Los ciudadanos se han manifestado con dos consignas:
Fue el Estadoy
Fuera Peña
Hay muestras de repudio por la inseguridad, derechos humanos y la penetración del narco en instituciones
Alonso Urrutia y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de diciembre de 2014, p. 7
De
gira en España, en junio pasado, en vísperas de una cena en el Palacio
de la Zarzuela con los reyes de España, el presidente Enrique Peña
Nieto sintetizaría el problema de inseguridad en México:
No es un problema extendido, está claramente focalizadoen Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Tres meses después, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en repudio a la inseguridad, para expresar su hartazgo ante la incapacidad gubernamental de respuesta y con una consigna:
Fuera Peña.
El año consagrado a la consolidación del gobierno peñista, con sus
reformas estructurales como ariete propagandístico, terminó por
desbarrancarse por el repudio general a la inseguridad, a la falta de
respeto a los derechos humanos y a la penetración del crimen organizado
en las instituciones públicas (
Fue el Estado, ha sido un clamor general). Asimismo, la masacre extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya a manos de militares puso en entredicho la vía castrense para el combate a la inseguridad.
En 2014 México captó la atención mundial por los niveles de
violencia alcanzados y, en especial, por la desaparición de los jóvenes
normalistas. Desde el Departamento de Estado estadunidense, el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización de
Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
numerosos organismos no gubernamentales, como Amnistía Internacional y
Human Rights Watch, han censurado a México por su incapacidad para
garantizar la seguridad ciudadana.
Un decálogo varado
Un año agitado en materia de seguridad, que arrancó con
Michoacán convulsionado por la irrupción masiva de los grupos de
autodefensa como respuesta a la presencia del crimen organizado,
incluyó además la toma federal de las funciones de seguridad en
Tamaulipas, el desbordamiento de la violencia en Guerrero, donde la
búsqueda de los normalistas sólo terminó por dimensionar el uso
generalizado de las fosas clandestinas, como testimonio de la violencia
generalizada en el país.
En este contexto, la reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán
y el decálogo que Peña Nieto tuvo que anunciar apresuradamente en
Palacio Nacional ante la creciente movilización ciudadana tuvieron poco
impacto y han quedado rebasados ante la inconformidad social. Su
iniciativa del mando único de policías, de incorporar en la legislación
la desaparición de ayuntamientos en los que haya indicios de
penetración del crimen organizado y el combate a la corrupción, entre
otros aspectos, quedó varada en el Congreso ante la falta de consenso,
en víspera del año electoral.
El tema de los migrantes volvió a emerger durante 2014 como un
problema humanitario, en esta ocasión por la creciente migración de
menores de edad y los secuestros de indocumentados a su paso por
México. Si bien fue un fenómeno regional, involucró incluso al propio
gobierno de Estados Unidos.
Y como colofón, el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), cuyo desenlace corrió en paralelo a las movilizaciones
ciudadanas por los normalistas, cerrando toda actividad prácticamente
hasta finalizar el año.
Resurge la violencia
Ausente del discurso presidencial, la violencia en
México no ha bajado de los niveles alcanzados en el sexenio pasado,
como se puso en evidencia claramente en 2014, lo que implicó un costo
político como una de las vías para contenerla: la cabeza de dos
gobernadores (el michoacano Fausto Vallejo y el guerrerense Ángel
Aguirre Rivero) y el encarcelamiento de un ex gobernador interino,
Jesús Reyna, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Casi en el amanecer de 2014 (4 de enero), el país se despertó con
los primeros brotes de insurrección de las guardias comunitarias en la
Tierra Caliente michoacana, dominada por el crimen organizado. Un
fenómeno que rápidamente se extendería con diversos liderazgos, pero
con especial énfasis en La Ruana, conformándose el Consejo de
Autodefensas de Michoacán.
Su acelerada expansión territorial, encabezada por Hipólito Mora,
José Manuel Mireles y Luis Antonio Torres, precipitó la intervención
del gobierno federal ante la incapacidad de Vallejo para dar salida al
fenómeno. La designación de Alfredo Castillo como comisionado y la
participación de fuerzas federales, a costa del desplazamiento de los
poderes locales, ha sido insuficiente, pues de nueva cuenta, hacia
finales del año, el tema de las autodefensas ha vuelto a ser motivo de
preocupación federal, con todo y que los principales dirigentes de
estos grupos se encuentran encarcelados por diversas causas.
Viernes 26 de septiembre: la noche que cambió al sexenio
La noche del 26 de septiembre en Iguala cambiaría el
rumbo del sexenio. Una larga noche de balaceras que dejó como saldo
seis muertos y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa. Minimizado por el gobierno federal en un
principio, pronto cobraría dimensiones internacionales por la magnitud
de la tragedia.
Ni la caída del gobernador Ángel Aguirre ni la aprehensión del
alcalde José Luis Abarca, por su presunta autoría intelectual, ni las
versiones –descalificadas por los padres de las víctimas– de la
Procuraduría General de la República (PGR), de que los jóvenes fueron
incinerados, han detenido las masivas movilizaciones sociales en el
país, con particular énfasis en el Distrito Federal y en Guerrero. Con
las consignas de
Fue el Estado, por la evidente vinculación de estucturas de gobierno municipales con el crimen organizado, y
Fuera Peña, la sociedad ha repudiado los actos, que han sido equiparados a la masacre de 1968, lo que ha tenido eco en la condena internacional.
Sólo con la confirmación del fallecimiento de uno de los
desaparecidos, las movilizaciones sociales por Ayotzinapa han
descolocado la respuesta gubernamental, obligado a un replanteamiento
con el decálogo anunciado, pero no han disuadido la inconformidad, que hasta el último día del año se mantiene vigente.
IPN: conflicto estudiantil
En el último trimestre del año, auspiciado por su
entonces directora Yoloxóchitl Bustamante, el consejo consultivo del
IPN aprobó un nuevo reglamento interno que, en palabras de la mayoría
de la comunidad estudiantil, limitaba derechos del alumnado, como la
libertad de asociarse o manifestarse en las instalaciones politécnicas,
pues con la nueva normativa sería motivo de expulsión. Los primeros en
levantar la voz fueron los estudiantes de la unidad Zacatenco de la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
Posteriormente varios planteles se fueron sumando al movimiento, que
detonó en paro general de labores luego de que Bustamante aseguró que
había intereses externos en las movilizaciones. Tras varias marchas,
los jóvenes politécnicos llegaron hasta la Secretaría de Gobernación el
3 de octubre y, en un hecho insólito, el titular de la dependencia,
Miguel Ángel Osorio Chong, salió a la calle para atender sus demandas,
reconoció al movimiento como único interlocutor para resolver el
conflicto, recibió un decálogo de demandas y días después dio la
respuesta del gobierno federal, cuando informó además que la directora
general había renunciado al cargo.
Los jóvenes demandaron, entre otras cosas, la realización de un
diálogo público que se transmitiera por Canal Once y la realización de
un congreso nacional politécnico que sentara las bases para la
refundación del IPN. Correspondió a la Secretaría de Educación Pública
dar respuesta a las demandas juveniles y, varios días después, ambas
partes acordaron instalar mesas de negociación en el auditorio Alejo
Peralta de Zacatenco, el 4 de noviembre.
Tras 10 sesiones, los jóvenes alcanzaron sus objetivos y firmaron
ocho acuerdos con los representantes del gobierno federal, para
encaminarse hacia la transformación y democratización de la casa de
estudios. Durante el diálogo se dio el nombramiento de Enrique
Fernández Fassnacht como nuevo director del IPN, quien se comprometió a
cumplir los acuerdos alcanzados. Los jóvenes señalaron que se trató
apenas del primer paso para avanzar hacia la democratización del
instituto.
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