Recomienda la ONU
Un grupo de expertas y expertos en derechos humanos de las Naciones
Unidas instó a las y los diputados de Guatemala a aprovechar la
oportunidad histórica que representa la aprobación de la iniciativa
5179 que reformaría la Constitución en materia de justicia, para mejorar
el acceso a la justicia para las mujeres y los pueblos indígenas.
Asimismo, para fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder
Judicial mediante la separación de las funciones administrativas y
jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia; despolitizar la
selección de funcionarios judiciales; y reconocer constitucionalmente la
jurisdicción indígena.
Las y los expertos indicaron que la reforma debe asegurar, dentro de las
garantías y principios del sistema de administración de justicia, el
respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género en el acceso al
sistema de justicia y a las carreras profesionales, conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos.
“Guatemala tiene la obligación de exponer y eliminar las barreras
sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género,
que impiden a las mujeres ejercer y reivindicar sus derechos, y
dificultan su acceso a recursos eficaces”, subrayó Alda Facio, actual
presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación
contra la mujer en la legislación y en la práctica.
“La discriminación contra las mujeres, basada en los estereotipos de
género, el estigma, las normas culturales perjudiciales y patriarcales, y
la violencia de género, tiene un impacto negativo en la capacidad de
las mujeres de acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los
hombres”, dijo.
Las y los expertos exhortaron al Congreso de la República a preservar el
objetivo y espíritu original de la reforma constitucional, y a no
menoscabar su integralidad y el carácter participativo e inclusivo del
proceso que contó con los aportes de diversos sectores de la población.
Asimismo pidieron a las y los legisladores que en las discusiones y
aprobación final de la reforma constitucional se dé una respuesta
adecuada a las necesidades identificadas para el fortalecimiento
efectivo del sistema de justicia”.
Recalcaron que cada uno de los temas planteados en la reforma
constitucional debe ser aprobado conforme a las obligaciones
internacionales que el Estado ha adquirido en materia de derechos
humanos y a las recomendaciones de los mecanismos de protección de los
derechos humanos.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los derechos de
los pueblos indígenas, alentó de manera especial a las y los diputados
“a asegurar que la disposición relativa a la jurisdicción indígena no
tenga ningún efecto perjudicial sobre los pueblos indígenas.
“La resolución que se apruebe debe proteger, en vez de limitar o
reducir, los derechos de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer
su sistema de justicia”, enfatizó la Sra. Tauli-Corpuz.
Por su parte, el nuevo el Relator Especial de la ONU sobre la
independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, afirmó
que “la reforma debe contribuir a garantizar constitucionalmente la
carrera profesional y establecer mecanismos de selección de funcionarios
del sistema de justicia que eliminen el riesgo de politización y
conflicto de intereses”.
“Es imprescindible que el modelo de separación de funciones
administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia que
sea aprobado garantice plenamente la independencia e imparcialidad en el
poder judicial”, concluyó García-Sayán.
La exhortación de las los expertos a las y los legisladores
guatemaltecos cuenta también con el respaldo del Relator Especial de la
ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Mutuma
Ruteere.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.-
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