Entre los primeros presos políticos que podrían ser
liberados figuran luchadores sociales, policías comunitarios, maestros,
estudiantes e indígenas de Oaxaca y el estado de México recluidos por
defender sus tierras y sus recursos naturales.
Del listado de 199 presos de conciencia que la senadora de Morena
Nestora Salgado entregó a la Secretaría de Gobernación, se dio a conocer
a los primeros 25, entre ellos los seis indígenas de Tlanixco, que
mantienen una lucha desde hace más de una década por la defensa del agua
en esa comunidad ubicada en la cordillera del Nevado de Toluca, en el
municipio de Tenango del Valle.
Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez
González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y
Rómulo Arias Mireles fueron sentenciados a 70 años de cárcel acusados
falsamente de la muerte de un empresario, en un proceso lleno de
irregularidades.
Igualmente en esa lista de quienes podrían ser liberados están
indígenas de la comunidad de Salazar, perteneciente al municipio de
Lerma. Son Beatriz Pérez Flores, Daneyra Kikey Becerril, Yuriko Becerril
Villavicencio, Miguel Ángel Vilchis García, Fermín Esquivel Rojas y
Cutberto Vilchis García, quienes enfrentan prisión domiciliaria por la
férrea defensa de su territorio.
También, Fidencio Aldama Pérez, de la tribu yaqui, en Loma de Bácum,
sometido a proceso por oponerse a la instalación de un gasoducto en su
territorio. Asimismo, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Monfil
Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Jaime
Betanzos Fuentes, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños Pache,
dirigentes comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón, encarcelados
por defender sus recursos naturales y la autonomía de ese municipio
ubicado en la región cañada de Oaxaca.
En ese primer listado de presos políticos que pueden ser liberados
por el gobierno federal está Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en lucha desde
hace 15 años en contra de la construcción de ese proyecto
hidroeléctrico en Guerrero.
También, los profesores Máximo Delgado Mójica y Sara Altamirano
Ramos, la estudiante Lucía Baltazar Miranda y el defensor de derechos
humanos Enrique Guerrero Aviña.
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
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