By Redacción Revolución
(15
de febrero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el marco de las
iniciativas presentadas para dar un marco legal que regule la presencia
de las Fuerzas Armadas en el país y la posible aprobación de la Ley de
Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil, así como
integrantes de la academia dieron a conocer este martes durante una
conferencia de prensa, “las preocupantes consecuencias que puede tener
la aprobación de dicha Ley”.
“Las víctimas de la
militarización de la seguridad pública, organizaciones cívicas e
integrantes de la academia, urgimos al Congreso de la Unión a detener de
manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de
las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad
pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización
de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran
asumir dichas tareas”, dieron a conocer.
Explicaron
que la Ley de Seguridad Interior representa “una afrenta a las
recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a
México. Resulta apremiante que las y los legisladores tomen en cuenta
las manifestaciones en contra de la aprobación de esta Ley tanto de
organizaciones nacionales, como organismos internacionales por
considerarla riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la
reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la
estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006”.
Destacaron
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su
visita in loco en 2015, mostró su preocupación debido al incremento de
violencia y de las violaciones a derechos humanos en México, en el marco
de la estrategia de seguridad militarizada.
La CIDH
consideró indispensable que el Gobierno mexicano presente un plan
concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad. De la misma manera, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14
recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un
enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos.
“Tal
y como hemos señalado con insistencia, legislar en materia de seguridad
interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de
los derechos humanos. Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública
ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad
de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del
artículo 29 constitucional”, se expuso.
Ante la
falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que
constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es
la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción
de delitos, urgieron al Congreso de la Unión detenga la aprobación de la
Ley.
Toda Ley o estrategia aprobada en materia de
seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una
efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y
la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y
violaciones, mencionaron.
“La evidencia hoy
disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias,
desapariciones, y ejecuciones a manos de militares. Estos casos tendrían
que ser tomados en cuenta por las y los legisladores para evidenciar la
urgencia de adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja
las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de
seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas
armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército
realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención
e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley.
Las
organizaciones e integrantes de la academia insistimos en la necesidad
latente que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la
política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico,
documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y
consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años”, puntualizaron.
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