Nueva Sociedad
El arribo de
Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México dibujará un nuevo
escenario en las relaciones entre el gobierno y los militares. El nuevo
presidente de centroizquierda ha sido crítico del desempeño militar y
de la propia concepción de la «guerra contra el narcotráfico». Los
desafíos son de gran magnitud: el narcotráfico y la corrupción han
creado un callejón sin salida para el Estado mexicano, mientras miles de
mexicanos son asesinados y desaparecen cada año en un espiral de
violencia que sigue activo.
Introducción
En este
ensayo se van a abordar los elementos para entender las relaciones entre
civiles y militares en México, la guerra contra el narcotráfico, sus
efectos en la democratización y los derechos humanos y cómo estas
variables han afectado la profesionalización militar.
Las Fuerzas
Armadas mexicanas no tienen vocación ni han desarrollado capacidades
para la defensa externa. En los casi 200 años de vida que tiene la
nación mexicana, los militares fueron el factor determinante de la
política y la vida pública de 1821 a 1946, y desde entonces han logrado
mantener su autonomía y fueros. Esto se ha interpretado como la
existencia de un «Estado dentro del Estado»[1]. Desde el
periodo de instauración del poder civil en 1946 a través del Partido
Revolucionario Institucional (pri), fundado por los propios militares en
1929, la convivencia entre ambas elites se dio a través de respaldos
mutuos, principalmente ante graves crisis políticas como el movimiento
estudiantil de 1968 y la guerra contra las guerrillas durante la década
de 1970[2]. En 2000, al sustituir al pri en la Presidencia
después de siete décadas de hegemonía, Vicente Fox, del Partido Acción
Nacional (pan), no acompañó la expectativa democrática con una reforma
de las Fuerzas Armadas.
Andrés Manuel López Obrador (amlo) fue
elegido el 1o de julio de 2018 con 53% de los votos y es el primer
presidente que ha criticado el accionar de las Fuerzas Armadas. El
último presidente «antimilitar» fue Venustiano Carranza, el padre de la
Constitución de 1917, quien fue expulsado del poder en mayo de 1920
mediante un golpe de Estado. Durante la campaña electoral presidencial
de 2018, los militares expresaron un fuerte rechazo a López Obrador a
través de sus voceros, principalmente en la prensa y en una activa
campaña desde cuentas de redes sociales de militares retirados, donde lo
comparaban con Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega y señalaban
que el país quedaría al borde del abismo si López Obrador llegaba a
ganar. En este sentido, durante la campaña las elites militares no
ocultaron sus simpatías por los candidatos de los dos partidos políticos
que han gobernado México, el pan y el pri , y expresaron su temor
frente a un presidente demasiado cercano a posturas «radicales»,
«populistas» y de «izquierda»[3].
Inmediatamente
después del triunfo de López Obrador, comenzaron los acercamientos y
«perdones» mutuos, explícitos o implícitos. Sin embargo, queda la huella
que podría afectar a las Fuerzas Armadas con los enunciados del
presidente electo sobre la posibilidad de no continuar la guerra contra
el narcotráfico, reabrir investigaciones sobre graves violaciones de
derechos humanos, el proyecto en favor de una «amnistía»[4] y
sus frecuentes señalamientos sobre la posibilidad de retirar de las
calles a las Fuerzas Armadas. También ha hablado de construir una
Guardia Nacional, mediante la fusión de las fuerzas policiales y
militares, proyecto también ampliamente criticado en el seno de las
instituciones castrenses. En sus últimos discursos López Obrador, al
igual que sus allegados, ha sostenido que por el momento las Fuerzas
Armadas mantendrán los despliegues de seguridad interna en estados y
ciudades donde la violencia está fuera de control, pues de lo contrario
la población quedaría desprotegida frente a la violencia criminal[5].
La profesionalidad militar en cuestión
La
teoría militar liberal señala que la profesión militar se debe centrar
en la preparación para la guerra, sea esta defensiva u ofensiva, ya sea
para defender el territorio, proteger los intereses nacionales y a la
población, ampliar el poder de un país o participar en misiones
internacionales para mantener la estabilidad del sistema global. Sin
embargo, en los países con bajo nivel de desarrollo socioeconómico, el
Estado presenta malformaciones, un desarrollo excesivo de algunas
instituciones y deficitario de otras, lo que lleva a los militares a
ocuparse de múltiples misiones no castrenses. En México, después de 197
años de independencia, el Estado sigue requiriendo de los militares para
su sostenimiento en áreas fundamentales como la seguridad pública en
muchas regiones del país.
La transición democrática tras el fin de
la hegemonía absoluta del pri lleva 18 años y los militares se
insertaron en ella con capacidad de influencia. Lograron impedir que se
implementara en esa primera democratización del año 2000 una reforma
militar que los limitara y se volvieron cada vez más necesarios debido
al aumento de la actividad del narcotráfico y el deterioro de la
seguridad pública. Las variables geoeconómicas y geopolíticas
contribuyeron a la expansión del narcotráfico: Estados Unidos, el gran
consumidor de drogas ilícitas, logró cortar el suministro marítimo a
través del mar Caribe a inicios de la primera década del siglo, y los
exportadores colombianos se vieron en la necesidad de buscar las rutas
terrestres[6]. Comenzó entonces la era dorada de los
criminales mexicanos: se volvieron globales, se beneficiaron del libre
comercio y la apertura de fronteras, se aprovecharon de la facilidad
para mover y blanquear su capital y sacaron ventaja de la debilidad del
Estado democrático mexicano.
De esta forma, se abortó la evolución
democrática del Estado mexicano en materia de seguridad y defensa. Así,
en lo que respecta a la profesionalización militar, su
«fortalecimiento» significó un mayor involucramiento en tareas de
seguridad interna. Esto a la par debilita su profesionalidad. Las
Fuerzas Armadas impulsaron desde 2016 una inédita legislación conocida
como Ley de Seguridad Interior. Esta norma se contrapone, según
numerosos juristas, a los artículos garantistas de la Constitución
mexicana, principalmente el primero, referido a los derechos humanos[7].
Gran parte del equipo del gobierno de López Obrador comparte estas
críticas, lo que abre potenciales fisuras en la relación entre civiles y
militares. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) se opusieron a la legislación elaborada con respaldo del cuerpo
de abogados del Ejército y aprobada por el Congreso en diciembre de
2017[8]. La ley incluye disposiciones que protegen a los
integrantes de las fuerzas militares en caso de acusaciones de
violaciones a los derechos humanos.
Rechazo a la protección de militares
Fox
inauguró en México la fórmula de que solo los militares podían hacer
frente a las deficiencias gubernamentales en materia de seguridad, bajo
el supuesto de que eran los mejores para depurar las instituciones.
López Obrador, por el contrario, ha cuestionado duramente a los dos
institutos castrenses: la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena,
integrada por el Ejército y la Fuerza Aérea) y la Secretaría de Marina
(semar), principalmente por emprender la guerra contra el narcotráfico,
orden dada por el presidente Felipe Calderón en 2007. Las críticas de
López Obrador se basan en «el fracaso en la lucha contra el
narcotráfico» debido al incremento de los homicidios y otros crímenes y
en la militarización de parte importante de los estados y ciudades del
país. Durante la campaña responsabilizó a la militarización por el
incremento de la cifra de homicidios y el efecto sobre la población
civil, como la gran cantidad de desaparecidos (más de 27.000 entre 2007 y
2015)[9].
López Obrador anunció el desmantelamiento
del Estado Mayor Presidencial (emp), que es el cuerpo responsable de la
seguridad del presidente y de su familia y custodia diversas
instalaciones gubernamentales[10]. El emp es un cuerpo de
protección formado por aproximadamente 8.000 integrantes y durante casi
200 años fue el símbolo de la lealtad militar y de la confianza del
presidente en las Fuerzas Armadas. A la par, el presidente electo
anunció que no va a usar el avión presidencial porque este proyecta una
imagen de poder y lujo. El avión presidencial lo administra el emp y es
parte de la Fuerza Aérea Mexicana.
Violencia y derechos humanos
En
México, el gobierno de Enrique Peña Nieto finaliza con la cifra más
alta de homicidios desde 1997. El país registró 13.738 homicidios
dolosos solo entre enero y junio de 2018[11]. La tasa
ascendió a 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, similar a la de
2011, considerado el año más violento de la era de la «guerra contra el
narcotráfico». La violencia a su vez se ha desplazado hacia la costa del
océano Pacífico y esto se relaciona con las nuevas rutas de las drogas,
principalmente las metanfetaminas y la heroína. Los estados con mayores
índices de homicidios son Colima (40 por cada 100.000 habitantes),
Guerrero (31,7), Chihuahua (22,6), mientras que los estados más
pacíficos son Yucatán, Querétaro y Campeche, con tasas menores a 5
homicidios por cada 100.000 habitantes. La Ciudad de México tiene una
tasa de 12 por cada 100.000 habitantes; sin embargo, registra un alza
importante en otros delitos[12]. El último informe de la organización Human Rights Watch señalaba sobre México:
Durante
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012,
miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y
reiteradas violaciones de derechos humanos –incluidas ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura– en el marco de
acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos
avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y
menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y
policías desde que el ex-presidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la
«guerra contra el narcotráfico» en México.[13]
Sobre la
cuestión de los derechos humanos, López Obrador y sus allegados más
cercanos han sostenido la necesidad de conformar una Comisión de la
Verdad y de reabrir investigaciones en las que hay muchas dudas sobre el
actuar de los gobiernos federal, estatal y/o municipal. Un caso
emblemático de la violación de los derechos humanos fue la desaparición
de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos culparon al Ejército y
pusieron en duda la investigación gubernamental, que trató de archivar
el caso con afirmaciones sobre «la verdad histórica». Allí se sostiene
que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados por el grupo
criminal Guerreros Unidos (exportador de heroína a Chicago), que recibió
respaldo de autoridades municipales y policíacas locales. Y así, la
«verdad histórica» del gobierno federal exculpa a cuerpos como la
Policía Federal y las Fuerzas Armadas de haber participado. El gobierno
federal, debido a la gran presión internacional, aceptó la conformación
de un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (cidh), pero no concordó con el contenido de su informe, y las
Fuerzas Armadas negaron su colaboración para la investigación. López
Obrador ha afirmado sobre este tema que «el que nada debe nada teme».
Otro
asunto polémico es el de la legalización de las drogas. Una de las
colaboradoras más cercanas a López Obrador, la probable secretaria de
Gobernación y ex-ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez
Cordero, expresó la necesidad de legalizar las drogas, especialmente la
marihuana, sosteniendo el argumento de que la legislación punitiva es
fuente de violencia. La ex-ministra afirmó que «ya la despenalizó Canadá
y casi la mitad de los estados de eeuu . ¿Qué estamos pensando,
matándonos, cuando ya toda Norteamérica la está despenalizando [al igual
que] muchos países europeos?»[14]. Adicionalmente, desde el
equipo de López Obrador se ha señalado que se podrían despresurizar los
penales legalizando el consumo y la posesión de pequeñas dosis de
drogas. Esto iría en consonancia por las campañas publicitarias
realizadas por el ex-presidente Ernesto Zedillo, miembro de la Comisión
Global de Políticas de Drogas, quien reconoció que se equivocó como
presidente en este tema y que no se puede poner fin a la «guerra contra
las drogas» y reducir la violencia sin la legalización[15].
La guerra contra el narcotráfico y el rediseño institucional
Fox
fundó el 1o de diciembre de 2000 la Secretaría de Seguridad Pública
(ssp). Su principal misión fue poner en marcha la Policía Federal. Esta
primera secretaría tuvo una vida de 12 años. El presidente Peña Nieto la
desmanteló en diciembre de 2012 y la transformó en Comisión Nacional de
Seguridad (cns), que quedó bajo la jurisdicción de la Secretaría de
Gobernación y tiene a su cargo la Policía Federal, integrada actualmente
por 36.000 efectivos.
López Obrador cuestiona la «guerra contra
el narcotráfico» emprendida por Calderón en 2007 argumentando que la
expansión de la violencia se explica por el énfasis del gobierno en
golpear los liderazgos de las grandes organizaciones criminales. Esta
estrategia es compartida con el gobierno de eeuu a través de la llamada
Iniciativa Mérida y los programas de cooperación con las Fuerzas Armadas
y los servicios de inteligencia. López Obrador señaló que «no se debe
repetir lo mismo de años pasados, cuando para ganar legitimidad se le
pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y eso nos metió en esta grave
crisis de inseguridad y de violencia, esto que duele mucho»[16].
La guerra contra el narcotráfico llevó incluso a que las organizaciones
criminales maduraran y se convirtieran en «empresas», con gran cantidad
de actividades económicas «legales», lo que diversificó su «portafolio»[17].
Otros grupos infiltraron todas las actividades económicas de los
estados donde operan, debido al abandono casi total del Estado central
como regulador fiscal y judicial: es el caso de Michoacán[18].
Durante
su campaña electoral, López Obrador insistió en que una de las razones
de la crisis de seguridad es la rivalidad y falta de cooperación entre
las estructuras policiales y militares. Como solución, planteó retirar a
las Fuerzas Armadas y construir un cuerpo nuevo, la Guardia Nacional.
Después de su triunfo, señaló que por el momento no se crearía la
Guardia Nacional y se mantendrían temporalmente las Fuerzas Armadas en
labores de seguridad interna mientras se fortalecen las capacidades
policíacas. Este tema es muy polémico, pues enfrenta a los militares,
que se resisten a interactuar con la policía[19]. La estrategia del nuevo gobierno se basa en apuntalar las capacidades de las policías en todos los niveles de gobierno.
En
la agenda de seguridad, tres meses después de ganar la elección, las
ideas de López Obrador se centran en la construcción de la nueva
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de que se
pueda sustituir a las Fuerzas Armadas en sus actuales misiones de
seguridad interna[20]. A su vez, se suplantará la estrategia
de captura de los grandes líderes criminales por la de «seguir la pista
del dinero». La problemática de la corrupción y su combate es parte de
la nueva estrategia, sobre la base de la hipótesis de que el
narcotráfico ha expandido su poder porque recibe colaboración de
funcionarios de gobierno en todos los niveles. Al respecto hay numerosa
información de prensa sobre el vínculo entre gobernadores y grupos
criminales en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, y el
sistema de justicia del estado de Texas ha impulsado numerosos juicios
por corrupción y narcotráfico contra funcionarios públicos mexicanos[21].
Eliminar,
reubicar y reorientar las misiones del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (cisen) es otro objetivo prioritario del nuevo
gobierno. Este es el principal cuerpo de inteligencia civil, bajo la
égida de la Secretaría de Gobernación desde su nacimiento en 1989. La
principal propuesta es trasladarlo a la nueva Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, que se va a crear en diciembre de 2018. El
propósito de esta «reubicación» de la inteligencia civil es reorientar
las labores profesionales de este cuerpo, del «espionaje político» a la
inteligencia criminal. Asimismo, se le cambiaría el nombre a Central
Nacional de Inteligencia (cni). Otra propuesta es la de establecer
Comisiones de la Verdad e implementar procesos de amnistía después de
aclaradas las responsabilidades en la comisión de crímenes. Este es el
tema que abre más fisuras y «desconfianzas» entre las Fuerzas Armadas y
el nuevo gobierno, por el temor a que se abran investigaciones y se
juzgue a militares por violaciones de derechos humanos.
Reflexión final
El
narcotráfico y la corrupción han creado un callejón sin salida para el
Estado mexicano. La guerra contra el narcotráfico fue apoyada por el
gobierno de eeuu a través de la llamada Iniciativa Mérida, programa que
en parte imitó al Plan Colombia y buscó centrar el ataque a las
organizaciones criminales en la captura de sus líderes. En la percepción
de López Obrador, seguir esta estrategia ha generalizado la catástrofe
humanitaria que se vive por la extensión de la violencia y la ampliación
del radio de acción de los grandes grupos criminales. En México, la
imposición de la ley se hace efectiva mediante la fuerza castrense en
más de la mitad de los estados del país. La ley no alcanza a los
corruptos, por lo que muchas veces el esfuerzo militar es estéril, ya
que mucha de la corrupción se debe a la colaboración de los gobernadores
con organizaciones criminales. Los militares golpean al crimen hasta
que se topan con un político asociado a él.
El crimen, el
narcotráfico y la corrupción tienen amplios márgenes de convergencia. En
los últimos cinco años, la prensa ha reportado a 20 gobernadores con
graves acusaciones de corrupción. La macrocorrupción y el narcotráfico
van de la mano. La fragilidad de la democracia mexicana, principalmente
en los niveles local y estadual, ha provocado que los narcotraficantes
también busquen el respaldo de alcaldes municipales, pues ellos
controlan los cuerpos de seguridad pública. Este es el principal
obstáculo para que la acción de las Fuerzas Armadas sea eficiente. Así,
México es moderno y democrático en aspectos económicos y geográficos,
pero muy atrasado en relación con su institucionalidad política. Que un
candidato «antisistema» como López Obrador haya obtenido una aplastante
victoria el pasado 1o de julio de 2018 se debe al cansancio de la
población frente al actual gobierno. De forma excepcional, la parte
«feudal» y «autoritaria» se fracturó, y así se rompió el control que
ejercían los dos partidos dominantes, pri y pan , que ocuparon la
Presidencia en los últimos 30 años. En muchas de sus dimensiones
políticas y geográficas y en muchas regiones y estados del país, donde
predomina la acción del narcotráfico y el crimen organizado, el Estado
–y por tanto las Fuerzas Armadas y las policías existentes– no ha
logrado desarrollar con éxito una estrategia contra el crimen
organizado. El nuevo presidente mexicano deberá enfrentar el dualismo
estructural del siglo xxi latinoamericano, que beneficia a fuerzas
ilegales criminales.
Notas:
1. Manuel Clouthier Carrillo: «Las Fuerzas Armadas y AMLO» en El Universal, 19/10/2018.
2. Sergio Aguayo: El 68. Los estudiantes, el presidente y la CIA, Proceso, Ciudad de México, 2018, p. 73.
3.
Sobre las tensiones entre el ejército y López Obrador en el periodo de
la campaña electoral, v. «Ejército enlista groserías de amlo» en El Universal, 8/2/2018.
4.
La propuesta de implementar una «amnistía» ha sido criticada por
amplios segmentos de la opinión pública, tanto los afines a las Fuerzas
Armadas como organizaciones defensoras de los derechos humanos, que
exigen «justicia» a López Obrador y rechazan la posibilidad del perdón.
5.
International Crisis Group: «Construcción de paz en México: los dilemas
de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador», Informe sobre América Latina No 69, Bruselas, 11/10/2018, p. 13.
6.
Bruce Bagley: «La conexión Colombia, México, Estados Unidos» en R.
Benítez Manaut, Abelardo Rodríguez y Armando Rodríguez (eds.): Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009, CASEDE, Ciudad de México, 2009, p. 25.
7.
En 2011 el texto del primer artículo de la Constitución se transformó.
Se derogó el concepto de «garantías individuales» y se sustituyó por el
de «derechos humanos», para acoplar la legislación mexicana a numerosos
acuerdos internacionales. Este artículo se pone en conflicto con los
artículos «securitistas» como el 13, que habla de Justicia Militar, y el
29, que se refiere al «estado de sitio».
8. «Ley de Seguridad Interior. Texto vigente» en Diario Oficial de la Federación, 21/12/2017.
9. David Vicenteño: «Hay 27 mil 659 desaparecidos; reporte oficial del gobierno» en Excelsior, 11/2/2016.
10. Estado Mayor Presidencial. Una institución al servicio de México, Presidencia de la República, Ciudad de México, 2012.
11.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
«Incidencia delictiva del fuero común 2018», Ciudad de México, 9/2018.
12. Etellekt Consultores: Informe de violencia política en México, Ciudad de México, 7-8/2018, p. 24.
13. Human Rights Watch: «México Eventos de 2017», disponible en www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313310.
14. David Marcial Pérez: «Hasta que México no regule las drogas será imposible una pacificación del país» en El País, 22/7/2018.
15. Jorge Ramos: «Me equivoqué en lucha contra drogas: Zedillo; propone legalizar» en Excélsior, 25/9/2018.
16. Mariana León: «amlo presentará política de seguridad en octubre» en El Financiero, 25/9/2018.
17. Guadalupe Correa-Cabrera: Los Zetas Inc. Criminal Corporations, Energy, and Civil War in Mexico, University of Texas Press, Austin, 2017.
18. Salvador Maldonado: La ilusión de la seguridad. Política y violencia en la periferia michoacana, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2018.
19.
Hace seis años, durante la campaña por la Presidencia de Peña Nieto, se
planteó conformar una Gendarmería Nacional con 80.000 integrantes para
perseguir el mismo propósito. El proyecto fue abandonado por Peña Nieto
al llegar a la Presidencia por presión de las propias Fuerzas Armadas.
La «Gendarmería» se redujo a una división de la Policía Federal de
aproximadamente 7.000 efectivos.
20. Las
Fuerzas Armadas comprometen anualmente a más de 50.000 efectivos en
labores de seguridad interna, según numerosas fuentes.
21.
La asociación de poder político y criminal en el estado de Tamaulipas
está ampliamente documentada. Por su parte, el ex-gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, está acusado de grandes escándalos de
corrupción, en su estado se han encontrado gran cantidad de fosas con
desaparecidos y lidera las estadísticas de asesinatos de periodistas.
Para obtener beneficios de la justicia, Duarte ha reconocido sus
crímenes.
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