Gilberto López y Rivas
La llegada de Andrés Manuel
López Obrador a la Presidencia de la República y el triunfo de Morena
como primera fuerza política en el Congreso de la Unión, las
gubernaturas de cuatro estados, la jefatura de Gobierno de Ciudad de
México, numerosas alcaldías y gobiernos municipales, exigen reflexionar,
desde el pensamiento crítico, sobre los alcances y las limitaciones de
la denominada Cuarta Transformación.
Es necesario caracterizar el gobierno actual, sus proyectos
económicos y sociales considerados prioritarios, así como la nueva
correlación de fuerzas políticas que se está conformando, con objeto de
contar con herramientas que permitan comprender y responder
adecuadamente al nuevo sistema hegemónico de dominación con el que se
reconfigura el capitalismo.
Se requiere analizar las bases que sustentan la Cuarta
Transformación, que no deja ver con claridad su estrategia programática
ni legislativa. El combate a la corrupción, sin una ruptura con el
modelo desarrollista, no sienta las bases para un cambio de las
dimensiones históricas de la Independencia nacional, la Reforma y la
Revolución de 1910. Negar la vigencia de la lucha de clases en México,
situarse como árbitro supremo de los conflictos sociales y pretender
mutar el Estado en un aparato redistributivo clientelar, no significan
una
transición histórica de la República, ni mucho menos un
cambio de época.
Asimismo, una enumeración de los proyectos económicos prioritarios:
Zonas Económicas Especiales, Tren Maya, desarrollo del Istmo de
Tehuantepec, siembra de árboles frutales y maderables en un millón de
hectáreas, construcción de 300 caminos en territorios rurales,
refinerías, sistema de aeropuertos en el área metropolitana de Ciudad de
México; zonas francas en la frontera norte y región istmeña,
continuidad de los proyectos mineros, la reiterada afirmación de
respetar los contratos, la independencia del Banco de México, la
perspectiva del jefe de gabinete, de
hacer de México un paraíso de las inversiones, y la iniciativa de Morena en el Congreso para abrogar la actual Ley Agraria, y expedir otra que refuerza los mecanismos de privatización de las tierras ejidales y comunales, y, sobre todo, la aceptación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, confirman la continuidad de políticas económicas dentro de la lógica del sistema capitalista, del neoliberalismo que se afirma superar.
En lo político, la creación del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas es un retorno al viejo indigenismo establecido por el régimen
priísta, clientelar y corporativo, que fue caracterizado como una
política de Estado para los pueblos indígenas autoritaria y
manipuladora, y cuyos funerales fueron celebrados en los diálogos de San
Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. El hecho de establecer 130
oficinas del nuevo INPI en territorios de los pueblos originarios, con
funcionarios hablantes de la lengua respectiva, con recursos y proyectos
gubernamentales, es una agresión directa a los procesos autonómicos y a
los movimientos en defensa de los territorios y contra la invasión
corporativa. Particularmente en los territorios donde se desarrollan
procesos autonómicos más profundos, relacionados con conflictos armados,
como la región maya zapatista, o que defienden la territorialidad
indígena campesina, el INPI corre el riesgo de desempeñar labores
contrainsurgentes y de
ingeniería de conflictosque las empresas mineras ponen en práctica para vencer las resistencias.
Se constata la metáfora del subcomandante Moisés de que
cambian los mayordomos y capataces, pero el dueño de la finca continúa siendo el mismo.El rechazo a estos proyectos por parte del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, de numerosas organizaciones independientes indígenas y campesinas, de especialistas en diversas disciplinas científicas, así como la crítica a las consultas gubernamentales por no cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, que mandatan que éstas sean previas, libres, informadas y vinculantes, no ha recibido la atención que merecen y, por el contrario, fueron objeto de un trato despreciativo por parte del Presidente.
En este sentido, destaca el clima de intolerancia a la crítica al
nuevo gobierno desde la izquierda anticapitalista, aduciendo que
hace el juego a la derecha,
es un regreso al comunismo primitivo, o
un menosprecio a los 30 millones de votantes que eligieron a Andrés Manuel López Obrador.
Precisamente por el respeto que se merecen todos y todas los
mexicanos (as) que votaron por un cambio profundo, se reivindica la
necesidad de un análisis riguroso de la naturaleza y los impactos de los
proyectos en ciernes, de la direccionalidad de los mismos, a partir de
las resistencias de abajo y a la izquierda, y de una intelectualidad
comprometida con estas luchas. La disyuntiva continúa siendo: con el
príncipe o con el pueblo.
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