Enrique Calderón Alzati
Atres meses de los lamentables sucesos de Iguala, lejos de saber con
certeza lo sucedido, las interrogantes crecen y se profundizan,
vinculándose con otros hechos para conformar un escenario patético de
dimensiones nacionales, señalando cada día con mayor precisión que se
trata de un crimen de Estado, cuyos responsables no son otros que las
más altas autoridades del país.
El afán reiterado del Presidente de dar carpetazo a la tragedia
mediante declaraciones y ofrecimientos llenos de vaguedades y vacíos,
así como la investigación periodística presentada por la revista Proceso en
las semanas pasadas, informando de la participación de la Policía
Federal y del Ejército Mexicano en la operación que dio como resultado
el asesinato de tres de los estudiantes y la desaparición forzada de
otros 43, sin que el gobierno de la República haya dado una respuesta
seria, que ponga en duda los resultados de esa investigación, nos
llevan necesariamente a hacernos una pregunta de la mayor importancia:
¿qué es lo que llevó a los actuales gobernantes a optar por una acción
de este tipo, destinada a desaparecer a esos estudiantes y al mismo
tiempo a tratar de vincularlos con un grupo de narcotraficantes?
Para dar respuesta a esta pregunta tenemos poca información, pero
ciertamente muy valiosa. Por una parte, las declaraciones de los
propios padres de familia, que nadie ha puesto en duda, y por otra la
historia misma de las escuelas normales rurales y, en particular, la de
Ayotzinapa. En la conferencia dada por los padres y su representante,
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, luego de la
reunión que tuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto, ellos
declararon con firmeza las reiteradas amenazas recibidas de
funcionarios federales, estatales y municipales de obstaculizar el
trabajo de la escuela e incluso de cerrarla. ¿Por qué cerrar una
escuela, cuando supuestamente una de las prioridades del gobierno es la
educación? En esa conferencia quedó claro que los estudiantes de
Ayotzinapa no eran de origen local, sino que provenían de todo el
estado, indicando con ello que se trata de una escuela con alto
prestigio en todos los municipios de Guerrero. La claridad de sus
razonamientos y declaraciones me dio la certeza de que se trataba de
personas inteligentes, bien preparadas y seguras de sus derechos,
permitiéndome concluir que la escuela ha sido una institución
importante para los campesinos de todo el estado de Guerrero.
Ello me llevó a recordar un hecho ocurrido en las elecciones de
1988: un hijo mío realizaba sus prácticas de campo en las montañas de
Guerrero, entre Chilpancingo e Iguala; terminaba la carrera de
ingeniero geofísico y con algunos compañeros recogía muestras de
minerales, lo cual los llevó a buscar una casilla para votar ese 6 de
julio. La población de la comunidad a la que llegaron les pareció un
tanto arisca y reservada, contrastando con su actitud amable de los
días anteriores. Sin embargo, al saber que ellos deseaban votar por
Cuauhtémoc Cárdenas, la actitud cambió de inmediato. Su reserva se
debía a que en las semanas previas, las poblaciones de la región habían
acordado el voto unánime por Cárdenas y veían con desconfianza a los
forasteros que podían hacerles quedar mal con las otras comunidades.
Luego él me contó que a su regreso a Chilpancingo pudieron ver en las
cunetas de la carretera boletas tiradas y medio quemadas en varios
sitios. Ello me impactó mucho, pues en aquellos días aún no se sabía
quién sería finalmente el triunfador. Cuatro meses después, con un
grupo de colaboradores de la Fundación Rosenblueth publicamos un libro
titulado Geografía de las elecciones presidenciales de 1988,
en el que constataba la altísima votación por Cárdenas en los
municipios del centro y sur del país, aun después de las múltiples
alteraciones de los resultados, realizadas por el gobierno de Miguel de
la Madrid.
Fue así
que luego de escuchar a los familiares de los normalistas me quedaba
claro que aquella anécdota escuchada años atrás cobraba sentido, por lo
que decidí dedicar algún tiempo a conocer la historia de las normales
rurales, encontrándome que su origen databa de 1920-30 como parte del
proceso mismo de la Revolución realizada mayoritariamente por
campesinos, cuyas demandas quedaron plasmadas en la Constitución de
1917. Las escuelas habían sido creadas con objeto de formar a los
maestros de las zonas rurales, que se encargarían de enseñar a las
familias campesinas a leer y escribir, a conocer la historia de México,
el cultivo de la tierra y a defender sus derechos sobre ella. Después,
con el reparto de tierras realizada por el general Lázaro Cárdenas, las
normales rurales recibieron un gran impulso como parte del plan de
desarrollo agrícola que incorporó la creación de fondos de crédito y la
preparación de los campesinos para modernizar la producción agrícola
del país. El proyecto se consolidaba con los internados, donde sus
estudiantes provenientes de otras regiones eran alojados y alimentados;
con todo ello las escuelas se convirtieron en parte fundamental de la
Revolución de 1910.
Luego los sucesivos gobiernos priístas comenzaron a desdibujar ese
proyecto para instaurar los privilegios y las ideas del libre mercado,
en un afán de modernización, que sin tomar en cuenta la terrible
pauperización causada en Europa por la revolución industrial (descrita
magistralmente por Víctor Hugo en Los miserables) generó en
México terribles desequilibrios sociales, migración a las ciudades y el
crecimiento aberrante de ellas, en virtud de la concentración de
inversiones y capitales.
El descontento de las zonas rurales, muy principalmente en el centro
y sur del país, como respuesta a las políticas neoliberales impuestas
luego de la crisis petrolera de 1980, se hizo manifiesto en las
elecciones de 1988; en ellas, la influencia ideológica de las normales
rurales en las zonas campesinas de Guerrero, Hidalgo, Michoacán y
Morelos, así como de Coahuila en el norte del país, tuvieron un rol muy
importante en la votación por Cárdenas, complementada por la de
trabajadores petroleros de Veracruz, Tabasco y Campeche.
Tanto los poderes fácticos como el grupo que está hoy aferrado al
poder tienen claro que las escuelas normales rurales constituyen uno de
los mayores riesgos para lograr sus objetivos ajenos y contrarios a los
intereses del país, por ello es que Ayotzinapa se ha convertido en el
símbolo de la nueva lucha por la nación que hoy se extiende por el
territorio nacional, manifestando a los gobernantes su hartazgo por la
corrupción y la impunidad que ellos representan y defienden, suponiendo
tener la fuerza, mientras nosotros, el pueblo de México, estamos
convencidos de tener la razón.
En lo personal no creo que la lucha armada sea el camino que debamos
seguir, pero creo firmemente que podremos combatir al mal gobierno, al
que le hemos perdido la confianza, para derrotarlo con inteligencia,
con nuevas formas de lucha social y con la organización de la sociedad
toda. Ello tomará tiempo, no será cuestión de semanas, como seguramente
algunos quisieran, pero que no nos quede duda de que al final
venceremos.
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