León Bendesky
El gobierno pide un año más para que se asienten las condiciones de una nueva vida públicaen el país. Las medidas políticas y administrativas para confrontar la corrupción y aplicar la austeridad presupuestal han sido el eje para conseguir dicho objetivo.
En el combate a la corrupción se han ido anunciando avances y sus
consecuencias habrán de mostrarse, unas de modo próximo y otras más
distantes. El asunto no es menor en las condiciones que al respecto se
habían creado en el país.
De la austeridad hay, sí, secuelas muy evidentes: la actividad
económica está prácticamente estancada y se espera que decaiga en el
último trimestre del año. La previsión oficial, según consta en el
presupuesto, es una tasa de 2 por ciento para 2020.
La vida pública, como la llama el gobierno, no se desarrolla de
manera aislada y repercute necesariamente sobre lo que habría que llamar
entonces como
vida privada: la de personas, familias, comunidades, empresas y organizaciones.
La cuestión clave en materia política tiene que ver con la
coexistencia de ambos entornos. Así, se remite necesariamente a la
concepción de lo que es y hace el gobierno y de los límites del ámbito
de lo que ocurre más allá de su extensión y su penetración. Ahí está la
interacción con los intereses privados. Todos los ciudadanos tenemos
intereses privados.
Las consideraciones que ha hecho el gobierno sobre aspectos
relevantes de lo que ocurre en esta sociedad son innegables. Así ocurre,
por ejemplo, con la patrimonialización de la actividad política, el
incumplimiento y discrecionalidad de la fiscalidad, la brutal
inseguridad pública, la inobservancia de las normas en muchos ámbitos y
la desigualdad económica.
Las acciones y propuestas con que se enfrentan estas situaciones
ahora están a prueba. De ello se desprenden cuestiones políticas y
prácticas.
En efecto, la postura acerca de la relación entre el crecimiento de
la actividad económica y su relación con el desarrollo, visto este
último como la generación de un mayor bienestar de los grupos sociales
más vulnerables, se aborda desde lo que puede concebirse como un
empirismo cuasi radical.
De tal manera, se cuestiona el indicador del crecimiento trimestral
del producto interno bruto. Esto, en sí mismo, no lleva a ningún lado.
El Inegi mide la evolución del producto conforme a una metodología; si
es buena o mala, si representa de modo fehaciente lo que pasa en la
economía en esa materia, es motivo de otra discusión.
El desarrollo se mide de manera distinta, a partir de elementos
cuantitativos y cualitativos. Eso lo hace más complejo y no hay, pues,
un único indicador que lo represente.
El argumento que se esgrime es que hay más bienestar entre aquellos
que tienen ahora un mayor salario mínimo –y sólo sucede a quienes están
empleados formalmente– o bien aquellos que reciben distintos tipos de
transferencias directas por parte del gobierno. Porque en el caso de
salud, educación, vivienda, asistencia social y seguridad, la situación
es muy precaria.
Hace un par de semanas se publicó en este diario una nota que señala
cómo a mediados de la década de 1970 las remuneraciones de los
asalariados con respecto al PIB representaban 40 por ciento, mientras en
2017 sólo alcanzaron 26 por ciento. Este es un asunto de gran
significado en materia de desigualdad y en el contexto de una
informalidad que supera la mitad de la fuerza laboral.
Para que cualquier aumento de los salarios o mejora en la
distribución del ingreso que vaya más allá de las transferencias
directas tenga un arraigo económico duradero, tiene que elevarse el
nivel del empleo formal, el cual se asocia con las prestaciones de la
seguridad social y la vivienda. Además de que sube el ingreso público
derivado de los impuestos.
Y para que ello ocurra tiene que haber crecimiento de la producción.
Así que no puede desdeñarse el crecimiento o mantenerlo como condición
pendiente. Éste sólo se genera con más gasto en inversión, tanto pública
como privada, y con una eficiente asignación de lo recursos
disponibles.
Así podrá sustentarse un mayor nivel de desarrollo, proceso que no
puede impulsarse por decreto y que requiere de tiempo para consolidarse.
Un año más de prácticamente nulo crecimiento productivo, de
insuficiente creación de empleos, ingreso familiar y austeridad
autoimpuesta será muy costoso. Esta sociedad no se puede dar el lujo de
que se pierdan empleos formales, se reduzca la producción y se limiten
los ingresos fiscales.
No todo puede hacerse al mismo tiempo. No es clara la ruta para
provocar el desarrollo con bienestar. Este es un tema primordial, de
naturaleza política para la sociedad, el Congreso y el gobierno.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario