Jaime Quintana Guerrero*
“Nosotros vamos a emprender la
lucha callejera, como lo sabemos hacer los movimientos sociales y
nuestro único objetivo será, ‘Libertad de los presos políticos’”,
exponen integrantes del Movimiento por la Libertad de los Presos
Políticos en Guerrero. Al mismo tiempo que señalan que
en Guerrero pasan presidentes, gobernadores y nadie asume la libertad, pero siempre se heredan los encarcelados a los que siguen como autoridad. Aquí pasará lo mismo, si el 31 de diciembre de 2018 no se libera a los p Peña Nieto, pasarán a ser de Andrés Manuel López Obrador.
Declaraciones van y vienen y, sin embargo, los presos políticos
siguen habitando en las cárceles de todo México. Políticos de los
diferentes partidos y colores utilizaron en campaña la bandera de la
prisión para legitimarse y llegar al poder; mantas, carteles,
declaraciones públicas, promesas a familiares y al pueblo de México se
escucharon en televisión, radio y redes sociales, expresan los
integrantes de este movimiento y declaran que
el deterioro de la vida de las personas injustamente recluidas, se acelera, como la de Gonzalo Molina y Marco Antonio Suástegui, miembros de la CRAC-PC.
En la entidad, el Movimiento de los Presos Políticos del Estado de
Guerrero es una agrupación de familiares, amigos, ex presos políticos
del estado y organizaciones de la entidad, tales como el Consejo de
Ejidos Opositores a la Presa La Parota, de los comités de enlace y las
casas de Justicia (excepto la de San Luis Acatlán) de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), del
Frente Popular de Tlapa (FPT), el colectivo El Grito, el Movimiento
Popular Guerrerense de la Región de la Montaña, de la Organización
Independiente de Guerrero, y otras más.
La organización se propone realizar acciones por la libertad de los
18 comuneros y policías comunitarios. Se han entrevistado ya con la
secretaria de Gobernación para exponer dos propuesta de libertad sin
pasar por la amnistía.
La primera consiste en el desistimiento de la acción penal por parte de la fiscalía del estado, eso en virtud que no existen elementos de prueba, y segunda, la vía del amparo contra el auto de vinculación a proceso, propuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informan Kenia Hernández y Arturo Campos, consejeros de la CRAC-PC, además de seguir apelando al pueblo de México para llevar a cabo la movilización pacífica.
El Partido Revolucionario Institucional gobierna a los guerrerences,
los cacicazgos en las regiones se mantienen y controlan a la mayoría de
los grupos de poder y del crimen organizado en gran parte del
territorio. La lucha contra la inseguridad en el estado y la defensa del
territorio contra proyectos extractivos son la consecuencia de los
encarcelamientos de campesinos e indígenas en toda la entidad.
La esperanza no llega y se vuelve una tortura para las comunidades
que tienen comuneros, ejidatarios y familiares en las cárceles de todo
el país. Es por ello que en voz de Kenia Hernández Montalván, consejera
de la CRAC-PC (que agrupa más de 200 comunidades de la Costa Chica y
Montaña, expone: “Andrés Manuel López Obrador anunció que el primero de
diciembre se liberarían a presos y ya pasaron 30 días y nada, tomó
protesta y no pasó nada, después publican una lista de posibles
amnistías, pero tampoco nos preguntan si queremos el ‘perdón’. Nosotros
queremos la libertad inmediata de nuestros compañeros”.
El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, no se queda atrás en las declaraciones ante una
posibleliberación de los presos políticos:
yo no veo presos políticos en Guerrero. Si hubiera estaríamos en otra circunstancia, de convulsión. Arturo Campos, ex preso político, menciona
todos los compañeros están presos por defender sus ríos, sus bosques, su tierra, su seguridad, todos ellos tienen un motivo político que los ha llevado a la cárcel por gobiernos o caciques.
El estado de Guerrero es uno de los que ha aportado para la República
luchas y visiones a procesos democráticos, libertarios y de
organización comunitaria. Su lucha también ha costado vidas y
encarcelamiento. Baste mencionar las encabezadas por Genaro Vázquez,
Lucio Cabañas u Othón Salazar.
Los derechos humanos son históricamente letra muerta en Guerrero. No
podemos olvidar matanzas como las de El Charco, Aguas Blancas,
Ayotzinapa; los ecologistas asesinados; la eliminación selectiva de
activistas en toda la entidad; la esterilización forzada de indígenas
hombres y mujeres; los feminicidios; los desplazados por el crimen
organizado, además de los miles de asesinados, torturados y
desaparecidos por sicarios. Son algunos de los
problemasde este estado.
Para los integrantes de este nuevo movimiento
es una incongruencia que se hable de democracia cuando existen militares en la calle y presos políticos en la cárcel. Y en el escenario nacional se multiplican los comités por la libertad de los presos políticos de la comuni-dad de Tlanixco y de Salazar en Lerma, estado de México, un ayuno colectivo por parte de los presos de Chiapas, de Eloxochitán en Oaxaca, de los Yaquis en Sonora, de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Guerrero, Adrián Sotelo y demás, injustamente presos.
*Periodista
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