Inseguridad, la primerA: latinobarómetro
Dos tercios de la población consideran que 50% de los funcionarios han incurrido en irregularidades
▲ La Secretaría de la Función Pública reconoce la debilidad institucional entre las causas de la corrupción.
A contracorriente de las reformas legales y la
construcción institucional para combatir la corrupción, entre 2017 y
2018 la preocupación social en México por este fenómeno pasó de ocupar
el tercer lugar al segundo, sólo detrás de la inseguridad, según el
informe del Latinobarómetro, el cual advierte que 74 por ciento de los
mexicanos consideran que esta práctica ha avanzado mucho y en la región
sólo se encuentra detrás de Venezuela y República Dominicana.
Recientemente dado a conocer, el documento añade que 61 por ciento de
los mexicanos asocia esta práctica al Presidente y sus funcionarios. El
informe equipara la situación mexicana con la de Brasil –convulsionada
en su clase política por la corrupción– en cuanto a las principales
preocupaciones sociales que vinculan inseguridad, corrupción y situación
política.
A pesar de las acciones instrumentadas y el reconocimiento
autocrítico institucional de su gravedad, todos los estudios apuntan que
la corrupción es un foco rojo en México, incluso los retomados
oficialmente:
Como parte del diagnóstico para su propuesta de política nacional
anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) reconoce la
debilidad institucional
como elemento imprescindible cuando se habla de las causas de la corrupción. A mayor debilidad, más erosionadas y deslegitimidas serán las instituciones. El documento recoge diversos indicadores sobre la gravedad del fenómeno.
Según el reciente informe del Proyecto de Opinión Pública de América
Latina –citado por la SFP en el documento, que recomienda elementos para
la política anticorrupción–,
77 por ciento de los mexicanos creen que más de la mitad de los funcionarios públicos están involucrados en actos de corrupción.
Y añade: “La victimización por corrupción en México fue de 29.8 por
ciento, ubicándose entre los países con niveles más altos, sólo por
debajo de Bolivia (40.4), Haití (35.8) y Paraguay (31).
Entre sus recomendaciones para elaborar la política nacional
anticorrupción cita también el último reporte del Índice Internacional
de Efectividad del Servicio Civil, de la empresa KPMG, especializada en
auditorías, que ubica a México en el último lugar de los 31 evaluados en
materia de integridad de servidores. Esto quiere decir que “no tienen
valores éticos integrados en el ámbito laboral (…) lo que sugiere una
insuficiencia conductual importante dentro de la burocracia mexicana”.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional
Anticorrupción realizó, antes de que terminara la anterior
administración federal, una serie de foros regionales para la
elaboración de la política nacional en la materia, la cual deberá ser
concluida por el nuevo gobierno.
Paralelamente al diseño de la política nacional, para el CPC este
esquema de consulta permitiría identificar particularidades regionales y
estatales que favorezcan la elaboración de las políticas locales en
consonancia con las directrices nacionales.
Obstáculo para hacer negocios
Aunque con diferencias con el CPC por el procesamiento de
la construcción de la política, la Red por la Rendición de Cuentas
elaboró su propia propuesta partiendo de que es
importante destacar que la corrupción no es sinónimo de impunidad, pues ésta constituye una más de sus expresiones, a través de la inexistencia de responsabilidad penal o administrativa por parte de quienes cometen un hecho de corrupción. Y agrega:
En México la corrupción se ha convertido en el principal obstáculo para hacer negocios por encima de la inseguridad, y está vinculada a la debilidad del estado de derecho.
La red advierte de ámbitos de opacidad existentes en la administración, entre los que destaca la
captura del presupuestoy su manejo discrecional: en el periodo 2013-2017, el gasto ejercido y acumulado del gobierno federal superó el presupuesto que se le aprobó para esos cinco años en 1.46 billones de pesos. Esto significa que, en promedio, en cada uno de esos años se gastaron alrededor de 293 mil millones de pesos más de lo aprobado.
Para la red, el manejo presupuestal es fuente de corrupción a partir
de las características que tiene su ejercicio: discrecionalidad en la
asignación de recursos públicos, deficiencia en la planeación
presupuestal, diferencia entre el presupuesto aprobado y el gasto
ejercido, falta de transparencia en la ejecución de asignaciones a
grupos parlamentarios, condicionamiento político de recursos públicos y
uso discrecional del gasto para el control de medios de comunicación,
así como el uso ineficiente de las partidas.
En cuanto a la manipulación del gasto, en el diagnóstico para las
políticas se describe que en el periodo se ha identificado más de 80 por
ciento del sobrejercicio de la partida de subsidios a entidades
federativas y municipios entre 2013 y 2017, que se erogó mediante tres
programas de subsidios del ramo 23, que son transferencias directas a
los gobiernos locales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero,
programas regionales y contingencias económicas.
Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP: sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo. Con estos esquemas, señala, se abre la puerta a irregularidades y la corrupción en el manejo presupuestal.
Foto Carlos Ramos Mamahua
Alonso Urrutia y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
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