Los hechos que sacudieron a México
Las
revoluciones constituyen verdaderas necesidades. Cierto que hay muchos
cambios continuos, pero al acumularse se producen cambios bruscos.
Georges Politzer
El asesinato de 6
personas, 25 heridos y la desaparición con vida de 43 normalistas de la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, hechos
orquestados por el Gobierno de la República en los que participaron el
Ejército, la Policía Federal [1] y elementos de seguridad del
municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014,
generó una ola de protestas alrededor del mundo: movilizaciones masivas
principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el
Distrito Federal; tomas de edificios de gobierno, radiodifusoras,
carreteras, casetas de cobro, gasolineras, puentes internacionales y
aeropuertos; cierres de tiendas de autoservicio trasnacionales y
bloqueos a instituciones bancarias en todo el país; paros escalonados
de estudiantes en más de 115 planteles –los principales del país- de
educación superior que incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma
Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, La
Universidad Pedagógica Nacional, La Universidad Autónoma de Chapingo y
la Escuela Nacional de Antropología e Historia; manifestaciones en
consulados y embajadas mexicanas; pronunciamientos en el medio
intelectual y artístico; declaraciones de organizaciones de derechos
humanos y organismos internacionales y la proliferación de
publicaciones en las redes sociales.
Una respuesta social que
no se había registrado en otros hechos brutales de negligencia,
violencia y represión estatal como el incendio de la Guardería ABC en
el que fallecieron 49 niños, 76 resultaron heridos de entre cinco meses
y cinco años de edad en Hermosillo, Sonora en 2009; la localización de
más de 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en el municipio de San
Fernando, Tamaulipas en 2011, o el asesinato y desaparición sistemática
de luchadores sociales en todo el país, sucesos que tienen en común,
haber quedado impunes, como cientos de casos más en nuestro país.
El caso Ayotzinapa confirmó e hizo visible el hartazgo, la
desesperación y la indignación de la población trabajadora a un sistema
político carente de legitimidad, que promueve medidas económicas para
incrementar las ganancias de las corporaciones trasnacionales que
operan en nuestro país y que orilla a la inseguridad y la
degradación económica a las personas que debería proteger. El secuestro
de los normalistas también parece representar el inicio de un periodo
revolucionario en nuestro país como a continuación veremos.
El ambiente socioeconómico
En la historia de los pueblos pueden distinguirse dos tipos de eventos: los hechos históricos,
que son sucesos cotidianos: políticos, económicos, culturales y
tecnológicos, que pueden documentarse bibliográfica, gráfica y
audiovisualmente; se manifiestan en la continuidad social -la cual no
es estática, ni ausente de conflictos-, en muchos casos intentando
trastocarla y se presentan aparentemente aislados o desconectados del
todo social. Y los acontecimientos revolucionarios,
que son los que desencadenan procesos de cambio social, se insertan o
aparecen como resultado de estos procesos. Son eventos que alteran la
continuidad e inercia del sistema social o modo de producción
predominante.
De esta manera, los sucesos de la Guardería
ABC, los asesinatos de San Fernando y la represión sistemática de
luchadores sociales, aparecen como hechos históricos, y
a la vez, como cambios cuantitativos que fueron erosionando la
legitimidad y la continuidad del régimen político, hasta desembocar en
la represión estatal a los normalistas de Ayotzinapa, que se manifiesta
como un detonante social y acontecimiento revolucionario,
el cual desestabiliza al sistema y abre la puerta de la revolución
social, desplegando cambios cuantitativos en cascada, que pueden
desembocar en cambios de calidad.
¿Cómo distinguimos un
periodo revolucionario? El proceso se inicia cuando el modo de
producción predominante –el Capitalismo en este caso- no es capaz de
retroalimentar regiones sustanciales de su estructura. Aparece entonces
el conflicto en forma de cambios cuantitativos que pretenden reparar
los daños que afectan al sistema social. Estos cambios se manifiestan
en la continuidad del modo de producción y se perciben como hechos
aislados a través del tiempo, aun cuando irrumpan con profundo
dramatismo. Son cambios que soporta el sistema social sin alterar su
naturaleza económica.
Surge entonces un detonante que
no sólo sacude la conciencia social, sino que articula y da sentido a
los cambios cuantitativos, vinculándolos entre sí, haciendo visible y
nítido el encadenamiento de procesos económicos y políticos. A partir
de entonces, se transforma en un referente histórico que alimenta
cambios cuantitativos en cascada, que el sistema ya no es capaz de
soportar. Sintiéndose herido y en peligro de muerte, se defiende con
una vehemencia contrarrevolucionaria de extrema violencia, intentando
eliminar los elementos desestabilizadores o absolverlos con sus
mecanismos adaptativos.
El proceso puede desembocar en un
salto brusco o cambio de calidad. El modo de producción se colapsa
regionalmente y cede ante la nueva conformación o disposición del
sistema. La revolución se consuma y se inicia un reacomodo en las
relaciones sociales de producción que deben articularse con las
relaciones políticas. En tanto, el modo de producción predominante no
haya sido superado históricamente, los elementos residuales en
contubernio con los poderes globales continuarán ejerciendo presión y
generando conflicto, reagrupándose continuamente con el objetivo de
regresar al estado anterior, que las fuerzas contrarrevolucionarias
conciben como el estado ideal de la sociedad.
Marx (1983:251)
decía que al llegar a cierta fase de desarrollo, las fuerzas
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las
relaciones de producción existentes, o con las relaciones de propiedad
que es su expresión jurídica. De este postulado teórico se deriva una
consecuencia: las fuerzas productivas requieren sostener
correspondencia con las relaciones de producción. Si esto no ocurre,
dichas relaciones se convierten en trabas suyas. En el siglo XXI,
observamos que las fuerzas productivas están al servicio del mercado y
la acumulación de capitales a nivel mundial. Esto quiere decir que los
beneficios de este desarrollo no alcanzan a la mayor parte de la
población mundial que se debate en la sobrevivencia, aun cuando en esta
mayoría, se ubican los que producen la riqueza social: los trabajadores
de la ciudad y del campo.
La imposibilidad de acceder a los
bienes sociales suficientes para mejorar sus condiciones de vida, está
ligada a las recurrentes recesiones económicas planetarias, que
aparecen cuando el ciclo de la producción-distribución-cambio y consumo
de mercancías se interrumpe o no se completa cabalmente debido a la
imposibilidad de las personas de acceder plenamente a dicho ciclo.
Aunado a ello observamos –como también lo explicó Marx- que el
Capitalismo es un sistema depredador que se autodestruye al devorar sus
dos fuentes de riqueza y de reproducción: la naturaleza y el trabajo.
El caso de Grecia en 2012 ejemplifica plenamente esta situación. En ese
país europeo el poder legislativo aprobó un plan de austeridad que
incluía el recorte de 15 mil plazas en el sector público, la
flexibilización de las leyes laborales en prejuicio de los trabajadores
y una reducción del salario mínimo de 751 a 600 euros (12 mil 637 a 10
mil 96 pesos mexicanos). De esta manera, la población era obligada a
pagar los costos de las turbulencias financieras y la indisciplina
fiscal de los sucesivos gobiernos griegos (La Jornada, 2012).
También en México, los gobiernos de los últimos 30 años han impuesto
medidas en contra de los trabajadores, como comprimir salarios, atacar
sus derechos sindicales y los contratos colectivos de trabajo, reducir
sus prestaciones, además de privatizar casi todas las empresas
estatales, satisfaciendo con ello las demandas de los acreedores
financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) de acabar con el Estado benefactor e
imponer el modelo neoliberal. Por si esto fuera poco, recientemente el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno, impulsó y
aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores un paquete de 11
reformas y 81 cambios en leyes secundarias, que en el discurso oficial
están destinadas a generar mayor eficiencia y competitividad para
reactivar la economía del país, pero que también eliminan obstáculos
legales a los capitales extranjeros que ya operan en los sectores
estratégicos de la economía, como petróleo, gas y minería.
De
acuerdo a Cartocrítica, una organización civil independiente, el
gobierno de Enrique Peña Nieto ha concesionado casi 5 millones de
hectáreas para la explotación petrolera en territorios indígenas: 210
municipios de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Coahuila
Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Casi la totalidad del
territorio de los chontales ha sido comprometido; 38% de los totonacos,
31% de los popolucas y 20% de los huastecos y náhuatl (Ánimas 2014).
En el caso de Guerrero, éste es uno de los estados que registran
mayores niveles de pobreza en México. De acuerdo a cifras del Banco de
Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
esta entidad contaba con 3,388,768 habitantes, de un total de
112,336,538 en la República Mexicana en 2010. Cifras oficiales indican
que el porcentaje de población guerrerense en situación de pobreza fue
de 69.7%, es decir 2.44 millones de personas al cierre de 2012, lo que
representa un incremento frente al 67.6% de 2010. Sus actividades
económicas predominantes son la agricultura, en la que destaca la
producción de maíz, de cocotero, café, mango, limón, melón, sandía y
okra (Luna 2014) y el turismo, principalmente de Taxco, Zihuatanejo y
Acapulco, en los que actualmente se registra una caída estrepitosa,
debido a la recurrencia de tormentas tropicales y huracanes, la
violencia delictiva y el conflicto reciente que ha orillado al cierre
de negocios, pérdida de empleos y cancelación de reservaciones para la
época de vacaciones decembrinas.
De 2011 a 2013, el
crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) fue de apenas 0.5% en
promedio, en contraste con el 3% de la media nacional, señala un
reporte de Banamex. Las actividades terciarias (comercio, turismo,
servicios, etc.) contribuyen con el 73.4% del PIB, mientras que el peso
del sector secundario (industria) es de 21.3% (contra 35.3% del
nacional). No obstante, en 2013, la entidad recibió 110.3 millones de
dólares por concepto de inversion extranjera directa, principalmente
por el sector minero, en donde operan compañías como Minera Gold Corp,
Minaurum Gold, Zhong Ning Mining Investment de China, Vedome Resources,
entre otras. (Luna 2014).
En Guerrero, ha sido común el cobro
de cuotas a ganaderos, comerciantes y transportistas por parte de las
organizaciones delictivas coludidas con los gobiernos y la policía
municipal, y el mal uso de los recursos públicos que la Federación
transfiere a los estados y municipios para educación, salud,
infraestructura básica, seguridad pública, programas alimenticios y se
asistencia social (Goche 2014). A la explotación económica se suma
también la dominación política y la degradación cultural.
Las
condiciones objetivas para un levantamiento popular ya existían en
Guerrero desde décadas atrás. No obstante, las condiciones subjetivas
de fragmentación ideológica y aislamiento social, no habían sido las
propicias para generar un movimiento del alcance de Ayotzinapa, el cual
rebasó los límites regionales para obtener eco más allá de las
fronteras nacionales.
El proceso revolucionario
Un proceso revolucionario plantea la existencia de un escenario de
condiciones materiales de precariedad, inestabilidad económica,
explotación extrema y represión, por un lado, y condiciones subjetivas
de lucha, que combatan al Estado políticamente, por el otro.
Asimismo, requiere una base organizativa, que en el caso de Guerrero
recae principalmente en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación (CETEG), y la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y los mismos estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa, que son organizaciones de masas
influenciadas por partidos y núcleos proletarios que cuentan con un
programa político de organización clasista. Tales organizaciones luchan
por mejorar sus condiciones laborales y educativas, además de proteger
a sus comunidades de la delincuencia, en particular del narcotráfico y
que mantienen movilizaciones en todo el estado. Asimismo, forman parte
de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que incluye a más de 50
organizaciones sociales de Guerrero y del país. A esto se debe que la
respuesta al ataque a los muchachos normalistas haya sido tan
contundente. No fue el caso de la Guardería ABC en la que no existían
antecedentes de lucha equivalentes.
Una revolución puede
rebasar las fronteras del Estado-Nación, como ocurrió con los países de
Centroamérica, en que el triunfo de la Revolución Sandinista de
Nicaragua en 1979, alentó procesos similares en Guatemala y el
Salvador, que se desarrollaron en la siguiente década; o con los países
que protagonizaron la “primavera árabe” en el año 2010, que se inició
con revueltas populares en Túnez y en Egipto, que derrocaron a sus
respectivos gobiernos y continuó con Libia y Siria, donde los gobiernos
se resistieron a dejar el poder y la población tomó las armas. En Libia
derrocaron al gobierno con ayuda de la OTAN y en Siria continúa la
guerra civil.
Una revolución también puede ser delimitada
territorialmente dentro de un Estado-Nación, como en el caso de la
lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que descartó
la idea de tomar el poder político federal y se concentró en
desarrollar la autonomía de facto en los territorios que controla,
subsistiendo como contradicción al Capitalismo, con los conflictos que
esto conlleva.
En un periodo revolucionario se manifiestan
las distintas formas de lucha: la lucha armada organizada se acompaña
de manifestaciones callejeras, acciones de desobediencia civil, huelgas
de trabajadores, paros estudiantiles, toma de edificios de gobierno e
instauración del poder popular y todo tipo de acciones de propaganda
contra el régimen en lugares públicos, masivos, eventos ceremonias,
manifiestos, declaraciones en medios y ahora publicaciones en las redes
sociales. Los símbolos de poder son denigrados y ridiculizados. El 13
de octubre integrantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa incendiaron
el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, la capital del estado, después
de una manifestación en la que participaron maestros, padres de familia
y estudiantes para exigir la presentación con vida de los 43
estudiantes desaparecidos (Ar Pim 2014). El 11 de noviembre integrantes
de la CETEG irrumpieron en la sede del PRI, también en Chilpancingo,
donde hicieron destrozos y prendieron fuego a una parte del lugar
(Aristegui Noticias 2014). Durante la Marcha multitudinaria del 20 de
noviembre se quemó un muñeco del presidente en el Zócalo de la Ciudad
de México, el corazón del país. Estos actos desafían al régimen
político y permiten a las clases explotadas distinguirse de sus
opresores. Al adquirir conciencia de clase, los trabajadores adoptan
sus propios símbolos.
El estado de Guerrero ha sido muy
prolífico en organizaciones guerrilleras. Allí surgieron el Partido de
los Pobres (PDLP), dirigido por Lucio Cabañas Barrientos y la
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), encabezada por Genaro
Vázquez Rojas en las décadas 1960-70. Ambos maestros rurales egresados
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El Ejército Popular
Revolucionario (EPR) irrumpió en este estado, el 28 de junio de 1996,
en el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos de Aguas
Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande.
En el mes de octubre de este año, el Ejército Popular Revolucionario
(EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13
comunicados en los que se exige la aparición con vida de los 43
normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña
Nieto (Gil, 2014). El 6 de octubre, El ERPI anuncia la conformación de
la “Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” para enfrentar
a los sicarios del Estado, los denominados “Guerreros Unidos”, a
quienes se atribuye la desaparición de los normalistas.
Una revolución toma forma a través de sucesivas luchas de obreros y
campesinos, tras continuas derrotas: la Revolución Mexicana tiene sus
antecedentes en la huelgas obreras de Cananea, Sonora en 1906 y de Río
Blanco, Veracruz en 1907; y concluye en 1917 con la promulgación de una
nueva Constitución; La Revolución Rusa ensayó sus primeras
insurrecciones obreras entre 1905 y 1906, pero es hasta 1917 cuando los
bolcheviques, dirigidos por Lenin, toman el poder político en esa
extensa región del planeta.
Las revoluciones son grandes
conmociones sociales, capaces de cambiar el perfil de una época,
acelerar los ritmos del desarrollo de grandes regiones, incluso de todo
la humanidad, modificar la secuencia de los procesos históricos y
acelerar el progreso. Aunque hunden sus raíces en las contradicciones y
necesidades económicas, las revoluciones son hechos políticos, jalones
mediante los cuales las clases emergentes desplazan a los
representantes del viejo orden, destruyen las estructuras que sostenían
su poder e imponen las suyas… suelen ser traumáticas y violentas, no
tanto por ellas mismas como por la enconada resistencia que han de
vencer. La crueldad, las venganzas, los ajustes de cuentas y el
terrorismo caracterizan mejor a la contrarrevolución que a la
revolución. Por la grandeza de sus metas y propuestas, las revoluciones
se abren paso con dificultad, no sólo por lo arduo que resulta destruir
el viejo orden, sino por lo complejo de construir uno nuevo (Gómez,
2007).
La revolución no es entonces un evento puntual
delimitado en espacio-tiempo; el derrocamiento de una clase social y la
toma del poder político por otra, es tan sólo un momento del proceso
revolucionario que incluye un antes y un después de este
acontecimiento: se inicia con la generación del entorno socio-económico
de explotación extrema y el estancamiento de las fuerzas productivas;
continúa con la aparición de un detonante ideológico –que generalmente
es un acto de brutal represión del Estado- el cual confirma la
necesidad colectiva de cambiar las condiciones materiales de vida y
abre las puertas a un periodo revolucionario en el que se profundiza la
lucha de clases; prosigue con la toma del poder político por parte de
la vanguardias políticas de la clase que aspira al poder; y concluye
con el despliegue y aplicación del proyecto político revolucionario,
que busca consolidar las nuevas relaciones sociales para facilitar la
evolución de las fuerzas productivas en beneficio de un mayor número de
personas. De esta manera, la revolución puede consolidarse o ser
destruida por la contrarrevolución, en alguna de sus fases. Algunos
procesos revolucionarios ceden a las reformas del régimen y se
desmovilizan militarmente, porque son reconocidos como fuerza
beligerante y obtienen garantías para continuar la lucha política. Tal
fue el caso del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de
El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que
firmaron sus respectivos acuerdos de paz en 1992 y 1996.
Es
evidente la dificultad de contar con un fechamiento preciso de las
distintas fases por las que atraviesa un proceso revolucionario. De
allí que se enaltezca la toma del poder político como la referencia
fundamental.
Una revolución o proceso revolucionario puede
ser destruido, aun cuando se haya tomado el poder del Estado, debido a
que las contradicciones sociales propias del modo de producción
predominante siguen operando a nivel internacional.
La
desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y
del Bloque de Países Socialistas de Oriente nos deja dos lecciones: en
primer lugar, que la humanidad no se dirige irreversiblemente al
Socialismo, en forma lineal y absoluta. Antes, el Capitalismo nos puede
destruir a todos, como lo está haciendo. Esto quiere decir, que no
existe garantía de un triunfo del proletariado en el mundo, aunque esto
no impide que se luche por ello; y en segundo lugar, el Socialismo no
puede desarrollarse plenamente en un solo país como pensaba el Stalinismo,
aunque sí puede desarrollarse como contradicción dentro del modo de
producción capitalista –como en el caso de Cuba y Venezuela- y pugnar
por expandirse hasta lograr desterrar al Capitalismo del planeta y
entonces sí podrá consolidarse. Para ese entonces, no habría necesidad
de conservar las fronteras de los Estados-Nación actuales.
El detonante social
Los detonantes sociales sacuden y dinamizan la conciencia de clase;
generan la movilización política y la toma de posición de todos los
sectores que componen la sociedad, que se ubican en algún extremo de la
lucha entre el Capital y el trabajo. Se trata de acontecimientos que
profundizan la lucha de clases, la cual aflora con toda su crudeza y
beligerancia.
Ayotzinapa constituye un detonante de cambio
social de la misma forma que el Movimiento estudiantil de 1968, que
aunque no desembocó en el derrocamiento del Estado -quien implementó la
denominada “guerra sucia” contra el movimiento armado y la disidencia
política-, si generó cambios económicos, políticos y educativos en los
años siguientes a las movilizaciones masivas, que hoy se perciben en la
cultura contemporánea.
Las imágenes de los estudiantes
normalistas atacados brutalmente por las fuerzas del Estado,
aglutinaron la indignación, el repudio y el enojo social que desplegó
el movimiento en todas direcciones. Los normalistas rurales lograron
generar una identidad plena con la clase trabajadora de la ciudad y del
campo e importantes núcleos de la clase media, que vieron en los
normalistas -quienes emplean un gran esfuerzo para salir adelante en
condiciones adversas de vida-, un símbolo de lucha y dignidad. A ellos
se suma la figura de sus padres, que buscan incansablemente a sus hijos
desaparecidos, generando empatía con millones de padres dentro y fuera
del país, quienes comprenden la desesperación e incertidumbre de perder
a un hijo y obtener de las autoridades de los todos los niveles de
gobierno: simulación y retórica populista en lugar de solucionar su
demanda.
El desprecio por los humildes, aunado a la
torpeza e insensibilidad del régimen, condujo al presidente Peña a
manifestar su deseo de “que realmente superemos esta etapa de dolor,
demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor
entorno”, el cual le redituó mayor repudio y descrédito entre la
población, pues aunque se han realizado más de 70 detenciones de
presuntos responsables de la desaparición de los normalistas, queda la
certeza generalizada de que el principal responsable de los
acontecimientos en Iguala es el Estado; y cuando se confirmó la muerte
de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos,
por medio de análisis realizados a restos óseos, por el Laboratorio de
Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria
-presuntamente recuperados en el basurero de Cocula, Guerrero, según la
PGR-, ningún representante del gobierno federal o estatal se acercó a
los padres del estudiante para informarles sobre su fallecimiento,
hecho que fue tomado por ellos mismos como una humillación.
En esta situación de intensa lucha social, resulta emblemático que sean
algunos de los mismos padres quienes llamen al pueblo a la revolución:
… ya se requiere que entremos en otras cosas más fuertes, porque las
marchas ya no dejan nada, más que armarse e ir sobre ellos, el que sea,
y quitar a las autoridades que están. Si la gente nos ayuda, hay que
entrarle y quitar a todo este mal gobierno, pero hay que entrarle con
una revolución; ya hay que armarse, porque ya no hay de otra. Marchas,
marchas y marchas, pues ya no dejan nada… armarse para quitarlos y
poner a gente honesta, que vea por el pueblo y que trabaje bien, porque
el mismo gobierno solapa a todos los delincuentes y asesinos, y eso los
va tirar la gente (Ocampo y Morelos, 2014).
La VII Asamblea
Nacional Popular reunida en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa el pasado 20 de diciembre, se pronunció por un
boicot a las elecciones federales que se llevarán a cabo en 2015, y
llama a intensificar las acciones como bloqueos de puertos,
aeropuertos, liberación de casetas, cierre de autopistas, tomas de
gasolineras y distribución gratuita, toma de los medios de
comunicación, bloqueo total al Distrito Federal como parte de las
acciones a enmarcarse en las “Jornadas Acción Global por Ayotzinapa”,
que buscan generar las condiciones para una Huelga Política General en
el país (Sin embargo, 2014-a).
Ni las 10 medidas para
fortalecer a las instituciones en materia de seguridad pública, así
como de procuración e impartición de justicia, presentadas por el
presidente en Mensaje a la Nación a finales de noviembre, ni las
acciones anunciadas a principios de diciembre para reactivar la
economía de Guerrero, que incluyen incentivos fiscales, impulso al
turismo y medidas de seguridad, devolvieron al Gobierno de la República
la escasa credibilidad y legitimidad que contaba antes de los hechos de
Iguala. Con estas medidas -u ocurrencias-, pretende generar la imagen
de que la corrupción y la delincuencia vienen de fuera, de elementos
contaminantes y no desde adentro del Estado como realmente ocurre.
Villanueva concluye (2014): Peña no entiende que “él forma parte de lo
que se debe cambiar”.
A más de tres meses de ocurridos la
desaparición de los normalistas, el proceso de Ayotzinapa ya presenta
consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales relevantes
en forma de una avalancha de cambios cuantitativos:
1) Ha
logrado mantener el interés y la indignación de la población en el caso
durante estos meses en las calles y en los medios privados de difusión
masiva, aun en época de vacaciones de fin de año. Desde los primeros
días, a los editorialistas y conductores de noticias no les quedó otra
alternativa que “sumarse” al reclamo social de que aparezcan los
estudiantes con vida. Las redes sociales han rebasado a los medios
tradicionales de difusión de noticias, adelantándoseles incluso, en
compartir los contenidos multimedia al momento de estar ocurriendo una
movilización o un hecho represivo y no han dado tregua al sistema
político, al que se han encargado de evidenciar cotidianamente su
carácter corrupto, en particular, de la pareja presidencial.
2) Alentó a trabajadores, estudiantes y campesinos a profundizar sus
luchas y en algunos casos, a asumir la autonomía en sus comunidades: en
diciembre de 2014 pobladores del Estado de Guerrero habían tomado 35
palacios municipales, lo que representa el 43 por ciento del total de
ayuntamientos en la entidad. En cinco ayuntamientos se instalaron
gobiernos autónomos, con concejos y asambleas populares (Goche, 2014).
El Movimiento Popular de Tecoanapa, Guerrero informó que todos los
municipios de la Costa Chica, de Guerrero ya habían sido tomados por
los concejos municipales populares y que las movilizaciones contra el
gobierno continuarían (Lara 2014).
3) La lucha por la
aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa se hermanó con otro
movimiento de gran trascendencia histórica: el de los estudiantes del
Instituto Politécnico Nacional que generó un Paro generalizado de
labores en más de 40 escuelas debido a la imposición de un reglamento
autoritario y la adecuación de los planes de estudio a los
requerimientos del Capital imperialista. No sucedía un hecho de esta
naturaleza desde 1987 en que desarrolló una lucha contra el porrismo [2]
en esa institución. A la par de su movimiento, los estudiantes
politécnicos se dieron tiempo y espacio para apoyar a sus compañeros
normalistas. La influencia de Ayotzinapa llevó a las autoridades
federales a aceptar la mayoría de las demandas de los politécnicos y
firmar acuerdos públicos en diciembre. Los políticos se dieron cuenta
que la posible radicalización del movimiento estudiantil se podría
articular con la lucha de las organizaciones guerrerenses, acelerando
una insurrección popular de magnitudes impredecibles.
4)
Consigue la renuncia del gobernador del Estado de Guerrero, quien había
sido acusado de participar con el narcotráfico, siendo éste un hecho
inédito en los últimos años, en que ningún mandatario había dejado su
cargo por las movilizaciones sociales, aun cuando este ejemplo podría
replicarse en otras entidades federativas. Asimismo, se logra la
separación del cargo, como presidente municipal de Iguala, de José Luis
Abarca Velázquez, quien fue posteriormente detenido al lado de su
esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos responsables de los
hechos del 26 y 27 de septiembre.
5) Opone a la imagen
idílica y fantasiosa que ha promovido el gobierno de México en el
extranjero, la imagen real de una nación saqueada, degradada económica
y culturalmente por los mismos que hoy ven “un país de oportunidades”.
En octubre del presente año 16 diputados del Parlamento Europeo se
manifestaron “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en
el estado de Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del
Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian
actualmente las partes, sea suspendido hasta poder “reconstruir la
confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos
(Appel y Alcaraz 2014). Y en noviembre i ntelectuales y catedráticos de
25 universidades del mundo convocaron al Foro Global “México y la
herida abierta del mundo”, con el cual invitaban a estudiantes,
comunidades académicas y ciudadanía en general para que, entre
noviembre y diciembre, generaran espacios de información, reflexión y
diálogo sobre la crisis de ingobernabilidad y violaciones de derechos
humanos que vive México y que ha sido puesta en evidencia con la
desaparición de 43 estudiantes normalistas (Sinembargo 2014-b).
6) Debilita sustantivamente, a lo interno como externo de nuestro país,
la imagen de Peña Nieto, quien representa la irracional embestida
neoliberal en nuestro país. Apuntalado en los medios de divulgación
masiva y en los partidos políticos oficiales, había impulsado y logrado
que se aprobaran meses atrás en el Congreso, un conjunto de reformas
que daban garantía al Imperialismo financiero para acceder sin
obstáculos legales, a la producción de los principales recursos de la
economía nacional, como el gas, el petróleo y la minería. Dentro de
este paquete se encuentra la Reforma educativa, cuyo objetivo no
explícito, era acabar con el pensamiento crítico en las escuelas, en
particular con las normales rurales sobrevivientes. La presión social e
internacional orilló a Peña a firmar una minuta con los padres de los
desaparecidos y los representantes de la normal de Ayotzinapa, en el
cual se compromete a entregar los recursos necesarios para estas
escuelas (Romero y Ramírez 2014). Los principales diarios,
publicaciones y cadenas de noticias internacionales, señalaron el
derrumbe político del actual presidente: el diario estadounidense The
New York Times dedicó su espacio editorial del 11 de noviembre a hablar
del fracaso del gobierno de Peña. Por su parte The New Yorker, en su
edición del 12 de noviembre señala que Peña Nieto es a menudo descrito
como un “actor”, en México y en el extranjero se vendió a sí mismo como
un modernizador neoliberal y reformador que iba a llevar a cabo el
“Momento de México”, pero hoy su gobierno de violencia y corrupción,
asola el país. The Washington Post aseguró el 19 de noviembre que el
Presidente Enrique Peña Nieto, quien ha tratado de dirigir la narrativa
nacional lejos de la violencia del narcotráfico y hacia la Reforma
Económica, se encuentra justo donde no quería estar. El Analista en
seguridad Alejandro Hope comenta en BBC News de Londres que el caso se
combinó con la compra de una mansión de US $7 millones por parte de su
esposa, Angélica Rivera y el conflicto de interés que representa.
Observa que el desempeño de la economía es uno de los temas que más
críticas ha causado entre los especialistas, pues las expectativas eran
muy altas y concluye que “el país está al borde de una recesión”. El
influyente diario francés Le Monde publicó una nota de portada con la
cabeza: “Revuelta de los mexicanos contra el Estado-mafia”. La
televisión pública RT de Rusia publicó un reportaje enmarcado en el
segundo aniversario de Enrique Peña en el poder y aseguró que su
popularidad ha caído al nivel más bajo para un presidente mexicano
desde 1995. Televisión Nacional de Chile (TVN) destacó que el crimen de
Iguala es uno de los peores de la historia reciente de América Latina.
TeleSUR de Venezuela realizó un reportaje titulado: Mexicanos rechazan
políticas del gobierno de Enrique Peña Nieto (Palestino 2014). La
Revista Forbes indicó que l a crisis política y social detonada por la
desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
despertó serias dudas sobre la capacidad del gobierno de Peña Nieto
para hacer frente al problema de violencia en el país (La Jornada
2014).
7) Las movilizaciones han obligado al Estado mexicano
a resolver el caso pronta y satisfactoriamente. El alargamiento de las
investigaciones, el montaje de hechos inverosímiles, como la versión
del Procurador General de la República de que los estudiantes fueron
asesinados, quemados y reducidos a cenizas por miembros de un Cártel
del narcotráfico o el intento de desviar la atención con noticias
escandalosas y distractores, ha abonado mayor descrédito al actual
régimen.
8) Asimismo, el movimiento logró contener y
evidenciar la represión del Estado, aun cuando los normalistas tomaron
la sede del Congreso local e incendiaron el Palacio de Gobierno de
Guerrero, el pasado 13 de octubre y teniendo como antecedente la
represión sistemática a las manifestaciones contra el régimen,
aumentando con ello el número de presos políticos en el país. El
Gobierno Federal ha fracasado en su intento de desacreditar y aislar a
los profesores de Guerrero y más recientemente a los padres de familia.
Tanto padres, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa como integrantes
del Movimiento Popular en Guerrero han sido amedrentados continuamente
para que abandonen la lucha: los presionan para que dejen de
movilizarse, los vigilan afuera de sus casas y a los papás les están
ofreciendo dinero para que dejen de buscar a sus hijos (Sin embargo,
2014-c). El Gobierno Federal lleva a cabo una estrategia para
desprestigiar a todas las organizaciones que apoyan el movimiento: las
autoridades ya habían intentado vincular a los jóvenes normalistas con
el grupo delincuencial Los Rojos; el Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional “fichó” a los abogados que acompañan
a los familiares de las víctimas, el Secretario de Marina Vidal
Francisco Soberón Sanz afirmó que los padres de los normalistas eran
“manipulados” por grupos que sólo buscan intereses particulares y el
domingo 14 de diciembre, un grupo de policías en estado de ebriedad
rompió las vallas del sitio donde se iba a realizar un concierto en
apoyo al movimiento, provocando un enfrentamiento entre activistas
solidarios y la policía (Camacho 2014). La represión alcanzó a las
movilizaciones de la Ciudad de México, donde se provocaron
enfrentamientos con la policía y se pudo documentar la detención
arbitraria de personas, agresiones físicas y psicológicas a
manifestantes, defensores de derechos humanos y periodistas. A 11
personas detenidas tras la Manifestación del 20 de noviembre se les
intentó imputar los cargos de motín, asociación delictuosa y tentativa
de homicidio. De acuerdo a versiones de funcionarios consultados por el
diario La Jornada (Méndez 2014), los agentes ministeriales que tenían a
cargo la investigación, recibieron la indicación de sus mandos
superiores de acreditar también el delito de terrorismo a los
detenidos. Y aunque se les trasladó a penales de alta seguridad fuera
de la Ciudad de México, para dificultar su defensa, 9 días después
fueron liberados por falta de elementos para procesarlos. En el norte
del país, elementos del Ejército mexicano ingresaron a la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Uno de los estudiantes denunció que entraron armados, tomaron
fotografías y vídeos, además, traían nombres de alumnos que habían
participado en la manifestación del 20 de noviembre (El Siglo de
Torreón, 2014). El pasado 2 de diciembre, con el voto mayoritario del
PRI y los partidos de derecha, se aprobó en la Cámara de Diputados una
Ley de Movilidad, que consiste en reformas a los artículos 11 y 73 de
la Constitución Política Mexicana y que puede servir al Estado para
criminalizar las protestas, reprimiendo las manifestaciones con el
pretexto de garantizar la movilidad de otros ciudadanos. El dictamen
fue enviado al Senado, quien podrá aprobarlo en los próximos meses.
De esta manera, el Movimiento Internacional por Ayotzinapa representa
una ventana abierta, que permite visualizar escenarios alternativos al
de la violencia y la inseguridad institucionalizadas, el despojo de los
recursos naturales y la explotación desmedida de la fuerza de trabajo
mexicana.
La brutal represión a los normalistas evidenció
de manera nítida que los sicarios del narcotráfico -por un lado-, y el
ejército -por el otro-, constituyen los brazos armados del Estado
mexicano, que donde quiera que se establecen –el segundo con el
pretexto de combatir a los primeros- inhiben en las poblaciones el
ejercicio de sus derechos colectivos y garantías individuales, como los
de libre tránsito, libertad de expresión y manifestación; impiden
también que defiendan sus recursos naturales como sucede en el Estado
Guerrero, en el que las mineras trasnacionales -principalmente
canadienses-, pretenden despojar y controlar amplios territorios de las
comunidades campesinas y evitar que defiendan su derecho mismo a la
vida.
Ayotzinapa se levanta vigorosa, renovada y digna;
aportando dirección y sentido a la fragmentada lucha social, resultado
de sucesivas derrotas políticas. Su fuerza radica en la justeza de sus
demandas: presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos y
castigo para los autores materiales e intelectuales de los hechos,
renuncia de Enrique Peña Nieto porque no representa los intereses, ni
aspiraciones del pueblo mexicano, que han permitido aglutinar a los
trabajadores del campo y la ciudad, a estudiantes, intelectuales, amas
de casa, junto a organizaciones de lucha social y política.
El principal desafío es mantener la unidad del movimiento, promoviendo
la inclusión de los diversos sectores sociales en una lucha
revolucionaria e imaginativa, en la que uno de sus objetivos
estratégicos sea construir organizaciones permanentes, que se preparen
para profundizar la lucha de clases, que confronten sus ideas y
posturas políticas en debates francos y en los que se respeten los
acuerdos. El movimiento debe prepararse para generar cambios políticos
a su paso, a la par que evade la represión…
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[1]
La versión que ha sostenido el Gobierno Federal es que se trató de un
hecho aislado del crimen organizado. En realidad fue una acción
coordinada de las fuerzas del Estado, para hostigar a una de las
Escuelas con mayor tradición de lucha social en México, que estorba a
la Reforma Educativa impulsada por el gobierno en turno y a la que
pretendía desaparecer. Una investigación periodística, basada en
documentos oficiales (informes inéditos y declaraciones judiciales),
vídeos y testimonios obtenidos por la Revista Proceso y analizados con
el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad
de Berkeley, California, revela que fuerzas federales actuaron
directamente en el atentado contra los normalistas. De acuerdo con la
información obtenida por Proceso en la Normal de Ayotzinapa,
el ataque y desaparición de los estudiantes fue dirigido
específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la
institución, pues de los 43 desaparecidos uno formaba parte del Comité
de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela y 10 eran
“activistas políticos en formación” del Comité de Orientación Política
e Ideológica (COPI). Un informe inédito del gobierno de Guerrero
–fechado en octubre y entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob)
hace más de un mes– señala que desde su salida de las instalaciones de
la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes eran monitoreados por agentes
de las administraciones estatal y federal (Hernández y Fisher 2014).
Organizaciones de la sociedad civil expresaron en un comunicado que
“testigos estudiantes y gente local, afirman que los atacantes, después
del incidente recogieron los casquillos; que la calle estaba cerrada
por policías encapuchados, con armas largas y uniformes oscuros
(distintos de los de la policía municipal) y que estaban equipados con
pecheras, rodilleras, cascos, coderas, y pasamontañas; que una patrulla
traía soporte para ametralladora, además de que en uso de los camiones
se encontraron residuos de gas lacrimógeno”. También aseguran que el
Procurador General de la República miente cuando dice que los
normalistas fueron asesinados y quemados. El titular del Instituto de
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge
Montemayor, demostró que tal como lo presentó la dependencia de
gobierno a la opinión pública resulta imposible haberlo realizado: “la
hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tiene
ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”. (Sin embargo,
2014). Denunciaron también que el ataque en Ayotzinapa no es un hecho
aislado y que las agresiones se deben a que “Guerrero es un estado que
se encuentra en la franja de oro del país, tiene 705 concesiones a
trasnacionales mineras vigentes que amparan una superficie de 1,317,452
hectáreas, equivalentes al 20.5% del total de su territorio y a tan
sólo una hora de Iguala, se encuentra la mina de oro más importante de
Latinoamérica, de la que se pretende extraer más de 60 millones de
toneladas del metal áureo”.
[2] En México se les denomina porros
a los jóvenes y adultos que operan en la Escuelas públicas de Educación
Media Superior y Superior (bachilleratos y universidades). Suelen
asistir a los partidos de futbol soccer y americano –de allí el nombre-
y se comportan violentamente. Algunos de estos grupos funcionan como
grupos de choque, ya que son financiados por las autoridades estatales
para atacar, vejar, robar, generar miedo en las escuelas e impedir la
organización estudiantil.
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