2/16/2017

Universidades del Edomex ‘desaparecen’ 611 mdp de Sedesol: ASF



Sharenii Guzmán |

611 millones de pesos, recursos otorgados por la Sedesol a tres universidades del Edomex, se ‘desaparecieron’ en servicios que nunca fueron comprobados denunció la ASF 


Más de 611 millones de pesos, recursos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a tres universidades ubicadas en municipios con alta marginalidad del Estado de México, se ‘desaparecieron’ en servicios que nunca fueron comprobados, denuncia la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Dentro de la Cuenta Púbica 2015, la ASF reporta que la Sedesol, mediante un convenio de colaboración, dio 611 millones 711 mil 900 pesos a las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco, y Tecnológica del Sur del Estado de México, situada en el municipio Tejupilco de Hidalgo, para el desarrollo de proyectos, adquisiciones y servicios.

Estas instituciones educativas no realizaron los proyectos. Argumentaron que no tenían “los recursos técnicos, financieros y humanos”, por lo que contrataron a cinco empresas por 605 millones 302 mil 800 pesos, es decir el 99 por ciento del total pagado por la Sedesol.

Los proveedores tampoco efectuaron los servicios. La ASF constató que estas empresas transfirieron 591 millones 416 mil 900 pesos, es decir el 97 por ciento de los recursos otorgados por las universidades, a seis personas físicas y 12 morales, “sin que existiera contrato o constancia que justificaran los depósitos”.

La ASF comprobó que las universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios sin la necesidad de subcontratar a terceros.

De manera adicional, la Sedesol pagó de sus propios recursos, una cantidad de 89 millones 959 mil pesos a coordinadores técnicos sociales, cuando este dinero debió cubrirse a través de los convenios suscritos con las universidades del Edomex, indicó el órgano de fiscalización.

En su informe, la ASF determinó que se tienen que recuperar 702 millones 557 mil 300 pesos resultado de los convenios de la Sedesol con las tres universidades del Estado de México.

En este caso, la ASF estableció que la dependencia federal incurrió en irregularidades que provocaron el ejercicio  y desvío de recursos públicos a partir de la adjudicación de contratos a las universidades sin que tengan la capacidad técnica, material ni humana para realizar los proyectos por lo que subcontrataron a terceros, los cuales no proporcionaron la documentación comprobatoria ni los entregables que den constancia que los servicios fueron realizados.

 "La Sedesol no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, ya que se presumen conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y la contratación de terceros, sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, por los que se presume su vinculación con actos irregulares”.

Este tipo de inconsistencias en convenios de la Sedesol con universidades de distintos estados del país se ha detectado durante cuatro años consecutivos.

En ese tiempo la ASF ha realizado denuncias ante las autoridades correspondientes con el objetivo de erradicar estas conductas irregulares, sin embargo se ha hecho caso omiso, lo que ocasionó la reincidencia durante 2015 en estas contrataciones que “no aportan ningún beneficio” a la población vulnerable.

La ASF detalló que se han emitido recomendaciones, las cuales no han sido atendidas, a la Sedesol y a las universidades fiscalizadas para que las adquisiciones de bienes y servicios se incorporen al Sistema CompraNet.

En 2014, la Sedesol firmó un convenio de coordinación con la Universidad Autónoma del Morelos por un monto de 324 millones 632 mil 800 pesos, en donde también se detectaron incremento de costos y subcontratación de terceros que simularon servicios.

A pesar de ello, en 2015 la dependencia federal reincidió en el esquema y casi duplicó el monto al pagar a tres universidades del Edomex un total de 611 millones 711 mil 900 pesos.

 La ASF concluyó que estos convenios de colaboración han sido un mecanismo que en lugar de proveer una reducción de costos y mayor eficacia en el ejercicio del gasto, ha generado falta de control en el uso de recursos públicos.

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