Sentencia de CoIDH obliga a revisar instrumento
El
gobierno federal deberá garantizar el funcionamiento del Mecanismo de
Seguimiento de casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres luego de
comprometerse a cumplir con la reciente sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoDIH) sobre tortura sexual.
El 24 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se
comprometió a acatar la sentencia de la CoDIH donde se encontró
responsable al Estado mexicano por la tortura sexual de once mujeres,
caso que ocurrió durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de
2006 y conocido como Mujeres de Atenco.
Aunque las sentencias del tribunal interamericano son inapelables, en
la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador dijo que
el Estado mexicano aceptaba la resolución. “Por primera vez México
acepta la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco”, dijo.
El mismo día, ante los medios, el subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez
declaró que el Estado mexicano inició el proceso de revisión de esta
sentencia, “la cual cumpliremos de manera muy puntual, atendiendo cada
uno de los aspectos que de ella se deriva”.
Señaló que en próximos días daría a conocer las fechas, mecanismos e
instrumentos para ejecutar los resolutivos que reconocen las
violaciones sexuales y tortura cometida por policías locales, estatales y
federales contra once mujeres en Atenco y Texcoco, en el Estado de
México, en 2006.
Entre las acciones ordenas por la CoIDH está elaborar un plan de
fortalecimiento y calendarizado para el Mecanismo de Seguimiento de
Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, instrumento creado en
2015 por un acuerdo entre el Estado y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) por el caso Atenco.
El Mecanismo es operado por la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Unidad para la Defensa de
los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Segob, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General
de la Republica, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En este instrumento también coadyuvan el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, organización que litigó el caso Atenco ante
el sistema interamericano, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección
de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Asociadas por lo Justo y Amnistía Internacional, quienes
han documentado casos de tortura sexual.
El Mecanismo tiene como objetivo revisar casos de mujeres
denunciantes de tortura sexual para identificar víctimas y buscar la
reparación del daño. Dos casos que debió revisar son el de Yecenia
Armenta, encarcelada en 2012 y acusada de asesinato, declaración que
hizo bajo tortura (fue liberada en 2016); así como el de Verónica Razo
Casales, detenida en 2011 y torturada para confesar ser secuestradora.
Sin embargo, en julio de este 2018, Amnistía Internacional elaboró un
informe para el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), donde aseguró que el
Mecanismo emitió dictamen sólo en dos casos, lo que generaba serias
dudas del compromiso real de las autoridades por poner fin a esta
práctica.
De acuerdo con este reporte los casos no se analizan en el Mecanismo,
a pesar de que en 2016 Amnistía Internacional documentó 100 casos y de
que el informe “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura
sexual en México y la respuesta del Estado”, del Centro Prodh, reconoció
100 casos de mujeres torturadas para acusarlas de delincuencia
organizada, de estos documentó 29 casos, ocurridos entre 2014 y 2018.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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