La
lucha por la consulta popular sobre la reforma energética es con todas
y todos o simple y sencillamente no hay posibilidades de ganarla.
Se trata de una lucha fundamental, que amerita el involucramiento de los más amplios sectores ciudadanos pues envuelve al menos tres dimensiones sumamente importantes para la disputa por la nación en estos tiempos de avance de la derecha:
1) Implica la lucha por suspender y revertir la reforma constitucional en materia energética;
2) Es la posibilidad de ejercer por primera vez un derecho constitucional significativo en materia de derechos democráticos e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones de trascendencia nacional; y
3) Significa, también, la oportunidad de encontrar un punto de articulación y encuentro de las fuerzas progresistas de nuestro país, cuya realidad última esta marcada por la dispersión y falta de objetivos que conjunten esfuerzos. Dicha rearticulación en función de un objetivo sumamente concreto es, por ahora y sin desconocer las luchas sectoriales y territoriales que habrá que seguir dando, la única posibilidad visible de reorganizar un ciclo de protesta y de oposición al régimen que levante la movilización nacional como hace años no sucede.
Hasta ahora el requisito contemplado en la Ley de Consulta Popular, referente a que tienen que ser 1,700,000 ciudadanos, correspondientes a 2% del padrón electoral, los que mediante su firma en formato preestablecido, hagan la solicitud, está siendo cumplido primero por el PRD, quien en voz del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas lanzó la propuesta en agosto del año pasado, y ahora también por MORENA quien en un inicio rechazó la consulta como un método efectivo de lucha y una vez aprobada la reforma decidió solicitarla con una pregunta distinta a la propuesta anteriormente por el PRD.
En el caso del PRD es notorio que la consecución de las firmas ha sido gracias a la movilización de su estructura partidaria, en buena medida coorporativa y clientelar, pero con poco contacto con la ciudadanía, demostrando la distancia cada vez más amplia entre sus dirigentes y la sociedad. Si acaso ha sido el Ingeniero Cárdenas quien ha hecho presencia en universidades, presencia con el colectivo El Grito Más Fuerte y con algunos sindicatos, para llamar a la sociedad a involucrarse en esta lucha. En el caso de Morena se trata de su primera prueba de organización y capacidad de salir a la calle como partido político.
Claro está que la lucha por la Consulta no puede ser la lucha de un solo partido. Tiene que ser la lucha de todas y todos de los individuos y de sus organizaciones políticas, sociales y comunitarias. La condición necesaria para que la búsqueda de la Consulta levante una lucha nacional de dimensiones inéditas, en medio de las más larga noche conservadora que ha atravesado nuestro país, es que las dirigencias del PRD y de Morena, acuerden, en su carácter de peticionarios de la consulta, solicitar al congreso y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acumular los expedientes de ambas peticiones para considerarlas como una misma y proponer a la Corte que, según sus atribuciones, elabore una pregunta que sea coincidente que el espíritu de ambas solicitudes.
Al momento de escribir estas líneas Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres han declarado que no se articularán con el PRD pues no confían en su dirigencia en tanto avaló el Pacto por México y que pueden tranzar con las formas recabadas.
Habría que preguntarles como es que se puede tranzar con las firmas. ¿Cuál sería el procedimiento mediante el que Jesús Zambrano y secuaces podrían usar las firmas de la consulta para otro fin y evitar que sirvan para lo que los formatos establecen? Si bien las desconfianzas de uno y otro lado pueden estar fundadas, ¿la lucha por la consulta es más factible con dos o con un solo expediente? En fin, ven riesgo que convendría explicaran claramente para estar atentos a ellos.
En todo caso, hay que tomar esas declaraciones como las opiniones de los dos dirigentes más importantes de MORENA, pero no como la declaración oficial de los órganos colegiados de un partidos político que se rige por las reglas del sistema político – electoral. Hay que esperar, entonces, la postura de sus instancias como el Comité Ejecutivo o su Consejo Nacional. Por el PRD Jesus Zambrano, ha dicho que está dispuesto a conjuntar esfuerzos por la Consulta. Hay que esperar a saber de que manera es recibido ello por el conjunto del partido y, sobre todo, que pasos concretos están dispuestos a dar para demostrar dicha y aterrizar dicha disposición. Hay que esperar, también, que sean las bases militantes de ambos partidos las que demanden a sus dirigencias el clamor popular de la articulación.
Hay tiempo para lograr que los partidos acepten la acumulación de expedientes para la consulta única. Las firmas que ambos partidos reúnan tienen que ser entregadas el 15 de septiembre al Congreso de la Unión. Después de esa fecha es cuando los partidos tienen que hacer valer su disposición a actuar según la demanda ciudadana y las imperiosas necesidades del país. Habrá que lograr, entre otras cosas, que nadie se sienta anulado, que los partidos entiendan que no es una lucha contra ellos y que la campaña electoral del 2015 abre muchas posibilidad para la disputa política de la que dependen sus niveles de representación.
Vale aclarar que el llamado del 21 de agosto, hecho por 200 ciudadanos de la academia, los derechos humanos, el arte, líderes campesinos y sindicales sociales, entre otros, (http://consultaunica.org/?p=24) no implica borrar las diferencias que puedan tener PRD y MORENA y que naturalmente se tendrán que dirimir en el terreno electoral y legislativo. Las diferencias validas y normales de programa y forma de hacer política no pueden llegar al grado de boicotear un derecho constitucional como el de la Consulta. Llevar sus diferencias a ese grado implica dejar de escuchar a la ciudadanía y volverse artífices de un retroceso democrático. Oponerse a la acumulación de peticiones es contradecir uno de los valores principales de las fuerzas de izquierda que es devolver a la sociedad el derecho a expresarse y decidir que y hacia donde con los asuntos públicos.
Los llamados a “ciudadanizar la consulta” no deben tomarse como la pretensión de aislar a los partidos de la lucha por conseguirla y ganarla. Se trata de que, una vez, acumulados los expedientes y avalada por la Suprema Corte, la campaña por revertir la reforma energética, logre que los partidos y sus ciudadanos afiliados pongan todos su recursos y estructuras para ganarla. Que las organizaciones sociales, civiles y comunitarias hagan lo propio en sus territorios, que los ciudadanos se movilicen y convenzan de boca en boca. Que seamos capaces, todos, de construir algunos acuerdos para la acción conjunta.
En fin. No se puede de ninguna manera anular a los partidos, pero las dirigencias tienen que tener claro que negarse a la acumulación de solicitudes es simple y sencillamente anular a la ciudadanía y negar toda posibilidad de disputar la nación a la derecha mediante la consulta popular.
Se trata de una lucha fundamental, que amerita el involucramiento de los más amplios sectores ciudadanos pues envuelve al menos tres dimensiones sumamente importantes para la disputa por la nación en estos tiempos de avance de la derecha:
1) Implica la lucha por suspender y revertir la reforma constitucional en materia energética;
2) Es la posibilidad de ejercer por primera vez un derecho constitucional significativo en materia de derechos democráticos e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones de trascendencia nacional; y
3) Significa, también, la oportunidad de encontrar un punto de articulación y encuentro de las fuerzas progresistas de nuestro país, cuya realidad última esta marcada por la dispersión y falta de objetivos que conjunten esfuerzos. Dicha rearticulación en función de un objetivo sumamente concreto es, por ahora y sin desconocer las luchas sectoriales y territoriales que habrá que seguir dando, la única posibilidad visible de reorganizar un ciclo de protesta y de oposición al régimen que levante la movilización nacional como hace años no sucede.
Hasta ahora el requisito contemplado en la Ley de Consulta Popular, referente a que tienen que ser 1,700,000 ciudadanos, correspondientes a 2% del padrón electoral, los que mediante su firma en formato preestablecido, hagan la solicitud, está siendo cumplido primero por el PRD, quien en voz del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas lanzó la propuesta en agosto del año pasado, y ahora también por MORENA quien en un inicio rechazó la consulta como un método efectivo de lucha y una vez aprobada la reforma decidió solicitarla con una pregunta distinta a la propuesta anteriormente por el PRD.
En el caso del PRD es notorio que la consecución de las firmas ha sido gracias a la movilización de su estructura partidaria, en buena medida coorporativa y clientelar, pero con poco contacto con la ciudadanía, demostrando la distancia cada vez más amplia entre sus dirigentes y la sociedad. Si acaso ha sido el Ingeniero Cárdenas quien ha hecho presencia en universidades, presencia con el colectivo El Grito Más Fuerte y con algunos sindicatos, para llamar a la sociedad a involucrarse en esta lucha. En el caso de Morena se trata de su primera prueba de organización y capacidad de salir a la calle como partido político.
Claro está que la lucha por la Consulta no puede ser la lucha de un solo partido. Tiene que ser la lucha de todas y todos de los individuos y de sus organizaciones políticas, sociales y comunitarias. La condición necesaria para que la búsqueda de la Consulta levante una lucha nacional de dimensiones inéditas, en medio de las más larga noche conservadora que ha atravesado nuestro país, es que las dirigencias del PRD y de Morena, acuerden, en su carácter de peticionarios de la consulta, solicitar al congreso y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acumular los expedientes de ambas peticiones para considerarlas como una misma y proponer a la Corte que, según sus atribuciones, elabore una pregunta que sea coincidente que el espíritu de ambas solicitudes.
Al momento de escribir estas líneas Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres han declarado que no se articularán con el PRD pues no confían en su dirigencia en tanto avaló el Pacto por México y que pueden tranzar con las formas recabadas.
Habría que preguntarles como es que se puede tranzar con las firmas. ¿Cuál sería el procedimiento mediante el que Jesús Zambrano y secuaces podrían usar las firmas de la consulta para otro fin y evitar que sirvan para lo que los formatos establecen? Si bien las desconfianzas de uno y otro lado pueden estar fundadas, ¿la lucha por la consulta es más factible con dos o con un solo expediente? En fin, ven riesgo que convendría explicaran claramente para estar atentos a ellos.
En todo caso, hay que tomar esas declaraciones como las opiniones de los dos dirigentes más importantes de MORENA, pero no como la declaración oficial de los órganos colegiados de un partidos político que se rige por las reglas del sistema político – electoral. Hay que esperar, entonces, la postura de sus instancias como el Comité Ejecutivo o su Consejo Nacional. Por el PRD Jesus Zambrano, ha dicho que está dispuesto a conjuntar esfuerzos por la Consulta. Hay que esperar a saber de que manera es recibido ello por el conjunto del partido y, sobre todo, que pasos concretos están dispuestos a dar para demostrar dicha y aterrizar dicha disposición. Hay que esperar, también, que sean las bases militantes de ambos partidos las que demanden a sus dirigencias el clamor popular de la articulación.
Hay tiempo para lograr que los partidos acepten la acumulación de expedientes para la consulta única. Las firmas que ambos partidos reúnan tienen que ser entregadas el 15 de septiembre al Congreso de la Unión. Después de esa fecha es cuando los partidos tienen que hacer valer su disposición a actuar según la demanda ciudadana y las imperiosas necesidades del país. Habrá que lograr, entre otras cosas, que nadie se sienta anulado, que los partidos entiendan que no es una lucha contra ellos y que la campaña electoral del 2015 abre muchas posibilidad para la disputa política de la que dependen sus niveles de representación.
Vale aclarar que el llamado del 21 de agosto, hecho por 200 ciudadanos de la academia, los derechos humanos, el arte, líderes campesinos y sindicales sociales, entre otros, (http://consultaunica.org/?p=24) no implica borrar las diferencias que puedan tener PRD y MORENA y que naturalmente se tendrán que dirimir en el terreno electoral y legislativo. Las diferencias validas y normales de programa y forma de hacer política no pueden llegar al grado de boicotear un derecho constitucional como el de la Consulta. Llevar sus diferencias a ese grado implica dejar de escuchar a la ciudadanía y volverse artífices de un retroceso democrático. Oponerse a la acumulación de peticiones es contradecir uno de los valores principales de las fuerzas de izquierda que es devolver a la sociedad el derecho a expresarse y decidir que y hacia donde con los asuntos públicos.
Los llamados a “ciudadanizar la consulta” no deben tomarse como la pretensión de aislar a los partidos de la lucha por conseguirla y ganarla. Se trata de que, una vez, acumulados los expedientes y avalada por la Suprema Corte, la campaña por revertir la reforma energética, logre que los partidos y sus ciudadanos afiliados pongan todos su recursos y estructuras para ganarla. Que las organizaciones sociales, civiles y comunitarias hagan lo propio en sus territorios, que los ciudadanos se movilicen y convenzan de boca en boca. Que seamos capaces, todos, de construir algunos acuerdos para la acción conjunta.
En fin. No se puede de ninguna manera anular a los partidos, pero las dirigencias tienen que tener claro que negarse a la acumulación de solicitudes es simple y sencillamente anular a la ciudadanía y negar toda posibilidad de disputar la nación a la derecha mediante la consulta popular.
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