Senado argentino la aprueba por unanimidad
El
Senado de Argentina aprobó la “Ley Micaela García” que obliga a la
formación con perspectiva de género de las personas funcionarias de los
tres poderes del Estado.
La Ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años de
edad, originaria de la ciudad de Gualeguay provincia de Entre Ríos,
quien fue asesinada en 2017 por un hombre que tenía libertad condicional
por una sentencia de nueve años de prisión por el delito de violación
sexual.
La iniciativa fue aprobada el pasado 19 de diciembre de 2018 con el
respaldo de los 59 legisladores del Senado argentino y estipula
desarrollar el “Programa Nacional Permanente de Capacitación
Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”, con el objetivo
de capacitar y sensibilizar a las personas funcionarias públicas del
Estado no como una elección profesional personal sino obligatoria, a fin
de cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de
Belém do Pará).
La iniciativa la presentó en mayo de 2017 la “Fundación Micaela
García” apoyada por la familia de la joven víctima de feminicidio como
parte un paquete de 13 proyectos de ley para establecer un marco
normativo que fortalezca la prevención de la violencia de género y el
feminicidio en Argentina, pues la familia de Micaela buscó sin éxito que
se sancionará al juez Carlos Alfredo Rossi, quien concedió la libertad
condicional del asesino de la joven a pesar de tener un historial de
violencia contra las mujeres.
La Ley además lleva el nombre de Micaela en reconocimiento a la lucha
por los derechos de las mujeres pues ella era una joven activa en el
movimiento feminista y militante de “Ni Una Menos” y el Movimiento
Evita.
Ahora aprobada, la Ley Micaela implica la formación en perspectiva de
género de las personas funcionarias de la gestión pública sin importar
la jerarquía o forma de contratación y estará a cargo del Instituto
Nacional de las Mujeres de dicho país.
Entre sus artículos también indica que los servidores públicos que se
nieguen sin justificación a realizar las capacitaciones podrían ser
sancionados y que el Instituto de las Mujeres debe generar indicadores
cuantitativos anuales sobre el impacto que tienen las capacitaciones
realizadas por cada organismo del Estado.
La Ley Micaela es sancionada en un momento en el que el movimiento
feminista de Argentina ha puesto al descubierto la falta de capacitación
en perspectiva de género y sensibilidad de los funcionarios públicos
como ocurrió en la reciente sentencia emitida en noviembre por el
feminicidio de Lucía Pérez.
La joven de 16 años de edad fue asesinada por tres hombres en octubre
de 2016, sin embargo, los jueces determinaron a un año y un mes del
crimen ocurrido en la ciudad costera de Mar del Plata, que Lucía “no
vivió violencia y las relaciones sexuales que mantuvo con sus presuntos
agresores fueron consentidas”, absolviéndolos del crimen de feminicidio.
La sentencia de los jueces contiene frases que culpabilizan a Lucía
de su muerte, como que ella “tenía relaciones sexuales con quien y
cuando quería” y niega que falleciese por empalamiento como planteó la
Fiscal de Argentina, llegan a la conclusión de que murió de una
sobredosis.
El caso de Lucía como el de Micaela García han causado la
movilización de mujeres y paros en demandas de justicia. Según datos del
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la
Cepal el año pasado Argentina tuvo un tasa de 1.1 casos de feminicidio
por cada 100 mil mujeres, en números absolutos representan 251 casos de
feminicidio contabilizados por las autoridades.
Imagen de Rocío Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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