12/24/2018

Fracasó el intento de la oposición legislativa por alargar la negociación

PRI y PAN recibieron una de cal en el debate del PEF 2019


Al cierre de esta edición se perfilaba una larga lista de 306 reservas con propuestas de modificación al texto. Ninguna tenía futuro.
A las ocho de la noche las organizaciones campesinas priístas retiraron el cerco impuesto al Palacio Legislativo, que mantenían desde el viernes, al conocer que sus exigencias habían sido satisfechas. Dos horas después, Ramírez Cuéllar confirmó que el monto final a ejercer será de 5 billones 814 mil millones de pesos.
En este dictamen se hace realidad uno de los reclamos nacionales más importantes: la exigencia de reducir los costos de los gobiernos, el reclamo para que exista un gasto racional y eficiente. Por eso se ha decidido que todas sus dependencias y organismos reduzcan su costo en más de 20 mil millones de pesos. Y que se termine también con un gigantismo administrativo que atrofiaba la prestación de los servicios públicos.
En la tribuna, repuso que el paquete económico significa un triunfo, es la primera batalla ganada contra el dispendio, el derroche y los altos salarios, muchos de ellos ofensivos. Así, adujo, el proyecto tiene una columna vertebral: los jóvenes del país, se quieren reducir los altos niveles de deserción y garantizar que todos tengan trabajo y también estudio. Se busca que ya no exista una generación perdida y atrapada en las garras del crimen, que solamente suma miles de muertos por la violencia desatada en todas las regiones.
Asumimos la crítica de los organismos académicos sobre la revaluación de la política social. Ya no tiene ningún sentido tener casi 6 mil programas de desarrollo social en la Federación, estados y municipios; hemos decidido compactar con una suma de 251 mil millones de pesos tan sólo 18 programas sociales que representan una enorme inversión para el desarrollo del capital humano.
Ramírez Cuéllar, quien aguantó inmutable los señalamientos del blanquiazul y del PRI sobre el origen del dictamen, dijo que todos los programas contarán con reglas operativas; a las universidades se les apoya de manera decidida, con corresponsabilidad en el manejo sano de sus finanzas y la restructuración para utilizar lo que se invierte en estos centros educativos.
Cambio de reglas: el berrinche
Anoche no hubo opción. Los panistas y priístas enfrentaron las condiciones que sus oposiciones cargaron, por lo menos en los pasados 25 años, si no es que más. La aprobación del PEF 2019 significó la misma receta que se dicta en los parlamentos: se impone la mayoría con votos.
Las diferencias entre los grupos parlamentarios se dirimieron ayer en la Comisión de Presupuesto: ahí hubo de todo. Ramírez Cuéllar (Morena) condujo inalterable los trabajos, a pesar de los excesos de panistas y priístas, quienes atestiguaban enfadados el primer golpe a las tradicionales negociaciones, donde amigos o no, todos se llevaban su tajada.
Ayer la minoría compuesta de lo que se llegó a conocer en sus mejores tiempos como el prian falló en su intento de alargar la negociación del presupuesto hasta el jueves o viernes de la semana próxima: ¡Son unos títeres!, señalaban a los morenistas.
Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena, les recordó que a lo largo de la historia reciente tanto el PRI como el PAN se aprobaban los presupuestos que enviaba el Ejecutivo federal en turno. ¡Entonces no nos necesitan!, gritaron en el bando panista. La respuesta de Gómez fue lacónica: tanto como ustedes quieran.
Para entonces la priísta Sylvia Garfias comenzaba a dar muestras de un ímpetu in crescendo: Queremos conocer el proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno decía que iban a bajar las gasolinas, que iban a bajar el gas; esto es una burla, espetaba fuera de sí.
Gómez escuchó la perorata y tiró el dardo: Terminemos como acaban las discusiones en cualquier parlamento: ¡votando!
Fernando Galindo (PRI), quien fue subsecretario de Hacienda del pasado gobierno –elaboró los presupuestos de la pasada administración y se instalaba en una carpa en el sótano del Palacio Legislativo para recibir a quién él permitía– ayer dictó el discurso de la oposición al gasto del año por venir.
El ex funcionario del equipo de Luis Videgaray reprochó a la Secretaría de Hacienda que nos traten con dignidad. ¿Cuál fue la lógica? ¿De qué se trata? Describió las áreas en las que el gasto se verá afectado: campo, agua, cultura, programas de apoyo a las mujeres.
Tal postura la repitieron los priístas encabezados por René Juárez, Enrique Ochoa Reza y Rubén Moreira Valdés, quienes advirtieron que el campo será el sector más castigado, pero reconocieron también que la propuesta es nueva y habrán de esperar los resultados de su aplicación. El ex gobernador guerrerense no dejó de criticar la demagogia pura contenida en la propuesta de Hacienda.
De su lado, los panistas Armando Tejeda, quien se fue de la lengua en varias ocasiones durante la sesión de la comisión –qué chingones son– reclamó a los representantes de Morena.
Ricardo Villarreal –hermano de Luis Alberto, uno de los promotores de los moches– acusó que el populismo es igual a mayor inflación y esa inflación la pagarán primero los pobres, presentaron dos mociones suspensivas para echar abajo el dictamen de presupuesto. Por mayoría las desecharon.
En medio de la negociación del presupuesto, ayer se suscitó el segundo round de la confrontación que el jueves, en la discusión de la Ley de Ingresos, sostuvieron Ana Paola López Berláin (PAN) y la presidenta de Asuntos Indígenas, Irma Juan Carlos (Morena).
La panista difundió la captura de pantalla de un chat donde están todas las diputadas y en el que ayer se calentaron los ánimos, porque junto con la foto de la panista, Juan Carlos escribió: ésta quiere su chinga.
Ante la acusación de una amenaza, la oaxaqueña refirió que en su pueblo, Teotitlán de Flores Magón, “cuando los niños se portan mal las mamás agarran una vara y les dicen ‘te voy a dar una chinga’. En mi pueblo así hablamos, no lo hice con dolo y me disculpo”. López Berláin no la aceptó y Porfirio Muñoz Ledo ordenó una investigación a la supuesta amenaza.
Además, apareció otra raya más al tigre: en la negociación el PRD se dividió. Doce diputados votaron por el dictamen, mientras cinco ligados a Los Chuchos, así como las diputadas Abril Alcalá Padilla y Mónica Almeida, vinculadas con el grupo de la Universidad de Guadalajara que controla el ex rector Raúl Padilla López, lo hicieron en contra, como lo indicaba un boletín de su partido.

 Periódico La Jornada

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