¿Por dónde quieren acabar con Pemex primero?

Antonio Gershenson

Pemex: no les importa que produzca cada vez menos, sino entregar lo antes posible más, por ejemplo con sus concursos de áreas que originalmente, ellos mismos, habían reservado para la paraestatal.

En la producción de petróleo crudo, en el año 2014 la producción bajó, en relación con el año anterior, 3.7 por ciento. Pero en el primer trimestre, sólo un trimestre, bajó frente al mismo trimestre de año anterior 7.7 por ciento.
También en este primer trimestre, el número total de pozos terminados bajó 39 por ciento frente al mismo trimestre del año anterior: de 138 a 84 pozos. Y esto sucede después de que de 2013 a 2014, el número de pozos terminados bajó 35 por ciento, de 823 a 535. ¿Cómo le hacen para ser tan ineficientes?
En cuanto a la información sísmica, les encantaba irse por ejemplo a zonas de alta profundidad, que no servía para nada. Como esas zonas ya se sacaron de las próximas posibles, ahora la dedicaron a zonas en decadencia, Burgos y Ku-Maloob-Zaap. Esta última, ya comparando este año con el anterior, para que no metan ruido las fluctuaciones de corto plazo, su producción bajó 3.65, para que no parezca que sigue creciendo, como sus ilusiones. Deberían seguir ese trabajo en zonas nuevas y con perspectivas, pero ésas ahora se las están ofreciendo a las trasnacionales en sus concursos.
En cuanto a las reservas probadas, en las que habían logrado mantenerlas con las del año anterior, ahora bajaron a 67.4 por ciento de las del año anterior. Están castigando más al futuro que al presente.
Todo esto es del primer trimestre, antes del incendio que hubo en Abkatún-A Temporal, que ya fue en abril. Pero hasta el 26 de abril, que publicaron el dato, el total de barriles de crudo exportado bajó 16 por ciento frente a marzo del año pasado.
Cantarell sigue su decadencia, y va en 240 mil barriles diarios en abril, 11 por ciento del valor más alto que hubo en el año 2004, 2 millones 125 mil barriles diarios.
Veracruz sigue en bajada, ahora con 408 mmpcd, 43 por ciento del valor más alto de 2008.
La Región Sur está más abandonada, desde 532 mil barriles diarios, en 2010, hasta 398 mil en 2015. Una tercera parte menos que el valor más alto, en cinco años.

En ese mismo lapso y en la misma región, el crudo ligero cae desde 199 mil barriles diarios hasta 110 mil barriles diarios. La baja es de 45 por ciento.
Y, mientras, funcionarios de Pemex dicen felices que ya van a entregar otras partes de Pemex, precisamente en las aguas bajas de la costa del Golfo, a la trasnacional ganadora en cada caso.
Recordemos los antecedentes más inmediatos. Las aguas bajas de la costa del Golfo eran para Pemex, y para las trasnacionales quedaban las aguas profundas y otras más caras y para las que ellos no tenían tecnología.
Pero lo que en realidad les importaba más, y por eso cambiaron ese plan, era la entrega a las trasnacionales, que por cierto a ellos les dejan entre otras cosas unas buenas mordidas.
Cuando el petróleo baja de precio, hasta a ellos se les hace evidente que las trasnacionales no iban a entrarle, por lo carísimas, a las aguas profundas y demás. Y entonces las áreas que sí podía desde el principio hacer Pemex, como las aguas bajas, sin duda las más rentables, se las ceden a las trasnacionales. Y a Pemex ya no le queda nada de esto.
Entonces, nos vamos acercando a la realidad. Lo prioritario para los funcionarios no es ni la producción ni Pemex, sino, en última instancia, la generosa trasnacional ganadora en cada caso, y todo lo relacionado con Pemex se supedita a ella.
Es ya tiempo de señalar alternativas. Para Pemex debe haber otra línea de acción. De su acción positiva. La corrupción debe ser castigada con la cárcel.
La línea de acción no debe supeditarse a las trasnacionales, sino al interés nacional. La exploración debe hacerse por Pemex y no por trasnacionales, y en zonas con perspectiva de incorporar reservas, de preferencia de más calidad, de ligera para arriba.
Las áreas a ser exploradas así deben ser operadas por Pemex y no por contratistas o por trasnacionales.
El personal debe ser técnicamente calificado, y con una convicción patriótica.

antonio.gershenson@gmail.com

La crisis de representación y la autodefensa social

Eduardo Nava Hernández

Rebelión

Cerrado el así llamado por sus autores ciclo de reformas estructurales con la promulgación de las leyes secundarias relativas al petróleo, gas y energía eléctrica, y tras una serie de periodos ordinarios y extraordinarios del Poder Legislativo exitosos para los partidarios de las reformas, se ha desatado, como era de esperarse, una intensa campaña de radio y televisión para convencer a la población de las bondades de estos grandes cambios en los que los ciudadanos no fueron tomados en cuenta.

Ahora, el bombardeo mediático intentará hacer aceptables para el grueso de los mexicanos —mediante la prestidigitación audiovisual que desaparece los aspectos negativos y hace aparecer inexistentes beneficios— aspectos como la consolidación de los monopolios en telecomunicaciones, el espionaje cotidiano a los medios con los que la gente se comunica entre sí (teléfonos fijos y celulares, Internet y redes sociales, etc.), la limitación permanente proyectada a las radios comunitarias y medios alternativos de difusión, la entrega del petróleo, el gas y de la electricidad a las grandes empresas internacionales para su explotación y otros polémicos aspectos que están lejos de ser valorados como positivos por el conjunto de la sociedad nacional. Nuevos resortes del aparato de poder se moverán también para impedir que en el próximo año se efectúe la consulta constitucional acerca de la reforma energética que han planteado, por separado, el PRD y el Morena de Andrés Manuel López Obrador.

El saldo de esta vertiginosa etapa de modificaciones constitucionales y legales favorece en lo inmediato, sin duda, a los sectores oligárquicos dominantes y a sus agentes en las estructuras del poder político. Pero sus logros aparecen como producto no de un fortalecimiento de la democracia y la representación popular sino del creciente divorcio —agravado por diversos factores presentes a lo largo del proceso legislativo o adyacentes a éste— entre los órganos supuestamente representativos y los ciudadanos comunes.

¿Cómo se cocinaron y fraguaron en las zonas de penumbra del poder político, y particularmente del Congreso de la Unión y los congresos locales, esas trascendentes reformas? Ya algunos indicios comienzan a sugerir cómo. La revelación reciente del diputado Ricardo Monreal de un proyecto de incremento del 30 por ciento en el presupuesto de la Cámara para 2015, que incluiría una partida de 500 millones de pesos para “bonos de desempeño” a los legisladores por fin de periodo, y las cantidades también millonarias, al parecer ya distribuidas a las fracciones legislativas como “subvenciones especiales”, indican o confirman que el dinero ha corrido de manera extraordinaria entre los congresistas durante los recientes procesos legislativos o se dispone a hacerlo para el próximo año.

El propio Monreal, como coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, ha intentado, hasta ahora sin éxito, reintegrar a la Tesorería de la Federación 15 millones de pesos que llegaron a su bancada sin justificación. Pero es el único de los coordinadores que lo ha intentado.

Si bien no hay duda de que existe en panistas y priistas convicción con los contenidos esenciales de las reformas, probablemente se sabrá más adelante si fue o no la compra de votos lo que al final decidió su aprobación, y particularmente las de telecomunicaciones y energética, entre militantes de otros partidos aliados, o si se convino alguna suerte de estímulo económico para todos cuando concluyera el proceso y para el próximo año cuando terminen los diputados su gestión.

Pero más allá de los privilegios de los que, bien se sabe, disfrutan los legisladores de ambas cámaras, y también muchos de los diputados de las legislaturas locales, lo cierto es que se ha concretado la ruptura más drástica en las relaciones de representación entre los congresistas y los ciudadanos. Al pasar por alto la consulta pública en materias tan delicadas como las arriba mencionadas, y al hacer oídos sordos a las posiciones provenientes de algunos opositores, el bloque mayoritario ha convertido al Legislativo, una vez más, como en los mejores tiempos del presidencialismo, en mero órgano operador de los designios del Ejecutivo. Se ha llegado al extremo de que las propias negociaciones parlamentarias se efectuaron en presencia del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, a quien se atribuye la autoría definitiva de las iniciativas de las reformas.

Recordemos que fue en 1997 cuando, por primera vez, se logró romper la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados y éste tuvo que negociar con las fracciones del PRD y el PAN una nueva estructura de gobierno, basada en posiciones rotativas a través de la Junta de Coordinación Política, y ya no en la antigua Gran Comisión que antaño monopolizaba. Ahora, 17 años después, aun con una aparente presencia opositora en las cámaras, se ha instalado un bloque interpartidario que se configura como una nueva forma de mayoría absoluta en función de los intereses económicos dominantes en el país.

La función del poder Legislativo no es sólo hacer las leyes. La Constitución le asigna, en su artículo 73 y en otros, diversas atribuciones que complementan y contrapesan a las del poder Ejecutivo. En algunos sentidos, debe ejercer incluso funciones de control sobre este último. Y en este caso, la sumisión del Congreso se traduce en un deficiente o nulo ejercicio de esas funciones, que facilitaría el avance de la corrupción en diversos ámbitos.

El dispendio y los privilegios de los legisladores, e incluso el reciente escándalo de la fiesta de los panistas en Puerto Vallarta durante la reunión de su bancada a inicios del año, dan cuenta de su alejamiento definitivo con respecto de los electores. Es claro que reformas de la trascendencia y profundidad de las que fueron aprobadas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 (“educativa” política, financiera, fiscal, de telecomunicaciones y energética) no formaban parte, con la forma que finalmente asumieron, de la oferta de los partidos políticos en las pasadas elecciones. Fue el Pacto por México , firmado en el inicio del gobierno de Peña Nieto, lo que consolidó un bloque partidocrático sin conexión con la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. ¿Y qué decir de otras instancias, penetradas y capturadas por la corrupción, la delincuencia y los intereses no sólo particulares sino antisociales?

La miseria legislativa mexicana va más allá de las crisis parlamentarias tradicionales por desavenencias e incapacidad para tomar acuerdos. Es una crisis moral de largo alcance que muy probablemente vaya más allá de la presente legislatura y que ha fracturado duraderamente la relación entre gobernantes y gobernados.

No es algo en absoluto nuevo; pero sí es una regresión drástica con respecto de los tenues avances que a lo largo de varios años de una prometida y nunca alcanzada transición democrática, se habían logrado. Si el Congreso y otras instancias de autoridad han asumido formas facciosas, son los ciudadanos, las comunidades y organizaciones colectivas, los que tendrán que imponer desde sus propios espacios en la sociedad civil nuevas formas de representación y defensa de sus intereses. Un ejemplo reciente es la reunión de 112 organizaciones sociales y comunidades el 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco, en la que todas ellas coincidieron en la defensa de sus territorios frente al avance depredador de los megaproyectos como la minería a cielo abierto, campos eólicos, gasoductos, termoeléctricas, aeropuertos, despojo de tierras, presas, represas, complejos habitacionales, y la inminente entrada de empresas petroleras y gaseras a tomar posesión de las tierras y recursos naturales. Ante el despojo y la inoperancia de los órganos de regulación estatal, la autodefensa social va cobrando forma e inevitablemente se extenderá por un largo periodo.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Reforma energética abre puerta a saqueo, ¿en beneficio de quién?- Mesa MVS

Los analistas hablaron sobre las consecuencias de las leyes y la reforma energética, que cambiarán el rostro del sector. La duda que persiste es si será para bien. Algunos mostraron su incredulidad con base en lo que ya ha sucedido en el país, por ejemplo con Telmex.

Redacción AN

Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer consideraron que la apertura del sector energético en el país, gracias a diferentes reformas a la Constitución y a diferentes leyes, puede convertirse en un saqueo, sin que hasta ahora se sepa con claridad en beneficio de quién se va a extraer más petróleo.
En la Mesa Política de MVS, Dresser señaló que las reformas fueron aprobadas demasiado rápidas, sin una discusión abierta.
La politóloga expuso los intereses de compañías privadas y extranjeras en el sector, además que señaló que las leyes no resuelven cómo combatir la corrupción en un sector que se caracteriza por ella.
Además, apuntó que se mantienen privilegios al sindicato.
Sobre el tema lanzó varias preguntas: ¿la derrama (de inversiones) va a extenderse?, ¿va a ser catalizador?, ¿para quién y en beneficio de quién se va a extraer más petróleo?, ¿para qué se va a usar el dinero del petróleo?
Señaló que a la postre la reforma se va a medir en cómo afecta al ciudadano y al contribuyente.
“Vamos a ver si hay mejores servicios y precios”, dijo y refirió que en México existe una “triste historia de privatizaciones”, cuando se pasa de manos del Estado a manos privadas.
“Esta reforma constituye básicamente un permiso para que otros extraigan lo que el Estado hacía exclusivamente… no resuelve opacidades”, agregó.
Por su parte, Sergio Aguayo señaló que la alianza PRI-PAN en el Congreso es avasalladora.
Sin embargo, expuso que empiezan a surgir contradicciones, por ejemplo con promesa inicial de que la reforma energética servirá para bajar el precio de la luz y el gas.
Para el académico, “se abre la puerta al saqueo de bienes nacionales y destrucción ambiental“, en referencia a la participación de empresas privadas en el sector, que era exclusivo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Aguayo destacó las “protestas irrelevantes” de los partidos de izquierda, que están “fracturados” en dos grandes bloques.
A su vez, Lorenzo Meyer comentó que este modelo económico neoliberal se implementó a partir de Carlos Salinas.
Desde aquel entonces, existe una buena relación con el gran capital, dijo.
Además, el historiador apuntó que el PAN y el PRI “ahora son prácticamente lo mismo en cuanto a su proyecto”.
Ahora, la oligarquía son el gran capital y los partidos buscan ese impulso; “con apoyo tan fuerte a ver quien los saca del ejercicio del poder”.
Para el historiador, la reforma energética es un arca de la alianza nueva; el poder entrega parte importante de la riqueza, en principio única, de todos, ahora va a ser privada, y esos privados pagarán con apoyo político a quienes están concluyendo esta reforma petrolera, “que inició su historia desde que Carlos Salinas inició la privatización y entregó Telmex a Carlos Slim”.
Reconoció que actualmente hay un crecimiento insignificante en México, pero señaló que contrario a ello la ganancia del “capital” creció muchísimo, por lo que consideró que hay una “concentración obscena de la riqueza”.

Pobreza indígena: diagnóstico y soluciones

Editorial La Jornada

En el contexto del 20 aniversario del alzamiento indígena chiapaneco de 1994, el comisionado gubernamental para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, reconoció, en una entrevista reproducida hoy en estas páginas, que la pobreza que aún afecta a los pueblos indígenas del país es la expresión del fracaso de una estrategia de política pública de Estado, y consideró injusto atribuir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los niveles de marginación que prevalecen en Chiapas, como han pretendido hacerlo algunas voces oficiosas. Así, el funcionario hizo frente a una idea de moda en los foros de opinión afines al gobierno: si las comunidades zapatistas siguen siendo pobres, la culpa es de ellas. Por lo demás, Martínez Veloz dijo que es necesario abordar el conflicto en Chiapas y la problemática de los pueblos indios en general desde una óptica diferente, y confirmó que la administración de Enrique Peña Nieto prepara una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

Es indudable que una de las condiciones fundamentales para empezar a corregir la relación entre el Estado mexicano y las etnias indígenas pasa por retomar en su forma original la propuesta de reformas elaborada en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión con base en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el gobierno de Ernesto Zedillo. Como se recordará, al año siguiente, con el telón de fondo de una política de represión y hostigamiento contra las comunidades zapatistas, el grupo gobernante, por medio del entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayffet –hoy titular de Educación Pública–, desconoció el contenido de tales acuerdos y se negó a promover la iniciativa de reformas basada en ellos. En 2001, ya durante la presidencia de Vicente Fox, y tras una movilización de los zapatistas chiapanecos a la ciudad de México, el Congreso de la Unión aprobó un remedo del proyecto original de reformas, del que resultó excluida la reivindicación principal de los rebeldes: la autonomía.

Tal vez en el ámbito legislativo hoy sea posible superar, como plantea Martínez Veloz, los intereses contrarios a los pueblos indios del país. Cabe formular dudas al respecto, habida cuenta de que esas modificaciones legales correspondientes ni siquiera forman parte de la agenda legislativa del gobierno peñista, la cual se ha centrado en reformas orientadas a reducir los derechos laborales, a desmantelar la educación pública, a facilitar el ingreso de trasnacionales al mercado nacional de las telecomunicaciones, a recaudar más impuestos de las clases medias y los sectores populares y, en el último tramo, a hacer posible la privatización de la industria energética.

Pero incluso en un escenario legislativo óptimo, en el cual se recuperara y aprobara la iniciativa original de la Cocopa, para resolver la pobreza que afecta a las etnias indígenas sería igualmente necesario emprender un giro radical de la política económica vigente desde hace más de cinco lustros: el modelo neoliberal aún imperante es intrínsecamente generador de pobreza masiva y de riqueza selectiva, destructor de los tejidos sociales y depredador de los recursos naturales, cuyo saqueo por empresas trasnacionales, aprobado por el gobierno, es hoy una de las principales amenazas contra los pueblos originarios. Habría que abandonar el inveterado asistencialismo gubernamental –representado, en su fase más reciente, por la fracasada Cruzada contra el hambre– y dirigir la prioridad gubernamental, actualmente enfocada a promover la concentración de capitales foráneos y nacionales, hacia el bienestar de la población. Sería necesario, finalmente, empezar a desarticular la red de cacicazgos políticos que el año antepasado hizo posible el retorno del PRI a la Presidencia y que es en buena medida responsable del atraso, la marginación y la pobreza que aún padecen los grupos étnicos del país.

Ya son 2.7 millones de desempleados; sube tasa de desocupación

                  

En el tercer trimestre del año, la tasa de desempleo fue de 5.2%, porcentaje mayor al del mismo periodo de 2012

Ciudad de México.-En el tercer trimestre del año, la población desocupada en el país se situó en 2.7 millones de personas, con una tasa de desocupación de 5.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje mayor al de igual periodo de 2012, de 5.1 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que con cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación descendió 0.12 puntos porcentuales respecto a la del trimestre inmediato anterior, a 4.96% contra 5.08 por ciento.

Datos estadísticos muestran que en su comparación anual, la tasa de desocupación del tercer trimestre es la más alta desde el segundo trimestre de 2011, cuando se ubicó en 5.23% de la PEA.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre del año, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.3 millones de personas, para una disminución de 1.5% respecto a igual periodo de 2012 y representó 59.1% de la población ocupada (Tasa de Informalidad Laboral 1).

De manera detallada, 13.9 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, cifra que significó una caída de 3.6% anual y constituyó 28.1% de la población ocupada (Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1).

Asimismo, 2.2 millones corresponden al servicio doméstico remunerado, 6.3 millones pertenecen al ámbito agropecuario y otros 6.9 millones a las empresas, gobierno e instituciones, anotó.

El organismo precisó que según datos desestacionalizados, la tasa de informalidad laboral aumentó 0.04 puntos porcentuales y la de ocupación en el sector informal 1 creció 0.05 puntos porcentuales respecto a la del segundo trimestre de este año.

¿Qué hacemos con los expresidentes?

Jenaro Villamil

 Análisis

Fox y Calderón, expresidentes panistas. Foto: Miguel Dimayuga

MEXICO, D.F. (apro).- Uno quiere vender mariguana y descarta hablar de su exposa acusada de lavar dinero proveniente del narcotráfico; el otro se convierte en comentarista exprés de Fox News y Televisa; el Innombrable da conferencias internacionales y no pudo evitar que en Londres una mexicana lo abucheara; otro se dedica a cobrar en multinacionales y, el más anciano de ellos, sobrevive a su propio legado en San Jerónimo.
Esos son los expresidentes mexicanos que, según los datos proporcionados a raíz de una solicitud de acceso a la información, le cuestan al erario mexicano unos 40 millones de pesos anuales.
El más caro: Felipe Calderón Hinojosa, que cobra mensualmente 812 mil pesos por ingreso mensual y pensión e incluye en su staff a 19 personas a su servicio, incluyendo a su prima hermana María Antonieta Hinojosa, que cobra 95 mil pesos mensuales.
El segundo más caro: Vicente Fox, que cobra 471 mil pesos mensuales y le destinan recursos públicos para mantener a 12 de las 20 personas a su servicio que trabajan para el Centro Fox, un negocio privado de la otrora “pareja presidencial”.
Los expriistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas renunciaron a sus pensiones mensuales, pero no a los recursos para disponer de personal de apoyo y de seguridad que cobran mensualmente con cargo al erario. Salinas recibe 249 mil 18 pesos al mes y Zedillo 77 mil pesos por cinco personas.
El “más barato” es Luis Echeverría Álvarez que, a sus casi 90 años, le sobrevivió a José López Portillo y a Miguel De la Madrid. Recibe, según la información, una módica suma de 17 mil pesos.
Se trata de los recursos oficiales que públicamente reciben, sin incluir los millonarios negocios abiertos u ocultos que emanaron de su cargo como exmandatarios.
¿Qué hacemos con ellos? Andrés Manuel López Obrador, siempre crítico de los despilfarros, ha propuesto eliminar estas pensiones, mientras los panistas y priistas se han hecho los locos.
A nadie se le ha ocurrido que, al menos a Calderón y a Vicente Fox, se les paguen psicoterapias en lugar de los millonarios recursos a personal “de apoyo” para aminorar los efectos de su compulsión por seguir influyendo en la opinión pública, a costa, incluso, de la prudencia o el pudor.
En las épocas doradas del PRI, una “regla no escrita” del sistema político señalaba que los expresidentes no hablaran ni influyeran públicamente para que sus sucesores sexenales ejercieran su poder sin sombra alguna.
Desde el exilio de Plutarco Elías Calles, en los años treinta, sólo Carlos Salinas vivió una especie de autoexilio forzado a raíz de su guerra imparable con Ernesto Zedillo, su sucesor y alumno. Ambos siguen en guerra de baja intensidad. A Zedillo Ponce de León lo han acusado en una Corte de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, Chiapas, mientras a Salinas de Gortari el repudio de la gente común lo acompaña cuando no protagoniza eventos de socialité.
Twitter: @JenaroVillamil
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Un partido nacional y dos regionales

Ricardo Raphael

Hace ya algún tiempo que los políticos mexicanos piensan principalmente en función de los votos que obtendrá la fuerza electoral a la que pertenecen. Puede reclamárseles su adicción al cálculo sobre lo que ocurre en las urnas pero al hacerlo no debe perderse de vista que eso es precisamente lo que la democracia quiere: que la voluntad ciudadana expresada a través de los votos sea la que norme el gobierno de los asuntos públicos.

Un ejemplo de esta lógica política se ha hecho evidente durante la reciente negociación de la reforma fiscal. Las posiciones de las distintas bancadas parlamentarias responden a los intereses de los electores detrás de cada partido.

Vale observar aquí la propuesta para incrementar la tasa del IVA en la zona fronteriza. El Partido Acción Nacional se ha opuesto con contundencia a la iniciativa para elevar de 11 a 16 por ciento este impuesto. No sorprende la decisión cuando un bastión importante de los votos que este partido obtiene, elección tras elección, se encuentra en esa coordenada del país. En efecto, el PAN es primera o segunda fuerza electoral en el largo rosario de urbes fronterizas, presumiblemente afectadas por tal contribución.

Un patrón similar puede hallarse en las propuestas fiscales impulsadas por el PRD. Este otro partido suele ser tercera fuerza en el norte pero es primera o segunda en el sur y sureste del territorio nacional. Su presencia es importante en entidades como Tabasco, Chiapas, Guerrero o Oaxaca y coincide en esta otra geografía la desigualdad y la pobreza de las poblaciones, así como un penoso déficit de infraestructura, resultado de un largo abandono por parte del Estado. Se trata de regiones donde faltan carreteras, sistemas de riego, urbanización, hospitales, universidades, escuelas, etc. No sorprende por tanto que ahí la población sea más tolerante ante la propuesta de subir los impuestos. En estas regiones el Estado mexicano ha sido incapaz de proveer servicios básicos y también ineficiente para mejorar la igualdad de condiciones entre las y los mexicanos. Por ello es que, en estas coordenadas, una reforma fiscal que hinque el diente sobre los ingresos de quienes más tienen no solo se mira adecuada sino justísima.

A la luz de esta interpretación puede comprenderse mejor el álgido debate que, en materia de impuestos, se ha desatado durante las últimas semanas. Porque no es fácil conciliar las necesidades del norte y sur mexicanos es que tampoco lo es encontrar un equilibrio nacional aceptable para todas las partes con respecto a la política fiscal. Muy probablemente lo que sea preferible para el norte no lo es para el sur y viceversa. Lo mismo les sucede al PAN y el PRD; porque representan electorados regional, sociológica y económicamente distintos es que resulta complicado lograr un entendimiento mutuo alrededor de la política fiscal. Mientras el primero es norteño y es clasemediero, el segundo es sureño y quiere hablar por los más desaventajados. Mientras los panistas aspiran a un México de corbata, los perredistas intentan representar a los que tardan tres y cinco horas de penosa marcha para poder acudir a un hospital.

Cabe ante esta lógica contradictoria preguntarse cuál es el papel que juega el Partido Revolucionario Institucional. Para ello resulta necesario comentar que, a pesar de haber permanecido 12 años fuera de Los Pinos, este partido logró mantenerse competitivo en la mayoría de las elecciones locales. Prueba de ello es que, a excepción del Distrito Federal, en el resto de la República el PRI es primera o segunda fuerza electoral. En esto es distinto a las demás oposiciones: el PRD es tercera fuerza en el norte y el PAN lo es en el sur.

Acaso ahí radica hoy la principal ventaja del PRI: cuenta con margen para tomar decisiones impopulares sin que con ello se juegue su futuro entero. Lo peor que puede ocurrirle es volverse segundo lugar, sea en el norte o en el sur del país. Al mismo tiempo, es más fácil que sus decisiones sean réplica del equilibrio nacional porque dentro suyo se expresan las posiciones del conjunto del país.

Esta ventaja priísta prevalecerá mientras PAN y PRD no tomen camino para convertirse en partidos nacionales; es decir, mientras sigan mirando a la nación solo desde la lente y perspectiva de sus respectivas regiones y sociologías.

Analista político

¿Cuánto cuesta a los mexicanos la pensión de expresidentes?

Los expresidentes de México reciben pensiones vitalicias, recursos para personal de apoyo y equipo de seguridad, todo con cargo al erario.

Para 2013 se destinaron 10.9 millones de pesos, de los recursos públicos, para cubrir las pensiones de los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría, de acuerdo con una solicitud de transparencia citada por el diario Reforma.
Además, se asignaron 29.7 millones de pesos para el “personal de apoyo” de los exmandatarios, en este personal no se incluye a elementos del Estado Mayor Presidencial, dependencia que se negó a dar información pese a ser solicitada, informó el periódico.

Por lo que sólo para 2013, fueron destinados para los expresidentes mexicanos un total de 40.6 millones de pesos.

Cada uno de los exjefes del ejecutivo federal, según el diario, recibe al mes un ingreso bruto de 205,122 pesos, menos Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, pues “por voluntad propia renunciaron a ese derecho”, aunque sí reciben los recursos para su equipo de colaboradores.

Los expresidentes reciben este monto por acuerdos presidenciales suscritos en 1976 y 1987.

FELIPE CALDERÓN, EL MÁS COSTOSO
De acuerdo con Reforma, el panista Felipe Calderón, quien gobernó de 2006 a 2012, es el expresidente que más gasto representa para los mexicanos, pues tiene a 19 personas a su servicio –sin contar seguridad-, lo que resulta en una erogación de 812,547 pesos al mes.

En la lista de este personal de apoyo resalta su prima María Antonieta Hinojosa Robles con un sueldo mensual de 95,000 pesos.

Además, en la nómina también se encuentran excolaboradores de Calderón, como Fausto Barajas Cummings, quien fuera subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y  quien cuenta con un salario de 192,000 pesos al mes; Gloria Escobar Garibay, exasesora en la oficina del Secretario de la Función Pública de 2003 a 2011; John Josep Moody, exdirector de medios internacionales de Los Pinos, y Solange Madrona Concepción Masses, subdirectora de la Secretaría Particular en la gestión de Calderón.

VICENTE FOX Y SUS COLABORADORES DEL CENTRO FOX
El expresidente Vicente Fox cuesta mensualmente al erario 471,724 pesos por una nómina de 20 personas, de las cuales 12 son personal administrativo del Centro Fox, su negocio personal.
Ejemplo de esto, destaca Reforma, es María Magdalena Navarro, apoderada legal del Centro Fox, quien cobra a la Presidencia de la República 47,973 pesos mensuales, o Fernando Sánchez, asesor de la Presidencia del Centro Fox, quien recibe mensualmente 119,670 pesos.

ZEDILLO, SALINAS Y ECHEVERRÍA
El periódico reporta que Ernesto Zedillo tiene un equipo de cinco personas que en total representan un total de 77,308 pesos mensuales.

En el caso de Carlos Salinas de Gortari, el personal de apoyo a su servicio es de 10 personas, quienes cobran 249,018 pesos en total por mes.
Por último, Luis Echeverría tiene un equipo de 17 colaboradores, de estos el que más gana tiene un salario de 17,505 pesos mensuales.

Por un nuevo patrimonialismo

Claudio Lomnitz

Ahora el PRI y el PRD debaten el verdadero sentido de las palabras de Lázaro Cárdenas. Pero valdría la pena mejor dar un paso atrás, para preguntar si acaso no sería mejor dedicarse a elaborar una redefinición –aunque fuera parcial– de la relación ideal de la sociedad con el patrimonio.

El lenguaje puede ser una forma de entrarle a esa discusión –la historia puede ser otra.
A nivel de lenguaje, interesa constatar que, mientras la palabra patrimonio tiene una connotación positiva –es un bien que se atesora y que se cuida–, la palabra patrimonialismo –que se refiere a la práctica de valerse del patrimonio– usualmente tiene una acepción negativa. ¿Por qué?

La primera razón no es específica de México, y es que frecuentemente el patrimonialismo se emparienta con el rentismo. Vivir del patrimonio es vivir de una riqueza creada por otro (o creada por la naturaleza). Y la sociedad moderna –a diferencia de la feudal, por ejemplo– valora el trabajo y reprueba la holgazanería. Por eso, el rentista es visto como un zángano, que se hincha la panza con el fruto del trabajo de sus abuelos. Asimismo, el patrimonialismo es mal visto porque propone vivir de una riqueza que no ha sido creada por la generación presente.

Hay también otra razón, más característica de la situación mexicana, por la que se ve mal al patrimonialismo. Para entenderla es preciso remontarse a la historia.

Una de las aspiraciones de la Revolución Mexicana fue la apropiación de los recursos fundamentales del país para la nación. Este ideal tomó varias formas. A veces era un reclamo antimperialista (o incluso antiextranjero), que se resumía en el lema –bastante xenófobo, pero frecuentemente también justificado– de México para los mexicanos. En otras ocasiones, el reclamo no tenía que ver con la nacionalidad de los dueños, sino con la concentración de la propiedad en sí misma: la reforma agraria, por ejemplo, afectaba por igual a propietarios mexicanos que extranjeros.

Pero además de luchar por la propiedad social de recursos productivos, la revolución quiso también transformar la situación existencial del trabajador mexicano: reconocerle derechos y ampliar la oferta de bienes públicos (educación, salud, vivienda). Durante el porfiriato, el trabajador mexicano era o bien pobre o, si no, pobrísimo. No tenía derechos sindicales ni fácil acceso a la educación. La vivienda obrera era usualmente rentada, pobre, y cara, y el acceso de las familias obreras a la medicina moderna era casi nulo.
Aunque la revolución cambió algunos aspectos de aquella situación –introduciendo legislación que defiendía los derechos sindicales, estableciendo límites a la jornada trabajo, salario mínimo, y restricciones al trabajo infantil, por ejemplo– el paso del terreno legislativo a la práctica implicaba pasar del decreto de papel a operar una transformación de la realidad concreta de los trabajadores. Había, en otras palabras, que mostrar cómo podía y debía vivir un obrero. Es en ese contexto que se desarrolla el patrimonialismo que conocemos hoy.
En la era posrevolucionaria hubieron tres grandes espacios empresariales que desarrollaron imágenes de punta de lo que debía ser la vida obrera moderna: el del catolicismo social, cuyos empresarios desarrollaron proyectos de vivienda, higiene, y educación obrera; el de las grandes empresas multinacionales (la Ford, por ejemplo), que tuvieron también un papel interesante en el desarrollo de una vida obrera, y las industrias del estado, entre las que destacó, en primer lugar, Pemex, pero que incluían también a los trabajadores del Estado –empleados, maestros, etc.

Bien. Es justamente en este rubro que surge una segunda fuente de estigmatización del patrimonialismo que es, ahora sí, específicamente mexicana. El patrimonialismo de la época de Lázaro Cárdenas (y de regímenes posteriores) tenía entre sus metas crear la imagen de un obrero liberado, es decir, de un obrero que gozaba plenamente de las prerrogativas que le correspondían: derechos sindicales, pagos de horas extras, edad razonable de jubilación, etc.

Pero esa estrategia –fundamental en la época– tuvo siempre dos filos. Se creaba, cierto, un polo ejemplar al que podía aspirar en sus luchas cualquier sindicato, de cualquier rama industrial del país. No había un trabajador mejor pagado, mejor tratado y mejor defendido que un obrero de Pemex. El obrero del patrimonio era, entonces, un ejemplo para toda la clase obrera.

Pero por otra parte, se caía en el riesgo de crear una aristocracia laboral. Y es en torno de este segundo problema que se va creando una acepción negativa en torno del patrimonialismo, porque el patrimonio comienzó a patinar entre ser un legado que le correspondía a toda la nación, y la prebenda de un subconjunto de trabajadores, bien organizado y bien apapachado, que ha sido utilizado por el Estado como si representara en realidad a toda la nación. Y es en ese pacto –legitimidad al Estado a cambio de prebendas– que comienza a deteriorarse el prestigio del patrimonialismo en México.

Hoy la discusión pública tendría que buscar otro diseño para el patrimonialismo mexicano: rescatar el prestigio genuinamente nacional que merece el cuidado y usufructo de los bienes colectivos. Y esto por varias razones. Primero, porque el patrimonio es siempre y por definición bueno. Hay que defender la riqueza colectiva –siempre y cuando sea genuinamente colectiva. Pero segundo, también, porque el modelo de uso del patrimonio ha degenerado en un rentismo que se funda en una relación corrupta entre los beneficiarios y el Estado.

El patrimonio hay que defenderlo por igual en contra de privados y del Estado. Se necesita hacer por partes iguales una crítica a la privatización y a la forma que ha tomado el patrimonialismo mexicano. Hay, en otras palabras, que inventar un nuevo patrimonialismo, que no debe dirigirse ya a crear una aristocracia laboral –con trabajadores que legan sus plazas a sus hijos o que subcontratan funciones a otros trabajadores. Ya no es necesario, como sí lo era en tiempos de Cárdenas, crear una imagen de cómo debe vivir un trabajador. Esa imagen ya existe. Se necesita un nuevo patrimonialismo que defienda los bienes públicos contra los privados, pero también contra los apetitos de la clase política, y sus interlocutores en la clase obrera patrimonialista.
Así, importa objetar enérgicamente cuando una compañía que va a afectar el patrimonio alega que a cambio va a crearequis o ye número de empleos. Dragonmart, por ejemplo, se pavonea de que va a crear más de 8 mil empleos, y que por eso no importa que afecte una reserva ecológica. Walmart también se ha valido de esa clase de argumento. Las mineras canadienses alegan lo mismo... Casi, casi le están haciendo un favor a los huicholes, destruyéndoles sus sitios sagrados.

Esta clase de argumento debe ser objetado por dos vías: primero, porque usualmente son cuentas alegres (Dragonmart tal vez emplee a 8 mil trabajadores, pero ¿cuántas misceláneas y mercados cerrarán sus puertas por no poder competir con los precios chinos?) y, segundo, porque hay que recordar, siempre, que las empresas no crean trabajo, sino que el trabajo crea las empresas. La riqueza viene del trabajo. Las inversiones sirven para generar condiciones de trabajo, sí, pero son también producto de trabajos anteriores. El capital no puede atribuirse el poder divino de crear al trabajo. Es un engaño.

Hoy se dice, con justicia, que se necesita más mercado y más Estado, pero en el tema del patrimonio se necesita –todavía más urgentemente– una crítica tanto de la privatización como de la estatización. Se necesita menos mercado y menos Estado.

Reforma a Pemex enfrenta a AMLO y Coldwell

Mientras el secretario de Energía afirmó que sin la reforma energética, México perdería 22 mil mdd al año, el ex candidato presidencial asegura que Pemex no está en quiebra.

(Fotos:Cuartoscuro)

Redacción AN

agosto 13, 2013 9:48 am

La iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto generó posiciones encontradas entre el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Mientras el secretario de Energía afirmó que sin la reforma energética, México perdería 22 mil mdd al año, el ex candidato presidencial asegura que Pemex no está en quiebra.

A través de un video presentado en YouTube, AMLO presentó un documento donde desmiente al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell respecto a que Petróleos Mexicanos (Pemex) está en quiebra y sostuvo que el gobierno quiere hacer creer a los mexicanos que la paraestatal está en una precaria situación económica.

Por su parte, Coldwell dijo que el gobierno debe buscar nuevas inversiones en tecnología ante el agotamiento de los yacimientos convencionales, pues, “en los últimos ocho años, la producción petrolera se ha reducido en 835.000 barriles diarios dejando el país de percibir casi 22.000 millones de dólares anuales”, comentó.
Pemex no está en quiebra: López Obrador


México perdería 22 mil mdd sin la reforma: Coldwell

Mercados esperan cambios constitucionales en la reforma energética

Finanzas - Lunes, 12 de Agosto de 2013 05:02

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[Cuartoscuro]

Clara Zepeda Hurtado
  
Los mercados financieros aguardan con entusiasmo que en la reforma energética se modifiquen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política; de lo contrario, la oportunidad de cambio, crecimiento y de reformas estructurales habría terminado para la presente administración.

De acuerdo con el estudio 'Reforma energética en altamar', elaborado por Alik García, analista de Intercam Casa de Bolsa, los inversionistas nacionales y extranjeros esperan la apertura hacia los contratos de riesgo, un enfoque especial hacia los proyectos de gas shale y una mayor participación del sector privado en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.

“México ha recuperado ese toque de magia que hace mucho tiempo creíamos perdido. Con la reina de todas las reformas, la energética, los mercados aspiran a cambios a la Constitución (…) Habrá que estar alertas y listos contra cualquier embate, pues tanto el canto de las sirenas como un mal viento pudieran llevar nuestra embarcación (México) a crecer 4.1% este año y 4.9% el siguiente; pero sin ellas apenas creceríamos 3.2% en 2013 y 4% en 2014”.

El especialista del intermediario financiero advierte que resultaría imposible pensar en una reforma energética de gran calado que deje fuera la producción de gas shale.

Sin duda será de vital importancia que México se adentre en este tema y permita la participación de la iniciativa privada, ya que además de que redundará en un reimpulso a los sectores estratégicos del país, permitirá que México se vuelva autosuficiente en materia energética, destaca García.

En Estados Unidos ha habido un boom tan importante en la producción de gas shale, que su precio ha alcanzado niveles históricamente bajos y ha servido para reimpulsar sectores clave de su economía que aminoraron los efectos negativos de la crisis en Europa.

Así, hay mucho interés por parte de los conglomerados industriales, las mineras y las empresas de manufacturas pesadas en la producción de gas shale, debido a que son sectores intensivos en el uso de energía eléctrica, y el gas shale es un insumo sumamente barato para producirla.

Emisoras ganadoras

De hecho, algunas de las emisoras que han presentado un mejor desempeño en la última semana son las que se benefician de las reformas estructurales en general y de la energética en particular, describe Arturo Espinosa, director de Servicio de Análisis de Santander México.

La ley de Petróleos Mexicanos ya prevé la posibilidad de que la iniciativa privada participe en la exploración y producción de hidrocarburos, tal como lo han hecho empresas como Alfa, que está operando junto con Monclova Pirineos Gas para la exploración y producción de hidrocarburos en dos bloques de campos maduros en Veracruz denominados 'San Andrés' y 'Tierra Blanca'.

Alfa registra una ganancia en el mes de 19.2%; en los últimos 3 meses ofrece un premio de 31.4%, y en el año acumula un rendimiento de 36.9%. 

Pese a que en lo que va del año Alpek retrocede 7.6%, la controladora de empresas dedicadas a las industrias petroquímicas avanza 16.5% en el mes y 13.4% en los últimos 3 meses.

En tanto, la primera empresa del sector energético en la Bolsa Mexicana de Valores, IEnova, ofrece un rendimiento de 41.46% desde su estreno en el mercado accionario nacional el 22 de marzo.

Los grupos que serán protagonistas de la reforma energética

Por Imelda García  @imegarcia

Con la presentación de la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, inicia la etapa más intensa de la discusión sobre el futuro de este sector, la cual tendrá varios frentes en los que participarán grupos políticos y sociales.
Para negociar la propuesta, el gobierno federal deberá sentarse a dialogar con estos actores, quienes en algunos casos sostienen opiniones diferentes -aún en su interior- sobre el futuro del sector energético, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A continuación te presentamos las posturas de los grupos que participarán en el debate:
GOBIERNO FEDERAL
El presidente Enrique Peña Nieto presenta su iniciativa de reforma energética este lunes. El mandatario ha adelantado que la propuesta que impulsará su administración permitirá la entrada de capital privado sin que esto signifique privatizar a Pemex.
La reforma llega luego de que el PRI realizó modificaciones a sus documentos básicos para permitir que la iniciativa privada tenga entrada en algunas áreas del trabajo de la paraestatal petrolera.
PAN
Acción Nacional presentó su iniciativa de reforma energética el 31 de julio. En ella, establece la posibilidad de que haya entrada de capital privado a todas las áreas, tanto de Pemex como de la CFE, y reformas a la estructura de las paraestatales.
Ha condicionado la discusión de la reforma energética a la aprobación de una reforma política que impida que se repitan actos “ilegales” en los procesos electorales, como compra o condicionamiento del voto.
“Si sale la (reforma) electoral, yo le apuesto a que sí sale la energética y la hacendaria; si no hay electoral, va a haber broncas”, advirtió Gustavo Madero, presidente nacional del PAN.
El gobierno federal deberá lidiar también con la división en el interior del PAN, pues mientras el grupo afín a Madero demanda dar prioridad a una reforma electoral que impida que se cometan delitos en la materia, el ala que apoya al senador Ernesto Cordero ha dicho que no se conformará con una iniciativa “descafeinada”, sino que buscarán una reforma político-electoral integral que modifique el modelo del gobierno.
PRD
La postura del sol azteca es no permitir la entrada de capital privado a la paraestatal, y no realizar ninguna modificación a la Constitución mexicana.
Sin embargo, algunas "tribus" del PRD se han mostrado más abiertas al debate, lo cual podría derivar en un aval a la entrada de capital privado en algunos sectores de la industria petrolera.
Por el contrario, otras figuras como el secretario general del partido, Alejandro Sánchez Camacho -de la corriente Izquierda Democrática Naconal (IDN) liderada por René Bejarano y Dolores Padierna-, se han mostrado totalmente en contra de discutir esa postura.
El PRD se comprometió a aceptar los resultados de la consulta ciudadana a la cual convocó para el 25 de agosto y el 1 de septiembre. Los resultados de este ejercicio para conocer la opinión de los participantes en los temas energético y fiscal estarán listos poco antes del 8 de septiembre.
AMLO Y MORENA
La postura de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es no permitir de ninguna manera que se modifique la Constitución Política para permitir la entrada de la iniciativa privada al sector energético.
El 8 de septiembre, el excandidato presidencial de la izquierda citó a una asamblea en el Zócalo capitalino para informar y “tomar decisiones” sobre la lucha que encabezará contra la reforma energética.
En 2008, López Obrador también estuvo al frente de la oposición a la reforma energética que era promovida por el entonces presidente Felipe Calderón, para lo que se manifestaron en las calles las llamadas “Adelitas” y los legisladores afines a su proyecto tomaron la Tribuna de la Cámara de Diputados por más de dos semanas para impedir que se votara el proyecto.
López Obrador ha acusado que el PRD, a pesar de ser de izquierda, “se ha alineado” con el gobierno y por ello él y su movimiento irán solos en la lucha de defensa del petróleo.
SINDICATO Y TRABAJADORES
Los sindicatos de trabajadores de Pemex y de la CFE comenzaron ya la defensa de sus posiciones y, aunque afirman que apoyarán al gobierno federal para la aprobación de la reforma, buscarán también negociar para que sus intereses no se vean afectados.
Dirigentes locales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) han dicho a medios regionales que su líder, el senador priista Carlos Romero Deschamps, les ha pedido “entrar con todo” en el apoyo de la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En su estudio “3 dilemas. Un diagnóstico para el futuro energético de México”, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) señala que es previsible que el papel del STPRM sea de apoyo incondicional a la reforma energética, toda vez que será impulsada por el PRI, partido a cual el gremio pertenece desde sus inicios, y porque va implícita la protección de sus derechos laborales.
SECTOR EMPRESARIAL
El sector empresarial del país se ha manifestado a favor de la reforma energética y la participación de la iniciativa privada en la industria, siempre y cuando se garantice que los hidrocarburos continúen siendo propiedad de la nación.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es fundamental que se garantice que no se va a privatizar a Pemex y que la iniciativa privada sólo debe “complementar” las capacidades del gobierno para garantizar una soberanía energética de largo plazo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) impulsa un esquema en el que la iniciativa privada invierta en ciertos proyectos de Pemex y comparta con la paraestatal el riesgo de exploración y explotación de hidrocarburos, sin que el Estado pierda la rectoría del sector petrolero.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincide en que Pemex debe compartir los riesgos en materia de hidrocarburos con la iniciativa privada, y en que se debe dar fomentos a este tipo de inversión para hacer crecer al sector y se beneficie a las finanzas del país.

“Peña Nieto quiere entregar el petróleo mexicano a intereses extranjeros”

La intención es entregar los recursos del pueblo mexicano, pese al momento de crisis aguda que vive el país, que registra altos índices de desempleo, pobreza, criminalidad y hambruna.

Un llamado a la movilización y a la unidad en México hizo este jueves el filósofo e intelectual, Fernando Buen Abad, a propósito de los planes que tiene el gobierno de ese país para entregar sus riquezas naturales a poderosas transnacionales extranjeras.

Durante su participación en el programa “Mirada Internacional” transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV), Buen Abad señaló que esta avanzada con antecedentes muy tóxicos en la historia inmediata mexicana se ha acentuado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El gobierno de Peña Nieto está por presentar un proyecto de reforma energética que no es más que un eufemismo para modificar la constitución mexicana y entregar el petróleo del país a intereses extranjeros”

Durante la entrevista, Buen Abad reflexionó sobre el debate que ha originado este proyecto impulsado por un gobierno absolutamente servil a los intereses mercantiles imperiales, calificándolo de traición a la patria.

“Se han cuidado mucho de nombrar la palabra privatización, porque saben lo que ha ocurrido en América Latina y la disfrazan con otros términos como reforma, modernización o actualización de tecnologías”

En opinión del intelectual, está claro que la intención es entregar las riquezas del pueblo mexicano, pese al momento de crisis aguda que vive ese país que registra altos índices de desempleo, pobreza, criminalidad y hambruna.

“Entregar el petróleo -que es fuente de ingresos básicos- es condenarnos a un paso más hacia el abismo”.

Con la complicidad de los medios privados para silenciar al pueblo, especialmente de la multiestatal Televisa, que tiene un gran monopolio comunicacional en México y parte de centroamérica, se han tejido alianzas con transnacionales petroleras de España y el Reino Unido, entre otras, para incursionar en el área energética como parte de una vieja forma de vender recetas de proyectos neoliberales “terribles y putrefactos para todos los pueblos de la regón”, afirmó Buen Abad.

El llamado es a la movilización, a la conciencia política necesaria para que los pueblos se activen, a armarse con material comunicacional sistemático a través de las redes sociales, asambleas y medios de comunicación populares, para crear un frente comunicacional más poderoso que todos los monopolios juntos.

Pese a que se ha intentado construir muros para separar a México del resto de América Latina, “existen las raíces profundas de Emiliano Zapata, están vivas y estoy seguro que la Revolución Mexicana en cualquier momento se va a expresar y tomará la colina….como escuché una vez explicar a nuestro querido Hugo Chávez”, recordó el intelectual.

Fernando Buen Abad Domínguez es un filósofo, intelectual y escritor de izquierda, militante marxista de numerosos movimientos e instituciones culturales y literarias de Hispanoamérica. Nació en México, Distrito Federal en diciembre de 1956. Es director de cine, egresado de la Universidad de Nueva York. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Filosofía Política y un doctorado en Filosofía.

Ha sido vicerrector de la Universidad Abierta de México y director del Instituto de Investigaciones sobre la Imagen de la Universidad Abierta. Es miembro del Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx y de la Corriente Marxista Internacional. Entre las materias de pregrado y posgrado que ha tenido bajo su responsabilidad docente están: Filosofía, Filosofía del Arte, Movimientos Artísticos de Vanguardia, Filosofía de la Imagen, Semiótica, Cine Documental y de Ficción, Producción Audiovisual, Periodismo, Radio, Lingüística, Técnicas de Comunicación, entre otras. Es rector fundador de la Universidad de la Filosofía.

RNV

Impugnan ley que “arrasará” recursos naturales en Nicaragua

INTERNACIONAL
   Proyecto del “gran canal” es inconstitucional, dicen mujeres

Por: Nelson Rodríguez, corresponsal

Cimacnoticias | Managua.-

Nueve mujeres destacadas en distintas profesiones de la sociedad civil nicaragüense entregaron a la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 840, creadora del proyecto del “gran canal”, por considerar que lesiona los derechos constitucionales de la población.

“No nos oponemos al desarrollo; las mujeres somos las que más hemos contribuido al desarrollo del país en la historia; a lo que nos oponemos es al modelo depredador de los recursos naturales y de nuestros derechos”, dijo la trabajadora social Hayde Castillo, una de las firmantes del recurso.

El grupo de mujeres consideró que con esa ley la población está frente al “desmantelamiento del Estado nacional, el agua, el suelo, los bosques y los Derechos Humanos de los ciudadanos, (ya que) son bienes que le corresponden a todas y todos, no son bienes de una familia, ni de un grupo de políticos que aprobaron la ley sin consultarla”.

Los pueblos indígenas que van a sufrir el despojo de sus tierras, propiedades, medios de vida, agua y seguridad alimentaria, así como el resto de las y los nicaragüenses, serán afectados con esta ley, dijo la administradora de empresas Ruth Zelma Herrera.

El cambio climático ya está instalado en Nicaragua, el desastre ecológico será una realidad, pero ellos quieren hacer su negocio y explotar al máximo los recursos que le quedan al país, denunció.

La periodista y activista de los derechos femeninos Patricia Orozco, dijo que esperan una respuesta de los magistrados de la Corte, y que no suceda como otros recursos que han interpuesto organizaciones de mujeres y que llevan años esperando una resolución.

En días recientes, la Corte ha recibido al menos nueve recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley 840. Han sido interpuestos por grupos indígenas, partidos de oposición y el Movimiento Autónomo de Mujeres, entre otras instancias.
 

Entregar el petróleo a extranjeros es de un país de quinta: presidente español Rajoy, del Partido Popular

Bajo la Lupa

Alfredo Jalife-Rahme

Los óptimos argumentos en contra de la xeno-privatización de la renta petrolera de Pemex provienen paradójicamente de sus autores y beneficiados anglosajones y españoles –estos últimos presuntos prestanombres de la banca inglesa, mediante su subrepticio control accionario de los dos principales bancos españoles (Ver Bajo la Lupa: Neoliberalismo Delincuencial Español: Partido Popular y Banco Santander, 3/2/13).

La revista neoliberal británica The Economist (El crepúsculo de las trasnacionales anglosajonas. 3/8/13) –que forma parte del Grupo Pearson/Penguin Random House con The Financial Times, a cuyas oficinas acudieron Peña y Videgaray a dar el banderazo de la privatización de la renta petrolera de Pemex (Ver Bajo la Lupa. 30/6/13) –se alineó finalmente a la innegable realidad: En los años 50 las siete hermanas controlaban alrededor de 85 por ciento de las reservas globales. Hoy más de 90 por ciento (¡súper sic!) de las reservas se encuentran bajo control de las empresas petroleras nacionales (¡súper sic!), que son propiedad, por lo menos en parte, de los gobiernos (¡super-sic!). En el pasado, las empresas petroleras nacionales (¡súper sic!)dependían del conocimiento tecnológico, habilidades administrativas de proyectos y el alcance global de las trasnacionales anglosajonas petroleras para producir, refinar y vender su petróleo. En estos días, las empresas petroleras nacionales son capaces de actuar sin ayuda (¡súper sic!) de las trasnacionales anglosajonas –lo cual fue mi tesis ante el Senado en 2008 (http://www.youtube.com/watch?v=DRPfjaLmr9Q).

Destaca que la reforma Peña/Videgaray/Aspe (ver Bajo la Lupa, 24/7/13) va en contracorriente histórica a la verdadera modernización (su significado: que sigue las tendencias en boga) que prevalece en el mundo: restatización y desprivatización con control de los gobiernos.

Nada menos que el atribulado presidente español Mariano Rajoy (MR), líder del vilipendiado Partido Popular (PP), puesto en la picota por su cleptocracia endémica, cuando era cabeza de la oposición, se opuso tajantemente a la adquisición de Repsol por la trasnacional rusa Lukoil: nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división (¡súper sic!) y, por tanto, no lo vamos a aceptar, que lo tenga claro Rodríguez Zapatero. Haré lo imposible para que eso no se haga (http://www.youtube.com/watch?v=NPSvKfl4v0s).

El mismo MR citó al polémico político del PSOE, Felipe González (FG), quien también se pronunció de que de ninguna manera se puede poner el petróleo, el gas y la energía española en manos de los rusos.

Pues en España no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno, ni ser colonizado por Rusia que ser el colonizador de México.

En 2008, Lukoil quiso entrar en Repsol mediante la compra del paquete accionarial de Luis del Rivero, propietario de la inmobiliaria Sacyr-Vallehermoso y de La Caixa ( ABC.es, 30/4/12). Aquí brota un aquelarre de alcobas en la que intervino la valiosa intermediación de cabecera de la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, intima del rey Juan Carlos ( 20 minutos.es, 10/03/13). ¡Cero ideología; puro vil negocio de sedosas sábanas!

Wikileaks pone en evidencia los chanchullos de la operación Repsol-Lukoil ( El Confidencial, 10/12/10), que cita una frase sin desperdicio que puede ser aplicada desde España hasta México (con el PAN y/o el PRI): que el Ejecutivo, sea del color que sea, mete mano en las operaciones empresariales es un secreto a voces. La embajada de EU cita con lujo de detalles la participación relevante de Lukoil en Repsol con el fin de ayudar a Sacyr (socio de Repsol en 20 por ciento) en serias dificultades financieras. A EU se le erizaron los cabellos tener a los rusos accionistas de Repsol en el Golfo de México: ¡Geopolítica pura!

Dos ex presidentes mexicanos del PAN, aliados del protofascista PP, compraron descabelladamente casi 10 por ciento de las acciones de Repsol a nombre de Pemex.

La promiscuidad de Repsol, Sacyr, Gas Natural y Pemex ha sido escandalosa (http://lasindias.com/detalles-del-trio-pemex-sacyr-y-repsol/). Con justa razón el ministro de la industria de España propuso mantener la españolidad (¡súper sic!) de Repsol, ante la preocupación del gobierno de que Repsol caiga en manos extranjeras (¡súper-sic!), al insistir de que Pemex aseguró su voluntad de mantener la españolidad de Repsol.

Llama la atención que tanto FG (de la izquierda neoliberal española), como MR (de la derecha protofascista española), sean los acérrimos cabilderos para la privatización de la renta petrolera de Pemex.Cabe señalar que el polémico FG despacha buena parte del año en un hotel de la Zona Rosa (como empleado de un empresario mexicano).

Más importante aún es que los aliados del PP en México, tanto el PAN como el grupo latinófobo adscrito al Foro FAES/Fundación Internacional para la Libertad del ex presidente español José María Aznar López (inmerso en escandalazos cleptocráticos), sean los turiferarios del entreguismo petrolero. (http://www.fundacionfil.org/english/patronato.html y http://www.fundacionfil.org/english/entidades.html ).

En un artículo (Ver Bajo la Lupa, 9/4/08) comenté: el locuaz cuan mendaz Aznar López no se ha enterado de la muerte oficial del neoliberalismo global (ver Bajo la Lupa, 30/3/08), y pretende resucitar su cadáver en Latinoamérica mediante la Fundación para la Libertad (¡súper sic!) que preside el escritor peruano Mario Vargas Llosa, convertido en vulgar propagandista, como fue notorio en la cumbre neofascista neoliberal celebrada en Rosario, Argentina, la última semana de marzo y financiada por The Heritage Foundation, American Enteprise Institute (que maneja Lynne, la esposa del vicepresidente Dick Cheney) y FAES (la fundación del Partido Popular que preside Aznar López).

En contrapunto a las declaraciones nacionalistas de MR en España, BBVA “plantea abrir áreas estratégicas de Pemex para una reforma energética efectiva ( La Jornada; 6/6/13). El directivo del banco español, Carlos Serrano, reconoce que Pemex perdería participación (¡súper sic!), pero sería más eficiente y rentable. ¡Cómo no!

Incoherencia total: en España sus gobiernos temen a la mexicanizacion de Repsol mediante la participación accionaria de Pemex, mientras en México los neoliberales itamitas impulsan la desmexicanizacion/españolización/anglosajonización de Pemex.

Antonio Garza, anterior embajador de EU en México (Ambassadors Perspectives; Reforma Energética de México; 18/7/13), diluye el embriagante vino de la impositiva reforma Peña/Videgaray/Aspe con las banderas rojas del YoSoy132 y la influencia y potencial desestabilizador de los movimientos sociales, como ocurrieron en Brasil, por lo que instó al gobierno de Peña a usar los instrumentos de la gobernación democrática: transparencia, comunicación, negociación, inclusión y rendición de cuentas, los cuales, a mi juicio,no han sido desplegados hasta ahora. Disyuntiva: ¿Imposición cupular o democracia participativa?

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