitalistas” (http://contralinea. info/archivorevista/index.php/2014/08/10/marcelo-ebrard-donde-estan-los-489-millones-de-pesos/).
El paisaje después de la derrota social energética
El paisaje energético es de tierra arrasada, una vez concluida la era del petróleo nacionalizado.
La información más reciente, disponible
a junio de 2014, no deja lugar a equívocos. Ante todo, confirma la
obstinación de la administración actual por continuar con la salvaje hemorragia impositiva aplicada a Pemex hasta la eutanasia,
que volvió a transformar su ganancia operativa antes de su pago en su
pérdida crónica. El segundo año de este gobierno será el último de
generosa renta petrolera compartida entre el Estado, Pemex y, por
añadidura, la sociedad. Hacia delante tendrán que reducir su
participación, ya que parte de la renta será repartida con otros
invitados al banquete: el capital privado local, las corporaciones trasnacionales y la parasitaria
burocracia que se multiplicará. Ya se verá cómo los problemas fiscales
del Estado tendrán que ser compensados con la mayor expolición de los
bolsillos de las mayorías.
Las
estadísticas reafirman la persistencia de la irracional
sobreexplotación de los hidrocarburos que se manifiesta en una mayor e
incontenida declinación de las reservas totales y de la actividad
exploratoria. En la caída de la producción de crudo, gas, petrolífera y
petroquímica. En la declinación de las exportaciones, el aumento de la
dependencia de las importaciones de gas, petrolíferos y petroquímicos
y, por tanto, en el ascendente deterioro de la balanza comercial
petrolera y en su menor aportación de divisas para ajustar las cuentas
externas de la economía.
La inversión pública y privada, anticonstitucional y disfrazada de legal, concentrada en la exploración y la explotación de hidrocarburos ha sido inútil para revertir el cuadro de desolación.
En año y medio, la administración
federal actual no se cansó de saquear fiscalmente a Pemex, como se hace
desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Hasta junio de 2014, los
rendimientos acumulados de la paraestatal antes del pago de impuestos,
sumaron 1 billón de pesos corrientes, y los impuestos pagados a 1.3
billones de pesos. Ello arrojó una pérdida, después de impuestos, por
258 mil millones de pesos. Proyectado para todo 2013 y 2014, cada
concepto arrojará números del orden siguiente: 1.4 billones de pesos,
1.7 billones y una pérdida por 346 mil millones. En promedio, los
impuestos superaron en 25 por ciento (ver gráfica 1).
Este sexenio podría pasar a la historia
como el más voraz en el saqueo de Pemex, después del que encabezó
Felipe Calderón, en donde los gravámenes superaron en 10 por ciento a
rendimientos. Salvo en 2006 y 2012, por puro accidente, desde 1998,
cada año se ha repetido esa historia que explica la tragedia de la
empresa y que sus saqueadores utilizaron para justificar la
reprivatización y la desnacionalización del sector de los
hidrocarburos. Entre 1983 y 1997 sólo le quitaban 95 centavos de cada
peso que ganaba antes del pago impositivo.
¿Qué empresa privada puede existir con ese pillaje tributario?
¿Alguien puede imaginarse la existencia de los 35 oligarcas más ricos de México, de acuerdo con la revista Forbes,
entre ellos las familias Slim, Bailleres, Larrea, Salinas Pliego,
Aramburuzabala, Del Valle, Servitje, Arango o Azcárraga, si pagaran esa
tasa de impuestos, sin la manga ancha de la deducción y evasión
de impuestos, sin los gravámenes diferidos y perdonados, sin los
subsidios recibidos y sin la tolerancia de sus tropelías cometidas en
contra de los consumidores?
Esas familias, y un puñado más, entre
casi 30 millones de hogares existentes en México, han sido las
principales beneficiarias de la destrucción de Pemex.
Cualquier atentado en contra de las
fortunas de esas familias hubiera redundado en procesos
desestabilizadores, como los que padecieron los odiados Luis Echeverría
o José López Portillo, o Cristina Fernández, o golpistas como los
sufridos por Salvador Allende, Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa.
Es obvio que la pesada carga tributaria
sólo ha sido posible mantenerla con la explotación irracional de los
hidrocarburos, la sobreproducción, orientada hacia el mercado
internacional y la declinación de las reservas de esa materia prima,
así como con los problemas generados a Pemex y su capacidad para
financiar sus programas de inversión y operativos, y en su necesidad
para endeudarse para garantizar su funcionamiento.
Pemex inició el actual mandato con una
deuda total por 787 mil millones de pesos, equivalente a 60.5 mil
millones de dólares. Al cierre de la primera mitad de 2014 se elevó a
925 mil millones de pesos, o 71 mil millones de dólares. Medida en
pesos, se aumentó en 138 mil millones, y en dólares en 10 mil millones.
Es decir, subió en 17.5 por ciento.
Con la reprivatización de la industria
y la conversión de la paraestatal en “empresa productiva”, su
sobrevivencia es sombría, con el riesgo de desaparecer si no se vuelve
competitiva en un escenario desventajoso, ya que la nueva política
petrolera privilegiará el desarrollo de capital nacional y
trasnacional. Sus expectativas están asociadas a cuando menos dos
factores: la reducción sustancial de las cargas fiscales para que pueda
disponer de los excedentes necesarios para que, por sí misma, pueda
financiar su crecimiento; y que el gobierno absorba su deuda. No
obstante, Videgaray acaba de anunciar que dicha carga apenas se
reducirá de 71.5 por ciento a 66.5 por ciento. En otras palabras, Pemex
está condenada a futura indigencia.
El castigo financiero tuvo otro objeto:
abrir la participación de la inversión privada a través de los
proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro
diferido en el gasto público (Pidiregas) y otras formas de contratos,
que ahora forman parte de la deuda total de Pemex, para tratar de
compensar la insuficiencia de recursos.
Es cierto que la inversión total real
de la paraestatal aumenta en 1998-2013 a una tasa media anual de 10 por
ciento. Sin embargo, ello se debe a la inversión privada, porque el
gobierno mantuvo el recorte de la pública.
En términos reales, entre 1982 y 1996
la inversión programable en petróleo osciló entre el desplome y el
estancamiento, es decir, estuvo prácticamente paralizada. Ella empieza
a recuperarse con la participación privada, cuyos datos sólo se
registran en 1997-2008, y la inversión total entre 1997 y 2013 aumenta
a una tasa media real anual de 10 por ciento. Sin embargo, la pública
cae 2.8 por ciento anualmente entre 1992 y 2008. Es decir, el gobierno
cedió al capital privado esa responsabilidad desde 1997.
Pero como se observa en la gráfica 2,
el comportamiento de la inversión pública y privada no muestra un
proceso de planeación. Sus variaciones anuales reales manifiestan una
tendencia errática y decreciente. Sobre todo en lo que se refiere al
gasto en refinación, gas y petroquímica básica y petroquímica.
Lo anterior por una sencilla razón:
porque la estrategia petrolera privilegió la inversión en exploración y
producción, la exportación del crudo, sin un mayor valor agregado. El
costo ha sido el sacrificio de las siguientes fases del proceso
productivo.
Entre 1993 –cuando se reinició la
inversión en Pemex– y 2013, la destinada a la exploración y la
producción registró un alza acumulada real de 818 por ciento. En
cambio, la de refinación cayó 22 por ciento en 2000-2013; la de gas y
petroquímica básica bajó 39 por ciento en 1998-2013; y la de
petroquímica en 7 por ciento en 1991-2013. La diferencia en los años de
referencia se debe a que se tomaron en cuenta los años en que se
observan los niveles máximos de inversión (ver cuadro 1).
En ese sentido, la presencia relativa
de cada concepto en la inversión total se modificó sensiblemente. Entre
1991 y 2013, la destinada a exploración y refinación pasó de 57 a 88
por ciento; la de refinación de 24 por ciento a 9; la de gas y
petroquímica básica de 1.5 a 1.6 por ciento, aunque en 1997 llegó a
equivaler el 9 por ciento; la de petroquímica de 6.5 a 1.6 por ciento.
Por la razón anterior no es extraño que
la producción y la oferta interna de gas, petrolíferos y petroquímicos
se haya reducido sensiblemente y se haya aumentado la dependencia de
las importaciones. Es natural que sus tarifas estén íntimamente
asociadas a los cambios del mercado internacional, además de las
ganancias de las compras externas realizadas por las empresas privadas
y la política de precios impuesta por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
El discurso oficial siempre ha
sostenido que la apertura al capital privado ha sido una necesidad
obligada, con el objeto de subsanar las carencias financieras de Pemex
y del Estado, aunque rara vez se añade que se debe a cuando menos dos
aspectos: a la indiscriminada ordeña fiscal de la paraestatal y
a una política deliberada. Con aquellos recursos, se agrega, se busca
revertir la caída de la las reservas de los hidrocarburos, de la
producción del crudo y sus derivados y de las exportaciones.
Desde luego, nunca se ha dicho sobre el
imperativo de instrumentar una estrategia petrolera más racional, la
cual tendría, entre otras características, ajustar la producción a las
necesidades del mercado doméstico y no del internacional, es decir, de
las necesidades estadunidenses, lo que implicaría reducir las
exportaciones, privilegiándose a los productos de mayor valor agregado;
racionalizar el consumo nacional; y diseñar una política de ingresos
del Estado distinta a la petrodependencia fiscal. Ésas y otras medidas
aspirarían a salvaguardar las reservas petroleras.
Pero nada de ello ha ocurrido.
La sobreexplotación se evidencia en la
caída de las reservas de hidrocarburos, en particular de las probadas,
las realmente existentes, y en la reducción de tiempo de existencia (la
relación entre reservas y la producción). Las inversiones pública y
privada han sido inútiles para revertir esa situación.
A
principios de 2013, las reservas totales de hidrocarburos (probadas,
probables y posibles) ascendían a 44.5 mil millones de barriles de
petróleo crudo equivalente (son los volúmenes de aceite crudo, de
condensados, de los líquidos en planta, y del gas seco equivalente a
líquido; este último corresponde, en términos de poder calorífico, a un
cierto volumen de aceite crudo). Al cierre de 2014 podrían descender a
42 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Su horizonte
de vida se reducirá de 33 años a 31. En 2000, las reservas sumaban 58
mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y su periodo de
duración era de 40 años (ver gráfica 3).
Pemex define a las reservas probadas
como aquellas susceptibles de explotarse en las condiciones económicas
actuales. En este sexenio éstas pasaron de 13.9 mil millones de
barriles de petróleo crudo equivalente a 13.4 mil millones. Su duración
de vida pasó de 10.4 años a 10.1. En 2000 eran de 25 mil millones de
barriles y su lapso de vida estimado de 17 años. Desde ese año dichas
reservas se desplomaron 46 por ciento.
La inversión en exploración sólo ha logrado mantener su periodo de duración en 10 años desde 2006.
Las reservas probadas de la región
Marina Noreste, que incluye a Cantarell, que en su momento fue la más
importante, se desplomaron 54 por ciento entre 2000 y 2014. Las de la
región Norte cayeron 52 por ciento y las de la Sur, 27 por ciento. La
mejoría registrada en la región Marina Suroeste, en 2.1 por ciento, ha
sido insuficiente para compensar la contracción de las reservas (ver
gráfica 4).
La declinación de las reservas totales
y probadas, y la manera salvaje en que han sido explotados los
yacimientos, como el de Cantarell, explican la baja de la producción,
en el abastecimiento interno y en las exportaciones de hidrocarburos.
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