Jenaro Villamil
Divide y vencerás, dice un viejo refrán político. En la ley secundaria de telecomunicaciones, el PRI y el gobierno federal, de la mano de los cabilderos de Televisa, aplicaron este principio en los últimos cuatro meses para sacar adelante una iniciativa que originalmente las dirigencias nacionales del PAN y del PRD afirmaron que era “anticonstitucional” por ir en contra de la reforma aprobada por el Congreso en 2013.
Para lograr vencer las resistencias iniciales, el gobierno federal y el PRI utilizaron primero al senador del PAN, Javier Lozano, quien elaboró un “predictamen” que no modificó lo sustancial de la iniciativa del Ejecutivo federal. En una atropellada sesión de comisiones del 22 de abril, se desechó “el documento” de Lozano.
Durante el mes de junio, el PRI y el gobierno federal –ante la división del PAN por la contienda interna de su dirigencia nacional- convocaron a negociar al coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien formó un equipo de cinco legisladores, encabezados por Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, sin consultar a su dirigente nacional Jesús Zambrano.
Tras más de un mes de negociaciones con el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, Miguel Barbosa y sus cinco negociadores perredistas no lograron convencer a toda la bancada y a especialistas de que la iniciativa de Peña Nieto dejaba de favorecer a Televisa.
Por el contrario, surgieron nuevos “regalos” para el consorcio de Emilio Azcárraga Milmo como el polémico nuevo artículo 9 transitorio que le permite a Televisa seguir adquiriendo compañías en televisión restringida, sin pedir autorización del IFT.
Este artículo fue considerado como el nuevo candado de la “cláusula Cablecom” que le permitió a Grupo Televisa absorber a la cuarta compañía de televisión por cable más grande del país. Esta “cláusula” ya se cumplió. La empresa de Azcárraga Jean absorbió Cablecom sin necesidad de autorización alguna del IFT.
Tampoco eliminaron la vigilancia de la Secretaría de Gobernación sobre contenidos mediáticos y la supervisión de los tiempos de Estado. Incluyeron nuevas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta modificaron el artículo 144 sobre el must carry y el must offer que adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor y abre la posibilidad para que este mecanismo, en lugar de ser gratuito, exiga cobros por concepto de regalías.
Todas las “Mañas”
En su intento de fracturar y doblegar a los opositores hubo de todo en los últimos días: “guerra sucia” a través de filtraciones y espionaje telefónico como ocurrió con la diputada federal del PRD, Purificación Carpinteyro; llamadas constantes de Javier Tejado Dondé, director de Información de Televisa, a los legisladores del PAN y PRD; desplegados en prensa de la compañía televisiva para advertir que la preponderancia se debía definir sólo por “sector”; negociaciones hasta las 3 de la madrugada del 2 de julio entre el PAN, PRD y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, para unificar argumentos señalando que era necesario reforzar la presencia de Televisa en televisión restringida ante la inminencia de la llegada del gigante de América Móvil; violaciones al reglamento del Senado para agilizar la discusión y aprobación del dictamen sin discutirlo en lo particular.
La aprobación del dictamen de 315 artículos y 612 páginas se concretó en comisiones el miércoles 2 de julio. Ni las quejas de opositores como Javier Corral, Ernesto Ruffo o Marcela Torres Peimbert, del PAN, o la propia presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, la perredista Alejandra Barrales, por las violaciones al procedimiento para convocar y debatir la ley frenaron la votación.
Incluso, la mesa directiva, encabezada por Javier Lozano, hizo caso omiso al uso de la fuerza del equipo de resguardo del Senado para sacar a la fuerza a un grupo de jóvenes que expresaron su desacuerdo por la censura.
La correlación de fuerzas fue aplastante en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y la de Radio y Televisión: 25 senadores del PRI, Verde, PAN, PRD y 1 del PT votaron a favor del dictamen contra sólo 5 en contra.
Sin embargo, en la sesión del pleno del Senado, el viernes 4 de julio, la bancada del PRD decidió votar unánimemente en contra, en lo general, tras sostener una reunión con el dirigente nacional, Jesús Zambrano. “No hay suficientes razones para argumentar un voto a favor”, dijo el presidente perredista.
Los votos a favor fueron 80 y en contra 37, casi 2 a 1. Incluso, los perredistas Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, quienes argumentaron a favor del dictamen votaron en contra tras la reunión con Zambrano.
Barbosa subió a la tribuna para justificar esta situación. Presumió que su negociación incidió en 72 cambios, pero senadores como Alejandro Encinas, Dolores Padierna o Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión argumentaron con votos en lo particular en contra del dictamen.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI, supervisó directamente a sus legisladores desde la discusión en comisiones. Dueño de la escena, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes saludó a Javier Lozano, a “mi amigo” Miguel Barbosa, y hasta se dio tiempo de bromear con sus viejos adversarios de la Ley Televisa de 2006: Manuel Bartlett y Javier Corral, en la sesión el miércoles 2 de julio.
La tarde del viernes 4 de julio, antes de que se votara en lo general, Gamboa Patrón presumió que sólo 15 o 20 senadores del PAN y del PRD votarían en contra porque “triunfó la negociación”. Hasta afirmó que los monopolios “están nada contentos” con la ley de telecomunicaciones. Su cálculo de votos en contra quedó muy corto.
“Se hicieron muchos cambios, más de 70, pero la esencia de la reforma no cambió, la esencia es la misma”, sentenció el coordinador del PRI. En esa misma conferencia, Gamboa Patrón volvió a recordar que su partido y el Verde sólo necesitaban 4 votos de la oposición, pero “el presidente Peña Nieto, hablando conmigo, me hizo ver que era fundamental que tuviéramos un gran consenso y gran mayoría en esto”.
El gobierno federal y el mismo presidente de la República entraron a presionar directamente. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó el 3 de julio que el retraso en la aprobación de la ley secundaria frenaban las inversiones en telecomunicaciones por 100 mil millones de dólares, citando a la OCDE.
Ruiz Esparza dio claramente una “línea” a los priistas para que votaran a favor de la preponderancia “por sector”: “Si la Constitución, en su exposición de motivos habla claramente de preponderancia por sector, eso es lo que debe obedecer la ley secundaria, porque si no sería una ley anticonstitucional y eso de entrada sería algo muy grave”.
“Aprovecharon la División”: Corral
Para el senador panista Javier Corral, “el gobierno aprovechó la profunda división en las bancadas del PRD y del PAN con sus respectivas dirigencias nacionales para abrir flancos de negociación con algunos senadores y no con los partidos”
El gobierno, abundó Corral, “buscó dónde conseguir las negociaciones más baratas y las obtuvo”. “De Javier Lozano ya sabemos que los cambios que propició a la iniciativa fueron dictadas por el gobierno y sólo fueron reformulaciones de redacción”, recordó.
“Lo conseguido por los senadores del PRD no sólo fue muy limitado sino que fruto de esa negociación, apareció otro regalo más a Televisa, el noveno transitorio del proyecto”, subrayó el legislador que convocó a Cuauhtémoc Cárdenas a formar un Frente por la Comunicación Democrática.
“Realmente, el gobierno abusó de la falta de expertís de ese grupo de senadores perredistas que justificaron su atrevimiento negociador para sacar a Los Chuchos de la jugada y particularmente a la senadora Alejandra Barrales, a quien identifican con los intereses del duopolio”, reflexionó sobre los resultados de la negociación del PRD.
Cuando ya estaba reelecto Gustavo Madero como dirigente nacional del PAN y Jesús Zambrano, líder del PRD, quisieron retomar la negociación reinstalando la mesa central que antes existía en el Pacto Por México, “ya el gobierno había ganado la partida, porque no sólo tenía la mayoría con la oferta de votos de varios senadores del PAN que ha hecho Javier Lozano sino había conseguido algo mucho más importante: enviar el mensaje de que ya tenían al PRD –vía Miguel Barbosa- dándole el añorado toque de pluralidad al proyecto”, explicó Corral.
“La mesa central, participando directamente los presidentes nacionales del PRD y del PAN ya no pudo hacer gran cosa. Ni siquiera rescatarle al IFT la facultad exclusiva y directa en la vigilancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión que se le devolverá a la Secretaría de Gobernación”, recapituló Corral.
Proceso, en su edición No. 1965, documentó cómo existió un predictamen negociado directamente con el Secretario de Hacienda que finalmente fue desechado por la negociación que entabló la Consejería Jurídica de la Presidencia, con el aval de la Secretaría de Gobernación, con el grupo de senadores del PRD.
Corral retomó la situación ocurrida entre los dirigentes nacionales del PAN y del PRD: “Con las manos vacías y arreciada la presión de las televisoras sobre ellos, Gustavo Madero se echó para atrás, mientras que Jesús Zambrano se echó para adelante. Madero emitió un engañoso comunicado sobre el tema de preponderancia, en donde resulta que para él, estábamos ante un ‘grave dilema’, cuando la Constitución claramente señala servicios”.
El martes 1 de julio los senadores del PAN debatieron internamente durante más de 7 horas, con el objetivo de llegar a una posición unificada. No llegaron a ningún acuerdo sobre el diferendo de preponderancia.
Al cónclave de los panistas llegaron los asesores de Madero, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas. Se confrontaron con los dos defensores de la preponderancia “por sector”: Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, éste último reprodujo los mismos argumentos que el consejero jurídico presidencial Castillejos expuso en entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias.
Ante la división, el coordinador Jorge Luis Preciado maniobró y declaró un receso, bajo el pretexto de ver el partido de futbol de Argentina contra Suiza. Antes del receso, Ernesto Ruffo y Javier Corral, opositores al grupo de Lozano y Gil Zuarth, afirmaron que tenían 19 votos a favor de que la reforma definiera preponderancia “por servicio”.
Preciado, quien era aliado de Madero, mandó a llamar a legisladores del grupo de Ernesto Cordero. Y 22 de los 38 senadores de la bancada blanquiazul decidieron que cada quien votaría de manera “libre” en el tema de preponderancia.
“Veo que el grupo de Cordero, que es el grupo más cercano a Felipe Calderón, es el grupo que va a sacar a Peña Nieto su dictamen en el Senado”, sentenció Corral esa misma tarde del 1 de julio.
Durante la sesión del pleno, el viernes 4 de julio, Corral y Roberto Gil Zuarth debatieron sobre el tema de la preponderancia “por sector”. Gil Zuarth le reprochó que Corral y a los opositores que no dijeron nada ni pidieron controversia constitucional cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones decretaron “agentes económicos preponderantes” por sector.
“Es una falacia que se altera la naturaleza del preponderante porque la resolución del IFT fue anterior a la ley que acabamos de aprobar”, le respondió Corral a Gil Zuarth en el único debate que se generó en las más de 12 horas de discusión.
“Si declaramos preponderante por ‘servicio’ no se escapa nadie. Pero si lo decretamos por ‘sector’ van a dejar libre a la televisión restringida”, insistió Corral.
La “Captura Regulatoria”
El especialista en telecomunicaciones Ramiro Tovar Landa, profesor del ITAM, consideró que el principal problema de esta ley es “la soberbia y la captura regulatoria” que derivará en “fallas del Estado”.
Tovar Landa afirmó que la ley secundaria aprobada en el Senado “sustituye el debido análisis técnico-económico para resolver aspectos regulatorios que eran facultades exclusivas del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Como ejemplo, Tovar citó el caso de la preponderancia y del “infausto” artículo 9 transitorio, conocido como cláusula Cablecom. “El dictamen limita y crea un ámbito de excepción a la aplicación de la legislación de competencia económica en cuanto al control de las concentraciones, en completa contradicción con el mandato constitucional del IFT”, sentenció el profesor.
Al referirse al 9 transitorio, Ramiro Tovar señaló que “el uso de los índices de concentración, tanto el Hischman-Herfindahl como el de Dominancia (ID) son exclusivamente aplicados como un primer nivel de análisis”. Este artículo “impide que se apliquen una serie de artículos de la Ley Federal de Competencia Económica”.
“Nunca el concepto de ‘sector’ puede ser sustituido por el concepto económicamente fundado de ‘mercado relevante’. En consecuencia, al siempre existir un ‘preponderante’ se crea una excepción total al control de concentraciones en telecomunicaciones, inédito en todo el mundo”, afirmó Tovar.
La captura regulatoria impidió que el IFT, por ahora, pudiera imponer límites a la concentración en televisión abierta y televisión restringida. A pesar de la publicitada reforma, Televisa ahora ya completó su condición de único monopolio del triple play en México.
Esto significa que es la única compañía que produce, distribuye y comercializa contenidos audiovisuales en televisión abierta y televisión restringida, así como telefonía e internet.
Esto le dará un poder político aún mayor al que goza en estas circustancias tan especiales del fin del sueño de la “democratización de los medios” de comunicación en la era de Peña Nieto.
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