José Antonio Almazán González
En tiempos de
nacionalismos imperiales y proteccionistas, como el de Donald Trump, y
todavía fresco el centenario de la vapuleada Constitución de 1917,
resulta oportuna una lectura de lo que los neoliberales promotores del
TLCAN, manzana de la discordia entre México-EU, dejaron y borraron de un
plumazo del artículo 27 constitucional.
Dichos principios, fundados en la propiedad originaria de la nación y
el dominio directo de la misma, inalienable e imprescriptible, sobre
sus tierras, recursos naturales, mares y aguas, establecieron el nuevo
andamiaje del proyecto de nación surgido de la Revolución Mexicana,
mismos que fueron enriquecidos con las sucesivas reformas
constitucionales, en 1939 bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas
y las dos promovidas por el presidente Adolfo López Mateos en 1960 en
materia petrolera y de exclusividad de la nación en la prestación del
servicio público de energía eléctrica.
Estos fundamentos constitucionales comenzaron a ser sistemáticamente
derruidos con el arribo de los neoliberales a la Presidencia de la
República y en el marco de la negociación del TLCAN. Primero con Salinas
de Gortari, que inició la venta de garaje de mil 100 empresas estatales
y mediante una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, en 1992, abrió las puertas a la inversión privada en la
generación eléctrica. Por si fuera poco, entregó la petroquímica
secundaria a la inversión del capital privado.
El proceso privatizador energético (petróleo y electricidad) continuó
con los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, y le correspondió a Peña
Nieto completar la demolición de la soberanía energética, mediante
sendas reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución,
eliminando el concepto clave de “exclusividad nacional“ en materia
energética. Por lo mismo, pecan de ingenuos los que promueven la “unidad
nacional“ en torno a Peña Nieto en la renegociación del TLCAN y frente
al racismo migratorio de Trump, particularmente contra mexicanos.
Resulta innegable, más allá de los dogmas neoliberales, el papel que
el petróleo y la electricidad pueden jugar en el desarrollo económico y
social, sobre todo en países subdesarrollados y atrasados como México.
Los ejemplos abundan a escala internacional, pero la experiencia
mexicana tiene mucho que aportar al respecto, particularmente en el
periodo que va de 1940 a 1970, calificado como el “milagro mexicano“ o
del desarrollo estabilizador, durante el cual el petróleo y la
electricidad constituyeron herramientas esenciales en la promoción del
crecimiento económico y el desarrollo social y nacional.
Desde esta perspectiva, para construir el México con libertad,
justicia y democracia con el que todos soñamos, resulta indispensable
recuperar la propiedad y exclusividad de la nación sobre el petróleo,
sus hidrocarburos y el servicio público de energía eléctrica. El 2018
está más próximo de lo que algunos creen, pero se necesitan acciones
previas tanto en el terreno legislativo como en el de formulación de
políticas públicas, al igual que de organización de la fuerza social y
política propulsora de tales acciones.
En el caso del sector eléctrico las medidas favorecedoras de
la privatización consistieron en mantener un margen de reserva de
generación entre un 30 y 40 por ciento por encima de la demanda real de
electricidad, disminuyendo las necesidades presupuestales reales de CFE y
LFC (antes de su extinción-liquidación), retirando anticipadamente las
plantas de generación de CFE (140 centrales eléctricas entre 2016 y
2029), bajo el falso argumento de que han agotado su vida útil. Todo
ello con el propósito de justificar y promover la entrada masiva del
capital privado en toda la cadena productiva de CFE, comenzando por la
generación eléctrica. En el caso de Pemex, particularmente durante el
periodo neoliberal, fue su creciente descapitalización, mediante una
política impositiva única en el mundo, la prohibición de construir
plantas de refinación y de inversiones en su cadena productiva, donde se
genera el mayor valor agregado.
Para frenar y comenzar a revertir el proceso privatizador
desnacionalizador de los energéticos pactado en la Alianza para la
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), urge dejar fuera
el petróleo y la electricidad del marco expoliador del TLCAN para evitar
cualquier tentación de una mayor privatización; parar de tajo el
desmantelamiento de CFE y Pemex. Construir las refinerías que sean
necesarias para dejar de importar las gasolinas que México consume.
Formular una política tarifaria eléctrica que aliente el crecimiento
industrial, de servicios y reactive el campo mexicano, hoy abandonado su
suerte. Atender la demanda de millones de usuarios de electricidad que
reclaman una tarifa social eléctrica frente a los exiguos salarios, y el
borrón y cuenta nueva frente a los abusos CFE.
Sin duda alguna, frente al embate declarativo y de facto de
Donald Trump, que insulta y denigra al pueblo de México, sobre todo a
sus migrantes, se requiere fortalecer los principios básicos de la
política exterior mexicana contenidos en el artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero igualmente
urge tomar las medidas necesarias, entre las que destacan frenar el
proceso privatizador y dar los pasos necesarios para avanzar en la
renacionalización del sector energético. Sin recuperar el petróleo y la
electricidad en manos de la nación, México no tiene futuro. Sin una
industria energética integrada y renacionalizada con todo y sus cadenas
productivas, que ponga el acento en la investigación y formación, no hay
salida. Tomará algunos años, pero la unidad que reclama México es la de
abajo y a la izquierda, nacionalista, democrática y mirando al sur, no
con quienes nos condujeron al despeñadero.
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