El gobierno de Enrique Peña Nieto ha guardado silencio en torno al homicidio del padre Gregorio López Gorostieta.
lasillarota.com
En
ciudad Altamirano hay tristeza, pero también mucho miedo por el
asesinato del padre Gregorio López Gorostieta, conocido como el padre Goyo.
Lo secuestraron en días de fiesta, a unos días de la Navidad, en la
noche del domingo 21 de diciembre y luego apareció inerte el día 25 de
ese mes.
En Altamirano, la noticia del secuestro del padre Goyo, Vicario
de la diócesis de esa ciudad, corrió como pólvora. Hay varias
versiones, una de ellas que los secuestradores entraron al propio
seminario y de allí lo sacaron a la fuerza. Otra más, que al llegar el
padre Goyo a la catedral en su camioneta, de allí lo bajaron
y se lo llevaron. Todos en Altamirano tenían la esperanza de
encontrarlo con vida. Nunca se pensó que lo asesinarían y menos de esa
manera. Que dejaran su cuerpo tirado en el camino como un objeto.
Todo ha sido confusión en la difusión del caso. Cuando su cuerpo fue
encontrado se corrió la versión, por la propia autoridad que había sido
asesinado de un balazo en la cabeza y días después ésta se desdijo
corrigiendo la noticia, que el padre Goyo había muerto por
asfixia. El fiscal de Guerrero, un licenciado de nombre Miguel Ángel
Godínez, se ha reunido con los familiares del padre y dice que la
policía está investigando el caso. Que no puede decir cuáles son las
líneas de investigación, porque “son confidenciales”, pero ya ha dicho
en voz baja, como para que se escuche por todos lados, que no se puede
descartar el robo como causa del homicidio. Deja correr la versión que
el padre tenía la colecta de limosnas de ese domingo y por eso
probablemente lo secuestraron y mataron.
Lo que menos quiere la autoridad es que el homicidio del padre Goyo
se vincule como represalia a su reclamo hacía en sus homilías ante sus
fieles por el secuestro de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa,
por culpar al gobierno de los hechos violentos y porque aparecieran con
vida esos muchachos. No nada de eso quiere el gobierno. Por eso el
fiscal guerrerense, de manera irresponsable hace correr una versión,
como el de un simple robo, la que menos afecte la imagen de seguridad
gubernamental.
Por eso se pierde la confianza en ese tipo de autoridades que actúan
con una mira política, buscando proteger a sus jefes y no a la
sociedad. Se dicen policías de investigación pero acaban siendo unos
charlatanes. Ojalá me equivoque, pero lo hechos dicen lo contario.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha guardado silencio en torno a
este homicidio, sobre todo porque desde el pasado 3 de diciembre las
fuerzas federales (dicen que) asumieron “el control” de los 22
municipios del estado de Guerrero (pero es mentira). Se encargaron de
difundir por todos los medios posibles que desarticularon las policías
municipales y (dicen que) tomaron el control de la seguridad de esos
lugares, pero este asesinato demuestra la ineficacia de ese operativo.
Ahora callan a pesar de tanto aparato de seguridad desplegado y que
para nada sirve.
Lo más grave es que las 5 instancias de seguridad que operan en
Tierra Caliente están en entredicho: La Procuraduría General de la
República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la
Policía Federal, la Secretaría de Marina y hasta la Secretaría de la
Defensa Nacional. ¿Pero a quién rinden cuentas?
Están como dijo el obispo de Altamirano, Maximino Altamirano, para
aparentar que están, pero al momento en que se requieren, no se
encuentran por ningún lado. La Policía Federal y hasta soldados cada
día se instalan en la Catedral por una hora o un poco más, hacen
recorridos por las calles, de aquí y por allá, y hasta un helicóptero
de la policía federal sobrevuela distintas zonas; hasta lo hace
rasante, para que “los vean” y luego desaparecen.
El padre Goyo, no es el único que ha muerto de manera
violenta en ciudad Altamirano: Los sacerdotes Habacuc Hernández Benítez
y Ascensión Acuña Osorio fueron ejecutados a balazos y el padre Joel
Román Salazar en un accidente automovilístico, que no fue investigado y
se dice, provocado, para evitar encontrar a los responsables de su
muerte.
Apenas el pasado mes de septiembre encontraron muerto al sacerdote
Ascensión Acuña Osorio. Su cuerpo flotaba en el Río Balsas cerca de su
parroquia en San Miguel Totolapan. También el cura ugandés, John
Ssenyondo, de 55 años quien tuvo la mala fortuna de oficiar en Guerrero
y desaparecer a inicios de 2014 hasta que sus restos fueron hallados
accidentalmente el 2 de noviembre pasado en el poblado de Ocotitlán,
Guerrero, al buscar a los jóvenes secuestrados de Ayotzinapa. Pero hay
otros casos más sin resolver.
El Papa Francisco, los obispos mexicanos, cientos de clérigos y
miles de feligreses han mostrado su indignación por el asesinato del
padre Gregorio López en un estado como el de Guerrero, en donde el
gobierno no sabe qué hacer desde que se descubrió que funcionarios
públicos y delincuentes son la misma porquería.
Por eso la indignación del año 2014 que termina reclamando justicia por todos lados.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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