Rechazan
dinero por salud
▲ Desde hace más de tres décadas se ha extraído material pétreo de la
mina a cielo abierto Salsipuedes, al suroriente de San Cristóbal de Las
Casas. El yacimiento se ha extendido hasta ocupar un centenar de
hectáreas. Especialistas han denunciado que los humedales cercanos,
declarados área natural protegida en 2008, se están desecando de modo
irreversible por la pérdida de siete de los 25 pozos de la zona.
San Cristóbal de Las Casas, Chis., La resistencia de las
comunidades ha logrado frenar la operación de 111 mineras autorizadas en
Chiapas, las cuales abarcan alrededor de un millón de hectáreas, 16 por
ciento del territorio estatal.
Un caso emblemático es la mina de barita del ejido Grecia, municipio
de Chicomuselo, en la sierra, donde fue asesinado el activista Mariano
Abarca Roblero, en noviembre de 2009. Se presume que en este homicidio,
aún impune, está involucrada la empresa canadiense Black Fire.
La minería es una actividad de muerte que sólo deja migajas y destrucción. Las que se llevan la riqueza son las compañías mineras, por lo que jamás vamos a permitir que exploten los yacimientos que existen en nuestros territorios, advirtió Luis Rojas Nomura, del Frente Popular 20 de Junio, con presencia en la costa del estado.
La oposición a los proyectos se ha dado principalmente en los
municipios de Escuintla, Acacoyagua y Chicomuselo, donde las mineras han
abandonado proyectos de exploración o extracción.
En Chiapas hay 111 concesiones para extracción de oro, plata, titanio y barita, entre otros minerales, pero todos estos proyectos están llenos de opacidad, anomalías y falta de información a las comunidades, afirmó Libertad Díaz Vera, del área defensa de la tierra y el territorio de la organización civil Otros Mundos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
Gracias a la organización de los pobladores de diferentes
comunidades, dijo en entrevista, en ninguna de las áreas concesionadas
opera mina alguna.
Señaló que los trabajos en el yacimiento El Bambú, en el ejido Nueva
Francia, municipio de Escuintla, están suspendidos, por la oposición de
los pobladores
conscientes de la destrucción y contaminación que ocasionaría.
El proyecto Casas Viejas tampoco ha pasado de la fase de exploración
ante la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco; sin embargo,
Díaz Vera señaló que aún así hubo graves daños ambientales.
Los trabajadores sacaban material. Después de denunciarlos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el pueblo decidió no permitir el paso de la maquinaria y camiones hasta que la empresa informara sobre esta situación.
Pobladores de varias comunidades de Acacoyagua, en el Soconusco,
instalaron alrededor de la mina un campamento de vigilancia y al cabo de
dos años “se ha demostrado que el proyecto en esa región es opaco y ha
contaminado.
Además de provocar enfermedades en la piel, se ha presentado un aumento de casos de cáncer, por lo que han solicitado a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Salud que realicen los estudios correspondientes para verificar la información, pero se han negado, dijo Díaz Vera.
Añadió que desde los campamentos los habitantes vigilan la entrada y salida de máquinas, y
a veces han pedido que los choferes de los camiones demuestren qué material llevan.
Luis Rojas Nomura, representante del Frente Popular 20 de Junio, expresó que ejidos, bienes comunales y campesinos
están firmes en no permitir la explotación minera, pues así está acordado en actas.
Comentó que sólo en Acacoyagua hay 13 concesiones que abarcan más de
36 mil hectáreas y en Escuintla ocho, las cuales afectarían sus aguas,
pues por ahí pasa el río Cintalapa.
En el ejido La Libertad, agregó,
destruyeron el ambiente con la mina Cristina. Definitivamente, la minería nos va a causar problemas. Antes existía la idea de que traería progreso y desarrollo, pero es mentira, porque ya vimos lo que destruyeron. Se llevaron toneladas y toneladas de titanio y dejaron nuestros caminos destruidos.
Aseguró que la empresa Cristina del Male “ofreció que si aceptábamos
el paso de máquinas y camiones de volteo nos darían escuelas, caminos,
brechas, un centro de salud y 50 mil pesos para el ejido. Nunca hubo
nada y se llevaron 49 mil toneladas a 6 mil y 9 mil pesos cada una en
2015.
Decidimos emprender la resistencia para no permitir que las mineras se apoderen de los territorios que tenemos en la parte norte de Acacoyagua, porque las comunidades afectadas serían Los Amates, Acacoyagua, Jalapa, La Cadena, San Marcos y otras. Nos causaría un daño irreversible.
Rojas Nomura sostuvo que si se permite la operación de minas
serán afectadas las reservas naturales de El Triunfo y La Encrucijada.
Mientras, Díaz Vera advirtió que la llegada de Andrés Manuel López
Obrador a la Presidencia de la República es motivo de preocupación para
los pueblos donde hay concesiones mineras.
El proyecto de bienestar, como él lo llama, incluye la minería y el Fondo Minero, que existe desde 2014, y la idea es que haya más inversión canadiense. Eso le dijo al presidente (de Estados Unidos) Donald Trump, afirmó.
Con el fideicomiso, agregó, se pretende repartir una parte de las ganancias entre los pobres. Esto
es dar dinero a cambio de salud. También habla de minería verde o sustentable; no obstante, los daños están a la vista y ningún fondo los va a solucionar.
Advirtió que habrá
más resistencia porque no creemos en la minería sustentable ni en el Fondo Minero. Nos preocupa que en lugar de hacer justicia a las familias afectadas se solicite más inversión.
Foto Óscar León
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
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